Noel Castillo Aguilar de 44 años de edad e integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) fue asesinado a balazos la tarde del jueves en la comunidad Barra de la Cruz, perteneciente al municipio de Santiago Astata en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de esta organización social defensora de la tierra y el territorio con sede en la región de la costa oaxaqueña informaron que Noel Castillo Aguilar se dirigía a su domicilio particular cuando fue interceptado y ultimado a balazos.
En un comunicado señalaron que “este crimen es claramente de carácter político toda vez que él era integrante del grupo local del Codedi que está en la legítima defensa de la lucha por la defensa de sus playas y territorio de su comunidad”.
Los integrantes de la Codedi hicieron un llamado de “justicia” a las autoridades de Oaxaca y exigieron dar con los responsables de este crimen, al que calificaron de cobarde.
¡Libertad a los artistas detenidos por realizar pegas del dos de octubre!
En el transcurso de la madrugada de hoy fueron detenidos por el gobierno municipal priísta los compañeros Marcos Antonio Cruz López, Desirée Sarahi Meza Sánchez y André Méndez Ramírez; quienes realizaban pegas de grabados alusivas al 2 de octubre de 1968. Los jóvenes pertenecen a la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTARTE-FPR), al momento de su detención y traslado a la policía municipal fueron golpeados. Al momento no han permitido el acceso de los abogados para verificar su estado de salud.
Hacemos responsables de la integridad física de los compañeros y de los hechos al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas y a los mandos policiacos municipales. 50 años después de la masacre del 68, la libertad de expresión se sigue pagando con cárcel.
¡Exigimos la liberación inmediata de nuestros tres compañeros! ¡Presos políticos libertad! ¡2 de octubre no se olvida!
Atentamente Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte
Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C.
OAXACA, Oax. (apro).- Al menos 16 autoridades municipales de la Sierra Juárez acordaron conformar un frente común con el fin de defender su territorio zapoteco ante los megaproyectos, la propuesta de construir una supercarretera en la región y la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de mantener en su gabinete a Víctor Manuel Villalobos, nominado por el tabasqueño para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) a quien acusan de ser un promotor de empresas pro transgénicos.
Antes, acordaron sumarse al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras, a realizarse en la ciudad de Oaxaca los próximos días 11 y 12 de octubre, ya que la Secretaría de Economía ha entregado concesiones mineras sobre más de 25 mil hectáreas de esa región zapoteca.
Durante el Primer Encuentro Regional de comunidades de la Sierra Juárez en defensa del Territorio, celebrado el pasado fin de semana en Guelatao de Juárez, reflexionaron sobre los posibles impactos que podrían causar los megaproyectos que se pretenden implementar en su región, así como articular esfuerzos para la defensa de su territorio.
En el encuentro estuvieron presentes autoridades municipales y comunales de Guelatao de Juárez, San Bartolomé Yatoni, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Tabaa, San Juan Tepanzacoalco, San Miguel Tiltepec, San Miguel Yotao, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santa Cruz Yagavila, Santa María Josaa, Santiago Lalopa, Santo Domingo Cacalotepec, Tanetze de Zaragoza, Villa Talea de Castro.
Un año después del sismo de magnitud 8.2 que dañó casas, escuelas y otros edificios en Juchitán, Oaxaca, la alcaldesa, Gloria Sánchez López, informó que la reconstrucción apenas lleva un avance de 30 por ciento, por lo que instó a autoridades federales y estatales a agilizar los trabajos.
Precisó que el drenaje colapsó, lo que representa un problema sanitario para cientos de personas sin hogar. ‘‘El ayuntamiento destinó 32 millones de pesos para el drenaje, pero no es suficiente. La red tiene más de 30 años y es obsoleta. Se requiere una inversión de cientos de millones de pesos’’, indicó.
Refirió que unos 5 mil 200 damnificados esperan desde marzo apoyo para reconstruir sus casas. En este municipio 36 personas murieron y 15 mil 87 viviendas resultaron afectadas; 7 mil 613 con daños parciales y 7 mil 474 quedaron destruidas.
La Coordinadora General de Damnificados por el Terremoto y de Mujeres Indígenas en Resistencia informó que 100 personas no han recibido tarjetas de 120 mil pesos para reconstrucción debido a que hay duplicidad de nombres y folios, así como clonación de tarjetas.
El regidor de obras de Juchitán, Germán Peralta, indicó que edificios públicos , entre ellos el palacio municipal, la parroquia de San Vicente Ferrer y la casa de cultura siguen en reconstrucción, y sólo el mercado municipal 5 de Septiembre está siendo remodelado. Se planea entregarlo en noviembre.
El viento dominante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el suroeste de México, es lo que en las últimas dos décadas ha atraído la mirada e inversión de empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía con recursos renovables, pero también ha propiciado que las comunidades de esta región del país emprendan una lucha jurídica en defensa de sus tierras.
El Istmo de Tehuantepec se ha convertido en los últimos 20 años en la principal generadora de energía eólica en México, a la par que las comunidades de la zona luchan por mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Foto: Jorge Ulloa
Los pobladores aseguran que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren; además de que no se tomen en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Los megaproyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes –quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud– éste no llega.
En la comunidad de San Dionisio del Mar, que en 2010 tenía una población total de 5 mil 098 habitantes, de los cuales 2 mil 559 estaban en pobreza extrema, el pueblo se organizó para luchar contra la instalación de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. El megaproyecto consistía en más de 100 aerogeneradores, que serían instalados en la laguna de Santa Teresa, afectando el principal medio de subsistencia de la región: la pesca.
“El mar es nuestra madre, es nuestro banco, porque de ella dependemos, porque de acá comemos. No es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando nuestro mar, contaminando nuestra madre, y nos dejan sin trabajo, sin alimento”, explicó en este documental Aquilino Altamirano, habitante de San Dionisio del Mar.
Foto: Jorge Ulloa
En 2012 los pobladores obtuvieron un amparo que revocó la instalación de este megaproyecto, y a seis años continúan en resistencia. Durante este tiempo, los huaves han defendido no sólo su fuente de trabajo y alimentación, sino también su cultura; la adquisición de territorios para estos megaproyectos destruye también el conocimiento de la medicina prehispánica, que durante siglos han practicado sus antepasados.
Los pobladores de este municipio también denuncian que este proyecto se instalaría no sólo sin su consentimiento, sino con prácticas corruptas y falta de transparencia; las comunidades que defienden la tierra y el territorio ante los proyectos eólicos aseguran que no sólo son las empresas las que violan sus derechos, también los gobiernos municipales, estatal y federal.
En el Istmo de Tehuantepec otras comunidades indígenas se han organizado en contra de la instalación de megaproyectos, defienden su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales; al consentimiento libre, previo e informado, a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano; pero en su lucha se han enfrentado a ataques e intimidaciones.
Las y los defensores comunitarios son en México una de las poblaciones más vulnerables; en esta región, a pesar de haber detenido el proyecto, continúan organizados y en oposición a las eólicas, ya que consideran que persiste el riesgo de ser despojados de su tierra, y luchan no sólo por protegerla en el presente, sino por las generaciones que vienen.
Organizaciones de la sociedad civil anunciaron que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. También se prevé que el jueves por la mañana se realicen diversas manifestaciones frente a distintas oficinas de la Conagua alrededor del país.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 295 cuencas. La acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero las opiniones se encuentran divididas: hay académicos y organizaciones que están a favor de la decisión gubernamental; y también hay asociaciones y especialistas que afirman que la decisión es un escalón más para privatizar el vital líquido.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la estrategia legal que siguen actualmente a fin de ampararse para suspender los efectos de los decretos de reserva de agua publicados el 6 de junio por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues, afirmaron, el Gobierno mexicano busca privatizar el vital líquido.
Asimismo, publicaron un formato de demanda de amparo disponible en la página tinyurl.com/amparoagua para que los ciudadanos que así lo deseen puedan también ampararse y ofrecieron el apoyo jurídico de Julio Mendoza, abogado de la Central Campesina Cardenista (CCC).
En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación (Cencos), Mendoza informó que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.
El abogado aprovechó el espacio para hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación para que actúe conforme a derecho a fin de “garantizar el acceso al agua a quien más lo necesite y no a los primeros que presenten la solicitud de concesión que fueron los primeros en enterarse que la veda se iba a levantar, tal como pasó el 6 de junio pasado”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a autoridades y maestros de Chiapas y Oaxaca para que, “en atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes, adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos, en particular el relativo a la educación”.
Al cumplirse 19 días de haber iniciado la suspensión de clases en diversos planteles educativos de ambas entidades, la CNDH insistió en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que sea, se formule “necesariamente” por las vías institucionales y en el marco de la ley, “ratificando la obligación que tiene todo servidor público de sujetar sus actos a lo dispuesto por las normas y con estricta observancia y respeto a los derechos humanos”.
En un comunicado subrayó: “La CNDH rechaza todo acto de violencia y provocación, al tiempo que reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que en todo momento debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, evitando recurrir a la violencia o al uso indebido de la fuerza”.
De igual manera, ratificó su convicción sobre el valor del diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, como vía para la solución de diferendos entre las personas y grupos.
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones contra el feminicidio exigieron al gobierno de Oaxaca “no simular más” y atender el caso del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista de 27 años, sucedido el 2 de junio pasado.
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, insistió en que es necesaria la destitución e investigación del ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero López, por ser uno de los probables responsables del feminicidio y cometer, además, varios delitos electorales.
“Sin lugar a duda es de alta preocupación el tratamiento que dará Alejandro Murat (gobernador de Oaxaca) a este feminicidio, ya que si no lo asume con la seriedad debida, corre el riesgo de quedar impune, tras solapar prácticas de corrupción, desvío de recursos e impunidad”, indicaron.
Agregaron que la Fiscalía General del Estado debe fincar responsabilidad de manera inmediata a los responsables, tanto por acción como por omisión.
Unos 500 integrantes de la Coordinadora General de Damnificados del Istmo, afectados por los sismos del 7 y el 23 de septiembre de 2017, partieron en caravana motorizada a la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales un segundo censo que incluya a los 41 municipios de dicha zona oaxaqueña.
Los participantes en la Caravana de los olvidados no recibieron folios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a otros no les entregaron tarjetas de apoyos para reconstrucción; algunos solicitan reclasificación de daño parcial a total y a otros más les dieron tarjetas sin saldo.
Los damnificados se concentraron ayer en la ciudad de Juchitán para dirigirse a la capital de Oaxaca y posteriormente a la Ciudad de México.
Vecinos de Matías Romero, Ixtepec, Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, San Mateo del Mar, Tehuantepec y otros municipios istmeños que participan en la protesta exigieron al gobierno federal un censo completo de damnificados, no una simulacióncomo la que hizo hace un par de semanas, cuando sólo se incluyó a ocho de los 41 municipios afectados.
Jorge Domínguez López, originario de Juchitán y damnificado por el sismo del 23 de septiembre, no tiene casa y vive en un refugio comunitario. En el segundo censo no pudo reclasificar los daños y sólo recibió 15 mil pesos para reconstruir su vivienda. Por eso decidió unirse a la caravana.
El juez consideró que la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca incumplieron con su deber de garantizar el derecho de la menor a la educación, al no cesar a los maestros faltistas de acuerdo a lo que marca la ley.
Un juez otorgó un amparo a una niña en contra de la SEP y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y les ordenó despedir a los maestros que faltaron 12 días a clases sin justificación durante el ciclo escolar 2014-2015. Esta resolución se dio tras considerar que las autoridades debieron haberlos cesado en su momento para garantizar el derecho de la menor a la educación, en ejercicio de las atribuciones que les concede la Ley General de Servicio Docente.
El artículo 76 de la Ley General de Servicio Docente establece que los maestros que falten más de tres días sin justificación deben ser separados de sus cargos. Los profesores involucrados en el amparo de la niña participaron con goce de sueldo en el paro de 12 días convocado en junio de 2015 por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra del “proceso electoral y la evaluación docente”.
