Iniciativa de ley plantea la desaparición total de Policía Federal en 18 meses; establece que la nueva fuerza podrá intervenir comunicaciones privadas: los gobiernos locales deberán financiar el apoyo y que habrá penas de hasta 60 años de cárcel para guardias que ayuden a crimen organizado.
Foto: lopezobrador.org.mx
La fuerza inicial de la Guardia Nacional se conformará con más de 40 mil policías militares y navales que no serán evaluados con la batería de exámenes de control de confianza (desde los toxicológicos hasta los de polígrafo), que las instituciones civiles aplican a cualquier persona para que pueda ejercer funciones de policía.
Lo anterior, pese a que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el propio proyecto de iniciativa de Ley de la Guardia Nacional contemplan que, para ser un elemento de esa corporación (por definición una fuerza de seguridad pública civil) y permanecer en ella, hay que acreditar el control de confianza.
Esto fue confirmado por el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo a pregunta expresa hecha por Animal Político. Al funcionario se le cuestionó si serían evaluados en control de confianza los militares transferidos.
Su respuesta es que no es necesario ya que las Fuerzas Armadas tienen un mecanismo de control distinto al de confianza, pero que certifica la confiabilidad de sus efectivos, y que solo la Policía Federal es la que sí cuenta con el control de confianza convencional.
Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.
Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.
Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:
Podría acentuar violaciones a derechos humanos
Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.
Tendría mando militar los primeros 5 años
Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.
Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos
El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.
No se establecen mecanismos de rendición de cuentas
Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.
La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada
Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:
“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.
Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La guerra a las drogas iniciada por el gobierno de Felipe Calderón y prolongada por el de Enrique Peña se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos de al menos 929 personas a manos elementos de las fuerzas federales, en su mayoría del Ejército y la Marina.
Foto: Miguel Dimayuga/Proceso
Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas entre 2006 y 2017 señala que se trata de víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada, considerados graves violaciones a la dignidad humana.
Además, están documentadas detenciones arbitrarias y violación al derecho de propiedad por los robos y/o daños causados a las casas al momento de las detenciones de las víctimas.
En siete de cada diez casos, los responsables fueron integrantes del Ejército o la Marina. El resto fueron atribuidos por la CNDH a efectivos de la Policía Federal, señala el reporte “Huellas Imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México 2006-2017”.
Las unidades del Ejército con mayor ocurrencia de esos hechos fueron los regimientos 2º y 20º de Caballería motorizada y el 33º Batallón de Infantería. En la Marina, el 7º Batallón de Infantería de la 3ª Zona Naval y otro de la 1ª Zona Naval, de la 1ª Región Naval.
Sacar a los militares a las calles para hacer labores de seguridad pública no funcionó. Fue un error y el país debe aprender. Fue un desacierto darle el mando a la milicia. ¿Por qué repetir el error?, cuestionó el segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Enrique Guadarrama López.
En entrevista, criticó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de la bancada de su partido, Morena, en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional que contaría con mando militar y mantendría a los elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Sabemos lo que ha pasado en estos 12 años. El entonces presidente (Felipe Calderón) decretó esta estrategia (en 2006) y detonó lo que hemos venido padeciendo en violaciones a los derechos humanos. Tenemos enfrente una experiencia que no funcionó. Es muy importante aprender del error, y si éste fue darle el mando a la milicia, ¿por qué repetirlo? Tendríamos que cambiar el enfoque y la fórmula.
Unas 128 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada al considerarla “una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”.
En un comunicado, firmado también por 523 activistas, académicos y ciudadanos, argumentaron que está acreditado que en el país el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales, tanto a nivel federal como local.
Las organizaciones recordaron que durante sus campañas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su próximo gabinete de Seguridad, incluye ocho puntos claves para cambiar el modelo en la materia y buscar la pacificación el país.
Los elementos claves de la estrategia que detalló este miércoles -en un hotel de la Ciudad de México en Paseo de la Reforma – el próximo Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, son: Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación.
Como último punto se encuentra el plan de Seguridad Pública, el cual incluye como aspectos principales el “Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas; crear una Guardia Nacional, y establecer Coordinaciones Regionales”.
1 – Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
El plan destaca que para resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia como la delincuencia común y la delincuencia organizada, “es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos. Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta termina desarticulando todo esfuerzo del Estado en el combate al delito”.
El despliegue militar de hasta 15 mil efectivos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a su frontera con México costará un mínimo de 200 millones de dólares, informaron ayer analistas y miembros del Pentágono al diario The Washington Post.
Por otra parte, el mandatario advirtió ayer que una victoria demócrata en las elecciones legislativas del próximo martes precipitaría la llegada del socialismo y de hordas de criminales provenientes de América Central.
Veteranos y legisladores demócratas se quejan de que Trump malgasta los fondos militares en una maniobra políticamente motivada antes de las elecciones intermedias del próximo martes, en un momento en que el presupuesto del Pentágono está bajo presión para reducir gastos.
Analistas del Pentágono calcularon que el monto de 200 millones de dólares se alcance para finales de 2018, pero podría crecer significativamente si las operaciones militares antimigrantes continúan en la zona fronteriza el próximo año.
El costo de los despliegues militares es una pequeña parte de los 716 mil millones de dólares destinados al presupuesto anual del Departamento de Defensa. Las operaciones militares se anuncian en un momento en que la Casa Blanca ordenó recientemente al Pentágono reducir sus gastos a 33 mil millones de dólares, en respuesta al mayor aumento del déficit federal en seis años.
Este 26 de agosto, familiares marcharon a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas. Foto: Paola Ramos / Cencos
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que la yot La en el caso Ayotzinapa “no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de la víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, afirma Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el general Ramos Flores dice que si las acciones para instrumentar una comisión de la verdad se ajustan al marco de la ley, las Fuerzas Armadas se ceñirán a esa legislación.
“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”.
Como consecuencia de esa postura “algunos elementos militares interpusieron un recurso contra esa resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley, pues sus derechos, sus garantías pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimiento, una investigación, insisto, sin garantías”.
A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rechaza la participación del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala: “Es importante dejar claro que derivado de las investigaciones y, como se ha sostenido, la Sedena, ha informado que no hubo ninguna participación [la noche de los sucesos], no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar”.
Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES.
Iban armados HASTA LOS DIENTES. Eso dijeron los militares, y por eso los mataron. La verdad: eran dos estudiantes que se quedaron tarde en la escuela. Era marzo de 2010.
Tras una persecución en la capital de Nuevo León, entre el Ejército y un supuesto grupo de criminales, las Fuerzas Armadas llegaron a la entrada del Tecnológico de Monterrey y sin ningún protocolo entraron y comenzaron a disparar.
Video: Noticias 22 vía YouTube
Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso eligieron mal el día para salir después de las 12 de la noche de la institución donde estudiaban, o por lo menos eso cree la autoridad. Estos dos estudiantes de excelencia caminaron a la salida como siempre lo hacían y fueron recibidos a balazos. Ahí, justo en la entrada de su escuela murieron.
Pero la impunidad en este caso fue mucho más allá, pues no únicamente el Ejército los había “confundido” con criminales, sino que tras haberlos asesinado, los integrantes de las fuerza del orden alteraron las pruebas, les sembraron armas y mintieron al llamarles criminales. Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaban el abatimiento de dos miembros del crimen organizado que iban armados HASTA LOS DIENTES y por eso merecían ser fulminados.
Como sucede mucho en este país, desde que Felipe Calderón inició SU guerra contra el narco, estos jóvenes fueron criminalizados y señalados como delincuentes y el Tec de Monterrey fue cómplice. Sí, esa escuela que dice siempre poner en alto los valores y el respeto, le mintió a la familia de estos alumnos, les ocultó el hecho y después les dio la espalda.
Han pasado ya ocho años y esta historia se ha repetido en miles de ocasiones; el gobierno les llama víctimas colaterales y muchas veces les señala como criminales pero son personas –en su mayoría jóvenes- que no debieron morir.
El caso de los estudiantes del Tec en 2010 nos demuestra que en México nadie está a salvo. (Foto: Proceso)
Para nosotros como sociedad es más fácil hacernos de la vista gorda y creer la versión de la autoridad y en ocasiones hasta señalarlos también: “eran malandros”, “merecían la muerte”, “eso les pasa por juntarse con la gente equivocada”. Y, ¿qué pasaría si esos jóvenes fueran tus hijos o hijas? ¿o tú misma? Tu familia tendría que lidiar, además de con el asesinato de un ser querido, con los señalamientos, con las miradas de repudio.
Este país está podrido, sí, pero mucho tenemos que ver nosotros al fomentar este discurso de odio, al no exigir el cese de la violencia, al no pedir que se mejores las policías civiles y se regrese a los cuarteles a las fuerzas armadas, será lo que sea pero ellos están entrenados para matar y lo han demostrado.
Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES, donde el director Alberto Arnaut cuenta la historia de Javier y Jorge. De cómo fueron torturados y asesinados por los militares dentro de su propia escuela.
El 7 de septiembre se estrena en 400 salas en todo el país, ojalá puedas ir a verla y no, únicamente por apoyar al cine mexicano sino para que te des cuenta por qué muchos pedimos que el ejército y la marina regresen a sus cuarteles, por qué pedimos una #SeguridadSinGuerra.
