**Carta de María Melo Cadena, desde hace 10 años busca a su hermano***
Ciudad de México 21 de octubre de 2019. Mi hermano Matusalén Melo Cadena, junto con Jesús Gonzalo Sainz Inzunza, Florencio Romero Meléndez y Fausto Moisés Morales Bello (todos ingenieros agrónomos), fueron desparecidos el 21 de octubre del 2009, por Policías Municipales de Torreón, Coahuila, cuando se dirigían a su trabajo. El entonces director de seguridad pública municipal Karlo Castillo dijo que los perpetradores habían sido sus muchachos por órdenes de la delincuencia organizada. Este director era un policía federal comisionado, quien a la fecha sigue libre y ha sido ascendido en su cargo.
En abril del 2010 mi papá y yo acudimos a un evento en el que estaría Felipe Calderón Hinojosa entonces presidente de México. Mi papá le pidió ayuda para encontrar a mi hermano y Felipe Calderón se limitó a decir en tono estigmatizador “¿Para qué se fue Matusalén para allá… qué andaba haciendo?”.
A pesar de que a lo largo de estos 10 años he dado seguimiento y aportado información para dar con el paradero de mi hermano y las otras tres personas desaparecidas, así como de los perpetradores, las autoridades han sido omisas y negligentes en su deber: desde Procuradores, subprocuradores de la PGR y ahora FGR, fiscales, coordinadores de área, agentes de ministerio público y policías de investigación, todos se han caracterizado por una sorda escucha y una búsqueda ciega y a tientas. Además, nadie lo ha buscado considerando la posibilidad de que esté vivo.
En algún momento, tras la exigencia de búsqueda en vida, el coordinador de secuestro de SEIDO, Gualberto Ramírez, dijo: “para qué lo busca, de seguro está en las fosas que encontramos en San Fernando”. En otro momento comentó que no quería molestar a los policías involucrados pues “somos compañeros”. Con el Subprocurador Eber Betanzos también tuve diversas reuniones para tratar de empujar las investigaciones sin embargo los “avances” fueron raquíticos.
En algún momento le reclamé a un ex encargado de la fiscalía los muchos compromisos incumplidos, a lo que respondió que aunque hacía acuerdos con el subprocurador, cuando yo cruzaba la puerta la indicación que le daba era otra y por eso no pudo ayudarme. Por las omisiones de SEIDO se perdieron evidencias y, ante mi exigencia, lo que hicieron fue declinar competencia sin notificarme, además de que el ministerio público bloqueó mi número para no recibir llamadas ni mensajes.
Fiscales van y vienen pero pareciera que la orden es la misma: no buscar, no encontrar y no investigar. Ya van varios cambios de nombre de la ahora Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada, pero los vicios siguen siendo los mismos. Cómo esperar un cambio si el discurso y las excusas vienen desde los jefes y se siguen repitiendo hasta la menor escala. En una reunión en este año con la ahora Fiscal de Derechos Humanos de la FGR, uno de sus comentarios fue: “al parecer el tema (de las desapariciones) no es prioritario para esta administración…”. Lo anterior coincide con el desdén que el Fiscal General muestra con las familias y los colectivos, con su ausencia, y los nulos avances de la Fiscalía “especializada” en desapariciones.
Felipe Calderón criminalizó a los desaparecidos, Peña Nieto estuvo ausente del tema, y ahora Andrés Manuel no refleja en la práctica su compromiso con las personas desaparecidas, ni con las familias que los buscamos. Pareciera que la 4T no nos incluye: no avanzan las investigaciones, las búsquedas tampoco, siguen a la 4T los amiguismos, permean los nombramientos oficiales encargados de atender a las víctimas; y el tiempo pasa y no sé en dónde está mi hermano, hoy a diez años de que fuerzas del Estado nos desaparecieron también la capacidad de ser felices. Y, somos decenas de miles de familias con la misma demanda y con los mismos no resultados.
¡FUE EL ESTADO!
Diez años de IMPUNIDAD, SIN VERDAD y SIN JUSTICIA.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El brazo de la delincuencia organizada persigue a desplazados de la comunidad de Monterde, municipio de Guazapares, una población localizada en la Sierra Tarahumara, en los límites con el estado de Sinaloa.
Y es que desde el pasado 12 de octubre se desconoce el paradero de Cruz Soto Caraveo, quien huyó del municipio junto con su familia y otros integrantes de la comunidad, en 2014, después de recibir amenazas de muerte de uno de los grupos delictivos que controlan la Sierra Tarahumara que los habrían despojado de sus tierras para sembrar drogas.
El sábado 12 de octubre, Cruz Soto viajó a Témoris, del municipio de Guazapares. Salió de la ciudad de Chihuahua, donde es apoyado con su familia con una vivienda temporal. Al siguiente, después de reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de gobierno federal, en la presidencia municipal, fue privado de su libertad junto con otro hombre que lo acompañaba.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobierno de Guerrero tomar las medidas necesarias para localizar al dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido desde el pasado viernes 11.
El organismo informó que el lunes 14 solicitó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, seguridad e integridad del activista, visto por última vez cuando salió de su domicilio en Tlapa de Comonfort.
En un comunicado de prensa, la CNDH explicó que al fiscal general “se le solicitó una investigación inmediata de los hechos, tendente a la localización del activista, analizando en todo momento la línea vinculada con las labores de representación y defensa de los derechos humanos que desarrolla en esa región del país”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó su preocupación por la falta de investigación a fondo en el caso de Daniel Ramos Alfaro, presuntamente detenido y desaparecido por militares en 2013.
Lo anterior, ante el eventual “carpetazo” a ese asunto por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el caso de Ramos Alfaro fue notificado en la Acción Urgente 10/2013, sin que hasta ahora se haya esclarecido en el ámbito judicial, en tanto que la CNDH –subrayó–pretende “formular un proyecto de acuerdo de no responsabilidad por violaciones a derechos humanos”.
Organizaciones advirtieron que se necesitan peritos, genetistas, criminalistas, antropólogos sociales, forenses y ministerios públicos, para identificar los restos encontrados en 119 bolsas.
El colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) solicitó ayuda a autoridades federales ante la crisis forense en la entidad derivada de la localización de una fosa clandestina en el Bosque de la Primavera en Zapopan, donde sacaron 119 bolsas con restos humanos.
Mediante un comunicado, el Fundej señaló que se necesita personal capacitado como peritos, genetistas, criminalistas, antropólogos sociales, forenses y ministerios públicos, así como recursos materiales para identificar estos restos.
Indicó que el gobierno del estado no ha emitido ningún posicionamiento, ni ha proporcionado información, por lo que señalan que no cuenta con la capacidad y recursos para enfrentar la crisis forense.
“Por tanto, a todos ustedes como máxima autoridad en la materia en el país les pedimos con el corazón en la mano, no nos dejen solos con este problema”, señaló el colectivo.
El documento está firmado también por la Universidad de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG.
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, recordó que el pasado 30 de agosto, el Juez Samuel Ventura Ramos dictó una sentencia absolutoria en favor de “El Gil”, quien es conocido como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos. “Es un precedente grave, es una sentencia absolutoria, y lamentablemente no es el único caso”, aseguró desde Palacio Nacional.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, alertó esta mañana que más detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa podrían ser liberados y no sólo “El Gil”, Gilberto López Astudillo, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos.
“No solamente esas cinco personas [podrían quedar liberadas], sino las otras 50 personas que actualmente se encuentran bajo proceso y no solamente por el delito de tortura, porque lo que desestimó, el Juez, fundamentalmente, fueron las pruebas que los vinculan con los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ese es el tema fundamental”, dijo en conferencia de prensa.
Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario recordó que el pasado 30 de agosto, el Juez Samuel Ventura Ramos dictó una sentencia absolutoria en favor de “El Gil”, quien es conocido como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Es un precedente grave, es una sentencia absolutoria, y lamentablemente no es el único caso”, aseguró Encinas Rodríguez desde Palacio Nacional.
Asimismo, señaló que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018, se consignaron a 169 personas, de las cuales, se detuvo únicamente a 142, entre las que se encuentran 55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula, y 67 civiles, identificados como presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
El pasado viernes 30 de agosto, en el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades en México para exigir a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos –según cifras oficiales, en nuestro país hay más de 40 mil personas desaparecidas, aunque los colectivos hablan de 100 mil–, la identificación de las más de 37 mil personas y acciones que garanticen que no haya más desapariciones.
En su pronunciamiento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 22 entidades federativas de México y de tres países de Centroamérica– aseguró que en la búsqueda de sus seres queridos han encontrado que las desapariciones no son aisladas, pues cada vez hay más colectivos, más familias, más fosas y más cuerpos sin identificar.
Las familias denuncian que se han encontrado con autoridades indiferentes a su dolor e incapaces de dar respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. A su dolor se suma la indolencia de funcionarios públicos de diferentes instituciones que al no hacer adecuadamente su trabajo imposibilitan que encuentren a quienes están buscando; afirman que muchas veces es únicamente con la ayuda de quienes atraviesan por el mismo dolor que logran avances en sus investigaciones.
“Las autoridades no nos han ayudado en nada. Lo hemos buscado nosotras mismas”
Javier es yerno de Rocío (izquierda) y esposo de Erika (derecha)
El 30 de agosto Erika Elizabeth Mendoza viajó a la Ciudad de México desde Tizayuca, Hidalgo. Está buscando a su esposo, Javier Martínez Benítez, de quien no saben desde el 7 de marzo de este año.
“Él salió a entregar una barbacoa a Tonanitla, Estado de México. Encontraron el carro, pero a él no lo encontraron. No sabemos nada de él, no sabemos por qué se lo llevaron”, dice.
Erika, quien pertenece al colectivo Alondras Unidas, afirma que las autoridades no les ayudado en nada, que no les dan respuesta, y que ellas mismas han tenido que buscar a Javier.
A quienes leen estas líneas les pide que, si ven o saben algo de él, envíen la información.
Javier tiene 29 años y su esposa, junto con sus hijos, le buscan y le esperan. “Sus niños lo necesitan, él sabe que sus niños lo necesitan. Lo seguiré buscando hasta encontrarlo. Sabe él que nos hace mucha falta”.
“Lo hemos buscado en hospitales, en delegaciones, en reclusorios, en todos los lugares que nos ha sido posible”
Fernando Iván Ornelas tiene 21 años. Desapareció el 21 de julio de 2019 en la colonia Ciudad Oriente en Ecatepec, Estado de México. Desde entonces su mamá, Benita Ornelas, lo busca.
“Él salió de su trabajo en Torres de Mixcoac con su jefe inmediato, el señor Mauricio. Es la última persona con la que estuvo mi hijo, y desde la fecha no hemos sabido nada de él”, narra.
Benita cuenta que es la propia familia la que ha buscado a Iván: en hospitales, delegaciones y reclusorios; en Cuernavaca, Michoacán, Puebla y otros lugares. Incluso fueron ellos quienes recabaron la información sobre el último lugar en el que se vio a su hijo. “Hemos obtenido varias videograbaciones… efectivamente, va con el señor Mauricio, pero él refiere que como iba tomado no sabe dónde exactamente dejó a mi hijo”.
Los agentes del ministerio público, denuncia, no los han apoyado. “Yo me imagino que son ellos quienes tenían que haber recabado la información que nosotros como familia hemos hecho. Ellos se excusan de que no tienen carro en qué transportarse, que no tienen armas para defenderse. Y, pues, ¿se imagina usted? Una madre ha ido a distintos lugares a pedir las videograbaciones. Sin armas y sin carro he ido caminando por la localización de mi hijo. Estas personas, que se supone que para eso están o que están recibiendo un salario para cumplir con su trabajo, no lo hacen”.
Benita espera que estas palabras lleguen a Iván: “que sepa que su madre lo está buscando y que no vamos a descansar, toda su familia, hasta dar con él”.
“Nos querían entregar un cuerpo que no era”
Hace tres años a Sonia y a su familia las autoridades quisieron entregarles los restos de una persona que no era su hermano, Javier Oropeza, quien tiene 10 años desaparecido.
“Las autoridades ya no están buscando a las personas con vida. Para ellos ya es más fácil buscarlos en fosas”, denuncia, “a nosotros ya nos habían entregado restos, que nos habían dicho que daban el perfil de mi hermano”.
Sonia narra que un día les hablaron por teléfono para pedirles que se presentaran en la fiscalía, pues habían hallado un cuerpo que concordaban con su perfil genético y que debían ir a reconocerlo.
La familia de Sonia se había unido al colectivo Búscame desde hacía cinco años, y ahí pidieron ayuda: “Gracias a dios, por parte de la fundación vinieron forenses de Italia y de Argentina, vinieron a comprobar los perfiles genéticos y no daba positivo. Eso quiere decir que nos querían entregar un cuerpo que no era”.
Ella y su madre siguen buscando a Javier, quien hoy tiene 36 años. “Mi hermano se fue a trabajar a Piedras negras, Coahuila, ya que él se dedicaba a la venta de botes de pintura. Con él fueron 12 desaparecidos, cuatro de ellos pudieron quedar a salvo ya que fueron a un retén militar y los ayudaron. Lo que ellos comentan es que llegó gente uniformada con trajes de la policía federal y se los llevaron”, narra.
Sonia llama a todas las personas a que se saben algo de alguna persona que se encuentra desaparecida, lo hagan saber. “Hoy somos nosotros los que buscamos, tal vez serán mañana ellos”. Y reitera que lo único que piden es justicia para que no siga desapareciendo más gente.
“La PGR no ha hecho bien la investigación, no la hizo en su momento y ahorita ya no es tiempo”
El papá de Marina Quezada, Jaime, fue secuestrado el 24 de octubre de 2016. Desde entonces está desaparecido: no hay nada sobre él, ninguna pista, ni rastros, ni detenidos.
Marina narra que su papá fue interceptado saliendo de su trabajo. Dejaron su coche cerca de la casa y posteriormente se comunicaron con su hermano para decirles que Jaime estaba secuestrado. La negociación, recuerda, duró 10 días y estuvieron asesoradas por la policía federal. Después de pagar el rescate no volvieron a tener noticias de su padre.
No sabemos cómo lo interceptaron, porque la PGR no ha hecho bien la investigación. No la hizo en su momento y ahorita ya no es tiempo, denuncia. Asegura que su familia presentó la denuncia correspondiente desde el primer día, pero que el ministerio público no hizo nada y que incluso cuando pedían información éste les preguntaba si en verdad era urgente verlos.
“Hablamos con el fiscal y le dijimos que no estábamos a gusto con el ministerio público. Nos lo cambiaron, pero después de ocho meses, cuando ya se había perdido todo ese tiempo en el que no se hizo absolutamente nada. El nuevo ministerio empezó a trabajar, haciendo cosas que tenía que hacer el otro, pero ya no había nada, porque las pistas se habían ido completamente”.
Asegura que las dos o tres líneas de investigación que han tenido no han dado resultados porque cambian a los policías y a los fiscales. Es un comenzar una y otra vez, lo que al final no lleva a nada.
“Lo único que pido a las autoridades es que si ellos no pueden contra los delincuentes, por lo menos que nos ayuden en la búsqueda, que de verdad se humanicen y de verdad se metan en su trabajo; que hagan lo necesario para encontrar a la gente que está desaparecida, porque es mucho sufrimiento, tanto para los que no están como para los que estamos buscándolos”.
Marina, originaria del Estado de México, cuenta que Jaime hoy tendría 62 años: se lo llevaron de 59. “Va a ser una lucha incansable. Yo voy a seguir hasta el último momento, yo lo quiero encontrar. Sé que a lo mejor no está vivo, no pierdo las esperanzas, pero lo quiero encontrar como sea. No me interesa quién lo hizo, no me interesa por qué razón lo hicieron, yo quiero encontrar a mi papá”.
“Buscaba a mi hijo, pero tiene un mes que lo encontré”; Gonzalo Garduño estaba en el semefo
Trinidad Núñez y su esposo buscaron a su hijo Gonzalo durante poco menos de dos años. Hace un mes lo encontraron en el servicio médico forense de Hidalgo. “No nos daban razón, nosotros preguntábamos qué comunicación tenían con los semefos, ellos decían que sí la tenían, y nosotros lo encontramos… llegamos a una entrevista ese día a que nos enseñaran carpetas: el 22 de julio lo encontramos, tenía casi un año en el semefo de Hidalgo”.
La señora Trini dice que fue gracias al Colectivo Uniendo Esperanzas que encontraron a su hijo, luego de muchas jornadas de salir a las calles a repartir volantes. “Estamos molestos, porque cómo es posible que la autoridad tenga muchos cadáveres y no den aviso a sus familiares. Prefieren tenerlos ahí. No saben qué dolor le causan a uno de no saber”, reclama.
A Gonzalo Garduño se lo llevaron de Ecatepec el 10 de diciembre de 2017. “Desde ahí fue nuestra angustia, nuestra lucha con las autoridades… Él salió, nos dijo que regresaba como a las ocho de la noche y ya no regresó. Después nos hablaron, que lo tenían y que querían una cantidad. Se juntó y se dio, pero no hubo regreso de él”.
Lo que han vivido es, en palabras de doña Trini, una lucha que nunca va a tener respuestas: a por qué se lo llevaron, a qué se lo llevaron; si ya tenían el dinero, por qué no lo soltaron. Según el informe, las autoridades recogieron el cuerpo de Gonzalo apenas seis horas después de que lo asesinaran, pero estuvo en el servicio médico forense durante meses.
El reclamo es para las autoridades: “no tienen ni tantita dignidad de ver carpetas ni de ver a quién recogen”, asegura. “Cuántas madres no están en este dolor, que nunca se le va a terminar a una, y pueden tenerlos ahí (en los semefos) y ellos dicen que no, que no están”.
“La tuvieron un mes en el forense y la mandaron a la fosa común”
La señora Nancy Márquez también buscaba a su hija, Zaira Campos Márquez.
Ella fue desaparecida el 18 de febrero de 2016 y pasaron tres años para que su familia pudiera encontrarla, en mayo de este año. “La encontraron en la carretera México-Puebla en 2016, la tuvieron un mes en el forense y la mandaron a la fosa común en marzo de ese mismo año, pero nadie nos dijo nada”, explica su mamá.
En las búsquedas, recuerda Nancy, siempre le decían que no estaba, que no la tenían. Ella acusa que es porque quienes deberían no revisan los archivos ni las denuncias que las familias hacen.
“La tenían en Los Reyes La Paz (Estado de México). De hecho, desde 2016 se intentó poner la denuncia, pero en Los Reyes La Paz no quisieron. Cuando me uní al colectivo Uniendo Esperanzas me mandaron a Nezahualcóyotl, ahí me levantaron la denuncia, hicieron la investigación y dieron con el cadáver de mi hija, que había fallecido el mismo 2016”.
Nancy dice que las investigaciones no han sido suficientes para saber qué fue lo que le pasó a su hija. No tienen registrado el lugar exacto en el que la encontraron, salvo que fue en algún punto de la carretera México-Puebla. “No saben ni en dónde, ni cómo, ni qué fue lo que le pasó”.
No sólo eso, desde el inicio de la búsqueda de su hija, las autoridades no respondieron más que con burlas. A Nancy le hicieron caso sólo cuando fue respaldada por el colectivo: “Vas tu solo y no te hacen caso, ni siquiera la denuncia te levantan. Cuando fui a poner la denuncia los mismos policías, las mismas autoridades que estaban ahí se burlaban y decían ‘al rato que le dé hambre regresa, señora’, ‘de seguro se fue con el novio’. Y era mentira, era mentira”.
Zaira fue desaparecida cuando tenía 17 años. Su mamá, que hoy está en proceso de recuperar su cuerpo de la fosa común, reclama a las autoridades que se toquen el corazón, porque a las familias las tienen en un vaivén tremendo: “venga mañana, venga pasado mañana”, y no buscan, ni les hacen caso, ni avanzan en las investigaciones.
La campaña comenzó este miércoles y se alargará durante 43 días y cada jornada será dedicada a cada uno de los jóvenes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero y que este día inició con Abel García Hernández Foto: José Méndez, EFE.
EFE/ Sin Embargo
Mediante redes sociales y las etiquetas #YoConLaVerdad y #Ayotzinapa5años, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación desde el martes comenzaron la difusión de la campaña.
México, 14 ago (EFE).- Los abogados y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron este miércoles, 43 días antes de cumplirse cinco años de la tragedia, una cuenta atrás para recordar a cada uno de los jóvenes a los que se les perdió el rastro la noche del 26 de septiembre en la ciudad mexicana de Iguala.
Mediante redes sociales y las etiquetas #YoConLaVerdad y #Ayotzinapa5años, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación desde el martes comenzaron la difusión de la campaña.
“Están por cumplirse 5 años de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa, es por esto que a partir de este día y durante 43 días nos dedicaremos a nombrar a cada uno de los jóvenes desaparecidos”, apuntaron las organizaciones en redes sociales.
“Porque en Ayotzinapa #YoConLaVerdad ¡Súmate a nuestro conteo #43×43!”, añadieron.
Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez fueron secuestrados, torturados y asesinados el 17 de enero en Amatán, Chiapas.
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Alberto Pradilla/ Animal Político
Deisy Domínguez López tiene 32 años, es madre de tres hijos y es viuda.
Su pareja era Noé Jiménez Pablo. El 17 de enero fue secuestrado, torturado y asesinado en Amatán, Chiapas, junto a su compañero José Santiago Álvarez. Ambos participaban en un plantón contra el gobierno municipal de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, cuando hombres armados se los llevaron. Sus cuerpos aparecieron un día después en el vertedero, a tres kilómetros del lugar, con señales de violencia.
Deisy Domínguez habla con voz suave, dubitativa. Tiene tres hijos a los que criar. Solo dos de ellos saben que su papá fue asesinado. El otro es demasiado pequeño. Pero algún día preguntará. Y Domínguez le contará que fue un defensor de Derechos Humanos, miembro del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común en Amatán, y dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a quien estar incluido dentro del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no le salvó de morir asesinado.
Durante meses recibió amenazas. Al final, las amenazas se cumplieron. Sus asesinos están en la calle. Y su familia, según Domínguez, solo recibe el apoyo de sus compañeros. Ella trabaja en el campo y apenas le alcanza para alimentar cuatro bocas. Por si fuera poco, tras el asesinato ella también recibió amenazas.
El crimen permanece impune. Como la mayoría de crímenes que se perpetran en México, no hay detenidos. Según el abogado Leonel Rivero, que representa a las familias de las víctimas, se giraron varias órdenes de captura hace dos meses. No ofrece más datos. No quiere entorpecer la investigación haciendo públicos los nombres de los acusados, que siguen en libertad a pesar de estar señalados. Pero dice que se han señalado autores tanto materiales como intelectuales.
Christian Téllez Padilla fue detenido en Veracruz en 2010 por policías presuntamente al servicio de Los Zetas. Foto: Twitter @idheasdh
Gabriela Soto Mayor/ Proceso
GINEBRA (apro). – El Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que el Estado mexicano es responsable del caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla en Veracruz en 2010 en el que participaron autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de 18 expertos internacionales, emitió su dictamen basado en el derecho internacional de los derechos humanos después de recibir una denuncia de familiares de una víctima de desaparición forzada.
Según el dictamen “el 20 de octubre de 2010, el Sr. Christian Téllez Padilla (quien tenía 30 años y estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México, Campus Poza Rica, Veracruz, en el momento de los hechos) conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, con destino a un taller automóvil”.
Su compañera, Aidée Galindres Basave, le seguía en su camioneta. Aproximadamente a las 3:30 pm, a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, interceptaron al Téllez Padilla, lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas. Las patrullas se fueron y uno de los policías se llevó el automóvil de Téllez Padilla.
