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FGR no encuentra al testigo protegido que acusó a militares detenidos por caso Ayotzinapa, denuncian abogados

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Alfredo Maza/Animal Político

La defensa de los ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa dio a conocer que las nuevas órdenes de aprehensión son por el delito de delincuencia organizada.

Alejandro Robledo y César González, abogados de los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no encuentra a uno de los dos testigos protegidos que utilizó para acusarlos por el delito de delincuencia organizada y así conseguir una nueva orden de aprehensión en su contra. 

“Hoy nos llegaron con dos fantásticas justificaciones: uno está enfermo y no puede ir y el otro no es localizable. La Fiscalía dice ‘el testigo no es localizable en el domicilio que le proporcionó’. Oye, ¿pues no es tu testigo, fiscal? Entonces me estás diciendo que perdiste al testigo protegido. ¿Te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras?”, dijo César Omar González Hernández, uno de los defensores de los militares.

Los abogados aseguraron que la investigación es un “cochinero” y que lo único que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es alejar a las víctimas de la justicia y la verdad.

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“Nomás escuchaba que me mataran”: sobreviviente narra agresión de militares en Nuevo Laredo; jóvenes iban desarmados

Imagen: Captura de pantalla video de Elefante Blanco

 

Redacción/Animal Político

En una declaración del capitán Elio “N”, el mando militar reconoce que cuatro elementos a su cargo fueron los responsables de haber disparado sin tener orden para hacerlo.

Alejandro Pérez Benítez, sobreviviente del ataque de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, relató que los elementos les dispararon directamente, y que a dos de las cinco víctimas mortales —entre ellas su hermano— las mataron cuando estaban sometidas en el piso. 

“Yo nomás que escuchaba que me mataran, que me mataran. Ya nomás cuando volteé pa todos lados ya estaban todos muertos”, dijo el joven en entrevista para N+ a dos días de los hechos.

Alejandro, hermano de Gustavo Pérez Benítez, dijo que al toparse con los militares en calles de Nuevo Laredo, se dieron la vuelta, pero que los soldados los chocaron por detrás, para después dispararles sin razón.

“Nomás llegaron y nos balacearon toda la troca, me alcancé a bajar y me arrodillé. Yo iba atrás del chofer”, dijo al medio. 

N + también dio a conocer videos que muestran a dos vehículos militares persiguiendo a la camioneta blanca, así como la declaración del capitán Elio “N”, quien reconoce que cuatro elementos a su mando fueron los responsables de haber disparado sin tener orden para hacerlo.

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Acusan al Ejército de la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Imagen: Twitter @cencos

 

Elefante Blanco/Animal Político

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares atacaron a un grupo de seis jóvenes que salían de un antro. La camioneta en la que viajaban recibió más de 20 disparos y al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimento, según testigos.

Habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusaron a elementos del Ejército de la presunta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares atacaron a un grupo de seis jóvenes que  salían de un antro en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

Los jóvenes fueron identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense , y Alejandro Trujillo Rocha.

La organización sostiene que otro joven de nombre Luis Gerardo se encuentra grave en un hospital privado con al menos dos impactos de bala en su cuerpo.

“La camioneta pick up donde se trasladaban el grupo de jóvenes es una Chevrolet Silverado color blanca misma que recibió más de viente disparos cuando se encontraba en el crucero de Husteca y Méndez. Vecinos del sector aseguran que al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimento”. sostuvo la organización en un pronunciamiento.

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Inés Fernández: pelear por la justicia desde el fogón de la Montaña

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Tlachinollan/Desinformémonos

Este 24 de octubre tuvo lugar la audiencia de vista dentro del proceso penal número 56/2013, que se sigue al militar Hugo Humberto García de León, quien es uno de los elementos señalados por la tortura sexual de Inés Fernández Ortega, en 2002.

Inés Fernández Ortega es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, que desde hace más de dos décadas busca justicia. A pesar de acudir ante las instancias de procuración de justicia en México, fue revictimizada y su derecho al acceso a la justicia fue durante años obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. No sólo no encontró justicia en el país, sino que fue amenazada y llamada mentirosa e intimidada por muchos años.

El 30 agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual- en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.

Cabe recordar que en un caso similar, el 1 de junio del 2018, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria en contra de dos militares para el caso de Valentina Rosendo Cantú, también sobreviviente de tortura sexual y compañera de lucha de Inés Fernández Ortega, en dicha sentencia se impuso una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño, sentencia que generó un precedente en México.

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Juez dicta auto de formal prisión en contra de tres militares señalados por caso Ayotzinapa

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Alfredo Maza/Animal Político

Los procesados son el general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería; el capitán José Martínez Crespo, y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, procesado por el delito de delincuencia organizada, ilícito relacionado a su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos que ha sido relacionado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La determinación de Enrique Beltrán Sánchez, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, también alcanzó al capitán José Martínez Crespo -que ya había sido detenido en noviembre pasado- y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El 26 de agosto pasado, el Gobierno Federal, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas, caso por el cual aseguró días después que se libraron cuatro órdenes de aprehensión contra militares involucrados.

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“No al golpe militar”, despliegan buscadoras en la Estela de Luz

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. «No al golpe militar» y «16 años de impunidad» fueron los mensajes que el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte desplegó en una megamanta en la Estela de Luz la madrugada de este 16 de septiembre, como protesta por las reformas para profundizar la militarización en el país y horas antes del desfile en honor a la Guardia Nacional.

Desde la mañana del 15 de septiembre, mujeres del colectivo guanajuatense escalaron la Estela de Luz para denunciar que las violaciones a los derechos humanos provocadas por las fuerzas armadas, así como para exigir justicia para las víctimas.

La manta comenzó a desplegarse justo mientras en el Zócalo el presidente Andrés Manuel López Obrador daba el grito de independencia.  

Dos mujeres fueron quienes escalaron el monumento de 104 metros de altura. Al lugar llegaron Protección Civil y la Cruz Roja para convencerlas de bajar, pero el colectivo aseguró que estaban capacitadas.

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México debe evitar control migratorio por militares: CIDH

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades mexicanas deben permitir el ingreso a los migrantes para garantizar su acceso a procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización migratoria y para evitar que elementos militares realicen funciones de control migratorio, aseveró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En los pasados diciembre y enero la CIDH realizó una visita de trabajo virtual a México para analizar la movilidad humana en el país, particularmente su situación transfronteriza. A partir de la visita, el organismo exhortó al gobierno mexicano a asegurar que personal civil especializado se encargue de la asistencia y atención directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.

Se debe asegurar el debido proceso y resolución a las solicitudes humanitarias de las personas migrantes, señaló la CIDH. Agregó la necesidad de permitir acceso al territorio a todos y todas las niñas y adolescentes.

La ruta migratoria se volvió más peligrosa y colocó a las personas en situación de movilidad humana a partir de las políticas migratorias que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió y que el gobierno mexicano asimiló, aseveró el organismo interamericano.

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Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez entre 2015 y 2019

Alberto Pradilla/Animal Político

Portación ilegal de armas, homicidio y crimen organizado son los principales delitos por los que elementos del Ejército fueron vinculados a proceso desde 2010.

Foto: Juan Carlos Cruz

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez. 

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Sentencia sobre Tlatlaya confirma que hay pruebas para procesar a militares: Centro ProDH

Redacción Aristegui Noticias/SB

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señala que en la pasada administración se protegió a los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes del crimen organizado, ocurridas el 30 de junio del 2014, pero que ahora se tendrá que revisar, tras el fallo de un tribunal federal que ordenó recapturar a los elementos del Ejército que participaron en los hechos.

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Tribunal ordena reaprehensión de los 7 militares implicados en el caso Tlatlaya; acusan a tres de homicidio

Redacción/Animal Político

Los siete militares habían sido absueltos en 2016 por falta de pruebas; ahora son acusados de uso indebido del servicio público y tres por homicidio.

Foto: Cuartoscuro

A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016 por falta de elementos en su contra. 

La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el delito de homicidio, según informó el diario Reforma.

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