La FGE de Edomex la acusa de robar en una camioneta. La activista se encuentra en el penal de Almoloya desde su arresto, a manos de agentes de la Guardia Nacional.
Foto: Cencos
La activista social Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida el domingo en la caseta de peaje de Amozoc, Puebla, y conducida al Centro de Reinserción Social de Almoloya, Edomex. Se trata de su segundo arresto en los últimos cuatro meses. Su abogado, Antonio Lara, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC, denunció que se trata de “un montaje”. “Pretenden acusar a Kenia de que se subió a un camión a robar a los pasajeros. Está fuera de toda noción de la realidad. Hace cuatro meses la acusaron de que el robo con violencia lo hace en un auto privado. Ahora que subió a robar a un autobús”, dijo.
Está previsto que la primera audiencia del caso se celebre este martes a las 8:30 horas en la cárcel de Almoloya. Lara aseguró que la detención se produjo con violencia y que los agentes que procedieron al arresto vestían uniformes azules sin distintivo, aunque se identificaron como integrantes de la Guardia Nacional. Reivindicó la inocencia de su defendida y consideró que se trata de una estrategia puesta en marcha por las autoridades del Edomex para castigarla por su activismo social.
La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía del Estado de México y aceptada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya.
La joven de 23 años murió el pasado 20 de agosto, en Atlixco, Puebla, luego de ser impactada intencionalmente por un automóvil.
Foto tomada de Instagram @sam_rossales
Los padres, hermanos y abuelitos de Samantha Rosales Barrios colocan en el patio de la casa sillas para su novenario. El silencio de pronto se rompe por los gritos y el llanto de la abuelita con quien Samantha, mujer trans, vivió hasta antes de que el jueves 20 de agosto muriera embestida con “dolo” por un automóvil mientras circulaba en una motocicleta en Atlixco, Puebla.
“Dijo que se iba morir siendo reina y así fue, se murió siendo reina”, dijo su hermano Silvestre Flores Rosales, cinco años menor que Samantha.
Entre lágrimas recuerda a su hermana de 23 años, quien en 2019 obtuvo el titulo de “Señorita Atlixco Gay” de la firma Carlos y Meche, la de mayor prestigio en la comunidad gay a nivel nacional.
Aunque pareciera un número mas en la cifra de homicidios en Puebla, el asesinato de Samantha advierte también del persistente odio hacia las mujeres transgénero. Su corona llena de brillos luce colgada en su cuarto, una habitación con piso de cemento; en el otro extremo, un crucifijo.
Miguel López Vega durante la presentación del informe de la Misión Internacional de Observación en defensa del río Metlapanapa. Conferencia de prensa en Cencos el pasado 14 de enero de 2020. / Foto: Cencos
El día 24 de enero el defensor de derechos humanos y periodista Miguel López Vega, integrante del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-MPT), defensor del Río Metlapanapa y comunicador comunitario de Radio Zacatepec en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Puebla cuando salía de una reunión con Víctor Flores Báez, Director General de Gobierno. El FPDTA-MPT se compone de diferentes comunidades de los tres estados que desde el 2012 están siendo afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), que consta de un gasoducto, dos termoeléctricas, un acueducto y la industrialización del Valle de Cuautla.
Recientemente, Miguel López y otras personas defensoras de la comunidad de Santa María Zacatepec han denunciado las amenazas y agresiones que han enfrentado a causa de la defensa del Río Metlapanapa, en el que se está construyendo un sistema de alcantarillado para el derrame de desechos tóxicos. Estas amenazas llevaron que él y otras personas de la comunidad fueran incorporadas al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, el pasado 20 de noviembre, con el objetivo de recibir medidas de protección y poder seguir llevando a cabo su legítima labor.
La Fiscalía General de Puebla está acusando al defensor de derechos Humanos y comunicador comunitario Miguel López de los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte. Esta detención es un acto en contra del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y de criminalización de la protesta, así como un intento por intimidar a la comunidad para que desista de seguir luchando contra la contaminación de su río.
Las organizaciones firmantes reconocemos la labor de Miguel López Vega como defensor de derechos humanos y del derecho al territorio. Manifestamos nuestra plena solidaridad con él, con su comunidad, con el FPDTA-MPT y con las organizaciones defensoras del territorio y el agua, que sufren esta nueva agresión que se suma a tantas otras, entre esos el asesinato del defensor del territorio y comunicador comunitario, Samir Flores, que al igual que Miguel, defendía su comunidad del PIM, este fue cometido hace once meses y continúa en la impunidad.
Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Puebla la inmediata liberación del defensor de derechos humanos y comunicador comunitario Miguel López Vega y el cese a la criminalización de las actividades de defensa de la tierra y territorio de la comunidad de Santa María Zacatepec, incluyendo otras posibles órdenes de aprehensión.
También instamos a la Comisión estatal de derechos humanos de Puebla a iniciar una queja de oficio a efecto de que se investiguen las violaciones a derechos humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a vigilar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de Miguel López, los cuales actualmente están siendo violentados.
Asimismo, urgimos al Mecanismo de Protección a proteger debidamente al defensor, comunicador comunitario y periodista de esta agresión que lo ha privado de su libertad, y a prevenir nuevas agresiones contra otras personas defensoras. Finalmente exigimos al Gobierno del Estado de Puebla el cese de amenazas y represión contra la comunidad de Santa María Zacatepec y la cancelación de las obras de descarga de desechos tóxicos en el Río Metlapanapa.
Marcha en Puebla por la desaparición de Norma Jiménez. Foto: Twitter @RiveraVivanco_
Gabriela Hernández/ Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares y amigos marcharon hoy por calles de esta ciudad para exigir la localización con vida de Norma Mercedes Jiménez López, de 27 años, quien está en la última etapa de su embarazo.
La joven desapareció el pasado 31 de agosto, luego de abordar un taxi, en la colonia Castillotla, para dirigirse al centro de la capital.
La madre de Norma pidió la ayuda de autoridades y la ciudadanía en general para ubicar a su hija, quien –subrayó– “estaba a días de dar a luz, ya para estos días debía tener a su hija. Yo les pido que me ayuden para que aparezca mi hija y mi nieta, no era una vida, eran dos”.
Recordó que la última vez que tuvo comunicación con su hija fue por una llamada que le hizo la noche del sábado, en la que le comunicó que había abordado un taxi en Castillotla para dirigirse al centro de Puebla.
Se lleva a cabo Audiencia final del Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad de Tecoltemi contra la minería canadiense.
Oportunidad histórica del Juzgado de pronunciarse por violaciones de la Ley Minera contra derechos de pueblos indígenas y de ejidos.
Foto: Cuartoscuro
El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo que la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi interpuso en abril de 2015 contra dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en 2003 y 2009, a la minera canadiense Almaden Minerals.
Dichas concesiones, de nombres Cerro Grande y Cerro Grande 2, fueron entregadas afectando a diversas comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, entre las que se encuentra Tecoltemi.
En la demanda de amparo, que ha sido acompañada por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar, la comunidad reclama al Estado Mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio sin consulta previa y sin consentimiento, y en violación al derecho a la tierra y al territorio. Debido a ello, Tecoltemi pide se ordene la cancelación de los títulos de concesión y se revisen diversos artículos de la Ley Minera, que, al dar preferencia a la minería, permiten que las autoridades entreguen a las empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.
Durante más de tres años, la minera, que pretende instalar una mina de oro y plata a cielo abierto sobre las concesiones, intentó diversas estrategias para que el juicio concluyera sin sentencia, y evitar así una condena al Estado Mexicano y la revisión de la Ley Minera; pero no lo logró. Finalmente, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla deberá estudiar el fondo del asunto, y analizar no sólo las violaciones perpetradas por la Secretaría de Economía, sino también las cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al haber emitido desde 1992 una Ley Minera contraria a derechos de pueblos indígenas y de núcleos agrarios.
Ahora el Juzgado dictará sentencia, la cual será relevante no sólo para Tecoltemi, sino también para los pueblos originarios y los ejidos del país que están defendiendo la vida de sus comunidades ante la imposición de megaproyectos como la minería, que devastan el medio ambiente, el agua y la salud de las personas.
Firma la petición en change.org http://chng.it/tNGyZVRqrL
Contacto: consejotiyattlali@gmail.com Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060
Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar: dianaa@fundar.org.mx
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) señaló que es “insostenible la versión de la Fiscalía de Morelos sobre el asesinato de Samir Flores”, que lo vincula con el crimen organizado y exigió que se abran líneas de investigación sobre su oposición al Plan Integral Morelos y a su labor de defensa de derechos humanos y actividades periodísticas.
Sobre las declaraciones del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de que “se extravió” la supuesta cartulina donde se adjudicaba el asesinato de Samir Flores Soberanes al crimen organizado, el Frente señaló que “esto es una muestra de la poca seriedad y compromiso que se le está dando a las investigaciones del asesinato de Samir, además que una cartulina no es prueba, ni indicio suficiente para sacar las primeras conclusiones el fiscal que fue el crimen organizado quien asesinó a Samir”.
El Frente de Pueblos llamó a que el próximo domingo 3 de marzo, se realicen acciones de protesta por el asesinato de Samir, “exigiendo justicia por su asesinato y reconocimiento, protección y respeto a los defensores de derechos humanos”, además de la cancelación del PIM, que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto.
Después de la consulta “amañada e impuesta” sin respetar los derechos de los pueblos indígenas que resultarán afectados, se abre una nueva etapa de lucha en contra de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su conjunto, misma que fue inaugurada con el asesinato de Samir Flores Soberanes; “esto apenas empieza” afirmaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT).
Juan Carlos Flores, uno de los dirigentes en esta lucha que estuvo preso en Puebla durante varios meses bajo cargos falsos por oponerse al PIM, subrayó que falta que se resuelvan por lo menos cinco amparos, que logren retirar el plantón de zapatistas en Apatlaco que se oponen a que se entregue a la termoeléctrica el agua que utilizan para riego, además que se presentarán denuncias ante instancias internacionales “contra esta consulta ilegal e ilegítima”.
Flores afirmó: “Falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas comienza”, reiteró.
Aseveró que anoche, al iniciarse el conteo de votos, los resultados que iban recibiendo de las casillas eran que iba ganando el “no”, pero sin supervisión externa el gobierno que organizó la consulta y el conteo dice que ganó el “si”.
Aspecto de la zona de la sierra nororiental de Puebla que defensores lograron proteger de mineras. Foto: Especial
Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.
Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: “Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia” del municipio de Escuintla, Chiapas.
La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.
Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia de 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.
El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometieron a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada.
Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verificar el impacto ambiental que ocasionan cada una de estas empresas en su territorio.
Dos meses antes de ser privado ilegalmente de la libertad, a Sergio Rivera Hernández ya lo habían emboscado, golpeado y amenazado de muerte, por encabezar la oposición popular al proyecto hidroeléctrico “Coyolapa-Atlzalá”.
Sergio Rivera Hernández, defensor de derechos humanos desaparecido en Puebla desde el pasado 23 de agosto, mantenía una denuncia abierta en contra de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes dos meses antes de ser privado ilegalmente de la libertad ya lo habían emboscado, golpeado y amenazado de muerte, por encabezar la oposición popular al proyecto hidroeléctrico “Coyolapa-Atlzalá”.
Sergio Rivera, de origen nahua, es integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y desapareció tras salir de su casa, en el municipio de Coyolapa, rumbo a una papelería ubicada a 20 minutos de distancia.
Por denuncia de sus propios vecinos, se sabe que una hora después de que Sergio salió de su vivienda, el poblado de Coyolapa fue surcado a alta velocidad por una furgoneta blanca, que provenía del camino por el que Sergio Rivera había partido, situación que alertó a los pobladores, que salieron en busca del defensor de derechos humanos, sin éxito: sólo encontraron su motocicleta abandonada junto a la terracería.
El proyecto hidroeléctrico “Coyolapa-Atlzalá”, contra el que luchan Sergio Rivera y su comunidad, fue impulsado durante el actual sexenio por la Secretaría de Energía de la administración federal, en conjunto con la empresa Minera Autlán, el gobierno estatal (encabezado por el PAN), y a nivel municipal por el Partido de la Revolución Democrática.
El proyecto, sin embargo, está detenido desde hace dos años, por falta de consulta a las comunidades indígenas asentadas en la zona.
Piden investigar a fondo muerte de Zyayda Estefanía Figueroa Becerril | Foto: Paola Ramos/Cencos
Familiares de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, una joven de 26 años y estudiante de pediatría que fue hallada muerta el pasado 15 de mayo en su departamento, ubicado en Puebla, exigieron a la fiscalía del estado investigar su muerte como un homicidio con enfoque de género. Hasta la fecha está catalogado como suicidio.
En conferencia de prensa, acompañados de la activista Frida Guerrera y el médico forense Salvador Martínez, sus padres y hermano aseguraron que peritos particulares han recabado pruebas que apuntan diversas inconsistencias en las diligencias oficiales.
“Empieza a haber muchos errores: uno de ellos es que la causa de muerte es una mascada, pero al ver la fotografía del expediente se ven otro tipo de instrumentos en el cuello (…) todos los indicios que existen en el lugar, la descripción de las lesiones al exterior y al interior del cuello no son compatibles con una asfixia por ahorcamiento”, sostuvo el médico forense.
Otras inconsistencias, agregó Frida Guerrero, fueron la falta de resguardo de pruebas, de resguardo del lugar de los hechos al día siguiente del evento y una investigación realizada sin perspectiva de género.
La familia expuso además su inconformidad por la filtración a medios de comunicación de una carta póstuma que supuestamente habría sido dejada por Zyanya.
“Sentimos que (las autoridades) se convierten, en lugar de apoyo, en los primeros obstructores de justicia. Desde un principio (dicen) que es un suicidio y así quieren concluir, sin investigar más a fondo”, dijo la madre.
En próximas fechas, peritos particulares realizarán una reconstrucción de los hechos con la autorización de la fiscalía, con el objetivo de saber si pudo tratarse de un feminicidio.
En tanto, la FGE aseguró a través de su cuenta de Twitter que actualmente evalúa un posible hecho violento en el caso.
“Sobre el caso de Zyanya Estefanía N., se profundiza en la causa de muerte. Se solicitó un dictamen pericial para evaluar un posible hecho violento. Las entrevistas y carta póstuma inicialmente establecen suicidio, sigue abierta la indagatoria”, indicó la autoridad.
