Torturan a líder cívico de Nochixtlán

Por Redacción/La Jornada San Luis

Diana Manzo y Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsales

Juchitán, Oax. La comisión política e integrantes de la sección 22 magisterial, afiliada a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenaron y repudiaron la agresión física que sufrió el presidente del Comité de Victimas por Justicia y verdad 19 de Junio (COVIC), Santiago Ambrosio Hernández, ocurrida la madrugada de este domingo en su habitación, en la localidad de Asunción Nochixtlán.
Según datos del COVIC, aproximadamente a la una de la mañana fue encontrado Ambrosio Hernández en su cuarto, atado de pies, manos y boca. Además presentaba golpes en todo su cuerpo, signos de tortura, con cortes con arma blanca en espalda y brazo, por lo que su salud es delicada.

Éste es el segundo atentado que sufre el profesor Santiago Ambrosio, el primero ocurrió el 5 de marzo del año 2017 cuando se trasladaba de Asunción Nochixtlán a Santiago Apicalá, en aquella ocasión un vehículo le dio alcance a él y a su acompañante, Felipe Montesinos y disparó en su contra hiriendo a Ambrosio en la pierna tras lo cual, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca emitió medidas cautelares a su favor.

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Denuncian que proyectos mineros traen violencia, despojos y desplazamientos forzados

Foto: Desinformémonos

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 60 comunidades indígenas de Oaxaca rechazaron la imposición de cualquier proyecto minero en sus territorios por ser una amenaza a la naturaleza y su forma de vida, además de que ofrecen “pocos empleos” que cuentan con “pésimas condiciones laborales” y provocan el despojo y la destrucción de los bienes comunales, durante el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, organizado en Magdalena Teitipac, Oaxaca.

Explicaron que la imposición de proyectos extractivos trae como consecuencia “el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales”.

Recordaron que quienes se oponen a las empresas y proyectos gubernamentales son víctimas de hostigamiento, persecución e incluso asesinato, así como de “estrategias de violencia que las empresas y el gobierno –que- han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades”, así como para controlar los yacimientos mineros “a través del crimen organizado”.

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Mueren tres defensores de derechos indígenas en Oaxaca, en un ataque armado

Foto: Cuartoscuro

Por Redacción/Animal Político

Cuatro integrantes del Comité de Defensa de Derechos Indígenas regresaban de una reunión con autoridades del estado cuando fueron interceptados por hombres armados. Solo sobrevivió el encargado de la comitiva.

Tres defensores de derechos humanos en Oaxaca, miembros del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), fueron asesinados a balazos a bordo de una camioneta mientras regresaban de un encuentro que tuvieron con autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado emitido por Codedi, Abraham Ramírez Vásquez, encargado de la comitiva, viajaba acompañado de tres jóvenes por la noche del lunes cuando repentinamente fueron atacados por un grupo de hombres armados.Tras el ataque los tres jóvenes perdieron la vida.

Los hechos se reportaron en las inmediaciones de Cerro Metate, en Miahuatlán, cerca de la localidad de Porfirio Díaz. Las víctimas se dirigían a la sierra sur del estado luego de haberse reunido con funcionarios del gobierno del estado.

Los integrantes del Codedi “responsabilizan al gobierno estatal y federal representados por Alejandro Murat y Peña Nieto de este ataque en el que claramente pretenden generar desestabilización en el estado para sabotear su propia fiesta electoral”, argumentan en el comunicado.

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Las instituciones con más quejas acumuladas ante la CNDH por abusos, son: IMSS, ISSSTE, SEP, INM…

Por Redacción/Sin embargo

De acuerdo con el informe de labores de la CNDH, presentado este día por Luis Raúl González Pérez, las instituciones con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron el IMSS, el ISSSTE, la SEP, el INM, la Policía Federal, la PGR y la Sedena.

Y las entidades en las que este tipo de reportes tuvo mayor incidencia fueron la Ciudad de México, el Edomex, Veracruz, Chiapas, Jalisco y Aguascalientes.

– Información en desarrollo  

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron las dependencias que más quejas recibieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez expuso que en el 2017 la dependencia que dirige recibió 38 mil 722 quejas, que derivaron después de un análisis en 25 mil 959 expedientes. Estos son 700 más que en el 2016.

Las autoridades más señaladas como responsables de una presunta violación a los derechos humanos fueron el IMSS con 2 mil 634; ISSSTE, mil 78; y a la SEP, 656.

Le siguieron el Instituto Nacional de Migración con 521; la Policía Federal con 425; la Procuraduría General de la República con 422; y la Secretaría de la Defensa Nacional con 415, entre otras.

Entre las entidades con mayor número de reportes por la presunta comisión de violaciones a derechos humanos fueron la Ciudad de México, con 2 mil 922 casos; el Estado de México con 789; Veracruz con 380; Chiapas con 353; Jalisco con 360; Aguascalientes con 312; Tamaulipas con 288; Michoacán 271, y Oaxaca 268.

 

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La SCJN da fallo histórico a favor de los indígenas de Juchitán y en contra de parque eólico español

Por Redacción/Sin embargo

Integrantes de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, donde ya hay 15 parques eólicos, interpusieron una demanda de amparo en 2015 porque la Comisión Reguladora de Energía violó su derecho a una consulta libre, previa e informada acorde al marco internacional. Aunque en junio de 2016 el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Salinas Cruz, Oaxaca, lo negó, este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
Esta acción judicial “puede fijar criterios importantes en futuros casos similares”, expusieron organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.

Ciudad de México, 10 enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del amparo contra la instalación del parque eólico de la empresa española Eólica del Sur, para implementar una consulta libre, previa e informada en la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, ubicado en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde hay más de 20 parques eólicos.

“Los integrantes de la Primera Sala consideraron que el asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, en tanto que involucra el contenido y alcance del derecho humano a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, expuso la SCJN en un comunicado. “Según lo alegado por los indígenas, [el parque eólico] podría producir importantes afectaciones y alteraciones ambientales que repercutirían de manera directa en su comunidad, e indirectamente, en la sociedad en general”.

De 2014 a 2015, se llevó a cabo una simulación de consulta con “una serie de vicios procesales y una marcada violación a los principios rectores de los derechos” que derivaron en intimidaciones y falta de claridad sobre cómo se verán afectados en sus actividades diarias como la agricultura y la pesca, evidenciaron las organizaciones ProDesc y PODER.

Diversas organizaciones pidieron a los ministros que también consideren las denuncias de otros pueblos indígenas sobre consultas no apegadas al marco internacional en el contexto de la implementación de proyectos derivados de la Reforma Energética.

Esta acción judicial “puede fijar criterios importantes en futuros casos similares”, expusieron en un comunicado. Fundar, Serapa, Centro Prodh y otras consideraron que, a raíz de este caso no aislado, la Primera Sala de la SCJN puede entrar a definir criterios importantes y necesarios sobre los principios de la consulta a pueblos y comunidades indígenas, en especial sobre el carácter de “previo”, ya que implementar un proceso de consulta cuando el proyecto a desarrollar ya está definido no es compatible con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Eólica del Sur busca imponer el parque eólico más grande de América Latina en Juchitán de Zaragoza y El Espinal, con 132 torres de 125 metros de altura cada una. El director general, Eduardo Centeno, resaltó que es el primero proyecto que se realiza con la aprobación de la comunidad tras una consulta.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Por Redacción/Animal Político

De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.

Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.

Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.

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Con 26 concesiones en Oaxaca, minera canadiense ha despojado de 80 mil hectáreas a indígenas: Educa

Foto: Fortuna Silver Mines

Por Redacción/Proceso

OAXACA, Oax. (apro).- A través de cuatro filiales, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras con las que ha despojado de 80 mil hectáreas a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reveló una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

De acuerdo con el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa minera canadiense, se logró establecer que sus cuatro filiales –Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.– monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.

Esa situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos, precisa el documento.

Y es que bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones, aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, sobre todo en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.

Ante este panorama, comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que sobresale la cancelación de las concesiones mineras.

Cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios, por el contrario, las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en ese tema.

Según Educa, la empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, obtiene ganancias ventajosas a cambio del despojo del territorio de pueblos zapotecos.

En un comunicado difundido en agosto de 2017, la empresa informó que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82 mil 630 hectáreas, sin embargo, la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto.

En el área concesionada también están involucrados al menos otros dos proyectos mineros con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.

Según Educa, al indagar sobre la compra de la empresa Radius Gold se sorprendieron de la existencia de una concesión denominada “Tlacolula” (con título 230278) en el municipio de San Juan Guelavía, con una extensión de 16 mil 465 hectáreas. Sin embargo, el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., que tiene dos concesiones más en la región (títulos 232270 y 233392), con una superficie de 6 mil 699.28 y 12 mil 642.00 hectáreas, respectivamente.

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Cinco mujeres son asesinadas en 24 horas en Oaxaca, estado donde (afirma Murat) “no pasa nada”

Por Redacción/Sin embargo

En los últimos días los actos de violencia han incrementado de manera alarmante en Oaxaca. Pese a que la cifras muestran que la inseguridad poco a poco se apoderan de la entidad, el Gobernador Alejandro Murat se ha empeñado en negarlo y en asegurar que no pasa nada.

“En Oaxaca no pasa nada, podemos salir tranquilamente de nuestras casas, usar el transporte público. No hay esa violencia extrema que [persiste] en otros estados”.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– En las últimas 24 horas al menos cinco mujeres fueron asesinadas en distintos municipios del estado de Oaxaca. Estos casos, se suman a los cuatro homicidios violentos registrados la semana pasada, dando un total de 9 asesinatos en la entidad.

A unas horas del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el cual se conmemora el 25 de noviembre, los ataques contras las mujeres se han disparado de manera alarmante en Oaxaca.

De acuerdo con un recuento hemerográfico, noviembre ha sido uno de los meses más violentos de 2017 para las mujeres, al registrarse 9 feminicidios.

El caso más reciente se registró en durante la tarde del 23 de noviembre en el Istmo de Tehuantepec, cuando dos sujetos armados ingresaron a un domicilio ubicado en el municipio de Asunción Ixtaltepec y asesinaron a Diana García y a su hija Maylet.

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La CNDH documenta violaciones a los derechos de niños indígenas en Oaxaca

Foto: Facebook Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos fundamentales de 559 niñas, niños y adolescentes en casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el estado de Oaxaca.

En un comunicado, la Comisión señaló que dichas violaciones consisten en violencia física y psicológica, instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad, y son atribuibles a personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Servicios de Salud de Oaxaca y DIF-Oaxaca.

Por lo anterior, la CNDH emitió una la Recomendación 52/2017 dirigida al gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y a la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado.

De acuerdo con la información, tras concluir su investigación, el organismo nacional determinó “violaciones a los derechos al desarrollo integral de la niñez, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental y social de las niñas, niños y adolescentes, al disfrute del más alto nivel de salud, así como inobservancia del principio del interés superior de la niñez”.

La CNDH mencionó que documentó hechos de violencia física y psicológica como forma de castigo en agravio de los infantes, imputables a personal del IEEPO, así como omisiones a las obligaciones de adoptar medidas de protección en favor de las víctimas y la ausencia de protocolos de atención y prevención de la violencia escolar.

Además, confirmó que 9 de las 41 casas visitadas no cumplen con las condiciones de habitabilidad adecuada para albergar personas, ya que presentan deterioros, humedades, filtraciones y daños estructurales que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los menores de edad que ahí pernoctan; de las valoraciones médicas practicadas a los ocupantes de 10 casas y 2 comedores, se observaron diversas afectaciones a la salud y datos clínicos de desnutrición infantil.

La CNDH recordó que recibió la queja de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Oaxaca por el deterioro de la infraestructura y falta de recursos en las Casas del Niño Indígena.

“Este Organismo Nacional inició el expediente CNDH/2/2012/8451/Q, en el que se requirieron informes a las autoridades, se realizaron diversas diligencias y trabajos de campo y se recabaron testimonios. Se visitaron 10 de los 21 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena en el Estado de Oaxaca (CCDI), 41 Casas y 6 Comedores del Niño Indígena, donde se observaron las instalaciones, equipamiento y seguridad con que cuentan”, dijo.

Agregó que se entrevistó al personal encargado de esas instalaciones, se obtuvieron mil 059 encuestas, se realizaron 14 entrevistas grupales a 393 niñas, niños y adolescentes, en relación con el trato que reciben y sobre las condiciones de vida en las casas, así como valoraciones médicas y psicológicas, obteniendo 5 mil 225 fotografías de esas visitas.

Por todo ello, la CNDH solicitó a la CDI otorgar prioridad y gestionar el presupuesto ante las autoridades hacendarias para lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de esas casas y comedores; generar estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la atención a las niñas, niños y adolescentes, para el efectivo cumplimiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en la entidad; revisar las reglas de Operación de ese Programa, para incluirle supervisión integral, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de esas instalaciones.

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