Soldados torturaron y asesinaron a 2 jóvenes en Jalisco en 2016, concluye CNDH

Foto: aristeguinoticias.com

Por Redacción/Aristegui Noticias

Soldados del Ejército Mexicano entraron ilegalmente en un domicilio particular en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la noche del 27 de enero de 2016, torturaron a tres jóvenes que se encontraban en la casa, los detuvieron de forma ilícita y asesinaron a dos de ellos, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH divulgó este martes la recomendación 54/2017, donde relata a partir de peritajes, declaraciones ministeriales y testimonios cómo fue que soldados que buscaban un vehículo supuestamente ligado a la delincuencia organizada, terminaron asesinando a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, cuyos cuerpos arrojaron en un predio.

Aproximadamente a las 21:30 horas del 27 de enero de 2016, el padre de uno de los jóvenes asesinados fue informado por vecinos que había militares en la casa de su hijo, por lo que se dirigió al lugar. Soldados le impidieron el paso y durante unas dos horas esperó afuera de la casa mientras escuchaba cómo su hijo pedía que ya no lo golpearan.

El joven que también fue torturado por militares pero que sobrevivió relató a un visitador adjunto de la CNDH que aproximadamente a las 21:00 horas fue a visitar a dos amigos (los jóvenes asesinados) y mientras estaban en la casa escucharon golpes en la puerta, se dieron cuenta que eran militares.

Los soldados entraron y lo sometieron: “en ese lugar lo comienzan a golpear a tablazos en las nalgas, le bajan los pantalones a las rodillas y le dan más de 100 tablazos al tiempo que le aplican toques eléctricos en todo su cuerpo colocándole agua, sal, cloro, fabuloso en los ojos y todo el cuerpo, se desmayó varias veces, lo pateaban por todas partes, le pegaron con una tabla con clavos en la planta de los pies, esos golpes le provocaron [que] perdiera el conocimiento, gritaba para que lo dejaran en paz, toda esa situación duró alrededor de 2 horas”.

Los militares también sometieron a los otros dos jóvenes, quienes se habían refugiado en la planta alta de la casa, y los golpearon en la misma forma. Les preguntaron por drogas y armas pero los muchachos decían que no sabían nada. Los elementos castrenses no encontraron algún objeto ilícito en la vivienda y se llevaron a los jóvenes en vehículos militares.

El padre de una de las víctimas observó cómo se los llevaban en la parte trasera de una camioneta y aseguraban un vehículo particular, propiedad de uno de los jóvenes.

Acudió a agencias del ministerio público local y federal, sin obtener información de los detenidos, fue al auditorio municipal donde se reunían los militares y éstos le dijeron que solamente habían asegurado un vehículo con reporte de robo, por lo que presentó una denuncia ante el ministerio público de Tepatitlán de Morelos.

El sobreviviente relató a la CNDH que los soldados los llevaron a un lugar desconocido, “al parecer una brecha”, donde los siguieron golpeando e interrogándolos sobre dónde tenían la droga y las armas y para qué cártel trabajaban.

“Al paso de unas horas, no sabe cuántas, lo levantan y un elemento del Ejército Mexicano le hace la famosa ‘llave china’ y le quiere torcer el cuello, pero como … es muy corpulento y gordo el soldado no pudo quebrarle el cuello haciendo varios intentos”, escribió el visitador de la CNDH que entrevistó al sobreviviente.

El joven dijo haber visto cómo militares sí les torcieron el cuello a sus dos amigos, luego se desmayó por varias horas y cuando despertó se acercó a sus compañeros, dándose cuenta de que estaban muertos.

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Las Fuerzas Armadas reciben más y más dinero sin rendir cuentas ni resultados, dicen especialistas

Por Redacción/Sin embargo

Luego de más de una década del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el crimen marcan niveles históricos en todas las modalidades y, al mismo tiempo, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha impuesto récord.

Grupos civiles exigen que los recursos asignados a militares y marinos se transparenten, en especial porque el dinero invertido no ha servido para devolverle a los ciudadanos la paz y la tranquilidad.

“Hay todo un esquema de recursos que no se reportan ni se adjudican a las Fuerzas Armadas, pero que se gastan en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, lo que se aplican en algunos operativos conjuntos”, explicó Erubiel Tirado, profesor de la Universidad Iberoamericana.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil alertaron que hacen falta mecanismos de rendición de cuentas sobre el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas del país –la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar)– que año con año se han incrementado durante el actual sexenio, mientras que los niveles de inseguridad y violencia alcanzan cada mes máximos históricos.

Ya pasaron casi 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico y la inseguridad y violencia van en aumento. Los datos más recientes dados a conocer por el Observatorio Nacional Ciudadano así lo muestran.

Hasta el cierre de agosto de 2017, las carpetas de investigación por homicidios dolosos sumaban 16 mil 318, cuando en 2016 se reportaron 13 mil 075 en el mismo lapso (19 por ciento de aumento).

Por secuestro se registraron 782 casos en el octavo mes del año, mientras que en 2016 el registro mostró 710 (9 por ciento de incremento de denuncias); por extorsión sumaron 3 mil 840 carpetas contra 3 mil 283 del año anterior (las denuncias crecieron un 14 por ciento) , y en la modalidad robo con violencia se reportaron 149 mil 241 carpetas de investigación contra las 107 mil 847 de agosto de 2016 (se denunció 28 por ciento más).

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PGR investiga a 30 militares por el enfrentamiento en Palmarito, Puebla; ninguno está detenido

Por Redacción/ Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.

La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.

Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.

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Los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las FFAA realizar tareas de seguridad pública.

Atención: Jefes/as de información, periodistas y corresponsales:

El colectivo #SeguridadSinGuerra señala que los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública.

*Agradecemos de antemano su interés y la difusión que de esta información hagan.
www.seguridadsinguerra.org

Los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las FFAA realizar tareas de seguridad pública.

Ciudad de México, 12 de mayo de 2017. Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo.

En las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena. También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido. Estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías.

Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército. Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017. El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos.

Es necesario enfatizar que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida.

Por ello, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Respecto de esta última, instamos a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia.

Finalmente, reiteramos el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década. La #SeguridadSinGuerra es posible.

Colectivo #SeguridadSinGuerra: http://www.seguridadsinguerra.org/

Militares ejecutan con tiro de gracia en Palmarito

Por Redacción/Diario Cambio

La Policía Militar emuló el caso Tlatlaya en Puebla, al ejecutar con un tiro de gracia al menos a una de las tres personas que detuvieron la noche del miércoles tres de mayo en Palmarito Tochapan conforme a un video en poder de CAMBIO.

El video fue captado desde una cámara de seguridad y registra minuto a minuto la agresión de los militares a los pobladores que circulaban en un vehículo y que, tras ser tiroteado, tres tripulantes descienden sin ir armados ni tener chalecos antibalas. Incluso, se capta el momento en el que los soldados intentan borrar las huellas del homicidio desmontando la videocámara.

Grabado desde un domicilio particular, se puede apreciar el momento en que un militar dispara a bocajarro sobre la cabeza de uno de los detenidos aparentemente herido, y a quien luego de arrastrarlo unos metros, ejecuta a sangre fría para dejar un regadero de sangre en las calles de la junta auxiliar.

La videograbación echa por tierra la coartada del ejército sobre una supuesta emboscada que sufrieron ese 3 de mayo luego de recibir una llamada para denunciar una toma clandestina, ya que el fechador de la cámara de vigilancia marca las 8:28 pm cuando rafaguean el sedán donde viajaba el ejecutado, misma hora en la que supuestamente se dio la agresión contra los efectivos militares que generó, posteriormente, una balacera de más de tres horas, con saldo de cuatro militares y seis civiles muertos, además de 11 soldados heridos.

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Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía. Ejército impone su agenda con Ley de seguridad interior

Por Redacción/ DesInformémonos

En el marco de una discusión acalorada y escabrosa sobre la ley de seguridad interior que impulsa el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien cuenta con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y las principales fracciones parlamentarias, en nuestro estado, que ha sido escenario de hechos cruentos cometidos por las fuerzas armadas, nos encontramos al margen del debate nacional sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de militarizar la seguridad.

Recientemente los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa acudieron a una reunión con la junta de coordinación política de la cámara de diputados para supuestamente conocer su opinión sobre las iniciativas de ley de seguridad interior. Este llamado no fue tanto para una consulta seria sobre el tema, sino más bien para cerrar filas en torno a la ley de seguridad que impulsan principalmente el PRI y el PAN. Como siempre sucede con las las cúpulas políticas, hacen amarres previos para imponer leyes que mejor convengan a sus intereses económicos y a su estrategia de control político. No les interesa lo que siente y opina la sociedad. Las propuestas que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos, la academia, las organizaciones civiles y las organizaciones de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para las elites del poder, son irrelevantes. Fácilmente las descalifican por considerarlas riesgosas para la estabilidad social o porque ponen en entredicho el actuar de las fuerzas armadas. No hay disposición para promover un debate amplio y una discusión a fondo, a partir de una evaluación de los resultados alcanzados en la última década, cuando Felipe Calderón tomó la decisión de que las fuerzas armadas salieran a las calles a suplantar el trabajo de las policías para combatir con toda la fuerza del estado a los cárteles de la droga.

En el dilema de la discusión que ha surgido por las recientes iniciativas de una ley sobre seguridad interior se han dado posturas disímbolas que develan posiciones antagónicas protagonizadas por las fuerzas castrenses, por una parte y por la otra, por el movimiento de derechos humanos y las víctimas, que expresan dos maneras de entender la seguridad interna.

La visión que predomina en las cúpulas del poder civil y militar es fortalecer el frente de guerra contra los carteles de la droga, dejando de lado a una población inerme que ha tenido que soportar los estragos de una estrategia bélica centrada en destruir con las balas a los enemigos. El plomo nos ha destruido como país y los fusiles nos han colocado contra el paredón. Nadie escapa a estos frentes de batalla que se dan en las ciudades fronterizas, los centros turísticos, las autopistas, los centros de diversión, los tecnológicos, las escuelas y en las oficinas de gobierno. La forma como opera regularmente el ejército en sus enfrentamientos con grupos de la delincuencia es causando el mayor número de bajas posibles.

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