Peña e Higa partieron un bosque, violaron tierra otomí y dejaron la carretera inconclusa, chueca

Daniela Baragán/Sin Embargo

Aunque el sexenio de Enrique Peña Nieto acabó, lo hecho durante esos años en materia de megaproyectos  aún lo sufren pueblos indígenas, en este caso habitantes del Estado de México, región del país que aguantó dos gobiernos de Peña Nieto, el de Eruviel Ávila y ahora resiste al de Alfredo del Mazo. Todos ellos, del PRI.

Durante el recorrido, los habitantes realizaron una clausura simbólica de las obras. Foto: Cri Rodríguez/ SinEmbargo

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- La relación entre el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, no solo se limitó a la “casa blanca”. También incluyó una carretera en el Estado de México, en medio de un bosque habitado por otomíes.

Terminado el sexenio de Peña y sepultada la acusación de presunta corrupción por conflicto de interés entre él e Hinojosa, tres pueblos del Estado de México aún resisten a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de Constructora Teya, filial de Higa.

Este proyecto, auspiciado por los gobiernos estatal y federal con Peña y Eruviel Ávila (hoy Senador del PRI) y del Banco Nacional de Obras (Banobras), les fue impuesto a través de un decreto expropiatorio hace cinco años. Así, la carretera significó la división literal de las tierras de siembra y de su bosque sagrado.

Ese decreto contempló un periodo en el que si el fin con el que las tierras habían sido expropiadas no se concluía, éstas deberían ser devueltas a sus dueños originales. Y aunque la empresa sostiene que la autopista ya está en un 90 por ciento, en un recorrido por los kilómetros de construcción el estado de la obra no muestra ese avance.

Es lo que queda de la dupla Peña-Higa: se propusieron construir una carretera en medio de un bosque, habitado por indígenas; sin consultaros, expropiando sus tierras.

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Activistas en Oaxaca piden declarar ilegal la minería por daños

Diana Manzo/La Jornada

Mapa de proyectos mineros en Oaxaca | Imagen: tomada de La Jornada

Juchitán, Oax. Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.

En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.

“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.

Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.

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Conferencia de prensa: Asamblea Nacional Indígena se opone al despojo de comunidades y pueblos indígenas de México

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) fija su postura ante la continuidad por parte de la actual administración pública federal de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y los megaproyectos en tierras y territorios indígenas.
  • Denunciará el uso de consultas que solo buscan legitimar esas políticas desarrollistas y que no respetan los estándares internacionales.
  • La Asamblea exige que en las políticas de desarrollo implementadas por el Estado mexicano se consulte y se haga partícipe a los pueblos originarios, respetando en todo momento la concepción de desarrollo emanada desde los propios pueblos.

Participan: 

  • Carlos de Jesús Alejandro, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía
  • Guillermo Hernández Chapa, Asamblea Popular de los Pueblos de Morelos
  • Ernestina Ortiz Peña, Consejo Indígena del Trueque
  • Cecilio Solís Librado, Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México
  • Carlos de Jesús Alejandro, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía

Convoca: Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA)

La cita: Martes 23 de Abril de 2019 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Comunidades mayas presentan denuncia popular contra empresa porcícola en Yucatán

Redacción/Desinformémonos

Foto tomada de Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades mayas del poniente de Yucatán presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán, en la que acusan que desde el incio de operaciones de la empresa porcícola Kekén se ha registrado la “reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel y que, recientemente, ante extravío de ganado, recorrieron el área y encontraron pantanos de aguas negras que atribuyen a la empresa”.

Las comunidades indicaron que Kekén, junto con grupo Kúo, inició operaciones en 2010 sin el consentimiento del plueblo maya, así como también dio inicio a “un proceso de despojo de tierras e incluso hay litigios agrarios que no han concluido”.

“Vamos a tomar la defensa y el cuidado de la vida y de nuestro territorio en nuestras manos como pueblo maya”, aseguraron al anunciar el inicio de una jornada de acciones en favor de la protección de su territorio y sus derechos como pueblo indígena, ante la promoción de “actividades humanas y productivas que no corresponden al contexto local de las comunidades mayas, porque la entrada de megaproyectos ha promovido la vulnerabilidad y la creación de nuevos riesgos y de verdaderos desastres en materia ambiental, provocando daños y efectos adversos”.

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Exigen esclarecer la muerte de Samir Flores y frenar el PIM

Redacción / La Jornada

Foto: Morelos TV

Organizaciones integrantes del Foro Social de Izquierda realizaron un mitin en el Ángel de la Independencia con la finalidad de exigir justicia para Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), al cumplirse un mes de que el activista fue asesinado.

Hicieron un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a no beneficiar megaproyectos que destruyen los recursos y criminalizan a los opositores, demandaron que el asesinato del activista no quede impune y que se garantice que ningún defensor de derechos humanos, del ambiente y del territorio sea víctima de un crimen o de persecución.

En tanto, la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala señalaron que la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido el crimen y el gobierno federal se ha negado a atraerlo para que lo investigue la Fiscalía General de la República.

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Defensores se opondrán a megaproyectos de 4T; fortalecen sus luchas

Texto e imágenes: Paola Ramos / Cencos

Este 5 de febrero, defensores se dieron cita para conjuntar esfuerzos ante continuación de megaproyectos en el gobierno de AMLO. Foto: Paola Ramos / Cencos

Oaxaca.- Defensores del territorio de 14 estados aseguraron que, pese al cambio de administración federal, ahora encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la lógica de imposición de megaproyectos por sobre los derechos de los pueblos continúa en el país, por lo que no sólo seguirán luchando en defensa de los que ya buscaban establecerse, sino también por los de la llamada “Cuarta Transformación” como el Tren Maya y el Tren Transístmico.

Así señalaron los más de 300 defensores este 5 de febrero durante el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos en México, en Santa María Atzompa, Oaxaca. 

“El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio”, señalaron. “Por lo mismo, tenemos que seguir movilizándonos y articulándolos en un proyecto que realmente represente nuestras necesidades”.

Sobre estos proyectos, para los cuales se ha anunciado una inversión público-privada de hasta 150 mil millones de pesos, en el caso del Tren Maya; y de mil 100 millones de pesos para el Tren Transístmico; advirtieron que diversos pueblos y comunidades serán afectadas además de que el daño ambiental se agudizará al “abrir la puerta para su extractivismo y depredación”.

Defensores de estados como Durango, Sonora, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Ciudad de México plantearon la necesidad de articular a los diversos frentes de lucha en el país, que tienen por común resistir ante la imposición de proyectos inmobiliarios, turísticos, de transporte o de minería en sus territorios, violando sus derechos a la tierra, a la vida, a un medio ambiente sano, a la consulta, entre otros. 

Plantearon que, aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación en la que les “hace creer que quiere lo mismo” que los pueblos, se trata de la continuación de proyectos neoliberales, por lo que hicieron un llamado a continuar con el freno a la entrada de empresas nacionales y trasnacionales a través del fortalecimiento de gobiernos autónomos, el rescate de saberes ancestrales, fomento y conservación de semillas criollas y producción orgánica, desarrollo de sistemas de autoconsumo, el rescate de bienes comunales, el fortalecimiento de la gestión de vivienda social y la conservación de los recursos naturales. 

El encuentro contó con la participación de 49 organizaciones y agrupaciones en resistencia, así como con el acompañamiento de figuras como el pintor y activista Francisco Toledo y el investigador y editorialista Iván Restrepo.

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Conferencia de prensa: El FPDTA-MPT informará sobre el despojo y represión a pueblos por el Proyecto Integral Morelos

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla,Tlaxcala (FPDTA-MPT) detallará las condiciones de despojo y represión que durante seis años han sufrido pueblos a causa del Proyecto Integral Morelos (termoeléctrica, gasoducto y acueducto).
  • Se darán a conocer los avances en la lucha contra el megaproyecto, el cual atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl. 
  •  También, hablarán sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la revisión y la viabilidad de la termoeléctrica en Huexca, Morelos.

Participan: Integrantes del el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Convoca: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT)

La cita: Martes 29 de Enero de 2019 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Logra comunidad chontal ampararse contra concesión minera

Redacción / Desinformémonos

Foto: Desinformémonos

La comunidad indígena chontal de Santa María Zapotitlán, promueve un amparo contra una concesión minera en su territorio por violentar sus derechos. Tequio Jurídico A.C. dió a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito le otorga suspensión de la concesión: El 18 de diciembre del año 2018, la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, integrante de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT) promovió un juicio de amparo en contra del título de concesión minera número 238447, otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía a la Minera Zalamera S.A de C.V.

En la tramitación del juicio de amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Oaxaca, dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleven a cabo actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso”.

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Hay una gran deficiencia de diálogo con las comunidades potencialmente afectadas por megaproyectos: pueblos indígenas y ONG

Redacción/Desinformémonos

Foto: tomada de desinformemonos.org

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante los megaproyectos aprobados por el gobierno federal, como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM) y el el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “observamos al presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el gobierno federal saliente; sin embargo, vemos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que los acompañan en la defensa de sus territorios”, aseguraron en un comunicado conjunto autoridades de la Tribu Yaqui de Vícam, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los firmantes del comunicado manifestaron su preocupación ante el hecho de que la nueva administración, incluso antes de entrar en funciones, llevó a cabo una consulta en la que no se cumplieron los estándares internacionales ratificados por el Estado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con los que está obligado a consultar a las comunidades que resultarían afectadas por los megaproyectos antes de que éstos sean aprobados.

“El gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes mencionados en las discusiones sobre proyectos como el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, el Tren Maya, así como el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado”, destacaron.

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