Ordenan al ejército no destruir documentos del Caso Ayotzinapa

Imagen: Twitter @CentroProdh

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El poder Judicial ordenó al ejército mexicano abstenerse de «destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información» sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras otorgar la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo interpuesto por los padres y madres de los estudiantes, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los padres y madres de los 43 promovieron el amparo el pasado 15 de agosto luego de que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comprobó que «el ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia», lo que viola el derecho a la verdad de los familiares.

De acuerdo con el Centro Prodh, los padres y madres pidieron como medida cautelar que se ordenara la preservación de la información con la expectativa de que, cuando se resuelva de fondo el amparo, se ordene la entrega de la documentación completa.

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Persiste impunidad en casos de desaparición, acusa Tita Radilla

Foto: Twitter @CMDPDH

 

Jared Laureles/La Jornada

La impunidad en la que han permanecido casos como el de Rosendo Radilla Pacheco, durante 50 años o más, es lo que ha provocado que la desaparición de personas siga ocurriendo, señaló Tita Radilla, hija del luchador social detenido ilegalmente por el Ejército en 1974.

La activista visitó ayer la Glorieta de las y los Desaparecidos y en la valla metálica que la rodea pegó un mosaico de hojas que conformaron la fotografía de su padre, a 49 años de su desaparición forzada en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en un momento de represión que se dio en la década de los 70 en contra de la población indefensa de esta comunidad.

Familiares de víctimas de desaparición también hicieron lo propio y junto a la imagen de Radilla Pacheco colocaron otros nueve carteles de víctimas de desaparición en Guerrero.

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“Es imposible continuar el trabajo”: GIEI deja caso Ayotzinapa y denuncia obstáculos de militares en la investigación

Imagen: Twitter @GIEIAYOTZINAPA

 

Manu Ureste/Animal Político

Los integrantes del GIEI señalaron un ocultamiento sistemático de información, lo que está impidiendo llegar a la verdad del caso Ayotzinapa. Esto, pese a que el presidente López Obrador instruyó al Ejército a que abriera toda la documentación disponible.

“No hemos podido dar todas las respuestas a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa porque no hemos tenido acceso a toda la información existente por parte de las autoridades. Y para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar? Se necesita información para llegar a la verdad y a la justicia”.

Con este reclamo, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dieron por finalizada su estadía en México investigando la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la presentación este martes del sexto y último informe del GIEI, que llegó al país en 2015, Beristain y Buitrago denunciaron que ha habido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un ocultamiento sistemático de información en el caso, lo que está impidiendo llegar a la verdad de lo sucedido con los normalistas. Esto, a pesar de que el presidente López Obrador instruyó al Ejército para que abriera toda la documentación del caso.

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Ver último informe del GIEI

Ejército mexicano espió con Pegasus a dos personas defensoras de derechos humanos del Centro Prodh

Article 19 MX-CA

  • Dos personas integrantes de la organización de derechos humanos fueron espiadas entre junio y septiembre de 2022 en coyunturas que involucran a las Fuerzas Armadas.
  • La nueva evidencia técnica aportada por Citizen Lab demuestra que el Centro Prodh ha sido atacado bajo los últimos dos gobiernos.

Ciudad de México 18 de abril de 2023.- El análisis forense que elaboró el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló la infección con el malware Pegasus de los dispositivos móviles del director y coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los ataques constatados por Citizen Lab fueron detallados en el informe “Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la Impunidad y la militarización propiciaron la repetición del espionaje”, elaborado por las organizaciones responsables de la investigación #EjércitoEspía —Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC— en colaboración con el Centro Prodh.

Además, el 15 de diciembre de 2022, las dos personas del Centro Prodh recibieron un correo electrónico proveniente de Apple y dirigido a su cuenta en iCloud. La empresa les notificó que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiadas ilegalmente con Pegasus presumiblemente por el Ejército, que de acuerdo con la información dada a conocer por medios, es la única institución que actualmente cuenta con Pegasus. Los casos revelados en 2022, permanecen en la impunidad.

El análisis forense reveló que las infecciones ocurrieron entre los meses de junio y septiembre de 2022. La primera infección documentada ocurrió el miércoles 22 de junio y afectó el teléfono del director del Centro Prodh. La fecha coincide con el evento organizado en el Campo Militar No. 1, como parte de las actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia. Cabe destacar que el Centro Prodh acompaña ante instancias nacionales e internacionales a familiares de víctimas de ese periodo.

Al día siguiente, el jueves 23 de junio de 2022, el Ejército infectó el dispositivo de la coordinadora del área internacional del centro. Ese día se desarrolló una audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, en la que se abordaron los casos de Ayotzinapa, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, y la familia Barajas de Guanajuato.

El director del Centro Prodh volvió a ser atacado con Pegasus el 13 de julio de 2022. La infección del dispositivo ocurrió dos días antes de la revelación de un documento interno del área de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) —filtrado por el colectivo hacktivista Guacamaya—. Dicho documento revela el interés de las fuerzas armadas para dar seguimiento a las declaraciones de las autoridades religiosas vinculadas con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui. El Centro Prodh acompaña el proceso legal y de incidencia de este caso.

Los otros ataques se dieron en septiembre de 2022. El primero de ellos, sucedió el 24 de septiembre, un día después de la protesta de normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa afuera del Campo Militar No. 1.

En ese contexto, también se dieron diversos hechos relacionados con el trabajo de defensa de derechos humanos y asesoría legal que brinda el Centro Prodh: la filtración de información testada del informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia (COVAJ), la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares implicados en el caso, y la renuncia del Fiscal Especial por la intromisión del Fiscal General.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2022, el Ejército volvió a infectar con Pegasus el teléfono de uno de los defensores del Centro Prodh. Ese día fue la presentación del IV Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, a la que integrantes de la organización acudieron como representantes de las familias.

Entre junio y septiembre del 2022, cabe subrayar, el Centro Prodh realizó múltiples denuncias públicas sobre el fracaso de la política de seguridad y especialmente sobre los riesgos de la militarización.

El análisis del Citizen Lab revela que integrantes del Centro Prodh han sido atacados con el malware Pegasus en dos sexenios distintos: durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de junio de 2017, la investigación Gobierno Espía reveló el espionaje con Pegasus en contra de 12 periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre ellas, tres integrantes del Centro Prodh. Pese a las denuncias interpuestas ante la FGR, los casos no han sido esclarecidos, mostrando las consecuencias que tiene la impunidad en la repetición de los hechos.

El espionaje ilegal cometido por el Ejército a integrantes del Centro Prodh, en contextos de exigencia de verdad y justicia por abusos castrenses, confirma las consecuencias de la profundización de la militarización que actualmente vive el país.

Ante estos lamentables hechos, exigimos:

  • El cese inmediato del espionaje ilegal del Ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Que se garantice la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollan investigaciones alrededor de la vigilancia ilegal en México.
  • Una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, profesional y objetiva sobre el reciente espionaje a dos personas defensoras de derechos humanos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el total esclarecimiento de los casos anteriores, denunciados penalmente desde junio de 2017.
  • El establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México cometido en gobiernos anteriores y en el actual, de manera que se garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad que se esconde en los archivos de inteligencia militar y civil del país.
  • Que se garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir liderado por el Congreso acompañado de la sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.

 

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

 

Ver comunicado e informe “Ejército espía. Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la impunidad y militarización propiciaron la repetición de espionaje”

Ver comunicado de prensa del Centro Prodh

Acusan al Ejército de la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Imagen: Twitter @cencos

 

Elefante Blanco/Animal Político

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares atacaron a un grupo de seis jóvenes que salían de un antro. La camioneta en la que viajaban recibió más de 20 disparos y al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimento, según testigos.

Habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusaron a elementos del Ejército de la presunta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares atacaron a un grupo de seis jóvenes que  salían de un antro en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

Los jóvenes fueron identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense , y Alejandro Trujillo Rocha.

La organización sostiene que otro joven de nombre Luis Gerardo se encuentra grave en un hospital privado con al menos dos impactos de bala en su cuerpo.

“La camioneta pick up donde se trasladaban el grupo de jóvenes es una Chevrolet Silverado color blanca misma que recibió más de viente disparos cuando se encontraba en el crucero de Husteca y Méndez. Vecinos del sector aseguran que al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimento”. sostuvo la organización en un pronunciamiento.

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Se invirtió más en el ejército que en refugios para mujeres: Intersecta

Foto: Samantha Bushman/CIMAC

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El gobierno federal mexicano destinó más dinero para los viajes al extranjero de militares que para los refugios de mujeres víctimas de violencia, reveló el informe “Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado?” de la organización Intersecta.

“Los recursos que ejercen las fuerzas armadas y el personal con el que cuentan son mucho mayores que en las instituciones para atender a las mujeres, la desigualdad y a las víctimas de este país”, señala el documento.

De acuerdo con las estadísticas, las fuerzas armadas gastaron 459.9 millones de pesos en viáticos en el extranjero en 2021, mientras que se destinaron 415.9 millones de pesos para el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos”.

Entre los datos también destaca que el presupuesto de la Secretaría de Marina (Semar) en 2021 fue 50 veces mayor que el del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que ascendió a los 727 millones de pesos, y que el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue 183 veces más grande.

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Ayotzinapa, crimen de Estado; el Ejército pudo evitarlo, pero no lo hizo

Imagen: Cencos

 

Manu Ureste/Animal Político

Alejandro Encinas confirmó que entre los estudiantes estaba Julio César López Patolzin, un soldado infiltrado que tenía como misión informar sobre los normalistas. El Ejército no actuó para intentar rescatarlo y frenar el crimen contra los jóvenes.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales. Al exponer el más reciente informe sobre el caso, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición.

“Se acredita plenamente la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, informó Encinas este jueves en conferencia de prensa, para presentar conclusiones de los trabajos que ha realizado la Comisión de la Verdad formada para esclarecer lo sucedido hace casi ocho años.

De acuerdo con el informe, el soldado Julio César López Patolzin tenía la encomienda de infiltrarse en la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes.

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Acá tiene pendientes (Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán); juzguen al General, piden activistas y ONGs

 Sugeyry Romina Gándara/Sin Embargo

Imagen tomada de Sin Embargo

Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del Ejército, que durante los seis años del Gobierno federal a cargo del priista mexiquense estuvo al mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el General Salvador Cienfuegos Zepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército cuando estaba a cargo de dos regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, luego, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración de Enrique Peña Nieto.

El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

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Tribunal ordena reaprehensión de los 7 militares implicados en el caso Tlatlaya; acusan a tres de homicidio

Redacción/Animal Político

Los siete militares habían sido absueltos en 2016 por falta de pruebas; ahora son acusados de uso indebido del servicio público y tres por homicidio.

Foto: Cuartoscuro

A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016 por falta de elementos en su contra. 

La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el delito de homicidio, según informó el diario Reforma.

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A 5 años de la masacre de Tlatlaya, ningún responsable rinde cuentas ante la justicia: Centro Prodh

Tlatlaya

Redacción/Aristegui Noticias

El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública, asegura.

Tlatlaya
Foto: Twitter @CentroProdh

A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En un comunicado, recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.

“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía abatir civiles en horas de oscuridad”.

“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia”, apuntó.

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