Investigadores, activistas y campesinos de Oaxaca cerraron filas en lo que consideran una imposición por parte de la Comisión de Agua y Saneamiento del Congreso del Estado que pretende imponer una Ley Estatal del Agua.
“No podemos aceptar y vamos a dar la batalla jurídica, social y en todos los espacios para que el acceso al agua sea un derecho humano”, señaló Mayra Olivo Paz, en el Foro Estatal del Agua que dicha Comisión organizó de forma expedita y en lo “oscurito” para “dejar fuera la opinión de los pueblos y comunidades indígenas”, denunció la directora jurídica de Flor y Canto, organización que acompaña la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa de la Tierra (Copuda) que llevan más de una década defendiendo su derecho a tener libre acceso a pozos y retenes de agua que ellos mismos construyeron.
Por su parte el investigador de la Universidad de la Sierra Sur, Mario Fuentes Carrasco, coincidió en lo sospechosamente apresurado que significa iniciar una discusión sobre el agua sin dar claridad sobre el contenido y dejando fuera a los actores principales: campesinos y ciudadanos.
Mientras en la Cámara de Diputados se discute la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en el país las agresiones contra la prensa no disminuyen y la cifra de asesinatos mantiene la tendencia de los sexenios anteriores.
Apenas el pasado viernes fue asesinado en su domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora, Santiago Barroso Alfaro, locutor del programa Buenos Días San Luis de FM Río Digital, con lo que suman cuatro homicidios de comunicadores en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Ayer mismo, en Oaxaca, fue agredido otro comunicador.
Aún y cuando cada uno de los crímenes ha merecido la condena del gobierno federal y el compromiso del respeto a la libertad de expresión y el combate a la impunidad, lo cierto es que el escenario de violencia contra el gremio periodístico no se modifica.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el arranque del sexenio de López Obrador se perfila como el más violento contra los periodistas ya que a diferencia de sus antecesores la cifra supera a las administraciones anteriores.
Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Tixtla, salió libre la mañana de este jueves tras permanecer encarcelado más de cinco años en el penal de Chilpancingo acusado de privación de la libertad, robo y terrorismo en noviembre de 2013.
El juzgado mixto de primera instancia con sede en Tixtla dictó libertad absoluta para Molina González; dicho juzgado notificó a su homólogo de Chilpancingo para que el promotor de la CRAC-PC abandonara el penal.
Fueron 10 causas penales en mi contra, y demostré que soy inocente, que no hay delito que perseguir, que la CRAC está dentro del marco legal y vamos a seguir funcionando porque así lo prevé la ley 701.
En cinco y años tres meses, estuvo en la cárcel de Miahuitlán, Oaxaca; en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, y finalmente en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo.
Profesores de la sección sindical de Oaxaca, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se instalaron en plantón en las calles aledañas a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, en demanda de exigir “una verdadera abrogación” de la reforma educativa y no quede solo en cambios superficiales que lesionen los derechos de los trabajadores de la educación.
Convocados por la CNTE, el plantón, instalado este 25 de febrero, y ubicado en Avenida Congreso de la Unión y la Calle de Zapata, permanecerá frente a San Lázaro durante 72 horas, con una serie de movilizaciones en la Ciudad de México.
“Manifestamos al pueblo de Oaxaca, de México, a las autoridades municipales, padres y madres de familia que nuestra presencia en las calles obedece a una exigencia generalizada de no permitir mecanismos normativos que garantizan la continuidad de una Reforma que derramó sangre, dejó muertos, hostigamiento y persecución en nuestro Estado”, señaló el pronunciamiento leído por una comisión de profesores durante la instalación del plantón.
La tarde de este lunes, 21 de enero, fue encontrado sin vida el defensor mixteco de la tierra y territorio Bernardino García Hernández, habitante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
En entrevista con Cencos, Rufino Benites, director jurídico del Centro, señaló que se presume que el asesinato pudo ser perpetrado por pobladores de la comunidad de San Sebastián Nopalera, que disputa ya desde hace al menos una década, y con métodos violentos, la propiedad de las tierras del poblado de Zimatlán.
“Este conflicto ya tiene muchos años. Esto se recrudeció en 2009 y a partir de ahí se ha venido dando una serie de sucesos que han dado lugar a que las instituciones intervengan, sin embargo no lo han hecho, el gobierno mexicano ha sido omiso”, dijo el director jurídico.
Debido a este conflicto, el pasado 4 de agosto de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de esta comunidad por las que el Estado mexicano debía garantizar el cuidado de la integridad de sus habitantes, la remoción de factores de riesgo y otorgar seguridad jurídica sobre la posesión de las tierras en la comunidad de Zimatlán.
“Esto (al asesinato del defensor) sucedió aún con la medida cautelar de la CIDH. Es lamentable que sigan sucediendo estos hechos. Tenemos desaparecidos, tenemos varios homicidios en esa zona debido a ese conflicto y las autoridades de ninguna manera han logrado ni el esclarecimiento de los casos ni mucho menos brindarle seguridad a los pobladores”, sostuvo Rufino Benites, de Cedhapi.
El defensor instó al gobierno mexicano a cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH, atender integralmente el caso de Zimatlán y a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables no sólo del asesinato de Bernardino García, sino con otras víctimas de agresiones, desaparición y asesinato en la comunidad.
“Bernardino es ejidatario legalmente reconocido de la comunidad. Él ha sido, fue reconocido como defensor; de esos abogados descalzos que sin tener un título siempre luchó por los derechos de su pueblo, por la defensa de su territorio, de sus recursos, de su gente”, concluyó el miembro de Cedhapi.
Durante las primeras horas de ayer arribó un primer contingente de mil centroamericanos a territorio oaxaqueño, por el municipio Chahuites, a bordo de 13 autobuses; después continuaron su trayecto, algunos a pie sobre la carretera federal Panamericana, otros pidieron aventones, para luego reunirse en Tapanatepec.
La caravana arribó al estado de Oaxaca después de salir, alrededor de las 4:30 horas, del poblado de Huixtla, Chiapas; otro contingente mayor continúa en la entidad chiapaneca con miras a llegar al poblado de Mapastepec y podría ingresar este lunes a territorio oaxaqueño.
En Tapanatepec los migrantes se refugiaron en el auditorio principal, en el parque central y otros sobre banquetas de las calles colindantes con el centro de la población; y de inmediato se instaló una mesa de registro para conocer a detalle el número de niños, jóvenes, adultos y mujeres que acompañan a esta caravana.
La comunidad indígena chontal de Santa María Zapotitlán, promueve un amparo contra una concesión minera en su territorio por violentar sus derechos. Tequio Jurídico A.C. dió a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito le otorga suspensión de la concesión: El 18 de diciembre del año 2018, la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, integrante de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT) promovió un juicio de amparo en contra del título de concesión minera número 238447, otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía a la Minera Zalamera S.A de C.V.
En la tramitación del juicio de amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Oaxaca, dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleven a cabo actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso”.
Unión Hidalgo, Oax. Ante la falta de cumplimiento del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) un aproximado de 100 arboles de ceiba, caoba y cedro fueron sembrados por hijos de comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo como parte de su campaña de reforestación en el área contigua, terrenos donde están instalados aerogeneradores eólicos del parque Piedra larga 2, propiedad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex).
“Estamos sembrando lo que destruyó Demex cuando montó sus torres eólicas”, explicaron los comuneros quienes señalaron que existe una violación a las leyes ambientales con el aval de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que no realizaron la supervisión debida en cuanto a la reforestación que deben efectuar las empresas que instalan megaproyectos”.
Con palas, picos y palos los comuneros decidieron sembrar las plantas con la intención de que la zona se reforeste y no siga la erosión debido a que señalaron que desde el año 2014 -cuando Demex comenzó con la operación de su segundo parque eólico- no hay cumplimiento del Manifiesto de Impacto Ambiental.
puesta en funcionamiento de un proyecto que ha sido ejecutado en dos fases; la primera, Piedra Larga I, con una capacidad instalada de 90 MW entró en operación en noviembre de 2012 y suministra energía al Grupo BIMBO, una de las empresas de panificación más grandes del mundo; la segunda, Piedra Larga II, de 137.5 MW de capacidad instalada, en operación desde septiembre de 2014 suministra energía a Walmart, empresa de distribución líder en México y Latinoamérica y una de las más grandes del mundo.
OAXACA, Oax. (apro).- Entre el miedo y la incertidumbre, el éxodo de migrantes avanzó esta madrugada de Juchitán a Matías Romero, aunque algunos enfilaron hacia la capital de Oaxaca.
Foto: Pedro Matías/Proceso
Mientras el grueso de los migrantes centroamericanos se trasladó a pie, en camionetas, en autobuses, taxis y aventones a Matías Romero, un reducido grupo de mujeres y escasos hombres decidió irse a Oaxaca, la capital, para evitar que los cárteles que operan la franja de Veracruz “nos roben y maten a nuestros hijos”.
Al tiempo que empujaba la carriola donde dormía su hija, una hondureña trataba de convencer a otras personas a irse a Oaxaca porque la ruta a Matías Romero es muy peligrosa.
Al preguntarle por qué tomó la decisión de separarse, explicó: “Las mujeres nos queremos ir por Oaxaca”.
Se le hizo saber que la mayoría de los migrantes se fue por Veracruz, a lo que respondió: “Los hombres, pero las mujeres no. Todos los hombres que no tienen hijos que se vayan por donde quiera, pero nosotros que tenemos hijos no los vamos arriesgar”.
–¿Cuál es el temor? Se le insistió.
–Es que nos vayan a robar a nuestros hijos y los vayan a matar. Nosotros nos vamos por Oaxaca, Yo no voy (a Matías Romero)”.
Benjamín Grajeda, comisario de la Policía Federal, aseguró que el bloqueo fue para informar a los migrantes del programa ‘Esta es tu casa’, anunciado por Enrique Peña Nieto
El bloqueo fue retirado después del diálogo entre las autoridades federales y de Derechos Humanos, quienes pidieron el tránsito libre de los centroamericanos hasta que llegaran a su próximo punto de descanso.
De acuerdo con Benjamín Grajeda Regalado, comisario general de la Policía Federal, el objetivo del bloqueo fue hacerle saber a la caravana las características del programa “Esta es tu casa”, anunciado por Enrique Peña Nieto.
Explicó que el retén sólo permitiría el paso de aquellos migrantes que se apeguen al programa de refugiados del Instituto Nacional de Migración, para que no pongan en riesgo su vida en transportes inadecuados o en carreteras en las que avanzan vehículos pesados que no dejan espacio a la caravana.
El comisario no precisó el número de elementos que se desplegaron en la zona; sin embargo, destacó que contaron con equipos de protección y que no ocasionaron ningún tipo de agresión o violencia, simplemente, no permitieron el paso.
