El Gobierno de Bukele detiene a Ruth López, directiva de la ONG Cristosal y destacada defensora de los derechos humanos

Imagen tomada de Cristosal

Bryan Avelar/El País

López ha liderado investigaciones clave que han expuesto irregularidades del Ejecutivo salvadoreño y los abusos de la guerra contra las pandillas. A su arresto se suma la renuncia del comisionado de Derechos Humanos.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra las voces críticas. Cerca de la medianoche del domingo, la Fiscalía —controlada por el oficialismo— anunció la captura de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador. López ha sido una de las juristas más incisivas frente al actual régimen y fue reconocida en 2024 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Su detención marca un antes y un después en la creciente criminalización de la disidencia en el país.

De acuerdo con la publicación de la Fiscalía General de la República en X, López es acusada del delito de “peculado” y se le señala de haber colaborado “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”. La información proporcionada no especifica el monto ni el momento preciso en que presuntamente ocurrieron los hechos, aunque los atribuye a la época en la que fue “asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral”. El jurista fue magistrado y presidente de ese tribunal y después se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). La propia López fue también, en ese período, asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

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Comunidades de Michoacán se declaran en alerta máxima frente a amenazas de desaparición

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se declaró en «alerta máxima» frente a las amenazas de desaparición forzada y muerte contra luchadores sociales, especialmente contra el vocero Pavel Ulíánov Guzmán, amedrentado por el presidente municipal de Erogarícuaro, Juan Calderón Castillejo.

El CSIM explicó que el pasado 27 de noviembre se interpuso una demanda penal contra Calderón Castillejo por el delito de amenazas contra Ulíánov, «a quien amenazó con desaparecer si continuaba impulsando las autonomías y no cesaba de realizar declaraciones públicas que perjudicaran políticamente a este edil municipal».

Ya en junio de este año, añadió el Consejo, Ulíánov había sido amenazado de desaparición forzada por impulsar la consulta para que la comunidad de San Francisco Uricho decidiera si deseaba autogobernarse.

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Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: 10 meses de su desaparición

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

 

Comunicado conjunto: 

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: a 10 meses de su desaparición continúan sin ser localizados

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2023

Se cumplen diez meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán. Si bien, desde entonces, se ha detenido a dos personas vinculadas a sus desapariciones, hasta el momento ni la investigación penal ni las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), han logrado dar con su paradero.  

Además, preocupa a las familias de Ricardo y Antonio los recientes movimientos al interior de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual, podría implicar una dilación en las acciones de búsqueda y la falta de continuidad a los compromisos adoptados, razón por la cual es fundamental que, Félix Arturo Medina Padilla, nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la brevedad, retomen el contacto con las familias para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo celebradas el 25 de mayo y octubre del año en curso.

Lamentamos profundamente la falta de coordinación que prevaleció por más de nueve meses entre las distintas autoridades del Estado Mexicano, situación que ha  entorpecido y retrazado la búsqueda y localización de Ricardo y Antonio. Si bien, a la fecha, se ha dado una escueta coordinación entre la CNB y la FGR, hacemos un llamado a que las acciones de investigación y búsqueda continúen articulando de manera permanente y continua. En este sentido, señalamos que, después de casi diez meses, la CNB presentó su análisis de contexto y su plan de búsqueda, de lo observado, resulta fundamental para las familias que la CNB establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda propuestas en el documento.

Igualmente, hacemos un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las recomendaciones que emitió la CNB en su análisis de contexto para fortalecer la investigación penal con el fin de lograr indicios claros del lugar en el que se pueden encontrar Ricardo y Antonio. Reiteramos la necesidad de que se investigue el actuar de servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Colima, los cuales, pudieron haber obstruido información fundamental para localizar a Antonio y Ricardo durante los primeros días.

Ante todas estas dificultades y los pocos resultados, la semana pasada las y los familiares participaron en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, en la que participó una representación del estado mexicano, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en México. En ella las familias propusieron la creación de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR), con el fin de contar con el apoyo de especialistas imparciales y tecnología avanzada que contribuyan con su búsqueda y pronta recuperación. Con la convicción que esto traiga beneficios a muchas más personas que afrontan la pesadilla de la desaparición de sus seres amados en México.

Finalmente, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables continúen con las labores de investigación y búsqueda a pesar del evidente inicio del periodo electoral, sería muy lamentable que las autoridades prioricen las acciones electorales sobre la vida y seguridad de Ricardo y Antonio y sobre las obligaciones que tiene de proteger y garantizar sus derechos humanos.

Por lo anterior, a 10 meses de la desaparición, las familias reiteran lo siguiente:

  1. La prioridad de las familias es recuperarlos inmediatamente. Por lo que se solicita  que el gobierno mexicano impulse el Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
  1. Se señale fecha de reunión urgente con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a efectos de informar el proceso que han seguido el caso y establecer acuerdos de coordinación para la búsqueda efectiva y localización de Ricardo y Antonio.
  1. Que la CNB actualice y establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica lugares, fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda con presunción de vida propuestas en el documento.  
  1. Reiteramos la importancia que tiene el trabajo conjunto entre las diferentes autoridades involucradas tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación. 
  1. Que la FGR fortalezca el proceso de investigación y retome las recomendaciones emitidas por la CNB en su informe de contexto y en el plan de búsqueda.
  1. Se investigue y en su caso, se sancione  a todos los responsables involucrados en los hechos, incluidas las autoridades de la Fiscalía de Colima que han obstaculizado la investigación. 

Hasta Encontrarlos

Presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

 

Firman:

Familia Lagunes Gasca

Familia Díaz Valencia

Asesoría y Defensa Legal del Sureste

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Presente.org (EE.UU.)

Rita Marcela Robles Benitez, abogada defensora de derechos humanos

 

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Posicionamiento del MNDM por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Imagen: MNDM

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos México

  • Recordamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tienen un mandato popular al cual aún le queda cerca de un año de trabajo, por lo que no deben abdicar de sus responsabilidades sino fortalecer los canales de diálogo y participación efectiva y sustantiva de las familias y la sociedad. 
  • Los intentos oficiales por minimizar la crisis de desaparición de personas confirman la distancia en la relación del gobierno con las familias de personas desaparecidas y sus colectivos.
  • Este distanciamiento oficial resulta particularmente grave en el contexto de una profundización de los riesgos para la seguridad e integridad de las personas buscadoras y la permanencia del problema de la desaparición.  

La agenda pública en torno a la innegablemente grave realidad que habitamos, en donde la desaparición es un problema generalizado y cotidiano, llega la conmemoración de este Día Internacional con una injusta incertidumbre ante los intentos oficiales por minimizar la crisis de la desaparición. 

La relación de este gobierno con las víctimas se fue volviendo paulatinamente distante, como lo hemos constatado desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y  muchas otras plataformas de víctimas, todas hermanas del mismo dolor. Hemos vivido la reducción de espacios de participación sustantiva y el enfriamiento del diálogo, lo cual obstaculiza la participación de las familias y colectivos en las estrategias institucionales.

Promesas pendientes de cumplirse e incluso ejercicios revictimizantes como el mal llamado “censo” que de manera insensible parece mandar el mensaje de que quienes buscamos personas desaparecidas en México exageramos o mentimos. Este distanciamiento oficial resulta además particularmente grave en el contexto de una profundización de los riesgos para la seguridad e integridad de las víctimas y una persistencia de las desapariciones que es abrumadora.

Por lo cual desde el MNDM, aprovechamos esta conmemoración para expresar unbalance ante la actual administración federal. Si bien reconocemos algunos avances formales en la implementación de las distintas instancias derivadas de la Ley General de Desaparición, hemos sido testigos de cómo su construcción y continuidad no han privilegiado una relación cercana con las víctimas, sino la legitimación de las estrategias impulsadas desde el Estado. 

Los 86 colectivos de familias de personas desaparecidas, de México y Centroamérica, que conformamos al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México también hacemos nuestra la lucha y las exigencias de los colectivos de Centroamérica para la creación de  leyes en sus países.Las mariposas que son el emblema de nuestra campaña de este año nos hermanan en la búsqueda sin fronteras. 

En este Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, nuestro posicionamiento es, como siempre, una exigencia por la pronta localización  de nuestras personas desaparecidas. De manera particular queremos llamar la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para recordarles que tienen un mandato popular al cual aún le queda cerca de un año de trabajo, por lo que les hacemos un llamado a cumplir con sus responsabilidades para con las víctimas de las desapariciones  en este país. 

Con lo nombrado anteriormente y ante la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que refleja 111,049 personas desaparecidas en México y con una crisis institucional que se agudiza con la ausencia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

 

Ver posicionamiento completo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Ver conferencia de prensa del MNDM

Persiste impunidad en casos de desaparición, acusa Tita Radilla

Foto: Twitter @CMDPDH

 

Jared Laureles/La Jornada

La impunidad en la que han permanecido casos como el de Rosendo Radilla Pacheco, durante 50 años o más, es lo que ha provocado que la desaparición de personas siga ocurriendo, señaló Tita Radilla, hija del luchador social detenido ilegalmente por el Ejército en 1974.

La activista visitó ayer la Glorieta de las y los Desaparecidos y en la valla metálica que la rodea pegó un mosaico de hojas que conformaron la fotografía de su padre, a 49 años de su desaparición forzada en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en un momento de represión que se dio en la década de los 70 en contra de la población indefensa de esta comunidad.

Familiares de víctimas de desaparición también hicieron lo propio y junto a la imagen de Radilla Pacheco colocaron otros nueve carteles de víctimas de desaparición en Guerrero.

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Pronunciamiento: Criminalidad y populismo empresarial, la respuesta del Estado a la crisis de Derechos Humanos en México

Red TDT

Ciudad de México, 29 de enero de 2023

La desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia confirma el vacío institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en un escenario de criminalidad generalizada como el territorio de México. En contraparte, el Ejecutivo federal privilegia la bonanza y protección a la inversión privada de empresas, como el sector minero, cuya actividad y poder ha truncado el proyecto de vida de personas y colectividades defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente.

A la lista de miles de víctimas en este país se suma la desaparición forzada de Ricardo y Antonio quienes desde el pasado 15 de enero fueron vistos por última vez en el municipio de Coahuayana, Michoacán, justo cuando regresaban de una asamblea comunitaria en la que abordaron un aspecto clave en las causas de este acontecimiento: la defensa y litigio de derechos agrarios de la comunidad de Aquila, Michoacán, además en un evento documentado, meses atrás, se anticiparon los elementos de riesgo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.

En ese sentido, el Estado Mexicano debe formalizar los canales de interlocución e investigación con representantes del proyecto minero “Las Encinas” de la empresa minera Italo-Argentina Ternium a fin de deslindar responsabilidades toda vez que ha sido señalada como un actor clave en el conflicto de fondo, la comunidad de Aquila mantiene un litigio abierto en los tribunales agrarios de la región dado que está ubicada la responsabilidad de la minera en la fragmentación del tejido social y conflictividad en la región como lo han señalado familiares en diversas conferencias de prensa.

Como es de conocimiento público, la desaparición forzada de Ricardo y Antonio ha trascendido a nivel nacional e internacional como uno de los eventos por el cual, se han pronunciado distintos actores, sin obviar la recomendación urgente al Estado Mexicano para que adopte medidas cautelares urgentes para la localización con vida de los defensores, salvaguardando la vida e integridad de familiares y comuneros quienes asumen en primera línea la denuncia y defensa ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno del estado de Michoacán y Colima, así como de sus Fiscalías Generales de Justicia.

Por su parte la pronta reacción de familiares y comuneros para hacer las denuncias correspondientes a las autoridades desde las primeras horas, y una red de apoyo que viralizó la información corroborada, fueron elementos suficientes para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuarán con inmediatez para salvaguardar la vida e integridad de los dos defensores de derechos humanos, sin embargo, eso no sucedió y no ha sucedido hasta la fecha de hoy en la que no existe un mínimo informe que de cuenta de los acontecimientos, las líneas de investigación o indicios del paradero de Ricardo y Antonio.

Sin embargo, la inacción del Estado Mexicano en casos como este ha sido señalada por distintas colectividades y organismos internacionales de derechos humanos; sobre todo cuando los hechos ocurren en regiones en donde es evidente el control territorial de la delincuencia organizada y carteles del narcotráfico cuyos crímenes ha dejado patente la ausencia del Estado, lo cual finca responsabilidades por omisión ante la comisión de delitos y la ubicación de perpetradores plenamente identificados por habitantes de la región.

El derecho a defender derechos humanos está consagrado en diversos instrumentos internacionales como un ejercicio que los Estados nacionales están obligados a garantizar, por ello, en exigencia de verdad y justicia, las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) nos sumamos a la convocatoria de acciones descentralizadas que se realiza del 27 al 29 de enero en distintas regiones del país y a nivel internacional. 

En ese marco hoy nos pronunciamos frente a la profundización de la violencia y crisis de derechos humanos en México y urgimos de manera particular la presentación inmediata con vida de Ricardo y Antonio, misma que se suma al escenario de violencia con el que comenzamos este 2023 en el país.

¡Quienes defienden la vida, con vida deben volver!

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

 

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Comunicado 13 años sentencia Radilla

Imagen: Cencos

 

 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

  • La CMDPDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declare el estado de desacato por el incumplimiento del Estado mexicano de las medidas de reparación relativas al caso Rosendo Radilla Pacheco y que adopte medidas provisionales. 
  • La CMDPDH presentó un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva ante el Juzgado del 9° de Distrito en Guanajuato, mismo que ya fue admitido a trámite.
  • La CMDPDH interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión y la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el emblemático caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. La sentencia, entre otras cosas, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó medidas de reparación del daño.

A pesar del carácter vinculante de la sentencia de la Corte IDH y su indiscutible relevancia en el plano jurídico, el Estado ha optado por incumplir las medidas de reparación relativas al caso concreto. A prácticamente cincuenta años de los hechos, no se han tomado acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia, garantizar una ruta integral de salud para la familia, ni para dar con la suerte o paradero del señor Radilla Pacheco.

La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. 

En este contexto, familiares del Sr. Rosendo Radilla y la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, hemos emprendido una serie de acciones para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, tanto en el plano nacional como el internacional.

Acciones frente a la Corte Interamericana

En el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia ante la Corte IDH, el Estado mexicano solicitó que la sentencia se tuviera por totalmente cumplida, a pesar de que no han tomado acciones efectivas para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, así como otras formas de reparación. Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato (incumplimiento generalizado) de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Asimismo, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas de supervisión reforzadas, para que el Estado mexicano rinda informes en una periodicidad más corta. Por otro lado, y derivado del hecho de que recientemente murió el más alto perpetrador de la época sin haber enfrentado la justicia, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas provisionales para evitar que se consume otro daño irreparable a los derechos de las víctimas.

Finalmente, en el plano internacional, también pedimos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia para que, de primera mano, pueda escuchar los testimonios de las víctimas. Consideramos que este espacio es necesario para que el Estado dé una explicación sobre su incumplimiento generalizado.

Acciones en el plano nacional

Consideramos que distintas autoridades nacionales han fallado enormemente, desde su respectiva esfera de competencias, en propiciar el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, las omisiones del Estado mexicano han provocado nuevas violaciones a los derechos humanos de la familia Radilla, por lo que decidimos presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia.

En particular, señalamos la falta de debida diligencia con la que ha actuado la Dirección de Resoluciones de la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República; y, el Congreso de la Unión.

Buscamos que la CNDH emita una Recomendación, en donde pida al Congreso de la Unión crear una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos, que permita que el impulso del cumplimiento de decisiones internacionales deje de depender de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, buscamos que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la familia Radilla durante la etapa de implementación de la sentencia.

Conclusiones y peticiones

Estamos firmemente convencidas de que nuestra actual situación de impunidad y militarización de la vida pública no puede explicarse sin la permisión y tolerancia que históricamente ha tenido el Estado para permitir que los crímenes cometidos por militares nunca sean debidamente investigados.

Frente al estado actual del caso, sumado al desgaste derivado del paso del tiempo y la impunidad, solicitamos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, y que adopte medidas efectivas y deliberadas para garantizar que el Estado mexicano cumpla, inmediatamente, con las obligaciones derivadas de la sentencia del caso.

De igual manera, solicitamos a la Fiscalía General de la República que asuma su labor constitucional con diligencia, que lleve a los responsables ante la justicia y que reanude las labores de búsqueda.

 

Contacto para prensa:

Eva Avilés

comunicacion1@desarrollocmdpdh

 

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Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia

Imagen: Cencos
Alfredo Maza/Animal Político

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cumple ocho años este lunes, con las investigaciones todavía en marcha y nuevos movimientos judiciales, pero sin que las familias de los jóvenes ya estén cerca del acceso a la verdad y la justicia.

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.

Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.

“¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó la Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer el documento.

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Marcha en CDMX por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Cencos

Este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México salió una vez más a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las autoridades: ¿Dónde están sus seres queridos? ¿Qué hacen para buscar efectivamente y localizar a más de 104,000 personas reportadas como desaparecidas?

Familiares de personas desaparecidas y personas solidarias partieron la mañana del día de ayer del Ángel de la Independencia para recorrer Paseo de la Reforma y pedir verdad y justicia a las autoridades ante los más de 100 mil casos de desaparición registrados en México.

A más de 4 años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los familiares de personas desaparecidas en el país continúan exigiendo su implementación y correcta función. Además, en el posicionamiento que presentó el Movimiento (conformado por 80 colectivos) durante la marcha, incluyeron entre sus exigencias al gobierno: la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno y los tres poderes para la implementación de las distintas recomendaciones internacionales, así como el avance en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, y en el Plan Nacional de Exhumaciones y el Plan Nacional de Búsqueda.

 

 

Familiares de desaparecidos protestaron en Palacio Nacional; buscan audiencia con titular de Segob

Imagen: Twitter @movNDmx

Integrantes del MNDM llamaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a asumir “el compromiso político del mandatario para invitar formalmente al Comité contra las Desapariciones Forzadas para una visita este mismo año”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de personas desaparecidas, se instalaron en las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir la búsqueda de más de 90 mil personas no localizadas, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que “reitere su voluntad política contra la desaparición de personas”

Ante el nombramiento de Adán Augusto López Hernández como nuevo secretario de Gobernación, familiares que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por 74 colectivos de 22 estados y de tres países de Centroamérica, pidieron a López Obrador continuar atendiendo los siete compromisos que firmó hace dos años con las familias de las víctimas, y que deben ser atendidos “a través de canales de diálogo periódico que cuente con el acompañamiento y respaldo del presidente”.

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