El Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) ha presentado ocho mil amparos en diversos estados de la república contra la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que, a decir de sus detractores, permite al Ejército actuar con impunidad y sin restricciones.
Gilberto Lozano González, fundador y dirigente del Conaci, explicó que, luego de que la mencionada Ley fuera promulgada el pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto, los integrantes del Congreso emprendieron una campaña para que la población manifieste su inconformidad por la vía legal, mediante la tramitación de recursos ante la justicia federal.
Entre otras inconsistencias y ambigüedades que encuentran a la legislación aprobada y que buscan revertir, está el que ahora el Ejército no está obligado a rendir cuentas en procesos de intervención policiaca, ni especifica bajo qué fuero serán procesadas las personas que capturen.
Los militares pueden intervenir legalmente todas las comunicaciones ante una simple sospecha unilateral de acto de subversión y tienen la facultad de catear domicilios sin orden de un juez, por lo que ahora podrían ingresar arbitrariamente en cualquier casa por su simple voluntad, según la queja de la Conaci.
Por la ambigüedad de su redacción, que podría provocar y promover la intervención de las Fuerzas Armadas en “cualquier actividad, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior”, y porque esta “contraviene principios reconocidos Constitucionalmente”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció contra entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior y anunció que promoverá acciones para prevenir que se vulneren derechos humanos.
De acuerdo con la CNDH, la Ley, promulgada por el presidente Enrique Peña el pasado 21 de diciembre, “posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el equilibrio constitucionalmente establecido entre las entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
En opinión de la Comisión, la ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo 2, la Ley pueda aplicarse y promover la participación de Fuerzas Armadas en actividades clasificadas como de amenaza o riesgo a la seguridad nacional, “sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática”.
Las solicitudes para que el Ejecutivo vete la recién aprobada Ley de Seguridad Interior siguen llegando a Los Pinos. Esta vez la petición fue realizada por la organización Por México Hoy, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.
En un comunicado, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza la facultad que le otorga la Constitución y “observe” la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión.
Peña tiene en sus manos la posibilidad de enmendar un “error de dimensiones históricas”, subrayó.
Y exigió que se convoque a un diálogo nacional para debatir las propuestas y observaciones de organismos nacionales e internacionales sobre esa legislación.
De acuerdo con la organización, deben encontrarse alternativas para hacer frente a la inseguridad y la violencia, sin menoscabo del Estado de Derecho y con estricto apego a los derechos humanos, ya que, advirtió, esto no puede ser una coartada para el restablecimiento del autoritarismo.
De igual manera, recordó que el pasado viernes 8 el jefe del Ejecutivo pidió al Senado de la República abrir espacios de diálogo con la sociedad civil para escuchar las distintas voces antes de tomar una decisión.
Diez organizaciones internacionales conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto a esa legislación.
“La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”, indicaron en un comunicado.
“Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga ‘guerra contra las drogas’- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles”, agregaron.
La coalición está conformada por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
En una hora y sin discutir los cambios realizados por lo senadores el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor y 25 en contra y los aplausos y gritos de los diputados del PRI y Verde Ecologista. La ley fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial, último trámite antes de que entre en vigor.
Los diputados dispensaron todos los trámites al dictamen que llegó la mañana de este jueves del Senado para iniciar con su discusión y votación inmediata.
Aunque el diputado René Cervera pidió votar una moción suspensiva para que no se votara el dictamen, fue rechazada.
Una docena de diputados en su mayoría de Morena argumentaron contra el dictamen, mientras que los legisladores del PRI defendieron la ley que regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.
Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además de ciudadano rechazaron la ley y pidieron a los legisladores un diálogo abierto para que se escucharan todas las voces.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Guardias del Senado de la República prohibieron la entrada a un reportero de este diario digital al recinto, donde este día se tiene previsto votar en el Pleno la polémica Ley de Seguridad Interior.
El reportero Juan Luis García Hernández, quien cubre las fuentes de seguridad y Congreso para este medio, no pudo accesar esta mañana a las instalaciones del Senado, bajo el argumento de que formó parte de las protestas que se realizaron ayer en el recinto en contra de la Ley de Seguridad Interior y que fue convocada por varias organizaciones civiles que acusan que el dictamen atenta contra los derechos humanos.
El periodista de SinEmbargo aseguró que el personal de seguridad no le permitió el acceso en ninguna de las puertas y Comunicación Social del Senado señaló que el área de seguridad le informó “estás tachado de haberte manifestado ayer”.
La noche de ayer, el reportero de este medio de comunicación documentó la protesta de decenas de personas que se manifestaron afuera del recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma, como parte de la cobertura que hizo sobre la votación en comisiones de la iniciativa para regular el papel de las Fuerzas Armadas en las calles del país.
GINEBRA (14 de diciembre de 2017) – Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.
“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.
El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.
FIN
*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Los colectivos #Seguridadsinguerra y #Fiscalíaquesirva indicaron que aun cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior las acciones continuarán para oponerse a esta legislación, que podría ir desde promover una acción de inconstitucionalidad, manifestaciones públicas o llegar al plano internacional.
En una conferencia de prensa en el patio del Senado, los integrantes de diferentes organizaciones que se oponen a la aprobación de esta ley criticaron que el diálogo que convocó el presidente Enrique Peña Nieto fue una simulación y que los cambios hechos a la propuesta original fue solo un maquillaje.
“Fue un diálogo simulado. El presidente pidió al Senado abrir los espacios y con la presencia de 7 gobernadores, 6 presidentes municipales, con la convocatoria a organizaciones que son afines a esta propuesta, es que se dijo que ya se había hecho la consulta solicitada por el presidente de la República”, expresó Luis Sánchez, coordinador de la bancada de senadores del PRD.
Los oradores en la conferencia, entre ellos María Elena Morera, la senadora Angélica de la Peña y el actor Diego Luna, cuestionaron que no se escuchen los llamados y recomendaciones hechas por académicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que han pedido que se detenga la aprobación de esta ley.
Indicaron que los cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados solo fueron en comas y palabras. Recordaron que más de 250 mil personas han firmado en change.org para detener esta ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que no apruebe la Ley de Seguridad Interior pues a pesar de algunos cambios realizados al proyecto sigue presentando aspectos que no garantizan el respeto a los derechos humanos.
Los organismos piden al Senado no aprobar el proyecto de ley que se discutirá este miércoles en Comisiones, en su lugar, solicitan que se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
La CNDH y la ONU-DH exponen que pese a que se dieron a conocer cambios a nueve artículos, el dictamen de ley “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.
“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos”, exponen los organismo de derechos humanos.
Los organismos piden que se amplíe el debate para prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada.
“La CNDH y la ONU-DH consideran que no existen las condiciones propicias para aprobar el Proyecto de Ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre”, señalan los organismos en un comunicado conjunto.
Este martes, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo que su partido se esforzará para que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada esta semana, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones este viernes.
“Vamos a tomar en consideración las inquietudes que trajeron las ONG, la sociedad civil. No sé si todas, va a depender de las comisiones correspondientes. Yo seré respetuoso de ellos y buscaré hacer el consenso para que se apruebe aquí en el Senado”, mencionó Gamboa en entrevista al término de la sesión ordinaria de este martes.
