En las 12 horas que duró la audiencia, Javier Duarte no pronunció más de cuatro palabras.
Vestido con el uniforme caqui de los presos en el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz escuchó el sábado en silencio el momento en que el juez decidió que había pruebas suficientes para iniciar un proceso en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Luego, solo bebió un poco de agua.
Fue un Javier Duarte distinto al de ocasiones anteriores. Lejos quedaron las sonrisas, señas y gestos de burla de las audiencias de su proceso de extradición de Guatemala transmitidas por televisión, o el protagonismo que tuvo en la audiencia inicial del lunes pasado en México, donde él mismo hizo más de 20 preguntas que pusieron en serios aprietos a los fiscales de la PGR.
La de ayer fue casi desde el inicio otra película, que no tuvo un final feliz para el exgobernador y sus siete abogados.
La Procuraduría General de la República, que en la audiencia inicial del lunes envió solo a tres fiscales, esta vez duplicó su fuerza: seis agentes del Ministerio Público entre ellos el propio subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, Israel Lira Salas.
Completaba el equipo de los acusadores el representante jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien tampoco había estado en la primera audiencia.
La Procuraduría General de la República (PGR) evidencia su “incapacidad” para llevar a juicio al ex gobernador de Veracruz, Javier “N”, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, sin considerar las desapariciones forzadas, asesinatos y violaciones a los derechos humanos durante su administración, denunció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“Si bien es significativo que Javier Duarte sea juzgado por los delitos que hasta ahora le imputan, es de suma importancia que se investigue y lo lleven ante la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su administración, como la desaparición de personas”, señaló el Movimiento integrado por 49 colectivos de México y Centroamérica.
Recordaron que durante la gestión de Duarte se registraron 665 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. “Sin embargo, la cifra es mucho mayor, si consideramos que desde mediados de 2014, al menos, la Fiscalía de Veracruz dejó de reportar adecuadamente los casos de desaparición; para 2015 sólo se registraron ocho y uno en 2016”. Ante ese panorama, el Movimiento indicó que hay evidencias de que hay más de 2 mil 600 desaparecidos en la entidad.
Además, durante el gobierno de Duarte fueron asesinados 18 periodistas y tres más fueron desaparecidos, sin que hasta el momento se hayan presentado cargos vinculados con esos casos. Ver nota completa
Veracruz/Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo/BlogExpediente).– Datos recabados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante autoridades veracruzanas exponen que en el estado hay 158 niños y 300 niñas en calidad de desaparecidas.
En el informe de recomendación emitido este día por la CNDH al Gobierno de Veracruz, por el caso de los chicos de Playa Vicente, el organismo contextualiza que en la entidad hay discrepancia y poca fiabilidad a las estadística reportadas por la Fiscalía general del estado sobre los desaparecidos.
En uno de los reportes aportados por Fiscalía a la CNDH se expone que hay mil 315 personas del sexo masculino denunciadas como desaparecidas, de las que mil 066 son mayores de 18 años, 158 niños y 91 de quienes no se refirió edad.
“616 son registros correspondientes al género femenino, 284 mujeres adultas, 300 niñas y en 32 casos no se proporcionó la edad de las víctimas. En tres casos no se proporcionó el género de la víctima”.
La Red Veracruzana de Periodistas exigió a las autoridades frenar la impunidad en el estado e investigar al exgobernador Javier Duarte por la muerte de 18 reporteros y la desaparición de tres colegas durante su sexenio.
Por su parte, familiares de las víctimas de violencia y desapariciones forzadas manifestaron que la extradición del exmandatario “no lo es todo”, y demandaron justicia por la muerte de sus seres queridos.
En una misiva difundida este martes, la Red Veracruzana de Periodistas precisa que tras su extradición de Guatemala, el responsable de gobernar el estado de Veracruz entre diciembre de 2010 y noviembre de 2016 será juzgado por delitos vinculados a corrupción y el desvío de los recursos públicos de la entidad.
Sin embargo, apunta, ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz le han presentado cargos relacionados con las muertes de periodistas ni con las numerosas agresiones contra la prensa registradas durante su mandato.
Y destaca que de acuerdo con organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, “el estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la administración de Javier Duarte”.
La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la imputación.
“Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.
Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.
Aunque la audiencia era inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada.
Y fue ahí donde los fiscales cayeron en varias dudas, que luego se convirtieron en fallas y contradicciones.
“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo al juez federal el abogado de Duarte, Marco del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no pudo responder.
La PGR tendrá una oportunidad más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo deja en libertad. Pero en esa audiencia la defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.
Foto: Twitter; Ministerio de Gobernación de Guatemala
Por Redacción/El País
Javier Duarte ya está en México. El polémico exgobernador de Veracruz aterrizó en la Ciudad de México el mediodía de este lunes extraditado desde Guatemala, donde fue capturado el 15 de abril en un hotel de lujo. Duarte se ha convertido en el emblema de la corrupción política y en un dolor de cabeza para el PRI, el partido que lo expulsó de sus filas en octubre pasado mientras el político acumulaba acusaciones de enriquecimiento y delincuencia organizada. El exmandatario fue trasladado al Reclusorio Norte, donde oyó por primera vez de un juez local las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), delincuencia organizada y lavado de dinero.
El exgobernador de 43 años dejó la madrugada del lunes su celda en el cuartel militar de Matamoros, en Guatemala, para ser trasladado al aeropuerto internacional de La Aurora. Las autoridades guatemaltecas entregaron al exmandatario a tres funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal mexicana, que lo escoltaron durante todo el trayecto. Duarte estaba vestido con un chaleco antibalas y se le vio con el rostro afeitado y sin la barba que había lucido en las audiencias en Guatemala. El acusado había dicho que llegaría a México con la cara limpia y la frente en alto pues no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan.
Duarte arribó a México en un avión privado de la Fiscalía de este país. En el aeropuerto internacional lo esperaban más de un centenar de periodistas y 25 vehículos de autoridades mexicanas. Todos ellos formaron parte del enorme convoy que acompañó al exgobernador en su trayecto hasta el Reclusorio Norte.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 19 de enero de 2017.
Esta semana la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación, volvieron “al aire” luego de su abrupta salida de MVS cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto aún se encontraba en medio de una tormenta mediática, luego de hacerse pública la investigación sobre la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec.
Su regreso resulta sumamente significativo; y es que cuando los concesionarios de las señales propiedad del Estado -y por ende, de todos los mexicanos- parecían negar el espacio a una voz tan crítica a pesar de haber sido titular de la emisión radial más escuchada en los últimos años, el mensaje era claro: las puertas de los medios tradicionales estaban cerradas para este tipo de periodismo.
Foto: Super Channel 12
El que una de las periodistas con más credibilidad y relevancia en el país transmita ahora su noticiero a través de internet, no sólo habla de las pocas oportunidades para el periodismo crítico y frontal en los medios tradicionales, también representa la legitimación del medio.
La importancia de portales de noticias es innegable, y hoy más que nunca podemos palpar dicha relevancia con investigaciones como la de Animal Político, que luego de exponer empresas fantasma de Javier Duarte derivaron en que el ex gobernador de Veracruz hoy sea prófugo de la justicia. Sin embargo, un noticiero transmitido en exclusiva por internet es un proyecto completamente distinto, y una de las apuestas más importantes para el periodismo, más aun en el contexto que vivimos en México.
El nuevo medio no sólo elimina al concesionario, al empresario, como proveedor, intermediario y última línea editorial, también abre el camino a una nueva generación de periodistas y profesionales de la información en un país en que los medios tradicionales en muchas ocasiones trabajan protegiendo, en menor o mayor medida, intereses particulares.
Y cuando el noticiero de Carmen Aristegui es transmitido a través de internet, los argumentos de las viejas generaciones para desacreditar el medio se vuelven aún más obsoletas. Si el proyecto resulta exitoso, como auguran los niveles de audiencia conseguidos en sus primeras emisiones, podríamos ser testigos del surgimiento de nuevas fuentes de información, con nuevos actores y con menos compromisos a la hora de definir contenido o formas de abordar la noticia.
Olvidémonos del prejuicio de que los contenidos en internet inherentemente carecen de credibilidad, de que tienen que ser legitimados por el nombre de un medio tradicional. Bienvenida esta nueva era.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 24 de noviembre de 2016.
En México el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.
He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:
– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.
Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
Foto: eluniversal.com.mx
Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.
Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:
– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.
Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.
En su tercera audiencia, en Guatemala, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte decidió allanarse al proceso de extradición solicitado por el gobierno de México.
En Guatemala existen dos solicitudes de extradición contra Javier Duarte, una del gobierno mexicano, en la que la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusa por los delitos federales de delincuencia organizada, y lavado de dinero; y otra del gobierno de Veracruz, en el que la Fiscalía estatal lo señala por delincuencia organizada, tráfico de influencias, desvío de recursos, peculado y abuso de autoridad.
“No cometí ningún delito y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país”, dijo Duarte en la audiencia de hoy tras escuchar los cargos y pruebas que el gobierno de Enrique Peña Nieto envió como parte de su solicitud de extradición.
Durante la audiencia ante el Tribunal Tercero de Guatemala, Javier Duarte, el exgobernador acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aceptó su extradición a México para enfrentar a las autoridades por los delitos que le imputa el gobierno de Veracruz.
Sin embargo, aunque Javier Duarte aceptó su extradición, eso no significa que el exgobernador sea enviado a México en el corto plazo, ya que al menos tendrá que permanecer en una prisión de Guatemala hasta a la audiencia del próximo 4 de julio, ya que ese día se le informará sobre las solicitudes de aprehensión en su contra obtenidas por autoridades federales.
Ante este panorama, Animal Político te explica los escenarios que se podrían presentar en los próximos días sobre el exmandatario.
