Policías de Veracruz violaban a mujeres de desaparecidos

Por Redacción/ La jornada

Xalapa, Ver. Los 16 policías y tres ex mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado acusados de desapariciones forzadas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa solían contactar a las esposas de las personas a quienes habían privado de la libertad para violarlas.

Durante la audiencia de vinculación a proceso efectuada ayer en la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo se supo que entre sus víctimas había menores de edad. Se mencionó un caso en que infligieron tortura a un bebé de 10 meses.

Se citó también el caso de José Ulises Martínez Fernández, desaparecido el 30 de abril de 2013, después de que elementos de la Fuerza de Reacción lo detuvieron y lo entregaron a la Fuerza Especial, conocida como Los Fieles.

Dos días después, desde el teléfono celular del detenido contactaron a su concubina, a quien citaron en una tienda Oxxo en la calle 20 de Noviembre, en la capital del estado.

La mujer acudió con su hijo de 10 meses de edad y fue capturada por los policías estatales, quienes la llevaron a unos cañaverales, donde abusaron sexualmente de ella mientras a su hijo lo torturaban con descargas eléctricas.

Otro caso expuesto por la Fiscalía General del Estado (FGE) es el de Héctor Campos Cornelio, de 16 años, y Cecilia de la Cruz Luján, de 17, desaparecidos el 13 de junio de 2013.

Los muchachos, detenidos cerca de una gasolinería ubicada en la carretera Banderilla-Jilotepec, fueron trasladados a una unidad habitacional de Casas Homex, donde fueron torturados. Cecilia de la Cruz fue violada por los elementos de la Fuerza de Reacción.

Los 16 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y tres ex mandos de esa dependencia están implicados en al menos 15 desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos durante la administración de Javier Duarte (2010-2016).

Los ex mandos –dos de ellos militares– son el ex director de Fuerza Civil (corporación de élite de la SSP), Roberto N y José N, conocido como Comandante Black, ex líder de la Fuerza Civil, así como José Óscar N, ex director de Prevención y Reinserción Social.

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La institucionalización del terror

Por Marcela Méndez (@marcela_mdz)

Son jóvenes.

Tienen 16, 21, 30 años.

Se llaman Héctor, José, Ulises; y desde hace años sus familias no conocen su paradero.

Los tres están desaparecidos desde 2013, cuando un grupo de policías de Veracruz los detuvieron –en momentos diferentes– únicamente por considerar que tenían una “actitud sospechosa”, sin presentarlos ante un juez o agencia del Ministerio Público.

Foto: plumaslibres.com.mx

Era la administración de Javier Duarte, y en Veracruz el terror se había institucionalizado: la policía estatal –a través de dos grupos: Fuerza de Reacción y Fuerza Especial– operó para detener y desaparecer a por lo menos 15 jóvenes –hombres y mujeres–, ente los que se cuentan Héctor, José y Ulises.

Los mismos que tenían que protegerlos fueron los que los detuvieron un día, entre abril y octubre de ese año, en alguna carretera o avenida del estado.

La semana pasada se completó la detención de 19 personas –policías, exmilitares y exmandos de la Secretaría de Seguridad– por su presunta implicación en estas desapariciones forzadas. Están en el penal Pacho Viejo, una localidad en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Este miércoles 13 de febrero las 19 personas fueron vinculadas a proceso.

Arturo Ángel, reportero de Animal Político, ha seguido y reportado el caso, y ha comenzado a publicar las historias de cómo, en dónde y bajo qué argumentos los jóvenes fueron detenidos. Ha narrado los primeros seis casos, desde la detención hasta que fueron llevados a una academia de policía fuera de Xalapa, en donde se perdió su rastro.

En el diario La Jornada, Eirinet Gómez publica datos aún –si todavía se puede– más espeluznantes. Por ejemplo, que según la audiencia de vinculación los presuntos culpables no solo detuvieron y desaparecieron a los jóvenes, también solían contactar a sus esposas para abusar sexualmente de ellas.

Es, porque no hay otra forma de decirlo o de concebirlo, una historia de terror. Que pasó –y que se sigue desarrollando– en nuestro país, frente a nuestras narices, y en manos de agentes públicos. Que destapa la responsabilidad de las autoridades, esa que han venido negando desde hace años. Que nos muestra las heridas más profundas del México en el que vivimos, en el que con frecuencia las autoridades no sólo no cumplen con su labor, sino que vulneran nuestros derechos más fundamentales, incluyendo nuestro derecho a vivir.

En los juzgados de Pacho Viejo, familias de personas desaparecidas siguen gritando su dolor, porque todavía no encuentran a quienes buscan y exigen saber dónde están sus hijos.

Que haya elementos detenidos, una investigación en curso, es un primer paso para dar justicia y certeza a decenas de personas.

Pero Veracruz sigue siendo una herida abierta. Y como esa hay muchas en México.

Hay más de 33 mil personas desaparecidas. Más de 33 mil familias buscando.

Este texto fue publicado originalmente en The Mexican Times 

Caso por caso, la forma en que la policía de Javier Duarte desapareció a 15 jóvenes (segunda parte)

Foto: Animal Político

Por Redacción/Animal Político

Los casos que se relatan ahora fueron cometidos en menos de un mes, entre mayo y junio de 2013. Entre las víctimas hay tres menores de edad.

Una tarde de mayo del 2013, la policía estatal de Veracruz desplegó a un grupo de 14 elementos fuertemente armados del grupo especial Fuerza de Reacción. ¿Su misión? Detener a una estudiante de bachillerato de 17 años de edad, quien se encontraba afuera de su escuela, sin cometer delito alguno. Nunca más se volvió a saber de ella.

Dos semanas después, el mismo grupo armado detuvo a otros dos menores de edad, ella de 17 años de edad y él de 16. Los policías los llevaron a un camino de terracería donde se turnaron —según las investigaciones del caso— para abusar sexualmente de la joven dentro de una patrulla. Después los menores fueron entregados a otro grupo policial llamado Fuerza Especial. Desde ese día su paradero es desconocido.

Esta es la segunda entrega del recuento que hace Animal Político sobre cómo la policía estatal de Veracruz, en el sexenio de Javier Duarte, presuntamente desapareció a por lo menos 15 jóvenes en apenas seis meses de 2013. Todas las víctimas fueron detenidas sin haber cometido delito alguno, con el único argumento de tener una “actitud sospechosa”.

No sólo eso. En los informes de las detenciones, que forman parte de las pruebas que la Fiscalía de Veracruz tiene para vincular a los policías estatales, los agentes argumentaban, sin pruebas de por medio, que los detenidos tenían un presunto nexo criminal y los detenían.

Este 14 de febrero, un juez del estado de Veracruz determinó que los 82 datos de prueba de la Fiscalía de Veracruz (entre los que hay confesiones de varios uniformados de la corporación) eran suficientes para vincular a proceso penal a todos los exelementos y elementos detenidos de la policía estatal, por el delito de desaparición forzada, entre ellos, al exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita.

A continuación se describen los casos ocurridos en menos de un mes: entre el 16 de mayo y el 13 de junio de 2013.  Las desapariciones previas presuntamente cometidas por la policía (entre abril y mayo) se pueden consultar en la primera parte de este recuento caso por caso publicado aquí.

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Caso por caso, la forma en que la policía de Javier Duarte desapareció a 15 jóvenes (primera parte)

Por Redacción/Animal Político

Con el argumento de que tenían una “actitud sospechosa”, la policía estatal de Javier Duarte detuvo a 15 jóvenes, que siguen en calidad de desaparecidos.

Sin órdenes de aprehensión de por medio o denuncias. Sin una investigación en curso o trabajo de inteligencia. Sin que se hubiera cometido algún delito en flagrancia, o protagonizado un disturbio. Con el único argumento de tener “una actitud sospechosa”, la policía estatal de Veracruz, en la administración de Javier Duarte, detuvo y desapareció de manera forzada a al menos 15 jóvenes,cuatro de ellos menores de edad, en un periodo de apenas seis meses en 2013.

Ninguno de éstos jóvenes fue llevado ante un juez o agencia del Ministerio Público. De todos ellos no se ha vuelto a conocer su ubicación. Los 15 se encuentran en calidad de desaparecidos.

Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado, que la semana pasada derivó en la detención y acusación contra 19 exmandos e integrantes de la policía estatal, por el delito de desaparición forzada -entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez -, permite conocer la forma en cómo desapareció cada una de las víctimas.

No eran hechos aislados o circunstanciales, sino una operación perfectamente organizada, en la que participaban dos grupos dentro de la policía estatal, la Fuerza de Reacción y la Fuerza Especial, los cuales actuaban coordinadamente para perpetrar las desapariciones.

En todos los casos, comandos de hasta 14 policías se encargaban de las detenciones, de las cuales existen informes internos de la corporación, en los que se reportaba la captura e identidad de las víctimas.

A partir de la imputación hecha en la audiencia pública, el pasado fin de semana en Veracruz, contra  los exmandos y policías detenidos, se describe a continuación cómo es que la policía estatal ejecutó la desaparición de cada una de las víctimas.

Un común denominador: todos habrían sido llevados a una Academia de Policía a las afueras de Xalapa, de donde no se volvió a saber de ellos.

Animal Político te presenta en esta primera parte, de cuatro, la forma en que operaba la Policía Estatal de Javier Duarte, para desaparecer de manera forzada a jóvenes veracruzanos. Los casos se muestran de manera cronológica.

Víctima: Héctor Jesús Hoyos Barradas

Edad al momento de su desaparición: 16 años.

Héctor fue detenido el 6 de abril de 2013, poco antes de las 11 de la mañana, sobre la carretera Xalapa – Perote, en la localidad de El Rosario, municipio de Rafael Lucio, Veracruz.

Elementos de la Fuerza de Reacción, al mando del comandante Manuel Trujillo Rivera, registraron al joven tras considerar que mostraba una “actitud sospechosa” y supuestamente le encontraron un teléfono.

De acuerdo con una tarjeta informativa interna firmada por el referido mando policiaco, dicho teléfono contenía información que hacía “sospechar” que colaboraba con el crimen organizado.

Como respuesta a su tarjeta informativa, Trujillo recibió la orden de poner al menor a “disposición correspondiente”. Lo anterior no significaba llevarlo a una agencia del Ministerio Público (MP), sino entregarlo a elementos del grupo Fuerza Especial de la SSP, una agrupación de élite sin reconocimiento oficial, compuesta en su mayoría por exmilitares y bajo mando directo de Arturo Bermúdez.

La entrega de Héctor  se hizo debajo del puente “Las Trancas”, poco después de la medianoche del 7 de abril. Los elementos de la Fuerza Especial llegaron en tres patrullas y se lo llevaron. Desde ese día no se ha vuelto a saber nada sobre el paradero de Héctor.

 

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Investigan más de 200 desapariciones forzadas por policías de Javier Duarte en Veracruz

Foto: Facebook Colectivo Solecito Veracruz

Por Redacción/Animal Política

El Colectivo Solecito de búsqueda de personas desaparecidas exige que se investigue al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por las desapariciones forzadas durante su mandato.

La Fiscalía de Veracruz tiene abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas en 52 municipios del estado. Se trata de desapariciones que la autoridad presume fueron cometidas por policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador Javier Duarte.

La Fiscalía detuvo este jueves a exmandos y elementos de la policía estatal en el operativo ‘Tiro de gracia’, luego de cumplimentar 19 órdenes de aprehensión por su presunta implicación en un esquema organizado a través del cual se cometieron al menos 15 desapariciones forzadas solo entre abril y octubre de 2013, de los 202 casos de los que se tiene registro a la fecha.

Animal Político publicó ayer jueves que, según la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017, entre los 19 probables responsables de esas 15 desapariciones se encuentra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, quien ya está preso en la cárcel de Pacho Viejo desde febrero del año pasado por un probable delito de enriquecimiento ilícito. Otro exelemento policiaco preso por estas desapariciones es José Óscar ‘N’, exjefe de reclusorios de la entidad.

Roberto ‘N’, exdirector de la Fuerza Civil del estado; Manuel Alejandro ‘N’, exdelegado de Seguridad Pública y excomandante de la Fuerza de Reacción; y Carlos ‘N’, exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y exdirector de la Policía Ministerial en Tamaulipas, son otros de los exmandos policiacos detenidos en el operativo ‘Tiro de gracia’.

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Operativo Tiro de Gracia: Detienen a cúpula de la policía de Javier Duarte por desaparición forzada

Foto: Cuartoscuro

Por Redacción/Animal Político

En total hay 19 detenidos y acusados, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez. Quedaron a disposición de un juez en el penal de Pacho Viejo.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz ejecutó el operativo denominado “Tiro de Gracia” que permitió cumplimentar 19 órdenes de aprehensión en contra de exmandos de la Secretaria de Seguridad Pública durante el gobierno de Javier Duarte, y elementos de dicha corporación, por su presunta implicación en un esquema organizado a través del cual se cometieron por lo menos quince desapariciones forzadas en 2013.

Entre los probables responsables se encuentra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del estado; José Oscar “N”, exjefe de reclusorios de la entidad; José Nabor “N” exsubsecretario de Seguridad Pública; José Manuel “N”, exdirector de Operaciones Especiales; Roberto “N” exdirector de la Fuerza Civil del estado; Manuel Alejandro “N”, exdelegado de Seguridad Púbica y excomandante de la Fuerza de Reacción; y Roberto Carlos “N”, exdirector de la Secretarpia de Seguridad Pública y exdirector de Policía Ministerial en Tamaulipas.

De acuerdo con la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 las personas en contra de las que se ejecutaron en las últimas horas las 19 órdenes de aprehensión son responsables de haber implementado una “política ilegal” a través de la cual se detuvo sin órdenes judiciales a supuestos miembros del crimen organizado, que luego eran torturados y finamente desaparecidos.

“Esta política, consistió en detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente, a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada. Un juicio sumario, al que se enfrentaban sin defensor y sin garantías judiciales, sujetos a la apreciación de elementos policiacos”, indica el expediente de las autoridades.

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Autoridades no han ejecutado tres órdenes de aprehensión contra Javier Duarte

Foto: PGR

Por Redacción/Animal Político

La FEPADE y la Fiscalía de Veracruz son las responsables de cumplimentar las órdenes pendientes, pero no lo han hecho; es un paso obligatorio para que se puedan iniciar nuevos procesos penales contra el exgobernador.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se encuentra preso y bajo proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, en su contra hay tres órdenes de aprehensión más por delitos electorales, peculado, abuso de autoridad, entre otros, que hasta el día de hoy no han sido ejecutadas por las autoridades.

Cumplimentar dichas órdenes de aprehensión, aunque se trate de un trámite pues Duarte está localizado y preso en el Reclusorio Norte, es un paso inicial obligatorio para que se puedan iniciar nuevos procesos penales en contra del exgobernador de Veracruz.

Animal Político pudo confirmar que hasta ahora ninguna de las tres órdenes se ha cumplimentado ni por la Fiscalía para Delitos Electorales (FEPADE) de PGR, ni por la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz, que son las instancias que las obtuvieron.

Esto sin olvidar que a nivel federal hay más de 70 carpetas de investigación por otras irregularidades en la administración de Duarte que no han llegado siquiera a una consignación.

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Defensa de Javier Duarte pide más tiempo para investigación; hoy se define qué sigue en el caso

Por Redacción/Animal Político

La Procuraduría General puede pedir una ampliación, algo que la defensa de Duarte buscaría impedir. Luego viene un periodo clave de descubrimiento de pruebas, previo al juicio.

La defensa de Javier Duarte pidió al juez ampliar el plazo de la investigación complementaria que realiza la PGR por otros seis meses, informó Reforma.

Si el juez accede a otorgar una extensión en el plazo Duarte permanecería medio año más en la cárcel y la audiencia intermedia se realizaría después de las elecciones de julio próximo.

La semana pasada la PGR reconoció que aún estaba interesada en indagar datos sobre cuentas bancarias pero el juez del caso pospuso la decisión de autorizarlo o no, luego de que la defensa no fue notificada con el tiempo que se requería legalmente de dicha petición.

La petición se hace unas horas antes de que se venza el plazo de seis meses que un juez le dio a la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar al exgobernador de Veracruz, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Si el juez no otorga una prórroga, el plazo para indagar a Duarte habrá terminado, y  se abre ahora un periodo que resultará clave en el que las autoridades y la defensa del exmandatario deberán descubrir las pruebas con las que pretenden obtener una sentencia condenatoria o absolutoria en el juicio.

Para obtener esta información se plantearon diversas dudas a abogados expertos en el nuevo sistema penal, a fuentes del propio Poder Judicial Federal y al equipo legal de la defensa del exgobernador.

¿Puede la PGR o la Defensa obtener una ampliación del periodo de investigación que hoy termina?

La respuesta es sí. El artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que de forma “excepcional” el juez podrá autorizar una prórroga del periodo de investigación complementaria que haya dictado originalmente. El nuevo plazo de investigación, en caso de ser concedido, no podrá exceder de seis meses.

La determinación de conceder o no la prórroga la toma el juez en una audiencia pública en la que deben estar presentes ambas partes para que expongan su posición a favor o en contra.

En el caso específico de Javier Duarte la defensa ya extendió una solicitud al juez para que se analice la conveniencia de extender el periodo de investigación pero falta concierto si la PGR también lo pedirá o está de acuerdo.

La audiencia en la que el juez decidiría si se concede o no esta prórroga no se realizaría hoy sino hasta el próximo 31 de enero.

¿Qué pasara el 31 de enero?

La audiencia programada para el próximo 31 de enero es para definir si el juez autoriza o no, una solicitud hecha por la PGR de incluir como pruebas en el caso diversas cuentas bancarias claves en la investigación. Se trata de la audiencia que tuvo que ser pospuesta el jueves pasado ya que la defensa no fue notificada con 48 horas de antelación mínima como lo contempla la ley.

Es importante subrayar que los abogados y los fiscales de la Procuraduría deberán exponer argumentos que justifiquen el que sea necesario ampliar el periodo de seis meses con el que ya contaron inicialmente. Esto ya que ampliar el plazo de investigación significa prolongar de forma general el proceso y por ende el tiempo en que Duarte está preso sin que se haya demostrado en un juicio su culpabilidad.

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Auditoría presenta 7 denuncias nuevas por desvíos de Javier Duarte en Salud y Seguridad

Foto: PGR

Por Redacción/Animal Político

El monto de los malos manejos del gobierno de Javier Duarte, tan solo en estas nuevas denuncias, supera los 4 mil millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó siete nuevas denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto mal manejo y desvío de poco más de cuatro mil 300 millones de pesos, mismos que el gobierno federal transfirió al estado, y que debieron destinarse principalmente a acciones para mejorar la salud y seguridad en la entidad.

Las irregularidades encontradas, que no pudieron ser justificadas por la administración estatal, corresponden a los ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015. Los auditores dieron un plazo al gobierno estatal para justiciar el destino de los recursos en muchos casos desaparecidos, pero al no haber explicación se presentaron las denuncias correspondientes.

La primera de este paquete de nuevas denuncias se presentó el pasado 18 de diciembre en la PGR. Los auditores reportaron que, de acuerdo con la auditoría 1423, la Secretaría de Finanzas de Veracruz (SEFIPLAN) se apoderó de 160 millones de pesos que recibió en 2013 como parte del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun).

El referido dinero debió haberse transferido a 16 municipios y estaba destinado para acciones de seguridad pero la Secretaría de Finanzas nunca los canalizó ni tampoco los devolvió a la Secretaría de Hacienda, sin que exista justificación para ello.

Luego, el 20 de diciembre la ASF presentó seis denuncias penales más. Uno de los casos corresponde a la desaparición de 139 millones de pesos que fueron transferidos a Veracruz como parte del denominado Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud en 2014. De acuerdo con la auditoría 785, el dinero debió ser transferido por SEFIPLAN a la Secretaria de Salud local, pero esto nunca sucedió.

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73 “empresas fantasma” en la red de Javier Duarte para financiar la campaña de EPN en 2012

Foto: Twitter @Javier_Duarte

Por Redacción/Aristegui Noticias

Al menos 16 de esas empresas obtuvieron fondos del gobierno de Javier Duarte por 371 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los supuestos dueños de la empresa ‘fachada’ de Veracruz que fue utilizada para el financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2012 están ligados a otras 73 compañías que forman parte de la red ‘fantasma’ surgida durante el gobierno de Javier Duarte.

Al menos 16 de esas empresas vinculadas obtuvieron fondos del gobierno de Duarte por 371 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Otras firmas de esta misma red eran utilizadas para simular licitaciones.

REFORMA informó ayer que Logística Estratégica ASISMEX, cuyos dueños residen en colonias populares de Veracruz, había sido utilizada en la campaña presidencial de 2012 para dispersar 18.4 millones de pesos entre 7 mil 311 representantes de casilla de siete partidos políticos, con el auxilio de otras 10 empresas presuntamente ‘fachada’.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que este esquema de financiamiento era ilegal, por lo que sancionó a los partidos involucrados. El 82% de los fondos fueron a dar a la campaña de la alianza PRI-Verde, que postuló en 2012 a Enrique Peña Nieto.

La red de socios

En un rastreo realizado ayer en el Registro Público de Comercio de Veracruz, MCCI localizó los vínculos de ASISMEX con una amplia red de empresas ‘fachada’ utilizadas para saquear recursos públicos.

En el cotejo de actas se identificó que los supuestos dueños o prestanombres de ASISMEX, José Alfredo García Barradas y Juan Carlos Reyes León, son accionistas de otras 12 empresas, mientras que la apoderada legal Araceli Barragán Hernández participa en dos compañías más.

En esas 14 empresas, los operadores de ASISMEX están asociados con 15 residentes de colonias populares del puerto, y ellos a su vez aparecen en actas como supuestos dueños de otras 59 compañías en los estados de Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Chiapas.

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