Front Line Defenders
El 19 de febrero de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, sentenció a diez años y seis meses de prisión a la defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván, luego de que el 5 de febrero del 2022 se emitiera sentencia condenatoria en su contra por el cargo fabricado de “robo con violencia”. Kenia ha permanecido privada de su libertad un año y cuatro meses desde su detención arbitraria en octubre de 2020.
Kenia Inés Hernández Montalván es defensora indígena amuzga de derechos humanos, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive que promueve diferentes formas de resistencia pacifica frente a modelos de desarrollo neoliberal impuestos por el Estado Mexicano. Actualmente existen 7 casos abiertos en relación con cargos fabricados en contra de la defensora como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.
El Tribunal de Enjuiciamiento emitió una condena por diez años y seis meses de prisión, así como a una multa de veintiún mil pesos mexicanos (aproximadamente mil dólares estadounidenses) en contra de la defensora indígena. La sentencia hace parte de una fuerte estrategia de acoso judicial y detenciones arbitrarias que ha experimentado en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas. También está relacionada con una de las 7 causas penales (cinco de ámbito federal y dos del fuero común en el Estado de México) que se han abierto en su contra.
Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida el 18 de octubre de 2020 en la caseta de Amozoc, Puebla por un grupo de aproximadamente 22 elementos policíacos y 20 patrullas sin orden judicial, su paradero permaneció desconocido hasta la mañana del 19 de octubre cuando se conoció que había sido trasladada al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.
El 25 de octubre de 2020 tras una nueva orden de aprehensión en contra por la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto delito de “ataques a las vías de comunicación” Kenia fue trasladada al Centro de máxima seguridad No.16 Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO), en el municipio de Coatlán, estado de Morelos en donde ha permanecido hasta el momento. A finales de 2021, Kenia Inés Hernández Montalván mantuvo durante 61 días una huelga de hambre para denunciar el hostigamiento judicial del que se encuentra siendo objeto por parte del gobierno de México.
Front Line Defenders reitera su rechazo a la criminalización y el acoso judicial del que ha sido objeto la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván por parte de las autoridades mexicanas y reafirma su profunda preocupación por la seguridad física y emocional de Kenia ante la fabricación de casos en su contra con la intención de criminalizar sus actividades en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
Además, Front Line Defenders reitera su preocupación por el uso de acusaciones infundadas contra las personas defensoras de los derechos humanos, que se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México.
Front Line Defenders urge a las autoridades en México a:
1. Retirar los cargos fabricados en contra Kenia Inés Hernández Montalván y permitir su inmediata e incondicional liberación;
2. Garantizar que en espera de su liberación, el tratamiento de la defensora Kenia Inés Hernández Montalván en detención, se adhiera a las condiciones establecidas en el ‘Conjunto de principios para la protección de todas las personas bajo cualquier Forma de detención o prisión ”, adoptada por la resolución 43/173 dela Asamblea General de la ONU de 9 de diciembre de 1988;
3. Brindar pronta asistencia y tratamiento médico de calidad a la defensora Kenia Inés Hernández Montalván
4. Garantizar en toda circunstancia que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de todas las restricciones, incluido el acoso judicial.
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