“Cuando te meten así a prisión, siendo inocente, la familia también lo padece mucho. No solo yo viví la cárcel, mis familiares la vivieron mucho más que yo”, relata uno de los defensores del agua que estuvo preso.
Imagen: captura de video ONUDHMexico
Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez están aprendiendo a usar el celular. Por ahora no tienen uno. Ese objeto que no era parte de la vida cuando ellos entraron en prisión les es todavía ajeno, propio de otros, de los que se quedaron libres.
Muchas personas de su alrededor también les son extrañas: vecinos con años demás a quienes no reconocen; sobrinos y nietos nuevos en la familia, a quienes apenas están conociendo. Sus propios hijos les son extraños, no los han visto crecer.
Cuando se regresa a casa después de 12 años de estar preso en Almoloya de Juárezcada despertar es raro. A todo hay que volver a adaptarse. “Muchas mañanas abro los ojos y me quedo pensando dónde estoy. Si solo soñé que estoy de nuevo en casa o es cierto que ya estoy aquí”, dice Lorenzo Sánchez.
A los tres los detuvieron en 2007. Estuvieron huyendo durante tres años, después de que, en 2003, los acusaron del asesinato de un empresario floricultor del municipio vecino al suyo. Los tres estaban dando la batalla porque no le quitaran a su pueblo, San Pedro Tlanixco, en Tenango Del Valle, Estado de México, el derecho de usar el agua del río Texcaltenco.
Para la comunidad de Tlanixco ese río era suyo. Habían crecido alrededor de él y usaban su agua para las actividades cotidianas; hasta 1989 cuando el gobierno mexicano la concesionó a los floricultores de Villa Guerrero, el municipio líder en todo el país en cultivo y exportación de flores.
La violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha incrementado de forma alarmante, apuntan organizaciones. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha registrado el asesinato de 14 personas en Nayarit, Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Morelos.
El homicidio más reciente fue el de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl fundador de la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM y opositor al Proyecto Integral Morelos; Flores Soberanes, de 32 años, recibió dos disparos afuera de su casa, en Amilcingo, Morelos la mañana del 20 de febrero.
Con el objetivo de exigir justicia y protección para las personas defensoras y periodistas en México, organizaciones agrupadas en el colectivo Espacio OSC colocaron al frente de Palacio Nacional una cruz por cada periodista y persona defensora que ha sido asesinada en esta administración.
En el evento hubo un enlace telefónico con el defensor Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y compañero de Samir Flores Soberanes, quien recalcó la preocupación ante la inacción del gobierno mexicano para frenar los ataques contra personas defensoras y periodistas.
“Por un lado dice el gobierno de López Obrador que de manera velada no se va a reprimir a los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos con más encarcelamientos y se promueve una amnistía que tampoco ha llegado a todas las personas que están presas y presos por la defensa de sus derechos; lo que nos preocupa es que la cárcel sea sustituida por el asesinato, por la impunidad”, aseguró.
Recalcó que las y los defensores y periodistas se encuentran en grave riesgo, sin embargo, la actual administración actúa igual que las anteriores al no proteger a estos grupos.
Espacio OSC urgió al gobierno mexicano a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde un enfoque de protección colectiva; a reconocer la importancia de su labor, así como la exigencia de sus luchas; a iniciar un diálogo con organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades para construir una política pública integral de protección.
También hizo un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador: “es necesario… que realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas o sugieran que las organizaciones de la sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente”.
La descalificación en contra de estas dos poblaciones eleva el riesgo en el que se encuentran y las deja en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques, aseguran las organizaciones, por lo que es necesario reconocer su labor y la importancia que ésta tiene en el fortalecimiento de la democracia.
Desde el 1 diciembre de 2018 hasta la fecha, han sido asesinadas 14 personas defensoras de derechos humanos y periodistas:
1. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018. 2. Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018. 3. Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018. 4. Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019. 5. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019. 6. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019. 7. Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019. 8. Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019. 9. Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019. 10. Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero de 2019 11. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero. 12. Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero 13. Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero. 14. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.
Samir Flores, defensor de la tierra y el territorio y periodista comunitario, fue asesinado el 20 de febrero de 2019 / Imagen: #YoPrefieroLaVida -Hackear el Aeropuerto
Consulta sobre Huexca pone en riesgo a personas defensoras y comunidades
Durante el evento, Juan Carlos Flores reiteró que la consulta con la que se decidirá el futuro de la termoeléctrica de Huexca y que está programada para este 23 y 24 de febrero será boicoteada en varios lugares.
Recalcó que las autoridades continúan imponiendo esta consulta “que es completamente inconstitucional; que viola los derechos de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa, informada y de buena fe; que está bañada de sangre”.
Para el FPDTA la consulta pone en riesgo a las comunidades, así como a las y los defensores de derechos humanos. Con este clima de violencia y tensión es muy peligroso hacerla, asegura Juan Carlos Flores, sin embargo, se va a hacer. “No podemos echarnos atrás en la defensa de nuestros derechos”, añadió.
El llamado a quienes quieren participar en la consulta es que voten por el NO a la termoeléctrica, y a organizaciones y medios de comunicación pidió y monitorear los lugares de Morelos, Puebla y Tlaxcala en los que se llevará la consulta, para vigilar que todo transcurra en orden.
Conoce la lucha de los pueblos contra el Proyecto Integral Morelos:
El año 2018 cerraría con el asesinato extrajudicial de 40 defensores de derechos humanos, lo que lo ubica entre los tres más mortíferos del sexenio pasado, señaló el Comité Cerezo México.
El informe “184 personas defensoras de DH ejecutadas extrajudicialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto”, el cual abarca del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018, indica que en el 2017 se registraron 52 homicidios y 37 en el 2016.
“Dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”, subrayó.
De los 184 homicidios de defensores ocurridos durante la administración del priista, 29 casos corresponden a defensores de la vida digna, 25 a los derechos laborales, 24 a la autodeterminación de los pueblos indígenas, 18 al territorio, 18 más a la libertad de expresión, y 11 ambientalistas.
A menos de dos meses de concluir su mandato, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, deja numerosos y graves pendientes y una profunda crisis en materia de derechos humanos. Cifras oficiales muestran que en este sexenio (hasta julio de este año) se han cometido 112 mil 760 homicidios dolosos, 22 mil 983 casos de desaparición, un promedio de nueve feminicidios al día, entre otras violaciones a las garantías de los ciudadanos.
Al hacer un balance de la administración por concluir, defensores de las garantías fundamentales señalaron que el gobierno del priísta dejará un saldo desfavorable en esta materia. En su más reciente informe de labores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, enfatizó que el sexenio se vio marcado por graves violaciones a estas garantías, con casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que Peña Nieto deja una situación de crisis en esta materia, en la que entre las graves violaciones vemos que crecen las desapariciones forzadas, que de acuerdo a cifras oficiales entre 2007 y abril de este año suman 37 mil 435 casos; más de la mitad de los estados con declaratoria de alerta por violencia de género o solicitud de ésta; la tortura sigue siendo una práctica cotidiana, al igual que las ejecuciones.
Los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, alertó Égdar Corzo Sosa, quinto visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Corzo Sosa dijo que “la situación de las personas defensoras es de riesgo”, puesto que de 2006 a la fecha se han registrado 36 asesinatos contra ellos.
Recordó que el más reciente fue el del activista y ambientalista Jesús Javier Ramos Arreola, que se cometió la semana pasada en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. “El sólo hecho de que priven a una persona de la vida es para estar en una situación de preocupación”, alertó.
El quinto visitador destacó que los estados de Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis, y Oaxaca, con cinco, ocupan los tres primeros lugares de la lista de asesinatos de personas defensoras, por lo que representan mayor peligro para ese sector.
Respecto a las recomendaciones que ha emitido la CNDH sobre el tema, dijo que la falta sensibilidad de acceso a la información por parte de las autoridades del país ha dificultado la emisión de éstas, pero el análisis elaborado permite medir su impacto y determinar lo que falta por hacer.
GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet deploró el asesinato de defensores de derechos humanos y periodistas en México, así como su acoso, criminalización, amenazas de muerte y ataques.
“En México, ocho defensores de los derechos humanos fueron asesinados en los primeros ocho meses de 2018, una vez más, más que en todo 2017”, dijo Bachelet en su primera intervención pública al inaugurar los trabajos de la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Muchos más han sido víctimas de criminalización, demandas abusivas, campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas de muerte y ataques. El año pasado fue también el año más mortífero de periodistas en México, con al menos 12 asesinatos en 2017”, lamentó Bachelet detallando que en 2018 ya han registrado el asesinato de ocho periodistas y la desaparición de uno.
Bachelet llamó la atención con respecto a la situación de los defensores de los derechos humanos en América Latina que enfrentan cada vez riesgos más graves como resultado de sus actividades legítimas. Habló de Colombia en donde han registrado 53 homicidios de destacados defensores de los derechos humanos este año, subrayando que están verificando 57 casos más.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Organizaciones de la sociedad civil otorgan un reconocimiento a Fray Julián Cruzalta por su lucha, defensa y promoción de los derechos humanos.
Participan:
Fray Julián Cruzalta, Iglesias por la Paz
Hugo Gallardo, pastor
Arturo Carrasco, pastor
Soledad Hernández Mena, víctima indirecta
Lic. Ernesto Rodríguez Cabrera
Ericka Zamora Pardo
Convoca: Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, Unión Campesina Emiliano Zapata, Guerrero y la Capellanía de la Comunidad Teológica de México
La cita: Miércoles 25 de Abril de 2018 a las 10:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos se menciona la problemática de impunidad y violencia en México.
Ante la violencia e impunidad que padece México, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, conminó a las autoridades mexicanas a “asegurar la independencia de la Fiscalía General de la República mediante el nombramiento de un Fiscal General sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social”.
En en el reporte presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 37 de trabajo, que terminó el viernes pasado, Frost también recomendó a México “revisar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de responsabilidad ordinarios y no militares”.
Las defensoras de derechos humanos en México enfrentan amenazas particulares de violencia física y homicidios, no sólo por su trabajo como defensoras, sino por su condición de ser mujer, se indicó en otro punto del informe.
