Por Redacción/ Proceso
Hace poco más de un mes, el 23 de mayo, las organizaciones ciudadanas que participaban en la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) denunciaron espionaje político, pidieron que el Instituto Nacional de Transparencia contribuyera a la apertura de los contratos con empresas de espionaje e iniciara una investigación por violación de datos personales.
No tuvieron respuesta ni interlocución hasta ahora, a unas horas de participar en una reunión de la AGA en Nueva York, donde denunciarán las condiciones en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha espiado a las ONG.
A una semana de la difusión en el extranjero y en México del informe #GobiernoEspía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer lo que hará ante el reclamo, aunque en el comunicado emitido no menciona que las organizaciones ya le habían solicitado su intervención.
El rompimiento del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC), que integra el secretariado técnico tripartita de la AGA, fue abordado en la edición 2121 de la revista Proceso correspondiente a esta semana.
