Índice de Índices: En 20 estados del país reina la impunidad, en 9 la opacidad y en 3 la corrupción

Foto: Sin Embargo

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Morelos, Sinaloa, Querétaro, Durango y Chihuahua son las entidades con peor desempeño en transparencia, corrupción e impunidad, en conjunto, de acuerdo con el Coeficiente TAI 2017, un índice de índices presentado por Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

El estudio es una fotografía integral de la situación de los estados del país en esos tres ejes, ya que “la transparencia sin anticorrupción efectiva es sinónimo de impunidad”, por lo que las organizaciones civiles llamaron a atenderlos con políticas públicas no fragmentadas como ahora, sino conjuntas y coordinadas.

A nivel nacional, el Coeficiente TAI 2017 es de 60.59 unidades de un máximo de 100, donde a mayor valor peor desempeño.

De frente a las elecciones de 2018 donde se renovarán nueve gobernadores, “ninguna entidad está bien. Ninguna ha resuelto sus problemas en opacidad, corrupción e impunidad”, aseveró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Por variables, Querétaro, Morelos y Quintana Roo son las entidades con peor desempeño en opacidad, corrupción e impunidad, respectivamente.

De las 32 entidades, 20 presentan problemas en impunidad; nueve en opacidad; y tres en corrupción.

En contraste, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Campeche y Veracruz son los mejor evaluados integralmente en el Coeficiente TAI.

Por variables, la Ciudad de México, Zacatecas y Campeche resaltaron en transparencia, combate a la corrupción y control a la impunidad, respectivamente.

Irene Tello, de Impunidad Cero, aclaró que Nayarit y Veracruz salieron así por sus métricas incorrectas.

Los ponentes de las organizaciones civiles coincidieron en que el escenario común en México es que los gobernadores escogen las variables que les beneficia, pero omiten y atacan en las que resultan peor evaluados.

Con este Coeficiente TAI que analiza cada problemática de manera particular e integral, “los gobernadores no tienen oportunidad de escaparse”, dijo Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero.

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CNDH advierte sobre riesgos de transgresiones a derechos con Ley de Seguridad Interior

Foto: Facebook Enrique Peña Nieto

Por Redacción/Animal Político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.

La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.

En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad:

“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.

Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.

La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.

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Impunidad reina en casos de agresiones a periodistas, solo 10% se resuelven: CNDH

Por Redacción/Animal Político

“Lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando silenciar así la libertad de expresión”, fue el reclamo del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien lamentó que 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes.

El Ombudsman nacional señaló que de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra medios de comunicación, solo en el 10% se registra una sentencia condenatoria y el resto se mantiene en la impunidad, o que deriva en un naufragio social y en la desesperanza de la sociedad que está cansada de la inseguridad en la vida cotidiana.

González Pérez lamentó que las autoridades federales y estatales no han cumplido con la obligación de prevenir, investigar y castigar los crímenes contra comunicadores y aseguró que la falta de una adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos abona para que crezca la impunidad, esto se traduce en un mayor hostigamiento hacia medios y periodistas.

Otro de los problemas que se han derivado de la impunidad ante las agresiones a comunicadores es que estos se han autocensurado y algunos han tenido que abandonar sus hogares para trasladarse a otras ciudades donde no corran peligro, así como el exilio forzado, lo que genera una vulnerabilidad a los derechos de tener una sociedad abierta, plural y democrática.

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Ni una condena, 11 años después: mujeres de Atenco exhiben en la CoIDH la “justicia a la mexicana”

Foto: Facebook Centro Prodh

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Atenco ejemplifica los problemas estructurales de México: la tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, la discriminación de género y la impunidad, sostuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las representantes de las 11 mujeres que acusaron tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006.

Once años después, no hay ninguna persona condenada por las acusaciones declaradas por las víctimas, dijeron. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también refirió en su turno que aunque las autoridades mexicanas han tenido más de una década para actuar, en el caso Atenco la impunidad “es total” ante la falta de sentencias debido a los “mínimos esfuerzos” para que las investigaciones avancen.

Los representantes del Estado mexicano, aunque reconocieron la ineficiencia al inicio de sus investigaciones, afirmaron que las diligencias posteriores permitieron la consignación de 52 funcionarios públicos imputados por el delito de tortura e incubrimiento de tortura. Pero ninguno ha sido condenado, lo cual fue calificado como grave por parte del Juez de la Corte, Humberto Antonio Sierra Porto.

Al término de la audiencia que duró dos días, la CoIDH pidió información adicional a los representantes del Estado mexicano para posteriormente emitir una sentencia.

Ayer las víctimas exigieron investigar la cadena de mando del operativo. El Estado aseguró que ya lo hizo al presentar acusaciones contra un subdirector regional de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, pero descartó identificar a los mandos individualmente ya que se violarían los derechos humanos de los policías.

El Estado argumentó que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no identificó a los más altos responsables políticos y policías de la cadena de mando, la Corte Interamericana no puede hacerlo en su sentencia.

El Centro Prodh alegó que aunque la Corte no tiene las facultades para determinar responsabilidades penales individuales, puede identificar las omisiones de la cadena de mando policial y política para pedir que se investigue.

Aracely Olivos, del Centro Prodh, dijo que “las mujeres le han dicho a la Corte que su sentencia será un gran paso hacia la justicia y la verdad”.

“Ellas se reconstruyeron solas, pero no olvidan que la responsabilidad es del Estado. No piden nada extraordinario: sólo justicia y verdad”, reiteró.
Durante los alegatos finales ante la Corte en Costa Rica, las once mujeres portaron una playera morada con la leyenda “Rompiendo el silencio”.

Marcela Martino, de CEJIL, destacó que la tortura sexual de la que fueron blanco reflejan realidades persistentes en la policía mexicana y representan a miles de víctimas más.

“Contar su historia una y otra vez tiene consecuencias para ellas y sus familias, pero el Estado no les ha dejado otra opción”, declaró.

Aracely Olivos, del Centro Prodh, subrayó que el Estado mexicano ha rechazado todas las medidas de reparación demandadas por las sobrevivientes de tortura sexual: verdad, justicia y no repetición, lo cual permite más impunidad.

“Este caso ejemplifica que el Estado mexicano frecuentemente reconoce violaciones a derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas”, expuso.

El Estado mexicano pidió a través de sus representantes en la Corte que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque afirma ya haber realizado medidas al respecto.

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5 mujeres darán su testimonio sobre los abusos policiales en Atenco, ante Corte Interamericana

Foto: Facebook Centro Prodh

Por Redacción/Animal Político

Cinco mujeres darán un testimonio oral sobre las agresiones sexuales que sufrieron a manos de fuerzas de seguridad durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los próximos 16 y 17 de noviembre, en San José, Costa Rica.

Comparecerá el grupo de 11 mujeres peticionarias del caso, aunque sólo cinco de ellas darán testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
“Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia”, apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El Centro recordó que, tras los operativos policiales en mayo de 2006 -cuando era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto-, “al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste”.

Las mujeres, agregó, “tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado”, mientras “las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes”.

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Videos grabados por los reos en las prisiones de Edomex revelan tortura, extorsión e impunidad

Foto: La Silla Rota

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los miembros de un grupo delictivo presos en cárceles del Estado de México torturan a otros reos para extorsionar a los familiares, todo en aparente complicidad con de las autoridades penitenciarias, reveló este día Noticias MVT.

Varios videos, entregados a dicho medio, documentan los métodos de tortura de un grupo delictivo que opera en el Centro de Prevención y Readaptación del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, y cuyo líder es identificado como Luis Fernando Arias, alias “El Tato” o “El Tatos”.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, los internos son víctimas de vejaciones para presionar la entrega de dinero y bienes materiales– como casas, terrenos e incluso automóviles– bajo amenaza de que, quien no ceda a sus demandas, “será torturado hasta que muera”.

Las torturas son grabadas por los mismos reos, de acuerdo con Noticias MVT. Primero, las víctimas son obligadas a llamar a sus familiares para pedirles que realicen el depósito o cedan los bienes a alguna cuenta bancaria. Después, casi de inmediato, les hacen llegar los videos.

En el primer video que se hace público de esta serie de actos de tortura y extorsión, se observa al sujeto identificado como Fernando Arias dentro de una de las celdas de la cárcel del Bordo de Xochiaca, vestido con el pantalón color naranja del uniforme de la penitenciaría, una playera, gorra y lentes de marcas famosas como Convers y Ray Ban, lo que evidencia también los privilegios que le son otorgados.

En ese material, “El Tatos” aparece presionando la válvula de un aerosol al que prende fuego con un encendedor para quemar el pecho, la cara y la espalda de la víctima, quien trata de alejarse, pero es alcanzado en repetidas ocasiones.

El reo le dice insistentemente que sus familiares ya van a depositar el dinero y pide a “El Tatos” que no lo siga quemando, que lo deje en paz: “¡Ya, aguanta!”. “¿Cuándo van a depositar? ¿Qué te hago si no depositan?”, insiste el líder criminal.

A pesar de que en el video– el cual fue enviado vía WhatsApp a la hermana del reo– se escuchan los gritos de la víctima, nunca se ve que algún custodio se acerque.

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Organizaciones exigen modificaciones a la Ley General de Desaparición

Foto: Cencos

Por Marcela Méndez

Integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México exigieron a los diputados hacer modificaciones a la Ley General de Desaparición antes de que la aprueben, pues argumentan que tal como está tiene muchas deficiencias.

De acuerdo con los representantes de la Campaña, el dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que se aprobó en el Senado está alejado de las exigencias de las familias y es una “ley hecha a modo” que no sirve para erradicar el problema de la desaparición en México.

En conferencia de prensa la mañana del 30 de agosto –cuando se conmemora el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada– explicaron que, entre las exigencias y observaciones que plantean, están:

1. El Estado mexicano no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.El dictamen usa el término “persona no localizada”, lo que demuestra que el Estado “bajo el argumento de ‘buscar ‘a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la desaparición forzada”.

3.Que el Estado establezca la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la desaparición forzada, y no sólo la de los responsables materiales.

4.El Estado se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y crea el Banco Nacional de Datos Forenses que “solamente agrupará bases de datos, alimentadas por los mismos peritos dependientes de las procuradurías, esas mismas que no investigan y que hacen lo posible para que los familiares de las víctimas no denuncien”.

Los representantes aseguraron también que la Campaña reconoce los avances logrados –como que la definición de desaparición forzada está bien tipificada–pero que aprobar la Ley General sin modificaciones perpetuará la impunidad y el Estado no garantizará a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

“La ley tiene aspectos positivos, pero tiene en su espíritu la lógica de que no es el Estado el que comete las desapariciones forzadas, para ellos es el crimen organizado”, explicaron.

Dijeron que la Ley General busca que todos los casos existentes hasta un día antes de su aprobación no entren dentro de la ley: “Lo positivo que tendría la ley no serviría a todos los casos mal llamados del pasado, porque los casos de desaparición forzada siempre son en presente… por eso decimos que más que una ayuda, va a ser una traba para las familias”.

Finalmente, la Campaña dijo que respeta la postura de otras organizaciones de familiares y de Derechos Humanos pero que no está de acuerdo en que si se avanza 15 o 20 por ciento es bueno, pues sus integrantes están convencidos de que tienen que hacer la exigencia conforme lo piden los estándares internacionales.

Los representantes de la Campaña informaron que el próximo jueves 7 de septiembre, a las 10:00, harán un mitin en la Cámara de Diputados para entregar el documento que contiene las observaciones que plantean y que dice cómo debería quedar articulada la Ley General.

Ese mismo día también habrá movilizaciones en congresos locales de los Estados que forman parte de la Campaña (Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca) para empujar desde ahí “una ley de acuerdo con estándares internacionales y de acuerdo con el sentir de los propios familiares”.

Forman parte de esta exigencia para modificar la Ley General de Desaparición organizaciones como el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos, entre otras.

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Son 53 no solo 45 los muertos de Acteal, reclaman ‘Las Abejas’

Por Redacción/MVS

Las ‘Abejas’ aseguran que los responsables de la masacre de Acteal gozan de impunidad.

En carta pública, los sobrevivientes de la masacre de Acteal, de la comunidad de “Las Abejas” reclaman que a 8 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México “excarceló a los paramilitares presos y sentenciados por la masacre”; no se han instrumentado nuevas líneas de investigación que permitan llevar a la justicia a todos los autores materiales e intelectuales de la masacre”.

Los responsables “hoy gozan de total impunidad”, denuncian “Las Abejas” de Acteal a Luis Almagro la Asamblea General de Organización de Estados Americanos.

“Hay impunidad, injusticia y re victimización de los sobrevivientes de la masacre por la indiferencia y el abandono de las instituciones de gobierno principalmente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, reclaman “Las Abejas” de Acteal ante los instrumentos regionales.

“Sufrimos cada día la impunidad”, denuncian, ante “el crimen de lesa humanidad” cometido en de Acteal dónde el saldo de la tragedia asciende a 53 personas muertos en lugar de 45.

“Muchos sobrevivientes directos y lesionados de la masacre de Acteal reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de admisibilidad de 1° de Noviembre de 2010 se encuentran hoy en graves situaciones de salud; desde 18 de Noviembre de 2015 se creó expedientes con delegados de la CEAV de Chiapas y de México, y hasta el día de hoy no han gestionado los medios necesarios de atención médica integral para atender a los sobrevivientes con graves situaciones de salud” manifiestan a la OEA.

“A casi 20 años de la masacre 8 sobrevivientes, han muerto en este proceso de buscar Verdad y Justicia: 3 en Acteal (Manuel Vázquez Luna, Francisco Vázquez Hernández, María Pérez Ruíz) y 5 en Quextik (Mariano Pérez Chicario, Manuel Capote Pérez, Alberto Ruíz Pérez y dos mujeres más).

Hoy, “con dolor e indignación preguntamos ¿cuántos sobrevivientes más tienen que morir para alcanzar la Justicia en el Caso 12.790, Manuel Santis Culebra y Otros (Masacre de Acteal)?, reclaman.

Tememos que la falta de revisión y atención médica adecuada a los sobrevivientes puede ocasionarles posibles daños irreparables a su salud física y psicológica.
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Delitos contra migrantes quedan impunes en el 99% de los casos

Por Redacción/MVS

Ximena Suárez, integrante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, detalló en los últimos años se registró un importante incremento en el número de delitos como robo, violación, secuestro y agresiones por parte de servidores públicos.

Organizaciones de la sociedad civil informaron que el 99 por ciento de los casos de delitos cometidos contra migrantes, queda impune.

Al presentar el informe “El Acceso a la Justicia para Personas Migrantes en México, un derecho que existe solo en el papel”, Ximena Suárez, integrante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), detalló que en los últimos años se registró un importante incremento en el número de delitos como robo, violación, secuestro y agresiones por parte de servidores públicos.

“De acuerdo con cifras oficiales que obtuvimos de las Procuradurías, existe un 99 por ciento de casos que quedan en la impunidad, casos de delitos reportados a las Procuradurías, aún si se abren investigaciones no terminan en una sentencia, ni en la sanción de los perpetradores de este delito; esta cifra de 99 por ciento es preocupante, pero también es preocupante si se toma en cuenta que son cifras oficiales, lo que quiere decir que hay otro campo de graves violaciones que no se ven reflejadas en las cifras oficiales”.

Por su parte, Javier Martínez, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que esta situación se debe en gran medida al temor que tienen estas personas de ser llevados ante el Instituto Nacional de Migración.

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Exigen de PGR un “NO al fuero clerical”

Por Redacción/Sin embargo

El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) exigirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, tras presentar un informe en el que se da cuenta de cómo, desde hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi”, abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.de las irregularidades.

A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, son algunos de los motivos que el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), documenta en un informe que presentará hoy miércoles para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

El informe “Institucionalización y violencia en la Ciudad de los Niños” que ofrecerán a los medios de comunicación hoy a las 10 de la mañana bajo la consigna “No al fuero clerical”, narra a través de testimonios y documentación diversa, el abuso físico y sexual a los que eran sometidos cientos de niños y niñas, distribuidos en los seis albergues en Guanajuato y Michoacán, dirigidos por el sacerdote acusado de pederastia.
Desde hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi” abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.

Además del sacerdote, los testimonios recogidos en el informe dan cuenta de la participación de las monjas Hortensia Jiménez Cruz, María García Guzmán, Xóchitl Chávez Sánchez, Esmeralda de Jesús Suárez Bertury y otros colaboradores como Mauricio Rafael Ruiz Martínez y Ramiro Cortéz Muñoz. Pero en especial, destaca el nombre de Leandro Martín Bermúdez Armenta, conocido como “El Castigador” y cuyas víctimas identifican como violador.

En el apartado de violencia sexual, el informe señala que en la Ciudad de los Niños, el cura pederasta organizaba reuniones con seminaristas, trabajadores y amigos y les ofrecía a las adolescentes como una práctica de explotación sexual:

“El padre Pedro, cuando toma lleva a sus amistades para que lo acompañen a tomar (…) una de mis [familiares] salió embarazada”. ‘A ver traigan a las muchachas’, y ahí llegan todas, (…) haz de cuenta que son las prostitutas, fue lo que yo les dije a las del DIF [Salamanca], yo me enojé mucho con ellas”, señala uno de los testimonios.
Y otro más: “Cuando Martín las violaba que se las llevaba ahí para el cuarto en donde está el mariachi, que ahí ensayan los mariachis, ellos mismo que tocan en un grupo, como mariachis” (…) “Tenían relaciones con ellas inclusive a veces las dejaban salir para afuera a la ciudad o algo así. (…) Hay una vecina aquí que (…) se crió ahí con el padre Pedro, esta media trastornada también, entonces este estaba terca siempre de que ‘Llévelas con el padre Pedro’ (…) y cuando salió que estaba embarazada le dijo (…)”.

A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.

Muestra de los relatos donde se evidencia la omisión en el acceso a la justicia es lo que narra una víctima, que señala haberse presentado en más de una ocasión al área de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, dicho de la siguiente manera: “(…) Todo lo que han violado esto y el otro yo le hable a la gente allá por la Papaloapan, también les dije oigan de La ciudad del Niño me dicen ‘¡Nombre señora si aquí ha habido muchos casos! (…) han traído a niños violados y niñas’ pero no hacen nada, por eso ya es tiempo”.

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