Juez confirma vinculación a proceso a presunto feminicida de la estudiante Mara Fernanda

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- Un juez confirmó la vinculación a proceso en contra de Ricardo Alexis, presunto feminicida de Mara Fernanda, la joven estudiante que desapareció en Puebla tras abordar una unidad de Cabify, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

En una audiencia se determinó que las pruebas son suficientes y el acusado debe continuar bajo prisión preventiva por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio a Mara Fernanda.

Anteriormente el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Puebla resolvió tres amparos a favor del acusado porque descartaron las pruebas que presentó la Fiscalía por el delito de feminicidio.

Mara, estudiante de la UPAEP, estuvo desaparecida desde el 8 de septiembre del año pasado y su cuerpo fue hallado días después en Tlaxcala.

El secuestro de la joven ha desatado una ola de indignación no sólo en Puebla, sino en todo el país. La estudiante tomó un taxi Cabify que, se supone, son seguros, pero nunca llegó a su casa.

El caso desató un debate sobre ese tipo de transporte, que se vendió como seguro y así entró a las ciudades de casi todo el país.

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Grupos civiles anuncian amparos colectivos en 14 estados contra decretos del agua que firmó EPN

Por Redacción/Sin embargo

Organizaciones de la sociedad civil anunciaron que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. También se prevé que el jueves por la mañana se realicen diversas manifestaciones frente a distintas oficinas de la Conagua alrededor del país.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 295 cuencas. La acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero las opiniones se encuentran divididas: hay académicos y organizaciones que están a favor de la decisión gubernamental; y también hay asociaciones y especialistas que afirman que la decisión es un escalón más para privatizar el vital líquido.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la estrategia legal que siguen actualmente a fin de ampararse para suspender los efectos de los decretos de reserva de agua publicados el 6 de junio por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues, afirmaron, el Gobierno mexicano busca privatizar el vital líquido.

Asimismo, publicaron un formato de demanda de amparo disponible en la página tinyurl.com/amparoagua para que los ciudadanos que así lo deseen puedan también ampararse y ofrecieron el apoyo jurídico de Julio Mendoza, abogado de la Central Campesina Cardenista (CCC).

En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación (Cencos), Mendoza informó que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

El abogado aprovechó el espacio para hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación para que actúe conforme a derecho a fin de “garantizar el acceso al agua a quien más lo necesite y no a los primeros que presenten la solicitud de concesión que fueron los primeros en enterarse que la veda se iba a levantar, tal como pasó el 6 de junio pasado”.

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Margarito pierde a su esposa en un triciclo, rumbo al hospital; sin salud, casi 2 millones en CdMx

Por Redacción/Sin embargo

Margarito luchó hasta el último momento para tratar de salvar la vida de su compañera de vida, su esposa. Tomó un triciclo, subió al convaleciente cuerpo de Macaria y pedaleó fuerte para poder acercarse a un hospital que la atendiera.
Sin embargo, el esfuerzo fue en vano; su esposa falleció en el trayecto ante la mirada de automovilistas que no ofrecieron ayuda al hombre.

Ciudad de México, 17 de abril (Infobae/SinEmbrago).- Una bicicleta de triciclo –o carga– fue el único medio de transporte con el que contó Margarito para trasladar a su esposa enferma a un hospital. Sin embargo, no pudo llegar antes de que ella falleciera en el trayecto.

Los hechos ocurrieron en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México. El matrimonio estaba comiendo en su casa cuando Macaria, esposa de Margarito, comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el pecho.

Él no pudo encontrar ayuda para trasladarla y no tuvo otra opción que colocar una tabla en su “triciclo” para recostarla y él mismo llevarla al hospital.

Pero el esfuerzo de sus piernas no fue suficiente y a los pocos minutos, en la calle Felipe Ángeles de la colonia Zapotitlán, en Tláhuac, Margarito detuvo su marcha al darse cuenta de que su mujer ya no se movía.

Gente que estaba en el lugar llamó a los servicios de emergencia porque Margarito aún tenía la esperanzas de que Macaria estuviera viva, pero al llegar los paramédicos, confirmaron su fallecimiento por muerte natural.

Distintos medios reportaron que Margarito tuvo que regresar a su casa con el cadáver de su esposa, lo que conmocionó a los mexicanos por la frustración que pudo sentir Margarito y la indiferencia de las personas que no lo ayudaron.

Pareciera que la Ciudad de México, vista en postales, no padece de pobreza. Pero no es así. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 27.6 por ciento de los capitalinos vive en situación de pobreza, lo que representa un total de 2 millones 434 mil personas.

La población social con al menos una carencia social es de 4 millones 983 mil personas, el 56.5 por ciento, mientras que un millón 732 mil capitalinos carecen de los servicios de salud.

En el último informe del Coneval, con corte en el año 2016, los 10 municipios que tienen el mayor número de pobres son Ecatepec, Puebla, Iztapalapa, León, Tijuana, Chimalhuacán, Acapulco, Toluca, Ciudad Juárez y Nezahualcóyotl, de acuerdo com cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa tiene al 62.5 por ciento de su población con al menos una carencia, la principal es la de acceso a la seguridad social, le sigue el acceso a la salud y la carencia por acceso a la alimentación.

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Conferencia de prensa: OSC presentan convocatoria sobre economía solidaria y economía azul en una sociedad solidaria

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales en temas económicos y sociales.

Invitación a Conferencia de Prensa

OSC presentan convocatoria sobre economía solidaria y economía azul en una sociedad solidaria

  • Organizaciones de la sociedad civil presentan convocatoria sobre la economía solidaria y economía azul, cuyos ejes son las personas y no las ganancias, así como la suma de esfuerzos entre organizaciones en México. Aseguran que lo relevante de la presentación es el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de redes y la creación de otras iniciativas para lograr el buen vivir de las personas.
  • Enfatizan que durante varios años se han desarrollado experiencias importantes en la búsqueda por mejorar la situación actual en diversos países y en México; ejemplos como el Tianguis del Buen Vivir de Cuajimalpa, que ha logrado una experiencia territorial importante, o el trabajo educativo que desarrollan desde la DVV International o el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y que es fundamental para activar la conciencia y la acción solidaria. El gran ejemplo, mencionan, es el del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que a pesar del contexto ha logrado fortalecerse y ha creado la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro.
  • Las organizaciones buscan que se conozcan ejemplos de economía solidaria y economía azul, que se genere y difunda información, así como el intercambio de ideas, vinculando otros movimientos sociales de enfoque integral y global, impulsando actividades en torno a ellas en la búsqueda de un mundo mejor para todas las personas.
  • Además, invitan a participar en el Encuentro Internacional de Economía Solidaria y Economía Azul el 18 y 19 de abril en Cuajimalpa. 

Participan:

  • Juan Gerardo Domínguez Carrasco, Sociedad Cooperativa de  Asesores para el Avance Social (SCAAS)
  • Isaac Escamilla Sandoval, Nuhusehe Educación y Desarrollo A.C.
  • Víctor Rosas Velázquez, Edgar Francisco Chávez Rodríguez, Comisión de Economía Solidaria de la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro
  • José Aceves Ochoa, Universidad Autónoma de Chapingo (UACH)
  • Guadalupe González Ramírez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Convocan:

  • El Grupo Promotor de Economía Solidaria, integrado por 9 organizaciones de la Sociedad Civil, en alianza con Red la Colmena Milenaria, El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, la Universidad Autónoma de Chapingo, el CIIESS de la Universidad Iberoamericana, La UAM Azcapotzalco, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 

La cita: Jueves 12 de Abril de 2018 a las 12:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

De la religión al territorio y a la política: la violencia que mina la vida en Los Altos de Chiapas

Por Redacción/Anima Político

Escenario constante de conflictos internos entre partidarios de distintos partidos, de grupos religiosos y de reclamantes de tierras, la violencia en Chenalhó recrudece ahora por razones electorales que han dejado cientos de personas desplazadas de tres municipios, de acuerdo con las denuncias.

Incubada por décadas, la violencia crece en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Ahora se expande y alcanza no solo a sus pobladores, sino también a los vecinos cercanos. El 24 de marzo pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que un grupo armado proveniente del ejido Manuel Utrilla desplazó a 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko, en el municipio de Aldama. Los desplazados se encuentran dispersos en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria.

El grupo armado que provocó este desplazamiento es el mismo que cuatro días antes, el 20 de marzo, expulsó de sus casas y territorios a 145 familias de Tabak, también en Aldama. Desde febrero de este año, otras comunidades aldameñas, como Cotzilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, han sido víctimas de ataques con armas de fuego orquestados por alrededor de 75 hombres.

Quienes han huido a las montañas lo han hecho porque saben que los armados están dispuestos a ir más allá de asustarlos. Apenas el lunes 2 de abril, un grupo ejecutó a tres personas de la comunidad San Pedro Cotzilnam, Aldama. En los hechos también murió un poblador de Atzamilo, Santa Martha, municipio de Chenalhó, de acuerdo con información divulgada por el Centro de Derechos Humanos Ku´untik.

De acuerdo con el Frayba, existen testimonios que mencionan que el grupo armado del ejido de Manuel Utrilla se encuentra reclutando personas y que se ha coordinado en sus acciones con otro, de corte paramilitar y procedente de Chenalhó, vinculado con la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, el mismo que según las denuncias operó en el desplazamiento de más de 5 mil personas en el municipio de Chalchihuitán.

La violencia no solo se esparce hacia afuera de Chenalhó, que ha sido escenario constante de conflictos internos entre partidarios de distintos partidos, de grupos religiosos y de reclamantes de tierras. El más reciente, el conflicto postelectoral de 2015, ha dejado cientos de personas desplazadas del Ejido Puebla.

Sumando los hechos, grupos armados de Chenalhó han causado la salida de habitantes de tres municipios. En todos los casos, los testimonios señalan a Rosa Pérez como la causante de que se hayan reactivado estos grupos armados, a los cuales se ubica como paramilitares. No obstante, el Frayba no descarta que estén también articulados con cédulas del crimen organizado y que en la zona, sobre todo entre Chalchihuitán yChenalhó, hay intereses económicos por los yacimientos de jade verde azul que se presume existen ahí.

Desplazados del Ejido Puebla y el Centro de Derechos Humanos Ku´untik han denunciado a Abraham Cruz, quien fungió como tesorero municipal en la administración de Rosa Pérez de octubre de 2015 hasta el 16 de marzo de 2018, como quien canalizaba los recursos a los grupos paramilitares para la compra de armas.

 

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Amnistía Internacional confirma ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla

Por Redacción/Proceso

PUEBLA, Pue. (apro).- En su informe anual, Amnistía Internacional (AI) concluyó que lo ocurrido en la población de Palmarito Tochapan, el 3 de mayo pasado, cuando un soldado abrió fuego contra un hombre que yacía en el suelo, se trató de una ejecución extrajudicial.

Al asegurar que las ejecuciones extrajudiciales en México no se investigaban adecuadamente, y que quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad, AI resaltó los casos de los años recientes, entre ellos el Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, ambos en 2015.

Amnistía agrega que a estos casos se suma lo ocurrido en Palmarito Tochapan, donde el Ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados.

“Días después se publicaron en internet imágenes de video de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”, refiere el organismo internacional.

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Lanzan granada de fragmentación al interior de la sede de la UPVA 28 de Octubre

De izquierda a derecha: José Luis Ayala (SME), Katia Romero (Nuevo País), Marcos Tello (Nuevo País), Raúl Ronquillo (UPVA 28 de octubre), Juan Carlos Tovar (UPVA 28 de octubre)

Por Marcela Méndez

Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre dieron a conocer la mañana de este viernes que a las 22:30 del miércoles 7 de febrero una granada de fragmentación fue lanzada desde un vehículo a las instalaciones del Mercado Hidalgo, en Puebla, sede principal de la organización.

En conferencia de prensa, los miembros de la organización informaron que por el ataque existe ya una averiguación previa en la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Aunque la granada no detonó y ninguna persona resultó herida, el intento de ataque se suma a la ola de represión que la organización ha sufrido desde hace años y que se agudizó en septiembre de 2014 hasta llegar a su punto máximo el 29 de junio de 2017, con el asesinato de la activista Meztli Sarabia, hija mayor de Rubén Sarabia, líder fundador de la UPVA 28 de octubre.

Diferentes movimientos y organizaciones –como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Nuevo País­– acompañaron en la conferencia a los integrantes de la UPVA 28 de octubre y se pronunciaron en contra de los ataques a la organización.

“Hacemos responsables al gobernador del estado… es muy claro: la mano del estado está detrás de todas estas agresiones”, aseguró José Luis Ayala, miembro del SME.

Los integrantes de la UPVA 28 de octubre también denunciaron que desde enero el gobierno de Puebla puso en marcha un sabotaje económico contra los vendedores del Mercado Hidalgo, al cancelar 21 rutas de transporte público que convergían en el mercado.

Con el pretexto de la construcción de un metrobus –explicó Juan Carlos Tovar, de la UPVA 28 de Octubre– el gobierno está desviando rutas con el objetivo de bloquear la llegada al mercado. “El objetivo principal es cortar al mercado para aniquilarlo”, afirmó.

Este tipo de ataques, aseguraron, no son un hecho aislado, sino que es una situación nacional que afecta otros procesos de resistencia.

En conferencia de prensa las organizaciones también reafirmaron su postura contra la Ley de Seguridad Interior. “El ejército va a hacer labores policiacas, no le va a rendir cuentas a nadie y puede allanar sin órdenes de aprehensión. Ustedes saben el antecedente que tiene el ejército: cientos de miles de asesinatos y decenas de miles de desaparecidos”, expresó Raúl Ronquillo, de la UPVA 28 de Octubre.

Finalmente, exigieron un alto a la represión contra la UPVA 28 de octubre y a la Ley de Seguridad Interior.

Puedes ver aquí el boletín de prensa:

 

Emeli fue hallada muerta en su habitación, en Puebla; autoridades indagan asesinato

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Por Redacción/Animal Político

Policías de Tulcingo del Valle, Puebla, informaron que Emeli, de 11 años, fue asesinada la madrugada del lunes, y quien se percató del deceso fue su madre, al intentar despertarla.

Emeli, de 11 años, fue hallada muerta en su habitación la mañana del pasado 15 de enero, en el municipio de Tulcingo del Valle, en Puebla.

La menor fue encontrada con probables signos de violencia sexual, por lo que elementos de la policía municipal fueron alertados, según reportes del diario Reforma.

Policías municipales confirmaron al diario que la menor fue asesinada durante la madrugada del lunes, y que quien se percató del deceso fue su madre, al intentar despertarla por la mañana.

El cuerpo de Emeli fue trasladado al Semefo.

Fuentes de la Fiscalía General del estado de Puebla confirmaron que se inició una carpeta de investigación por los hechos.

Hasta el 27 de diciembre de 2017, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) registró 100 feminicidios en el estado de Puebla.

El número de casos ha rebasado el número registrado en años anteriores: en 2016 se cometieron 82 feminicidios, en 2015 fueron 50 y en 2014, 60.

Ante el aumento de la violencia contra las mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó el pasado mes de octubre que se active la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla.

“Un solo feminicidio es alarmante, pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de las mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia”, señaló la Comisión.

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A más tardar el 19 de enero, la SCJN dirá si admite primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad

Foto: Foto: cholula.gob.mx

Por Redacción/Aristegui Noticias

El alcalde de San Juan Cholula, Puebla, José Juan Espinosa Torres, se dijo confiado de que la Corte les dará la razón y declarará la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene hasta el próximo viernes 19 de este mes para determinar si admite la primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior que interpuso el ayuntamiento de San Juan Cholula, Puebla.

Su alcalde, José Juan Espinosa, indicó que el pasado 5 de enero, a las 17:00 horas, se presentó el recurso ante el máximo tribunal de justicia del país, que tiene 10 días hábiles para determinar si lo admite y definir qué ministro sería el ponente.

Explicó que el ordenamiento viola los artículos Segundo, Sexto y Décimo Primero de la Constitución en lo que se refiere a las facultades de los municipios en materia de seguridad pública.

“Y el agravio, consideramos, sucede en el momento en que en el supuesto que el Ejecutivo hace una declaratoria de seguridad sobre un municipio deja a un lado el mando de la policía municipal a un comandante que no es el mando dentro del organigrama, cuando el ayuntamiento tiene personalidad jurídica propia”.

Aclaró que, en todo caso, antes de que el Presidente de la República en turno ordene la intervención de las Fuerzas Armadas para hacer labores de seguridad pública, debe contar con el aval del ayuntamiento y de su cabildo.

Espinosa Torres reprochó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados hayan excluido de toda la normatividad a los gobiernos municipales.

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Habitantes de Puebla van a Canadá para frenar proyecto de minera Almaden Mineral

Foto: No a la mina

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la “devastación actual” generada por la empresa minera canadiense Almaden Mineral en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla, un grupo de pobladores viajó hoy a Canadá para convencer al gobierno y los inversionistas de ese país que detengan el proyecto, el cual se encuentra en fase de exploración.

Los habitantes de la zona realizarán una visita de 10 días en Canadá, donde presentarán a funcionarios, inversionistas y comunidades indígenas un informe sobre las violaciones a los derechos humanos provocados por el proyecto minero, con el afán de poner fin a la mina y exigir que el gobierno de Justin Trudeau obligue las empresas a respetar los derechos humanos “en todas sus operaciones”.

La organización PODER, que acompaña a las comunidades aledañas a la mina, documentó en abril pasado que Almaden Minerals mintió tanto a las autoridades ambientales mexicanas como a los propios inversionistas.

Según la organización, la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley.

Además, indicó a los inversionistas que la zona de operación del proyecto minero está “vacía” o “despejada”, cuando en realidad se trata de un municipio de 20 mil habitantes.

En los últimos años se multiplicaron los informes y señalamientos de las afectaciones ambientales y violaciones a los derechos humanos derivados de las empresas mineras de capital canadiense en el mundo. Canadá es el hogar de cerca de la mitad de las compañías mineras en el planeta.

Entre 2000 y 2015, seis proyectos mineros operados en México por empresas de capital canadiense derivaron en hechos violentos en los que ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 detenidas y 83 enfrentaron la justicia, como lo señaló el Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), una organización de abogados canadienses.

En junio pasado, al concluir una visita de 10 días en Canadá, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos denunció “la criminalización de las protestas pacíficas y el uso del personal de seguridad y la policía para romper y arrestar a los activistas que estaban ejerciendo su derecho democrático a protestar contra los proyectos extractivos dentro y fuera de Canadá”.

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