En sexenios de FCH-EPN, acreditadas casi mil víctimas de graves violaciones a DH por parte de militares y PF

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La guerra a las drogas iniciada por el gobierno de Felipe Calderón y prolongada por el de Enrique Peña se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos de al menos 929 personas a manos elementos de las fuerzas federales, en su mayoría del Ejército y la Marina.

Foto: Miguel Dimayuga/Proceso

Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas entre 2006 y 2017 señala que se trata de víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada, considerados graves violaciones a la dignidad humana.

Además, están documentadas detenciones arbitrarias y violación al derecho de propiedad por los robos y/o daños causados a las casas al momento de las detenciones de las víctimas.

En siete de cada diez casos, los responsables fueron integrantes del Ejército o la Marina. El resto fueron atribuidos por la CNDH a efectivos de la Policía Federal, señala el reporte “Huellas Imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México 2006-2017”.

Las unidades del Ejército con mayor ocurrencia de esos hechos fueron los regimientos 2º y 20º de Caballería motorizada y el 33º Batallón de Infantería. En la Marina, el 7º Batallón de Infantería de la 3ª Zona Naval y otro de la 1ª Zona Naval, de la 1ª Región Naval.

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ONG critican Guardia Nacional de AMLO: En 12 años, la militarización no redujo la violencia, dicen

Redacción/Animal Político

Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.

Foto: Facebook lopezobrador.org.mx

Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.

En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.

Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.

“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.

Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.

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En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura sexual de las autoridades: informe

Redacción/Animal Político

El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.

Imagen: http://centroprodh.org.mx

En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años. 

Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.

Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.  

La tortura sexual desde la detención

El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sobrevivido tortura sexual.

Bajo este panorama, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe “Mujeres con la Frente en Alto” en el que se analiza el nivel de incidencia de la tortura sexual en México, la respuesta del Estado ante la problemática, y se presentan las recomendaciones a seguir para combatirla.

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La Guardia Nacional no es la vía: Programa de Seguridad Ciudadana IBERO

Ernesto López Portillo/ibero.mx

  • Ernesto López Portillo, experto en seguridad y coordinador de este programa universitario, afirma que la militarización no construye seguridad sostenible
  • La vía correcta es la seguridad ciudadana, que concilia la seguridad y los derechos humanos a través de políticas públicas
Foto tomada de El Sol de León

Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO hemos observado con atención dos trascendentes acontecimientos sucedidos apenas. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba la inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior, entre otros motivos porque regularizaba la intervención militar en tareas de seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador, en sentido contrario, anunciaba la creación de la Guardia Nacional cuyo impulso va incluso más allá, no sólo regularizando esa intervención, sino además institucionalizando el mando operativo militar sobre el civil en tareas policiales.

La Corte acumuló los suficientes votos para invalidar la Ley sesionando los días 13 y 15 de noviembre y fue el 14 cuando el presidente electo presentó su llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad. La coincidencia en el tiempo es sorprendente y buscaremos si detrás de ella hay decisiones políticas intencionales para que así sucediera –eso será materia de otro análisis–.

En el Programa celebramos la decisión del máximo tribunal y lamentamos la del próximo Ejecutivo Federal. Ambas tienen enorme relevancia. La Corte dijo no a la militarización de la seguridad pública mientras López Obrador dice sí. Debido a que el documento presentado por éste no es en estricto sentido un plan, ya que no incluye una definición sólida de los problemas –con evidencia empírica suficiente de soporte- y tampoco presenta una ruta de tránsito desde esos problemas hacia las soluciones –los ‘cómos’-, tanto la creación de la Guardia Nacional como todos los demás temas del llamado Plan esperan una explicación que sí alance los estándares mínimos de una política pública.

Mientras eso sucede, en todo caso la decisión del próximo gobierno federal desdice la oferta que el entonces candidato López Obrador reiteró, cuando expresa y acertadamente se postuló en contra del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública: “No se puede apagar el fuego con fuego“, expresó. Sin embargo, luego de su triunfo vinieron los tumbos protagonizados por el propio presidente electo y Alfonso Durazo -próximo secretario federal de seguridad-, quien dijo varias veces que no habría, al menos por ahora, Guardia Nacional.

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EPU2018: La Ley de Seguridad Interior, en el ojo de las naciones que examinarán a México en Ginebra

Redacción/Animal Político

Para el Examen Periódico Universal, Suiza cuestionó a México sobre si la Ley de Seguridad Interior va conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.

Foto: commons.wikimedia.org/Miguel Sierra

La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017, será uno de los temas sometido al escrutinio internacional el próximo 7 de noviembre, cuando se realice el Examen Periódico Universal (EPU) de México en Ginebra, Suiza.

En los documentos a los que tendrán acceso las naciones de la ONU para dar recomendaciones a México sobre la situación de Derechos Humanos en el país, se incluyen los señalamientos de mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones ciudadanas en contra de dicha Ley, que permite al presidente mexicano ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, por un tiempo determinado, cuando se identifiquen “amenazas” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes.

Suiza, por ejemplo, ya adelantó que cuestionará a México sobre si esa ley va conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, en aspectos como las facultades que otorga al Ejército para recabar información de inteligencia, y el uso de la fuerza ante protestas públicas.

“Es un tema importante, y desde luego la recomendación nuestra es derogarla. Esa ley, muchas de sus disposiciones, abiertamente violan las obligaciones internacionales del Estado”, dijo de cara al EPU Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, que forma parte del #ColectivoEPUmx.

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Documenta CNDH caso de tortura de Ejército

Redacción / Reforma

Foto: commons.wikimedia.org/Miguel Sierra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó un caso más de detención arbitraria y tortura cometida por elementos del Ejército y la Policía Federal.

Al informar sobre la emisión de la Recomendación 35/2018, dirigida a los titulares de ambas instituciones de seguridad, la CNDH explicó que conoció del caso gracias al aviso de un Juzgado de Distrito.

La víctima refirió que fue detenido en un retén militar cuando viajaba junto con su novia de Monterrey, Nuevo León, hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Supuestamente fue llevado a un cuartel militar, donde lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo asfixiaron con una bolsa de plástico, tras lo cual fue trasladado a la Ciudad de México, donde el Ministerio Público federal le inició un proceso por delitos contra la salud y portación de armas exclusivas del Ejército.

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Declaraciones de Sedena sobre 68 son una burla y un insulto: sobrevivientes

Marcha 2 de octubre 1968

Redacción / El Universal

Marcha 2 de octubre 1968
Foto: Cencos

Líderes del Comité 68 y ex presos políticos del omvimiento estudiantil calificaron de “burls”, “insulto” y un hecho “indignante” el que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) afirme que en el movimiento estudiantil del 68 el Ejército actuó con respeto a los derechos humanos y protegió a la población, puesto que en Tlatelolco ocurrió un genocidio y muchos de los estudiantes arreestados fueron torturados.

Félix Lucio Hernández Gamundi, líder del Comité 68 y ex delegado ante el Consejo Nacional de Huelga (CNH) por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), afirmó que el Ejército violó derechos humanos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco al disparar contra una reunión pacífica y señaló que los expedientes que entregó al Archivo General de la Nación (AGN) son “basura”.

“Se violaron derechos humanos porque estábamos en una manifestación pacífica y las balas vinieron del Ejército en lo que fue un genocidio, delito que no prescribe. De los miles que fuimos detenidos, ni uno fue acusado de posesión de armas, declarado que hubiera disparado en el acto, ni antes ni durante la asamblea. El Batallón Olimpia actuó contra la población vestidos de civiles, lo cual es ilegal. Debe de haber partes por escrito: los militares no ordenan por palabra. Lo que declaran a EL UNIVERSAL de que entregaron todos los expedientes al AGN no es cierto, lo que dieron fue basura”.

Gilberto Guevara Niebla, ex delegado ante el CNH por la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue uno de los estudiantes que participó en la negociación con los representantes del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, después en Tlatelolco fue detenido y posteriormente torturado.

Exigen padres de los 43 investigar al 27 batallón de infantería

Redacción / La Jornada

Foto: Paola Ramos / Cencos

Iguala, Gro., Este jueves, al cumplirse cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, padres de familia demandaron que se investigue a los elementos del 27 batallón de infantería; consideraron que la orden de liberar a ocho presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, entre ellos Gildardo López Astudillo, El Gil, fue resultado de la mala integración del expediente por la Procuraduría General de la República (PGR).

Entrevistado ayer durante un mitin en Iguala, Melitón Ortega, vocero de los padres de los desaparecidos, dijo que familiares de los normalistas se acababan de enterar que ocho de los detenidos por el caso Ayotzinapa serían excarcelados, lo que el portavoz atribuyó a que la PGR armó un expediente con muchas irregularidades. Se pretende liberarlos sin responsabilidades, consideró.

Recordó que ninguno de los detenidos fue encarcelado por la desaparición forzada de los estudiantes, sino por secuestro, por eso para nosotros fue clara la estrategia del gobierno para simular que está castigando a los responsables, y esa es una muestra de que no tiene interés de llegar a la verdad.

En Palmarito, el Ejército sembró pruebas a cadáveres de inocentes y también a presuntos huachicoleros

Redacción/Animal Político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves, con acciones como la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes, y el atropellamiento de dos civiles.

A un año y cuatro meses del enfrentamiento entre huachicoleros y fuerzas de seguridad en el poblado de Palmarito, que dejó seis civiles y cuatro militares muertos, además de decenas de personas lesionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante este operativo, entre las que destacan la ejecución extrajudicial de dos personas, la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes para justificar sus asesinatos, la aprehensión de personas contra las que se formularon falsas acusaciones, y el atropellamiento de dos civiles, uno de ellos menor de edad.

De hecho, las irregularidades cometidas por ambas fuerzas de seguridad durante y después del enfrentamiento llegaron a grado tal que la CNDH halló pruebas de que se sembraron evidencias no sólo en inocentes, sino también en los cuerpos de presuntos huachicoleros que fueron abatidos.

Las imágenes de cámaras de seguridad recabadas durante la investigación de Derechos Humanos confirmaron que, ese 3 de mayo de 2017, vigilantes del cuerpo de seguridad interno de Pemex reportaron un punto de extracción clandestina de hidrocarburos en Palmarito, por lo que un grupo de 16 militares se dirigió a la zona, en donde sostuvieron un enfrentamiento con los integrantes de una camioneta pick up que les cerró el paso.

En ese lugar cayó muerto el primer civil. Según los peritajes realizados, a esta persona le dispararon por la espalda.

Según la reconstrucción de hechos realizada, luego de este enfrentamiento, la patrulla militar emprendió la retirada, dividida en dos grupos, ambos perseguidos por civiles armados.

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