La empresa fantasma que señaló el INE por un operación ilegal con la que se pagó 18.4 millones de pesos a representantes de casilla de 7 partidos políticos, por medio de tarjetas en 2012, tiene un vínculo con la red de desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El Instituto Nacional Electoral informó que la empresa Logística Estrategia Asismex S.A de C.V (Asismex) es la que recibió recursos “de origen desconocido”, para luego dispersarlos entre al menos 7 mil 311 representantes partidistas, cuatro días antes de los comicios de hace seis años.
En palabras del consejero Ciro Murayama, se trató de “un ejemplo de financiamiento paralelo, irregular y opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del 1° de julio de 2012″.
El vínculo con el caso de Javier Duarte se da a través de un personaje: Juan Carlos Reyes León. Este último apareció como dueño de la mencionada Asismex, pero también de la empresa Comercializadora Alifresh S.A de C.V (Alifresh).
Así lo revelan las actas constitutivas de ambas empresas, de las que Animal Político tiene copia.
A nivel federal se realizará la audiencia intermedia tras concluir el plazo de investigación que un juez le dio a PGR. En tanto habrá dos audiencias iniciales por las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz
Enero es un mes clave en los procesos por presuntos hechos de corrupción que se le siguen al exgobernador Javier Duarte. Por un lado se vence el plazo que un juez federal le dio a la PGR para completar la investigación en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada antes de ir al juicio, y por el otro, se realizarán dos audiencias iniciales en juzgados de la Ciudad de México donde la Fiscalía de Veracruz le imputará nuevos delitos.
Si todos los casos prosperan, a final de mes el exgobernador de Veracruz podría tener hasta tres juicios abiertos.
Hasta el momento Duarte permanece preso de forma preventiva en el área de observación del Reclusorio Preventivo Norte, a donde llegó desde julio pasado extraditado de Guatemala.
Su defensa intentó en los últimos meses, sin éxito, que la acusación por la que ya se le vinculó a proceso a nivel federal fuera desvirtuada. Lo que si consiguieron en cambio fue retrasar el arranque de los dos procesos promovidos por la Fiscalía de Veracruz, los cuales serán atendidos finalmente por jueces en la Ciudad de México.
El periodo de reclusión de Javier Duarte ha transcurrido hasta ahora sin mayores incidentes, con excepción de una “huelga de hambre” que mantuvo de forma intermitente durante dos semanas para denunciar una supuesta persecución política en su contra.
A continuación se detallan las audiencias que le esperan a Duarte tanto a nivel federal como local.
El caso de la PGR: un paso previo al juicio oral
Es el proceso más avanzado hasta ahora en contra del exgobernador de Veracruz. El pasado 23 de julio un juez federal de control en el Reclusorio Norte consideró que los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República eran suficientes para someter a Duarte a un proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En su último año, el gobierno de Javier Duarte retuvo a los trabajadores 1,400 millones de pesos que correspondían al Impuesto Sobre la Renta y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Los recursos nunca fueron transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni al Instituto Mexicano del Seguro Social y su paradero es desconocido, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
Este año se realizaron nuevas auditorías a la administración de Duarte, con motivo del análisis de la Cuenta Pública de 2016.
Los auditores calcularon el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en 2016, a partir de la nómina de trabajadores en 16 dependencias del gobierno de Veracruz. Así se estableció que la administración de Duarte retuvo por lo menos mil 260 millones de pesos de los salarios pagados.
Las retenciones son legales, pero los gobiernos están comprometidos a canalizar dichos recursos al Servicio de Administración Tributaria, esto fue lo que nunca ocurrió en Veracruz.
La administración estatal si recortó a los trabajadores el dinero correspondiente al ISR pero este nunca fue ingresado a las arcas del SAT o a las de la Tesorería del estado, o por lo menos no hay documentos que así lo comprueben. El dinero literalmente no aparece.
Ante esta situación la ASF emitió una solicitud de ejercicio de comprobación fiscal para que el SAT instruya a quien corresponda y se realice una auditoría con el objetivo de averiguar qué pasó con todos esos recursos de ISR retenidos pero no entregados.
La misma anomalía ocurrió con impuestos locales. Los auditores identificaron que el gobierno estatal retuvo 137 millones 369 mil pesos a los trabajadores en 2016 con motivo del impuesto por remuneraciones al trabajo personal y fomento a la educación. El dinero sin embargo, nunca fue reintegrado a las arcas de la tesorería local. Por este motivo los auditores solicitaron también a la hacienda local que realice un verificación fiscal.
La Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Además, jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.
Entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del PRI en Vercacruz o gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados.
Estos falsos empresarios están vinculados directamente con las compañías fachada reveladas por Animal Político en mayo de 2016, y las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas irregulares, recibieron contratos de cuatro dependencias del gobierno de Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal (este último bajo la presidencia de Karime Macías, esposa de Duarte).
Los datos oficiales proporcionados a este portal por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que las 13 sentencias fueron dictadas por jueces federales mediante la modalidad de “proceso abreviado”, es decir, en juicios cortos luego de que los involucrados aceptaran declararse culpables a cambio de una condena mínima.
El delito que se les imputó fue el “rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes” estipulado en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. La pena para los que cometen este ilícito va de los tres meses a los tres años de prisión.
El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del años pasado, sustituyendo a Arely Gómez González. Su aspiración más reciente era ser el Fiscal General de la República y quedarse 9 años más en el cargo, pero la sociedad civil se lo impidió.
En medio de la violencia y de la falta de justicia, Cervantes dejó ir al menos a cinco ex gobernadores de su partido: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge escaparon de la justicia en México durante el mandato de Cervantes como Procurador.
Borge fue detenido en Panamá; Duarte de Ochoa, en Guatemala; César Duarte sigue prófugo mientras que Tomás Yárrington cayó en Italia. Eugenio Hernández fue arrestado por las autoridades de Tamaulipas.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Raúl Cervantes Andrade presentó este día su renuncia como Procurador General de la República, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.
Raúl Cervantes se reunió este día con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, donde presentó su renuncia.
El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del año pasado, sustituyendo a Arely Gómez González.
Controvertido desde su nombramiento por ser un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, durante un año al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos de salario bruto.
Al presentar su renuncia ante el Senado de la República, quien hasta hoy fue el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que la investidura de Procurador “fue un máximo honor”.
“El Constituyente no se equivocó al crear una fiscalía autónoma”, expresó Cervantes, cuya presencia en la procuración de justicia fue cuestionado por partidos políticos opositores al PRI -su partido-, organizaciones no gubernamentales y activistas. Temían que el ex Procurador se convirtiera en Fiscal durante nueve años más si el Congreso aprobaba un pase automático. Y el temor era porque una vez fuera Enrique Peña Nieto de la casa oficial de Los Pinos, lo exonerara de cualquier juicio.
Así, lo bautizaron como el “Fiscal carnal”. “No se trata de personas, se trata de instituciones”, expresó. Y recalcó que no tiene ningún interés diferente a servir “a su país”.
“Hace un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y ratificación del Senado, me convertí en el 43º titular de PGR”, escribió Cervantes en su cuenta de Twitter.
“Las instituciones deben dar 3 grandes resultados: 1. Ser más eficientes en la procuración de justicia; 2. Un compromiso indeclinable en combate a delitos electorales y corrupción; 3. Implementar un nuevo servicio profesional de carrera”, refirió Cervantes.
“Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”, dijo.
Cervantes presumió que en los 12 meses que estuvo al frente de la PGR “no sólo hemos elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar nuestra procuración de justicia, también hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”.
Ciudad de México, 24 de agosto 2017.- La organización Articulo 19 denunció que del 2000 a la fecha ha documentado el asesinato de 109 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 101 son hombres y 8 son mujeres.
De estos, 36 se han registrado durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto: 9 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en este sexenio.
En el caso del gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016, ha sido el más letal para los comunicadores: 17 periodistas asesinados (incluyendo el asesinato del periodista Rubén Espinosa). Veracruz permanece con el mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con 24. Ver nota completa
En Xalapa, Veracruz, como homenaje a Rubén Espinosa Becerril, los reporteros del gremio periodístico de esa ciudad instituyeron un premio de fotografía que lleva su nombre. “Es la mejor manera de recordarlo y exigir justicia por su asesinato” señalaron.
El premio le fue otorgado al fotoreportero Ángel Hernández de la ciudad de Coatzacoalcos y que realiza su trabajo en el sur de la entidad. En mayo de 2017 rechazó el Premio Estatal de Periodismo que otorga el Colegio de Periodistas en Veracruz. Ángel en ese momento subrayó: “creo que es momento exacto de respetar al periodismo, de respetar el oficio que tanto nos da, de no caer en el egocentrismo y hacer valer el derecho de libertad de expresión sin ninguna opresión o temor a que el día de mañana no regresemos a nuestras casas. Exijamos respeto, respetemos la profesión. No hay nada que presumir, no hay nada que celebrar”.
Los periodistas de Xalapa marcharon también por las principales calles de la ciudad para exigir justicia para Rubén Espinosa y que la PGR investigue a Javier Duarte y al ex secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez por la desaparición de Rubén.
En la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, de la ciudad de Xalapa se congregaron para iniciar la marcha en honor a la memoria del periodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la ciudad de México junto a Nadia Vera, compañera suya también en el exilio por amenazas recibidas de parte del gobierno de Javier Duarte, Alejandra Negrete, Mile Martin y Yesenia Quiroz.
Rubén y Nadia fueron amenazados y perseguidos en Veracruz, por eso se fueron, en diferentes momentos a la Ciudad de México, para cuidar su vida y pensando que la ciudad les ofrecería seguridad. Ver nota completa
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 24 de noviembre del 2016.
En México, el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.
FOTO: sinembargo.mx
He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:
– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.
Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
FOTO: eluniversal.com.mx
Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.
Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:
– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.
Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.
El Colectivo por la Paz Xalapa señaló que buscará denunciar al exgobernador Javier Duarte y su jefe policiaco Arturo Bermúdez Zurita ante una Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su administración, y que así sean condenados a más de 30 años de prisión o cadena perpetua.
Los familiares de víctimas de desaparición integrados en el colectivo señalaron, a través del representante jurídico Ricardo Morales Carrasco, que durante los seis años de gobierno de Duarte fueron muchos los agravios y las violaciones a los derechos humanos con asesinatos, secuestros y desapariciones.
La denuncia se integrará con los casos de más de 50 personas desaparecidas entre el 2010 y el 2016, periodo de la gestión de Duarte, y se presentará primero a la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente ante la Corte Penal Internacional en Suiza.
“Es el primer caso de un colectivo en todo el país que reclama como delitos que van contra la humanidad”, explicó el abogado. “El resto son por separado, pero como colectivo es el primero a nivel nacional”, agregó.
El Colectivo por la Paz Xalapa señaló que buscará denunciar al exgobernador Javier Duarte y su jefe policiaco Arturo Bermúdez Zurita ante una Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su administración, y que así sean condenados a más de 30 años de prisión o cadena perpetua.
Los familiares de víctimas de desaparición integrados en el colectivo señalaron, a través del representante jurídico Ricardo Morales Carrasco, que durante los seis años de gobierno de Duarte fueron muchos los agravios y las violaciones a los derechos humanos con asesinatos, secuestros y desapariciones.
La denuncia se integrará con los casos de más de 50 personas desaparecidas entre el 2010 y el 2016, periodo de la gestión de Duarte, y se presentará primero a la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente ante la Corte Penal Internacional en Suiza.
“Es el primer caso de un colectivo en todo el país que reclama como delitos que van contra la humanidad”, explicó el abogado. “El resto son por separado, pero como colectivo es el primero a nivel nacional”, agregó.
