La falta de acceso a la justicia y los actos de impunidad que existen en el país dejan a los agresores de periodistas carta abierta para seguir cometiendo estos delitos, además de que enfrentan un bajo reconocimiento a su labor, señaló la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
“En el 2015, en Artículo 19 contamos 397 agresiones (a periodistas); en el 2016 documentamos 497; en el 2017 fueron 507, y en el 2018 más de 540 agresiones.
“El incremento de la violencia sí es una constante y esto deriva en que la impunidad no ha cambiado en los últimos años ni tampoco en estos últimos meses. Es una consecuencia real que, al momento de que no haya castigo hacia los perpetradores, sin duda cada año vamos a continuar registrando más agresiones”, sentenció.
Entrevistada por El Economista, la representante de Artículo 19 agregó que, si bien el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con medidas como botones de pánico y cámaras de vigilancia, es urgente implementar medidas de reconocimiento de la labor en un contexto de estigmatización y de violación de derechos a la prensa que se vive en la actualidad.
Luego del asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro, en San Luis Río Colorado, Sonora, comunicadores llamaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a detener la ola de violencia en contra del gremio en la entidad.
Y es que con el homicidio del locutor del programa Buenos Días San Luis de FM Río Digital, suman dos periodistas asesinados en Sonora y cuatro en lo que va del 2019 en México.
“Alertamos a las autoridades a tomar acciones preventivas y punitivas para que Sonora y en general los estados de la frontera norte salgan del foco rojo en el que se están convirtiendo. Asimismo, rechazamos todo acto de intimidación por parte de funcionarios públicos que busque obstaculizar y acallar al periodismo crítico”, señalaron.
La inconformidad se extendió a Sinaloa, donde en Culiacán, trabajadores de los medios exigieron justicia para Barroso Alfaro y recordaron la impunidad que impera en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, asesinado en esta ciudad el 15 de mayo del 2017.
Barroso Alfaro fue atacado con arma de fuego en su domicilio el pasado 15 de marzo, a donde llegó un sujeto, quien después de tocar a la puerta disparó en contra del periodista.
El comunicador de 47 años recibió al menos tres impactos de bala al abrir la puerta de su casa.
El periodista Santiago Barroso fue atacado a balazos frente en su domicilio, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.
La noche del viernes, el comunicador recibió al menos tres impactos de bala al abrir la puerta de su casa. Fue trasladado al hospital, sin embargo, debido a las heridas falleció.
Barroso presentó una herida en la clavícula izquierda y dos en el abdomen, según reportes de la Red Sonora de Periodistas.
El periodista de 47 años conducía el programa de radio San Luis Hoy en 91.1 FM Río Digital, era director del portal de noticias Red 653 y colaborador del semanario Contraseña.
El secretario general de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, sostuvo ayer una reunión oficial con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la que anunció que dicho colectivo acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos en México contra periodistas entre 2006 y 2018.
Durante el encuentro que sostuvo con el funcionario, Deloire le hizo saber que la organización está preocupada porque en México siguen ocurriendo numerosos asesinatos de periodistas y actos de violencia contra reporteros.
El país, dijo, sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para la prensa, por lo que RSF exhortó a las autoridades mexicanas a considerar la justicia en estado de emergencia, y recomendó que se ponga en marcha lo antes posible un ambicioso plan de lucha contra la impunidad.
También lo incitó a que México respete los compromisos internacionales en lo que se refiere a la protección de periodistas. La delegación de RSF había previsto con anticipación una reunión confirmada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin explicación por parte de Presidencia, esto no ocurrió.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Pide Reporteros Sin Fronteras a AMLO proteger a periodistas
Reporteros Sin Fronteras realzará una conferencia de prensa posterior a haber sostenido una reunión con el Poder Ejecutivo acerca de medidas de protección y prevención de violencia contra comunicadores y periodistas.
La organización da al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador recomendaciones en la materia y anuncia acuerdos con Secretaría de Gobernación.
También anuncian la presentación de un caso de agresión a prensa que ha quedado impune ante la Corte Penal Internacional.
Participan:
Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Emmanuel Colombié, Director del despacho América latina de Reporteros sin Fronteras
Balbina Flores Martínez, Representante de Reporteros sin Fronteras en México
Convoca:
Reporteros Sin Fronteras
La cita: Martes 12 de Marzo de 2019 a las 13:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
La investigación reveló que 44 % de las mujeres periodistas ha sufrido ciberacoso por su trabajo. La CIDH advierte que es claro que los hombres no están igual de expuestos a este tipo de hostigamiento, en el que hay un notorio incremento.
#8M2019: periodistas marchan en la Ciudad de México | Fotos: Marcela Méndez/Cencos
Entre 2012 y 2016, el 7 % del total de periodistas asesinados por su oficio en el mundo fueron mujeres; en 2017, esa cifra se elevó a más del doble, 19 %. Esta es solo una forma de violencia, la más extrema, pero hay un aumento generalizado de agresiones contra mujeres periodistas, advierte un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte recuerda que en México se documentaron cinco homicidios relacionados con su trabajo en medios de comunicación en los últimos seis años: la reportera Regina Martínez en Veracruz, el 28 de abril de 2012; Irasema Becerra, administrativa de un periódico también de Veracruz, junto con tres fotógrafos, el 3 de mayo de 2012; la tuitera María del Rosario Fuentes Rubio, @Miut3, en octubre de 2014; Miroslava Breach, en Chihuahua, el 3 de marzo de 2017; y Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, en Acapulco, el 5 de febrero de 2018.
Pero el asesinato, señala la CIDH, es solo la punta del iceberg. En una encuesta hecha en 2017 por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) entre casi 400 periodistas de 50 países, 48 % de mujeres dijeron haber sufrido alguna forma de violencia de género en su trabajo.
Este comunicado fue publicado originalmente en flip.org.co el 26 de febrero de 2019.
El periodista y autor Jorge Ramos habla en ‘América 2050: El futuro de las noticias y los latinos’ en el Foro John F. Kennedy Junior, de la Universidad de Harvard el 14 de abril de 2015
Organizaciones en defensa de la Libertad de Expresión a nivel mundial, condenamos la intimidación y la censura de Nicolás Maduro a periodistas de Univision.
En la noche del lunes 25 de febrero la cadena Univision denunció que su equipo desplegado en Caracas, liderado por el periodista Jorge Ramos, había sido retenido de manera arbitraria por orden de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. Los hechos sucedieron en medio de una entrevista en la que Maduro se molestó por las palabras que usó Ramos para referirse a él.
Posteriormente Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Maduro, dijo a Univision que el equipo periodístico estaba en libertad y ya iba camino a un hotel. En una conversación telefónica transmitida en vivo por Univision, el mismo Ramos confirmó que el grupo integrado por 6 personas se encontraba en buenas condiciones pero que las cámaras, sus celulares y el material periodístico que habían grabado les había sido confiscado por agentes de seguridad de Maduro luego de ejercer acciones de intimidación contra ellos. Ramos advirtió que esperaba no tener problemas para salir de Venezuela. En la mañana del martes 26 el equipo fue deportado hacia Estados Unidos.
Ante la gravedad de los hechos las organizaciones que suscriben este comunicado hacemos saber a la opinión pública que:
● Esta detención constituye una violación grave a la libertad de prensa y afecta el derecho a la libertad de información en el desarrollo de hechos que son de interés global. ● Los antecedentes de por lo menos 19 periodistas detenidos en Venezuela durante lo corrido del 2019 confirman un patrón de desprecio a los valores democráticos por parte de Nicolás Maduro, donde la restricción a la libertad de los periodistas es utilizada como mecanismo de chantaje en el marco de la crisis que atraviesa ese país. ● La arbitrariedad de este acto de censura se agrava al ocurrir en el curso de una entrevista con el mismo Nicolás Maduro y en la sede histórica del gobierno venezolano. ● El decomiso del material periodístico, incluyendo cámaras y teléfonos celulares, configura un acto de censura continuado en el tiempo hasta tanto no se proceda a su devolución. ● Convocamos a la comunidad internacional, incluyendo a los países que reconocen a Maduro como presidente, a que en el marco de los compromisos que han suscrito ante el derecho internacional presten especial observancia a las garantías para una prensa libre en Venezuela. Lo anterior teniendo en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso de las relaciones internacionales. ● Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretar medidas de protección cautelar a los periodistas que están cubriendo la crisis venezolana. ● Manifestamos nuestra solidaridad con los periodistas detenidos y el equipo de noticias de Univision. ● Convocamos al periodismo de las Américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela.
Firman:
Fundación para la Libertad de Prensa Comité para la Protección de los Periodistas IFEX América Latina y el Caribe Reporteros sin Fronteras (RSF) Sociedad Interamericana de Prensa World Association of Newspapers and News Publishers Proyecto Antonio Nariño Asociación Colombiana de Medios de Información AMI Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch Associação Nacional de Jornais de Brasil, Brazilian Newspaper Association Robert F. Kennedy Human Rights Asociación Nacional de la Prensa ANP de Chile Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ADEPA International Media Support IMS
La constante en los delitos contra los periodistas en México es la impunidad: de mil 140 investigaciones abiertas en el ámbito federal entre 2010 y 2018 por crímenes contra comunicadores, sólo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que se traduce en 99.13 por ciento de impunidad.
Así lo releva el informe especial Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas, elaborado con datos oficiales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR).
De las carpetas de investigación abiertas en esos ocho años, sólo se han judicializado 186 acusaciones, 16.3 por ciento de las denuncias totales recibidas por la Feadle, por lo que las 10 condenas equivalen a únicamente 0.87 por ciento de las más de mil 100 indagatorias.
El análisis asienta que en los pasados ocho años, la Feadle tiene un registro de 89 periodistas asesinados en el país, en 44 casos sus indagatorias apuntan a que el crimen no tiene relación con la labor informativa de la víctima, en tanto que en 45 sí la encontró. De éstos últimos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado cuatro casos (8.8 por ciento).
Este es el segundo homicidio de un comunicador en lo que va del 2019. La Fiscalía del estado ya realiza las investigaciones correspondientes.
Foto: Tabasco Hoy
El locutor Jesús Ramos Rodríguez, conocido como “Chuchín”, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado en el municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco.
De acuerdo con los primeros reportes, Ramos Rodríguez fue atacado mientras desayunaba en un hotel, cerca de donde se transmite su programa de radio llamado “Nuestra región hoy”.
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dijo que personal de la Fiscalía del estado ya realiza las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio del comunicador.
López Hernández lamentó la agresión e informó que, de manera personal, el vicefiscal de Alto Impacto acudiría al municipio para encabezar la investigación.
La Fiscalía informó que en el sitio se encuentran los directores generales de la Policía de Investigación, Hernán Bermúdez Requena, así como de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, José Zetina Sánchez.
“Por estos lamentables hechos se dio inicio a la carpeta de investigación CI-EMZ-44/2019. Así también, se informó al respecto a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión”, informó la Fiscalía del estado en un comunicado.
Foto: Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images
Hay poco de prometedor en el comienzo de 2019. Al panorama complicado que dejó el 2018 para América Latina y el Caribe, se sumaron nuevos agravantes en apenas 30 días del nuevo año.
Los titulares y miradas del mes estuvieron concentrados casi unánimemente en Venezuela y su último sacudón sociopolítico. Como cada 23 de enero, los venezolanos celebraron su “retorno a la democracia” y conmemoraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Así, seis décadas más tarde, los miles de venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro tomaron las calles con la esperanza de que sucediera algo similar en 2019.
Por eso, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, invocó artículos de la Constitución y juró tomar poderes presidenciales para llamar a nuevas elecciones, muchos vieron este 23 de enero como un nuevo retorno a la democracia en la historia del país.
El hecho derivó en un caos político y diplomático, con países reconociendo a Guaidó como el nuevo presidente interino y otros manteniéndose del lado de Nicolás Maduro. Las manifestaciones continuaron de modo intermitente y los análisis llovieron dentro y fuera del país. Sin embargo, lo que devendrá el futuro político del país sigue sin estar claro.
Con este mar de fondo, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país se vio seriamente deteriorado, según constataron y denunciaron varias organizaciones locales e internacionales. De hecho, las 23 organizaciones que integran la red IFEX-ALC para defender la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, condenaron las violaciones a la libertad de expresión y las graves limitaciones al ejercicio del periodismo que ocurrieron durante los acontecimientos políticos de los últimos días en Venezuela.
También hubo ordenes de censura a conductores de espacios radiales y allanamientos de televisoras regionales, además de ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones, advirtió IFEX-ALC.
Otro aspecto importante fueron los bloqueos a sitios de internet, o directamente la caída del servicio. Un informe de varias organizaciones locales de Venezuela, entre ellas nuestro miembro IpysVenezuela, revelaron que los bloqueos incluyeron desde bloqueos a Wikipedia días antes de las manifestaciones, hasta obstrucciones de redes sociales días después durante las protestas. A medida que aumentaba la tensión política, aumentaban también los ataques.
Sin embargo, aunque todavía dentro del panorama sombrío, los defensores de la libertad de expresión no descansan. Así, el 14 de enero IFEX-ALC presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apoyando a Tulio Álvarez, el abogado y profesor universitario venezolano sentenciado a dos años de prisión por escribir una columna de opinión. En su columna, Álvarez se refería a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno.
El Amicus fue tenido en cuenta en la audiencia del caso que se celebró este 28 y 29 de enero en Costa Rica. El caso es uno de los tantos en los que el gobierno o los poderosos utilizan al derecho penal y civil para amedrentar, censurar y perseguir a medios y periodistas.
La criminalización del periodismo es el arma sin balas de muchos gobiernos de América Latina y el Caribe. Mientras la audiencia del caso Álvarez tenía lugar, la Corte Suprema de Honduras ratificaba un fallo de 2016 con el que se condenaba por difamación al periodista David Romero Ellner a una pena de 10 años de cárcel.
El revuelo venezolano sacó del candelero a Nicaragua. Sin embargo, la lamentable situación del país centroamericano no ha mejorado en nada. Durante todo enero continuaron los ataques y la persecución a medios. Están en la mira los periodistas y activistas sociales que cuestionen al régimen de Daniel Ortega.
También tuvo lugar la expulsión de dos organismos de monitoreo independientes establecidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) apenas el día anterior de la publicación de su informe. Dicho informe daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas que empezaron en abril de 2018. Para los evaluadores, este fue “otro ejemplo perturbador de la indiferencia de su gobierno a la transparencia y las normas internacionales de los derechos humanos”.
Además, el célebre periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico de la gestión de Ortega, resolvió exiliarse del país para escapar de la persecución política nicaragüense. Cabe destacar que su padre, el también periodista Pedro Chamorro, fue asesinado durante el régimen de Somoza décadas atrás.
Más impunidad
En Boliviala impunidad en casos de agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios informativos privados han marcado una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico. Así lo revela el análisis de nuestro miembro local, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
Mientras tanto, el 23 de enero, desconocidos amenazaron al diario boliviano Opinióncon poner una bomba si publicaban una nota.
Al mismo tiempo, en México, continúan los asesinatos y la desaparición forzada de periodistas. El caso más reciente es el de Rafael Murúa Manriquez, que había sido desaparecido y fue luego asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero. Murúa Manriquez era el director de la radio comunitaria Radio Kashanay, que es a su vez miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur.
Pero no todo está perdido: gracias al duro y constante trabajo de varias organizaciones, entre ellas nuestro miembro, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), se alcanzó una nueva e importante instancia en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima.
Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos.
Con este informe se abre la puerta a que el gobierno de Colombia pueda ser juzgado por su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
