Pronunciamiento: exigen a instituciones académicas y al gobierno electo un compromiso en defensa de la vida y la dignidad, y rechazan la implementación de megaproyectos
Conferencia: Investigadores del INAH se pronuncian en defensa de territorios y del Patrimonio Biocultural
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
- Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), colectivo de académicos y movimientos sociales se pronuncian ante las amenazas y afectaciones a pueblos, territorios y saberes tradicionales generadas por megaproyectos extractivos, turísticos y de infraestructura.
- Señalan que estos son impuestos violando los derechos como la libre determinación, la autonomía, y la autoadscripción, y hacen un llamado urgente a la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural.
Participan:
Eliana Acosta (DEAS-INAH),
Rosa Garza (DEAS-INAH),
Paul Hersch (INAH- Morelos),
Giovanna Gasparello (DEAS-INAH)
Convoca:
Grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
La cita: Martes 30 de Octubre de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Obligación del Estado consultar a indígenas en megaproyectos: Tauli
Redacción / La Jornada
El Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales y consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando existan megaproyectos de desarrollo que puedan afectar a sus comunidades, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o el Tren Maya.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, afirmó lo anterior al presentar en la Universidad del Claustro de Sor Juana el informe de la visita oficial que hizo a nuestro país del 8 al 17 de noviembre de 2017.
Agregó que en México estas comunidades enfrentan violaciones a sus garantías, lo que genera violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a la educación, salud, vivienda e incluso asesinatos.
La experta internacional recordó que aun cuando en México no exista una ley nacional sobre consulta a las comunidades indígenas, esto no exime a las autoridades de aplicar este proceso conforme sus obligaciones internacionales.
Relatora de la ONU denuncia uso del sistema penal contra opositores a megaproyectos en México
Redacción/Animal Político
Victoria Tauli-Corpuz explicó que las autoridades y jueces han usado el sistema legal para acusar a pobladores de ser intrusos de sus propias tierras y emitió una serie de recomendaciones para México.
La relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, expuso su preocupación por las agresiones y la criminalización a los pueblos indígenas por defender su tierra y territorio ante megaproyectos de industrias extractivas, agroempresas, infraestructura, presas hidroeléctricas y tala de árboles en México.
Los pueblos indígenas cuestionan un modelo de desarrollo puramente comercial, señaló Tauli-Corpuz, que no tiene en cuenta sus derechos y causa un daño irreparable al medio ambiente y a los recursos naturales de los que dependen para su supervivencia.
Bajo ese modelo, pasan a ser intrusos u ocupantes ilegales de sus propias tierras y se les imputan cargos penales por “usurpación” u ocupación ilegal. “Los dirigentes y las comunidades indígenas que se oponen a los proyectos son asesinados, desplazados por la fuerza, amenazados e intimidados y sometidos a un insidioso acoso en forma de acusaciones penales que suelen ser imprecisas, sumamente exageradas o ficticias”, planteó la relatora.
El objetivo de esas agresiones violentas o jurídicas, subrayó, es silenciar cualquier oposición a los intereses empresariales e impedir que las comunidades ejerzan sus derechos.
Oaxaca: Surge frente contra megaproyectos, supercarretera y próximo titular de Sagarpa
Redacción/Proceso
OAXACA, Oax. (apro).- Al menos 16 autoridades municipales de la Sierra Juárez acordaron conformar un frente común con el fin de defender su territorio zapoteco ante los megaproyectos, la propuesta de construir una supercarretera en la región y la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de mantener en su gabinete a Víctor Manuel Villalobos, nominado por el tabasqueño para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) a quien acusan de ser un promotor de empresas pro transgénicos.
Antes, acordaron sumarse al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras, a realizarse en la ciudad de Oaxaca los próximos días 11 y 12 de octubre, ya que la Secretaría de Economía ha entregado concesiones mineras sobre más de 25 mil hectáreas de esa región zapoteca.
Durante el Primer Encuentro Regional de comunidades de la Sierra Juárez en defensa del Territorio, celebrado el pasado fin de semana en Guelatao de Juárez, reflexionaron sobre los posibles impactos que podrían causar los megaproyectos que se pretenden implementar en su región, así como articular esfuerzos para la defensa de su territorio.
En el encuentro estuvieron presentes autoridades municipales y comunales de Guelatao de Juárez, San Bartolomé Yatoni, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Tabaa, San Juan Tepanzacoalco, San Miguel Tiltepec, San Miguel Yotao, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santa Cruz Yagavila, Santa María Josaa, Santiago Lalopa, Santo Domingo Cacalotepec, Tanetze de Zaragoza, Villa Talea de Castro.
Pide CEMDA actualizar marco jurídico de política ambiental
Redacción/La Jornada
Ciudad de México. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha tenido algunas reuniones con la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, y le ha planteado diversos temas a los cuales considera debe dárseles “impulso” en la próxima administración federal, informó Gustavo Alanis, director de la organización.
Alanis dijo a La Jornada que han abordado con la próxima secretaria la necesidad de actualizar el marco jurídico de diversos instrumentos de política ambiental, tales como las “evaluaciones de impacto ambiental a las cuales hay que hacerle algunos cambios y adecuaciones, porque es un instrumento muy importante para que los proyectos vayan o no adelante en función de su viabilidad ambiental”.
Para muchos este instrumento ha quedado “rezagado, porque es de 1988, queremos que se mantenga el instrumento, pero creemos que hay que mejorarlo, fortalecerlo, y lo mismo con el reglamento en materia de impacto ambiental”.
También la CEMDA ha expuesto a González Blanco Ortiz Mena, la problemática que experimentan los defensores ambientales., los cuales “en México, cada vez están más amenazados”, sobre todo si se oponen a megaproyectos que impliquen muchos intereses.
Consulta Río Sonora: la oportunidad para un fallo histórico en pro del medio ambiente
Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución del juicio de amparo 365/2018 que interpuso el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) en marzo de 2016 y con el que busca reconocer el derecho de todos los pueblos a participar sobre la construcción de megaproyectos que impacten el medio ambiente.
El pasado miércoles 29, sin conocimiento de las comunidades amparadas, el máximo órgano de justicia del país pospuso la emisión del fallo del caso que atrajo en abril de 2017. La primera fecha para su resolución se había fijado para el miércoles 22 de agosto, pero se postergó una semana más y, llegado el día se aplazó una vez más.
A pesar de que no es una falta legal de la SCJN y de que el tiempo de su resolución podría ampliarse de manera indiscriminada, las comunidades implicadas y su representación legal — que lleva la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)— esperan una respuesta pronta y positiva.
Un fallo a su favor no sólo podría detener la construcción de una nueva planta de jales en el municipio de Cananea, Sonora (mismo sitio donde ocurrió el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, en 2014) sino que podría ser un parteaguas para casos como el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o del Tren Interurbano de Toluca, en los que existen reclamos de comunidades afectadas.
Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante de los pobladores agrupados en el CCRS, comenta a Apro:
“No es inusual el retraso (en la SCJN), pero tampoco es la regla, porque la mayor parte de los casos se resuelven el día de la sesión. Sin embargo, no lo vemos con malos ojos. Lo importante es que al final se llegue a un fallo que tome en cuenta lo elemental: que hay un derecho a participar en asuntos medioambientales”.
El abogado también insiste en que la resolución “puede tener un impacto mayúsculo para las causas medioambientales en todo el país”.
El actual modelo de desarrollo en México atenta contra pueblos indígenas: ONU
Redacción / La Jornada
El modelo de desarrollo que rige en México es ajeno a las culturas indígenas y representa un riesgo para agravar la desigualdad en esas comunidades. Es tal la inequidad, que actualmente están vigentes 4 mil concesiones en las que se han entregado los territorios de los pueblos originarios para la explotación de sus recursos por grandes empresas.
Así lo advirtió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien agregó que en la mayoría de los casos observados por su oficina no se garantiza el derecho a las comunidades indígenas a una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y en caso de que éstas se efectúen, no cumplen con los estándares internacionales.
Durante la inauguración del seminario Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas frente a los proyectos de desarrollo, que se realizó ayer en El Colegio de México, Jarab destacó que el prototipo de desarrollo que se sigue en el país afecta de manera negativa los derechos de diversos pueblos indígenas.
Boletín: Marcha contra megaproyectos
La lucha de los pobladores del Istmo de Tehuantepec ante las empresas eólicas
Redacción/Cencos
El viento dominante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el suroeste de México, es lo que en las últimas dos décadas ha atraído la mirada e inversión de empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía con recursos renovables, pero también ha propiciado que las comunidades de esta región del país emprendan una lucha jurídica en defensa de sus tierras.
El Istmo de Tehuantepec se ha convertido en los últimos 20 años en la principal generadora de energía eólica en México, a la par que las comunidades de la zona luchan por mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Los pobladores aseguran que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren; además de que no se tomen en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Los megaproyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes –quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud– éste no llega.
En la comunidad de San Dionisio del Mar, que en 2010 tenía una población total de 5 mil 098 habitantes, de los cuales 2 mil 559 estaban en pobreza extrema, el pueblo se organizó para luchar contra la instalación de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. El megaproyecto consistía en más de 100 aerogeneradores, que serían instalados en la laguna de Santa Teresa, afectando el principal medio de subsistencia de la región: la pesca.
“El mar es nuestra madre, es nuestro banco, porque de ella dependemos, porque de acá comemos. No es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando nuestro mar, contaminando nuestra madre, y nos dejan sin trabajo, sin alimento”, explicó en este documental Aquilino Altamirano, habitante de San Dionisio del Mar.
En 2012 los pobladores obtuvieron un amparo que revocó la instalación de este megaproyecto, y a seis años continúan en resistencia. Durante este tiempo, los huaves han defendido no sólo su fuente de trabajo y alimentación, sino también su cultura; la adquisición de territorios para estos megaproyectos destruye también el conocimiento de la medicina prehispánica, que durante siglos han practicado sus antepasados.
Los pobladores de este municipio también denuncian que este proyecto se instalaría no sólo sin su consentimiento, sino con prácticas corruptas y falta de transparencia; las comunidades que defienden la tierra y el territorio ante los proyectos eólicos aseguran que no sólo son las empresas las que violan sus derechos, también los gobiernos municipales, estatal y federal.
En el Istmo de Tehuantepec otras comunidades indígenas se han organizado en contra de la instalación de megaproyectos, defienden su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales; al consentimiento libre, previo e informado, a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano; pero en su lucha se han enfrentado a ataques e intimidaciones.
Las y los defensores comunitarios son en México una de las poblaciones más vulnerables; en esta región, a pesar de haber detenido el proyecto, continúan organizados y en oposición a las eólicas, ya que consideran que persiste el riesgo de ser despojados de su tierra, y luchan no sólo por protegerla en el presente, sino por las generaciones que vienen.
