Vuelta a un pasado autoritario: la libertad de prensa, en peligro ante prácticas del gobierno

Foto: Facebook ONU-DH México

Por Redacción/Animal Político

La frase “no pago para que me peguen” que hace 35 años dijo el expresidente José López Portillo es una realidad en la prensa mexicana de la actualidad, alertaron los relatores especiales sobre libertad de prensa de la ONU, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, tras visitar el país y reunirse con más de 250 periodistas y representantes de sociedad civil.

La publicidad oficial es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno, pero también para exigir el despido de periodistas críticos, indica el informe preliminar de los relatores sobre el estado que guarda la libertad de prensa en el país.

Según los representantes de la ONU y la CIDH, si bien los ataques contra los periodistas representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en el país, continúan “prácticas intimidantes del pasado” como la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios.

“Los casos bien documentados de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen ser tanto una reliquia de los métodos en el pasado y un ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital”.

Tras visitar el país del 27 de noviembre a este 4 de diciembre, los relatores concluyeron que “las reglas de esa publicidad (la oficial) son obscuras, que llevan a muchos a concluir, con evidencia sustancial, que los actores de gobierno utilizan los fondos de publicidad para dar forma y distorsionar la cobertura de medios y difuminar las líneas entre historias de noticias verificables y propaganda o incidencia política”.

Esos recursos públicos que ascienden a 34 mil millones de pesos sólo en los últimos cuatro años sirven para subsidiar a medios afines y callar a fuentes alternativas de información; por lo que recomendaron transparentar y regular la publicidad oficial y que el Congreso legisle sobre “reglas claras y públicas” con el objetivo de limitar esos gastos.

Falta de voluntad

La poca investigación de las agresiones contra periodistas es otro de los problemas en el país para garantizar la libertad de prensa, informaron los relatores, quienes lo atribuyeron a “falta de voluntad” de las autoridades.

El 99.6% de los ataques y asesinatos contra periodistas siguen sin resolverse. “No se concibe que el gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables”.

Las instituciones creadas para proteger a la prensa no han tenido impacto en combatir la impunidad. La FEADLE, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Prensa, “no tiene planes de investigación efectivos, no agota todas sus líneas de investigación, y no analiza el contexto donde los crímenes tuvieron lugar, especialmente la manera que el poder político y criminal opera a nivel local y otras realidades locales”.

Ver nota completa

Impunidad reina en casos de agresiones a periodistas, solo 10% se resuelven: CNDH

Por Redacción/Animal Político

“Lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando silenciar así la libertad de expresión”, fue el reclamo del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien lamentó que 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes.

El Ombudsman nacional señaló que de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra medios de comunicación, solo en el 10% se registra una sentencia condenatoria y el resto se mantiene en la impunidad, o que deriva en un naufragio social y en la desesperanza de la sociedad que está cansada de la inseguridad en la vida cotidiana.

González Pérez lamentó que las autoridades federales y estatales no han cumplido con la obligación de prevenir, investigar y castigar los crímenes contra comunicadores y aseguró que la falta de una adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos abona para que crezca la impunidad, esto se traduce en un mayor hostigamiento hacia medios y periodistas.

Otro de los problemas que se han derivado de la impunidad ante las agresiones a comunicadores es que estos se han autocensurado y algunos han tenido que abandonar sus hogares para trasladarse a otras ciudades donde no corran peligro, así como el exilio forzado, lo que genera una vulnerabilidad a los derechos de tener una sociedad abierta, plural y democrática.

Ver nota completa

Gobierno debe garantizar seguridad de integrantes de Colectivo Pericú ante amenazas en Baja California Sur

Foto: Cuartoscuro

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Artículo 19 exigió al gobierno medidas de seguridad para los integrantes del Colectivo Pericú ante la mención de dos de los reporteros en una manta colocada en un puente peatonal en la Avenida La Paz de San José del Cabo, en Baja California Sur.

Colectivo Pericú es un medio que se especializa en coberturas de tiempo real y cuyo trabajo “ha generado malestar en personas relacionadas con el crimen organizado”, de acuerdo con Cuauhtémoc Morgan, uno de los reporteros mencionados en la manta.

“No conocemos a ninguna de las personas que se mencionan (en la manta) y nunca hemos tenido contacto con ellos ni con otras personas ligadas a la criminalidad”, agregó.

La segunda reportera mencionada, Hermelinda Vargas, ha sido además seguida por funcionarios y le han bloqueado su labor informativa en diferentes ocaciones, la última el 14 de octubre, “a pesar de estar plenamente identificada como periodista en las zonas donde ocurren hechos de nota roja”, explicó Morgan.

“(Ella) es la única mujer que cubre este tipo de noticias aquí en Los Cabos. En algunas ocasiones me ha avisado que patrullas de la Policía Municipal la han seguido de manera discreta a veces y en otras a corta distancia cuando se traslada en la ciudad a bordo de su vehículo”.

Artículo 19 recordó que no es la primera vez que atentan contra el trabajo de Colectivo Pericú, lo que pone “en relieve la ineficacia de las autoridades –de los tres niveles de gobierno– para combatir las crímenes contra la prensa y garantizar la libertad de expresión.

Ver nota completa

SCJN tiene oportunidad histórica para acabar con uso arbitrario y discrecional de publicidad oficial

Imaghen: articulo19.org

Por Artículo 19

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El día de ayer fue publicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia de amparo en el cual propone conceder la protección constitucional a ARTICLE 19 para efectos de que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial.

De aprobarse dicho proyecto por la mayoría de los Ministros y la Ministra de la Primera Sala, el Congreso de la Unión tendría hasta el 30 abril de 2018 para discutir y aprobar la ley reglamentaria. Sin duda se trataría de un precedente histórico en dos sentidos. Primero, brindaría al juicio de amparo eficacia para que la ciudadanía pueda reclamar violaciones a la Constitución por omisiones del legislativo. Segundo, obligaría a regular en la asignación de la publicidad oficial para lo cual se estaría en la oportunidad de revertir los históricos mecanismos de censura ejercidos contra la prensa por los gobiernos federal y estatales. Hasta el día de hoy 37 mil millones de pesos han sido ejercidos sin ningún control por la actual administración federal.

De esta manera, al reconocer la Suprema Corte el papel fundamental en la construcción democrática que tienen los medios de comunicación y la pluralidad informativa, el proyecto de sentencia considera que se actualiza una violación al derecho de libertad de expresión, ante la falta de reglas claras sobre la asignación de recursos en comunicación social. De hecho, el proyecto retoma como contexto el uso brindado a este gasto: premiar o castigar líneas editoriales. Ante ello equipara el uso discrecional del gasto público de comunicación social con una condena penal o una indemnización civil desproporcionada, por lo cual la omisión legislativa genera un efecto inhibidor en el flujo de información.

Entre los aspectos destacados de el proyecto de sentencia encontramos : 1) considera que ARTICLE 19 tiene interés legítimo para reclamar la violación del derecho de libertad de expresión en razón de su objeto social; 2) el asunto no se constriñe a la materia electoral sino a cualquier uso que se brinde a la comunicación social; 3) procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas absolutas, es decir, cuando existe mandato expreso de legislar en la Constitución; 4) la importancia de los medios de comunicación en una sociedad democrática y la necesidad de construir pluralismo y diversidad informativas y; 5) la falta de regulación en la materia abre un campo de discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto público de la publicidad oficial, lo cual redunda en un medio indirecto de restricción de la libertad de expresión.

Desde mayo de 2014, ARTICLE 19 promovió un juicio de amparo en el cual reclamaba que el Congreso de la Unión había incurrido en una violación al derecho de libertad de expresión al omitir discutir y aprobar la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución. La base de la demanda constitucional es la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, cuyo artículo tercero transitorio ordenaba al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria en materia de comunicación social. Para ello, estableció como plazo el 30 de abril de 2014.

Cabe recordar que el artículo 134, párrafo octavo, constitucional establece que “[l]a propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Ver nota completa

A 7 meses de crimen de Miroslava Breach, sin avances en investigación

Foto: Carlos Ramos

Por Redacción/La Jornada

Ciudad Juárez, Chih. A siete meses del homicidio de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Juárez, comunicadores de la entidad e internacionales se reunieron este 23 de octubre en la Cruz de Clavos, monumento en memoria de mujeres asesinadas, ubicado en la ciudad de Chihuahua, para exigir avances en la investigación del crimen.

La mañana de este lunes, Rolando Nájera periodista local, Balbina Flores Martínez, representante en México del periódico francés Sin Fronteras, y Jan-Albert Hootsen integrante del comité para la protección de periodista con sede en New York, explicaron que “pedirán a las autoridades información actualizada a la Fiscalía General del estado durante el transcurso del día, y a fin de mes contarán con el apoyo de los representantes de la ONU a fin de obtener resultados.

Valdivia Flores recordó que la fiscalía determinaría si Rosa Breach hermana de Miroslava tendrá o no acceso al expediente del asesinato pues el mes pasado obtuvo un amparo.

Informaron que los crímenes de comunicadores “son un patrón que contribuye a la impunidad, si no hay colaboración de los familiares y del gremio periodístico, pues no se puede avanzar, (porque) no hay transparencia en las indagatorias”.

En el asesinato de Miroslava “estamos viendo la cuestión de la filtración de información sensitiva que revictimiza a los familiares, es dañino y violan los derechos de familiares, no podemos dejar de enfatizar el impacto, por eso, pedimos a las autoridades sensibilidad porque no solo pasa aquí también ha sucedido en otras ocasiones”, manifestó Jan-Albert.

Ver nota completa

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denuncia amenazas contra uno de sus colaboradores

Por Redacción/Animal Político

La organización reportó que hombres armados en una motocicleta amenazaron a uno de sus integrantes mientras caminaba en la calle.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que uno de sus colaboradores fue amenazado mientras caminaba por la calle.

La semana pasada, expone MCCI en un comunicado, dos hombres en una motocicleta se acercaron al colaborador al que amenazaron con una pistola y le exigieron su teléfono celular.
“Hasta ahí parecía un asalto de delincuencia común”, señala la organización, sin embargo, “antes de darse a la fuga apuntó el arma a la frente de nuestro compañero y afirmó: ‘Mejor bájale de huevos.’ Acto seguido se subió a la motocicleta y se marchó. Después de avanzar unos pocos metros aventó a la calle el celular”.

La organización levantó una denuncia formal ante el Ministerio Público, con número de expediente CI-FH/CUH-2/UI-2SD/05508/10-2017.

Ver nota completa

Asesinato de Edgar Esqueda “socava los derechos a la libre expresión y libre información”: UNESCO

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El asesinato del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, como cualquier otro atentado contra la prensa, “socava los derechos a la libre expresión y libre información”, aseguró la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova.

Luego de que Esqueda fuera encontrado muerto en las inmediaciones del aeropuerto de San Luis Potosí el pasado 6 de octubre, Bokova reclamó una investigación pronta y transparente para conocer la verdad y sancionar a los responsables.

Además, pidió a las autoridades que “no escatimen esfuerzos” para esclarecer el asesinato del fotoperiodista, el cual es considerado como “crimen contra toda la sociedad” por acabar con la vida de un garante de la libertad de expresión, de acuerdo con la resolución 29 de la UNESCO.

Esqueda Castro fue visto por última vez el 5 de octubre, cuando presuntos policías ministeriales lo amenazaron con una pistola para que abandonara su domicilio. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del aeropuerto de San Luis Potosí.

Ver nota completa

Periodistas michoacanos condenan amenazas contra compañeros periodistas

Foto: Cencos

A la comunidad periodística nacional e internacional,
A las organizaciones y organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos,
A la sociedad en general:

No obstante la creciente ola nacional de repudio sobre acciones que inhiben y atetan contra el ejercicio periodístico en México y que han cobrado vidas de 36 compañeros en el país durante este sexenio, en Michoacán las agresiones permanecen cotidianas y los responsables no se circunscriben sólo el ámbito gubernamental y de las autoridades, sino que abarca entre otros figuras vinculadas al sindicalismo estatal.

Por ello, periodistas Michoacanos condenamos toda acción tendiente a entorpecer, inhibir o anular nuestra labor, conscientes que el ejercicio periodístico es vía por la que se cristaliza el derecho a la información de la sociedad.

Es así como manifestamos nuestro repudio contra las amenazas vertidas contra el compañero Vladimir Sámano de Universitas Multimedios, por Eduardo Tena Flores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana.

Manifestamos también nuestra condena contra cualquier amenaza o agresión de la que pueda ser objeto la compañera Rebeca Hernández Marín, del portal de noticias Quadratín por la cobertura informativa que realiza sobre las actividades de la LXXIII Legislatura del Congreso local.

Asimismo, condenamos las agresiones de las que son objeto compañeros periodistas al momento de coberturar manifestaciones, como la suscitada en agosto pasado contra una reportera practicante del portal Acueducto Online por parte de un grupo de profesoras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por la que se procedió a presentar la denuncia respectiva.

Condenamos las agresiones de las que han sido objeto compañeros en la capital y al interior del estado por parte de elementos de seguridad ya sea durante eventos oficiales, marchas, o bien en la cobertura de hechos noticiosos vinculados con temas de seguridad.

Septiembre de 2017

#PorUnPeriodismoVivo
#NiUnoMás

Del 2000 a la fecha, 109 periodistas han sido asesinados en México

Por Redacción/Somos el medio

Ciudad de México, 24 de agosto 2017.- La organización Articulo 19 denunció que del 2000 a la fecha ha documentado el asesinato de 109 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 101 son hombres y 8 son mujeres.

De estos, 36 se han registrado durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto: 9 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en este sexenio.

En el caso del gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016, ha sido el más letal para los comunicadores: 17 periodistas asesinados (incluyendo el asesinato del periodista Rubén Espinosa). Veracruz permanece con el mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con 24.
Ver nota completa

¿Cómo informar sobre un México corrupto, violento, en guerra? Ríodoce da pasos de resistencia

Por Redacción/Sin embargo

La violencia no da tregua en México y junto a los cadáveres que se apilan por todo el país hay cada vez más periodistas. Al menos 25 han sido asesinados desde que el Presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); 589 se han acogido al programa de protección federal; y en lo que va de año, han matado al menos a siete en igual número de estados.

Pese a todo, el semanario Ríodoce no deja de cubrir el crimen organizado y la violencia en Sinaloa, aunque todavía duela el asesinato de Javier Valdez. Su muerte también les ha obligado a cuestionar sus propias certezas sobre el mejor modo de hacer su trabajo y vivir para contarlo. Antes seguían ciertas reglas no escritas. Se podía escribir sobre corrupción siempre que se hiciera con cuidado y no se revelaran ciertos datos; de los cárteles, pero sin tomar partido por ninguno. Había que colocar estratégicamente cada historia, no aceptar dinero de nadie y tener claras las líneas rojas.

Culiacán, Sinaloa, 4 de agosto (AP).- La redacción del semanario Ríodoce se reúne los miércoles para decidir su cobertura de la violencia en Sinaloa, un estado del noroeste de México marcado por el crimen organizado, la corrupción de las autoridades y las guerras intestinas del narcotráfico. Esta mañana, sin embargo, y bajo la sombra de su propio dolor, hablarán sobre seguridad.

Primero llegan consejos: cambiar las rutinas, ser cuidadoso con las redes sociales, evitar quedarse solos en la oficina. Dos reporteras comentan dónde sienten que sus hijos están más seguros: una cree que en la oficina, aunque a la entrada del edificio lanzaron una granada en 2009; la otra, que en su casa.
En una pizarra hay tres columnas: adversarios, neutros, aliados. La experta en seguridad pide a los reporteros que enlisten nombres debajo de cada una. Nadie se enterará de lo que escriban y tampoco necesitan pruebas; las percepciones y corazonadas son más que suficientes. El objetivo sólo es hacer un mapa de los riesgos, trazar estrategias.

Los aliados son cruciales. En una emergencia hay que tener claro a quién poder marcar: un amigo, un abogado, un activista.

La lista más larga, por mucho, es la de los adversarios. La primera palabra que ponen es “narco”, así, sin ningún nombre; luego mencionan a políticos, empresarios, periodistas presuntamente pagados por el Gobierno o por el crimen organizado. Todo un catálogo de villanos que transforma su trabajo en una actividad de alto riesgo.

La violencia no da tregua en México y junto a los cadáveres que se apilan por todo el país hay cada vez más periodistas. Al menos 25 han sido asesinados desde que el Presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ; 589 se han acogido al programa de protección federal; y en lo que va de año, han matado al menos a siete en igual número de estados.
Uno de los últimos era su inspirador y uno de los fundadores de Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas.

“El gran error, vivir en México y ser periodista”, escribió en una ocasión.

Su ausencia es omnipresente en Sinaloa. Una gran foto suya cuelga de la fachada del edificio del semanario —gesto burlón, el dedo medio de la mano extendido hacia arriba y la palabra “Justicia”. Su emblemático sombrero Panamá no falta en ninguno de los dibujos que estampan las camisetas de los reporteros Aarón Ibarra y Miriam Ramírez, ambos en sus treinta. Su nombre está todavía en el directorio del periódico. Y ahí sigue su columna “Malayerba”, aunque ahora en blanco.

El taller de seguridad tiene lugar a menos de dos meses de su asesinato. Los periodistas constatan que comparten pesadillas, insomnios y paranoias.

México es hoy el país más letal para la prensa. Este año mataron a más periodistas aquí que en Siria o Irak. Aunque en 2010 se creó una fiscalía especial para atender este tipo de crímenes, solo ha habido dos sentencias, según datos del CPJ. Como ocurre con el resto de los miles de homicidios que hay en el país, los asesinos de periodistas rara vez son llevados ante la justicia.

Pese a todo, Ríodoce no deja de cubrir el crimen organizado y la violencia en Sinaloa, aunque todavía duela el asesinato de Valdez, aunque el coraje les embargue, aunque ahora tengan que moverse en un terreno mucho más resbaladizo y traicionero.

CAMBIO DE RUTINAS

Sin pistas de los asesinos, sin justicia, ante tanta incertidumbre, algunos como Aarón Ibarra piensan que hablar de medidas de seguridad no tiene sentido. “Es muy inocente gastar mi tiempo en este taller”, asegura. “Mientras no sepamos por qué [lo mataron] desconfías de todos”.

Al mediodía del 15 de mayo, Valdez salió de Ríodoce, en el centro de Culiacán, la capital de Sinaloa. Apenas se había alejado dos calles en su Toyota Corolla cuando lo interceptaron en un coche, lo bajaron del vehículo y le dispararon 12 veces. A un lado había un restaurante, enfrente un kínder. Su cuerpo estuvo 40 minutos tendido en la calle a pleno día, ante las caras descompuestas de amigos y familiares.

“Yo lo entendí como un mensaje”, dice Francisco Cuamea, subdirector del diario Noroeste, también de Sinaloa. Cualquiera podía ser el próximo.
Valdez, de 50 años, dejó mujer y dos hijos. Sus asesinos siguen desaparecidos. La prensa mexicana está indignada, pero no sorprendida.

A diferencia de otros casos, donde los rumores corren como la pólvora, sobre el asesinato de Valdez solo hay silencio. “Nadie quiere cargar con el muerto”, dice Juan Carlos Ayala, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que lleva 40 años estudiando la violencia en el estado. Las autoridades no informan si hay o no avances. “O son cómplices o son idiotas”, agrega el investigador.
Sinaloa es la cuna del narcotráfico en México y del cártel que lleva su nombre. Hasta hace poco, Joaquín “El Chapo” Guzmán lo dirigía, pero desde su arresto el año pasado y, sobre todo, desde su extradición a Estados Unidos en enero, el estado se ha convertido en un terreno minado de luchas internas lideradas por jóvenes -mucho más violentos que los antiguos capos- que quieren asumir el control de la organización y de grupos de fuera que disputan el territorio.

En este estado del noroeste de México, a nadie extraña que a diario aparezcan cadáveres. Es normal que los capos muertos tengan más lujos en sus mausoleos que la gran mayoría de los vivos en sus casas. También se ha vuelto común asumir que la palabra “calma” sea sinónimo de que un solo grupo controla este territorio clave en el cultivo y en el trasiego de droga hacia el norte.

aunque Valdez era consciente de los riesgos que implicaba su trabajo, Ismael Bojórquez —también fundador de Ríodoce y actual director del semanario— no puede evitar cierto sentimiento de culpa por la muerte de su amigo.

A su juicio, dos errores pudieron costarle la vida. El primero, algo que nunca habían hecho: publicar una entrevista en febrero con un capo —Dámaso López, “El Licenciado”— que aparentemente molestó a sus ahora enemigos —los hijos de “El Chapo”— y provocó que hombres armados requisaran los ejemplares de esa edición del semanario tan pronto llegaban a los puntos de venta.
El segundo error, no forzar a Valdez a salir del país para intentar protegerlo después del decomiso de otro semanario que publicó la misma historia.

El crimen marcó un punto de inflexión en la violencia contra la prensa en México debido al gran reconocimiento de Valdez dentro y fuera del país.

Todos conocían su honestidad y compromiso, pero su nombre alcanzó prestigio internacional desde que dejó Noroeste en 2003 para lanzarse con Bojórquez y otros cuatro reporteros a un proyecto romántico y poco rentable: fundar Ríodoce, cuyas acciones se vendían a mil pesos (unos 50 dólares).

El crimen organizado estuvo presente desde el principio. “Era imposible hacer periodismo sin tocar el tema del narco”, asegura Bojórquez, de 60 años. Al principio, los ejemplares se regalaban en las esquinas, porque nadie los compraba. Un día dedicaron una portada a un capo y fue el primer número que se agotó.

on el tiempo crecieron las ventas y la publicidad. Ríodoce ganó prestigio por sus coberturas. Sus periodistas lo veían como un lugar para investigar con libertad y el público como un periódico donde se podía leer lo que otros no se atrevían a contar.

Ocho años después de su nacimiento recibió uno de los galardones más prestigiosos para la prensa de América Latina, el María Moors Cabot. El mismo año Valdez recogía el Premio Internacional a la Libertad de Expresión del CPJ.

Javier Valdez nunca ocultó su miedo. Sin embargo, su postura ante la vida era clara “Morir -dijo entonces- sería dejar de escribir”.

¿DÉ QUÉ ESCRIBEN LOS PERIODISTAS?

En la oficina de Ríodoce —un apartamento con media docena de ordenadores que más parece una casa que una redacción— se echan de menos las bromas, los consejos y el cariño de la cara más amable del equipo.

Era un hombre rutinario, siempre los mismos saludos, siempre el mismo sombrero, siempre la misma cantina -El Guayabo, frente a la oficina- y ahí siempre la misma mesa. ¿Fueron las rutinas su perdición?, se preguntan ahora sus compañeros.

Su muerte también les ha obligado a cuestionar sus propias certezas sobre el mejor modo de hacer su trabajo —informar sobre el narco— y vivir para contarlo.

Antes seguían ciertas reglas no escritas. Se podía escribir sobre corrupción siempre que se hiciera con cuidado y no se revelaran ciertos datos; de los cárteles, pero sin tomar partido por ninguno. Había que colocar estratégicamente cada historia, no aceptar dinero de nadie y tener claras las líneas rojas.

Ver nota completa