Hasta los dientes, el documental que te demuestra que en México nadie está a salvo

Ixchel Cisneros/Cencos

Hasta los dientes

Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES.

Iban armados HASTA LOS DIENTES. Eso dijeron los militares, y por eso los mataron. La verdad: eran dos estudiantes que se quedaron tarde en la escuela. Era marzo de 2010.

Tras una persecución en la capital de Nuevo León, entre el Ejército y un supuesto grupo de criminales, las Fuerzas Armadas llegaron a la entrada del Tecnológico de Monterrey y sin ningún protocolo entraron y comenzaron a disparar.

Video: Noticias 22 vía YouTube

Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso eligieron mal el día para salir después de las 12 de la noche de la institución donde estudiaban, o por lo menos eso cree la autoridad. Estos dos estudiantes de excelencia caminaron a la salida como siempre lo hacían y fueron recibidos a balazos. Ahí, justo en la entrada de su escuela murieron.

Pero la impunidad en este caso fue mucho más allá, pues no únicamente el Ejército los había “confundido” con criminales, sino que tras haberlos asesinado, los integrantes de las fuerza del orden alteraron las pruebas, les sembraron armas y mintieron al llamarles criminales. Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaban el abatimiento de dos miembros del crimen organizado que iban armados HASTA LOS DIENTES y por eso merecían ser fulminados.

Como sucede mucho en este país, desde que Felipe Calderón inició SU guerra contra el narco, estos jóvenes fueron criminalizados y señalados como delincuentes y el Tec de Monterrey fue cómplice. Sí, esa escuela que dice siempre poner en alto los valores y el respeto, le mintió a la familia de estos alumnos, les ocultó el hecho y después les dio la espalda.

Han pasado ya ocho años y esta historia se ha repetido en miles de ocasiones; el gobierno les llama víctimas colaterales y muchas veces les señala como criminales pero son personas –en su mayoría jóvenes- que no debieron morir.

 

El caso de los estudiantes del Tec en 2010 nos demuestra que en México nadie está a salvo. (Foto: Proceso)

Para nosotros como sociedad es más fácil hacernos de la vista gorda y creer la versión de la autoridad y en ocasiones hasta señalarlos también: “eran malandros”, “merecían la muerte”, “eso les pasa por juntarse con la gente equivocada”. Y, ¿qué pasaría si esos jóvenes fueran tus hijos o hijas? ¿o tú misma? Tu familia tendría que lidiar, además de con el asesinato de un ser querido, con los señalamientos, con las miradas de repudio.

Este país está podrido, sí, pero mucho tenemos que ver nosotros al fomentar este discurso de odio, al no exigir el cese de la violencia, al no pedir que se mejores las policías civiles y se regrese a los cuarteles a las fuerzas armadas, será lo que sea pero ellos están entrenados para matar y lo han demostrado.

Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES, donde el director Alberto Arnaut cuenta la historia de Javier y Jorge. De cómo fueron torturados y asesinados por los militares dentro de su propia escuela. 

El 7 de septiembre se estrena en 400 salas en todo el país, ojalá puedas ir a verla y no, únicamente por apoyar al cine mexicano sino para que te des cuenta por qué muchos pedimos que el ejército y la marina regresen a sus cuarteles, por qué pedimos una #SeguridadSinGuerra.

Publicado en culturacolectiva.com

Sexto Informe: subió la violencia pese a gasto histórico, y no hay policías en más de 600 municipios

Redacción/Animal Político

El gobierno de Enrique Peña Nieto advierte que no hay condiciones para prescindir del apoyo militar en seguridad pública, en los próximos años.

Facebook Secretaría de la Defensa Nacional

El Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoce el retroceso en el combate a la violencia en el país. Mientras los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado, hay otros delitos graves donde el avance es mínimo o inexistente.

Esto, pese a que el gasto en seguridad ya sobrepasó a los de las anteriores administraciones.

Y aunque el documento niega que el país se encuentre en una “crisis generalizada” de inseguridad, sí reconoce que en el 83 por ciento de los municipios hay menos de 50 policías.

De hecho, hay más de 600 municipios en México sin un solo agente. De ahí que el gobierno considere imposible prescindir del apoyo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública para los próximos años.

De acuerdo con los datos plasmados en el informe, durante 2017 la tasa de homicidios dolosos en el país fue de 20.5 casos por cada cien mil habitantes, superior a la del último año del sexenio pasado (2012), que fue de 18.3 asesinatos.

Aunado a esto, el informe destaca que delitos como los robos en carretera con violencia crecieron de 2.1 casos por cien mil habitantes en 2012, a 3.3 casos en 2017.

Los robos con violencia en general, tuvieron un descenso mínimo al pasar de 191 casos a 188 por cien mil habitantes, en el referido periodo. Los secuestros bajaron marginalmente. de una tasa de 1.2 a 0.9 casos.

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PGR presenta recurso de revisión contra fallo de reabrir el caso Tlatlaya

Redacción/La Jornada

Foto: Especial

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juzgado 14 de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, que encabeza el juez Érik Zabalgoitia Novales, en la cual ordenó reabrir el caso Tlatlaya, y ahora corresponderá al noveno tribunal colegiado del primer circuito revisar la resolución y ratificar o modificar el criterio judicial.

En días pasados la organización defensora de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el juez Zabalgoitia ordenó la reapertura del caso Tlatlaya, a fin de que se corrijan las omisiones cometidas en su investigación y profundice la responsabilidad que pudo tener la cadena de mando en la presunta orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

La madrugada del 30 de junio de 2014, un grupo de soldados presuntamente repelió una agresión de un grupo de hombres armados que se encontraban dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya. 

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PGR acumula pruebas contra el Ejército en caso de desaparición, y hallan su rastro en dos cuarteles

Paris Martínez/Animal Político

El ingeniero Francisco Herrera fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en 2015; sus teléfonos registraron actividad en coordenadas que corresponden exactamente con la ubicación del Campo Militar Número 1.

Facebook Sedena

La mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera, entonces de 39 años, fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por al menos dos vehículos que lo encajonaron en una avenida y lo obligaron a parar la marcha.

Tal como registraron las cámaras del C4 de la ciudad, de uno de esos autos descendió al menos una persona, que abordó la camioneta del ingeniero Herrera, y luego los tres vehículos partieron, ya con el ingeniero bajo “privación ilegal de la libertad”, para luego perderse, tal como señalan las averiguaciones previas que por separado iniciaron tanto la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, el mismo día de los hechos, como la Procuraduría General de la República, un mes después.

Desde entonces, el paradero del ingeniero Francisco Herrera (empleado de una empresa productora de papel, recién separado, que habitaba en una casa de interés social con una cama y una mesa de plástico como únicos muebles) es desconocido.

Aunque los indicios acumulados en los tres años y medio transcurridos desde el rapto apuntan a un presunto responsable, paradójicamente, las mismas averiguaciones previas emprendidas (a las que Animal Político tuvo acceso) evidencian omisiones y actos dilatorios por parte de la autoridad investigadora hacia el presunto involucrado, que es el EjércitoMexicano.

El rapto

Al mediodía del 24 de febrero de 2015, al no tener noticia del ingeniero Francisco Herrera, y al no lograr contactarlo en ninguno de sus dos teléfonos celulares, su familia comenzó a rastrearlo a través del servicio de geolocalización de su teléfono celular, que ubicó las instalaciones del 15 Batallón de Infantería, de Tampico, como último punto en donde su teléfono celular se había activado.

Tal como indicaba el rastreador GPS, el aparato se había activado dentro del cuartel militar a las 9:35 horas del 24 de febrero, es decir, alrededor de dos horas después de que el ingeniero fue raptado.

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Como en 1997, Las Abejas de Acteal oran por la paz en medio de amenazas

Por Redacción/Animal Político

La comunidad de Acteal, en Chiapas, se reunió el pasado sábado 5 de mayo para realizar una jornada de oración por la paz debido a los hechos violentos que han ocurrido recientemente en esa comunidad y que continúan vigentes.

La violencia armada se acercó una vez más a Acteal, la comunidad tsotsil del municipio de Chenalhó, en Chiapas, donde un ataque a la organización católica Las Abejas hace 20 años dejó un saldo de 45 personas asesinadas.

De acuerdo con lo denunciado por esa organización, el pasado 21 de abril por la noche su comunidad sufrió una agresión en la que fueron usadas armas de fuego. Tiros al aire. Y esos hechos, por tratarse justamente de Acteal, encendieron todas las alarmas.

Las personas armadas estarían ligadas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) actual partido político en el poder en el municipio de Chenalhó, según los integrantes de Las Abejas.

La violencia ahuyenta de México al turismo, y su valor reporta su mayor caída desde 2009, dice Inegi

Por Redacción/Sin embargo

La ola de violencia generada en México el año pasado, junto con los sismos de septiembre pasado, hicieron que el turismo –una de las tres principales actividades económicas y fuente de divisas del país– cayera en el tercer trimestre de 2017.

De julio a septiembre de 2017, el consumo de los turistas tanto extranjeros como nacionales cayó 1.9 por ciento, mientras que el Indicador Trimestral del PIB Turístico disminuyó 2.23 por ciento, la caída más pronunciada desde el segundo trimestre de 2009.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– De julio a septiembre de 2017, el consumo de los turistas tanto extranjeros como nacionales cayó 1.9 por ciento, mientras que el Indicador Trimestral del PIB Turístico disminuyó 2.23 por ciento, la caída más pronunciada desde el segundo trimestre de 2009, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México es en la actualidad el octavo país más turístico del mundo al registrar 35 millones de viajeros internacionales en 2016, según el listado de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

En términos de divisas, supuso un ingreso de 19.571 millones de dólares.

La ola de violencia generada en México el año pasado junto con los sismos de septiembre hicieron que el turismo, una de las tres principales actividades económicas y fuente de divisas del país, cayera en el tercer trimestre de 2017.

En agosto del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje para sus ciudadanos y en ella agregó restricciones respecto a viajes y condiciones de seguridad en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no pudo evitar que la ola de violencia invadiera también las principales las zonas turísticas del país. El acecho de la inseguridad sobre éste sector, que aporta el 9 por ciento del PIB, se da en medio de la especulación sobre los futuros ingresos económicos de México debido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos.

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Peña puede enmendar un “error de dimensiones históricas”: Por México Hoy

Xinhua / Francisco Cañedo

Por Redacción/Proceso

Las solicitudes para que el Ejecutivo vete la recién aprobada Ley de Seguridad Interior siguen llegando a Los Pinos. Esta vez la petición fue realizada por la organización Por México Hoy, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.

En un comunicado, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza la facultad que le otorga la Constitución y “observe” la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión.

Peña tiene en sus manos la posibilidad de enmendar un “error de dimensiones históricas”, subrayó.

Y exigió que se convoque a un diálogo nacional para debatir las propuestas y observaciones de organismos nacionales e internacionales sobre esa legislación.

De acuerdo con la organización, deben encontrarse alternativas para hacer frente a la inseguridad y la violencia, sin menoscabo del Estado de Derecho y con estricto apego a los derechos humanos, ya que, advirtió, esto no puede ser una coartada para el restablecimiento del autoritarismo.

De igual manera, recordó que el pasado viernes 8 el jefe del Ejecutivo pidió al Senado de la República abrir espacios de diálogo con la sociedad civil para escuchar las distintas voces antes de tomar una decisión.

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Las 14 razones de la ONU para rechazar la Ley de Seguridad Interior

Foto: Facebook EPN

Por Redacción/Animal Político

El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta al Senado de la República para pedir que no sea aprobada la Ley de Seguridad Interior.

En la misiva, entregada el pasado lunes a la Cámara Alta, la ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la Minuta, pues, “entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país”.

Este es el análisis de los 14 rubros de la Ley de Seguridad Interior sobre los cuales ONU-DH muestra mayor preocupación, y por los cuales pide frenar la aprobación de la Minuta:

1. Ambiugüedad de conceptos

La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.

De igual forma, los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos.

2. Violación al principio de necesidad

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión (artículo 11, fracción I).

Asimismo, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior (artículos 4, fracción I y 26), los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas (artículo 4, fracción III). Al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios.

3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas

a) La legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas (Artículos 4, fracción I y IV, 11 y 20).

b) Las “Fuerzas Armadas” podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por lo que el carácter habilitante de la Declaratoria desaparece (Artículos 6 y 26). Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar “a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” no establece ningún límite espacial o material y declara estas acciones con carácter permanente.

c) La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos, facultándolas para preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos (artículo 27). Sin embargo, no existen reglas claras sobre la intervención de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, con las responsabilidades que esto conlleva en el marco del procedimiento penal.

d) El artículo 28 establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la habitual que deberían desarrollar, especialmente cuando se ha señalado reiteradamente que la formación y adiestramiento militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.

4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar

a) Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley -según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación- tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales.

b) Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones (artículo 20, fracciones I y III; artículo 21; artículo 22).

c) La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil.

d) El protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un “comandante”, esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas. Dichos protocolos establecerán las “responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles” (artículo 20, fracción II). Debería corresponder a la autoridad civil la elaboración de los protocolos de actuación.

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CNDH advierte sobre riesgos de transgresiones a derechos con Ley de Seguridad Interior

Foto: Facebook Enrique Peña Nieto

Por Redacción/Animal Político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.

La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.

En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad:

“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.

Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.

La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.

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