Tlachinollan/Desinformémonos
Durante esta semana las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa emprenderán una jornada de lucha muy significativa, en Guerrero y en la ciudad de México. Son días claves para evidenciar que son insuficientes los alcances de la investigación y los resultados de las búsquedas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ellos y ellas, es muy relevante el trato y el acercamiento que les ha brindado el presidente. Sienten que es genuino su compromiso y auténtica su postura, de dar con el paradero de sus hijos.
Con esa confianza que se ha ido construyendo en las reuniones de Palacio Nacional, le han manifestado con mucha firmeza que se requiere avanzar en las detenciones de las personas que participaron en la desaparición de los estudiantes. Enfatizado que se ubique a los altos funcionarios, como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por atreverse a construir una verdad histórica hechiza, y por ser participe en interrogatorios bajo tortura. Le han expresado que es impostergable desenmarañar el telar de la delincuencia que se urdió con la complicidad de autoridades municipales, funcionarios estatales, corporaciones policiales, tanto municipales como del estado y federales, así como del ejército y la marina. Con la autoridad moral que se han ganado, le han expresado al presidente, que dentro de la misma Fiscalía General de la República, existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica y son obstáculo para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Con las actuaciones recientes de los jueces, que le han puesto precio a la libertad de los jefes de la delincuencia organizada, las madres y padres han emplazado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proceda con todo el peso de la ley para sancionar a quienes inclinan la balanza de la justicia por intereses particulares. Aún hace falta proporcionar toda la información que se mantiene oculta por parte de algunas instancias del gobierno, como el caso de los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala.
