México suspende el acceso de las ONG a las estaciones migratorias

Elena Reina/El País

Caravana de migrantes en la frontera de Tabasco. Foto: Teresa De Miguel

La medida impide oficialmente desde este martes la entrada de los defensores de derechos humanos a los centros donde hay detenidos miles de migrantes.

México ha suspendido desde este martes el acceso de las organizaciones defensoras de derechos humanos a los centros migratorios donde hay varados miles de migrantes desde hace meses. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración hace oficial lo que EL PAÍS adelantaba hace unos días, las restricciones al acceso de las ONG ya eran una realidad. El motivo, según la dependencia, es que debido a la oleada de migrantes reciente por la última caravana se han incrementado “considerablemente” las solicitudes de ingreso de estas asociaciones y se ha tomado esta decisión para no “obstaculizar la operatividad de las instalaciones”. Unas horas más tarde, la Secretaría de Gobernación ha desconocido el comunicado y alega que se trató de una medida no supervisada por autoridades superiores, aunque no han ofrecido más información al respecto. Las organizaciones afectadas, sin embargo, aseguran que el veto continúa. 

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Actualización: Fredy García, vocero de CODEDI, imputado

Front Line Defenders

Foto: EspacioOSC

El 12 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de procesamiento contra el vocero de CODEDI, Fredy García, en el juzgado de control de Valles Centrales, en Oaxaca. El defensor de derechos humanos fue imputado formalmente por los delitos de “asalto” “lesiones” y “robo con agravantes”. Permanecerá en prisión preventiva hasta la próxima audiencia, programada para marzo de 2020.

Dicha audiencia se llevó a cabo después de que Fredy García fuera detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2019, cuando se dirigía en automóvil a una reunión a la que fue invitado por funcionarios públicos en el estado de Oaxaca. La detención se habría producido en relación a unos hechos ocurridos hace unas semanas en la sierra sur del estado, donde un agente estatal de investigaciones fue asesinado por un disparo. Después de ser detenido, Fredy García pasó ocho horas en detención incomunicada y permaneció detenido arbitrariamente hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando se le procesó formalmente a la causa.

Front Line Defenders destaca que no se trata de un incidente aislado contra integrantes de CODEDI, sino que se trata de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra la organización. Desde enero de 2018 se han producido cinco asesinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo y así como amenazas permanentes y militarización de la zona donde se encuentra su centro de capacitación. Asimismo, Front Line Defenders muestra su preocupación hacia el efecto intimidatorio que la prisión preventiva de Fredy García puede tener en la defensa de derechos humanos en Oaxaca. Además, Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de Oaxaca a que retiren los cargos contra Fredy García y lo liberen inmediatamente de prisión, garantizando su seguridad, y su integridad física y psicológica.

Comunicado: Se cumple un mes de la desaparición del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano

-A pesar de las recientes detenciones relacionadas con el caso, hace falta dar con el paradero del defensor 

-Inician labores de búsqueda en alrededores de Tlapa de Comonfort por las comisiones de búsqueda nacional y estatal

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 12 de noviembre de 2019.- El día de ayer se cumplió un mes de la desaparición del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, quien fuera visto por última vez cuando se dirigía a dar una plática en un centro de recuperación de Alcohólicos Anónimos (AA) en la ciudad de Tlapa de Comonfort.

Derivado a esos hechos, se interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Sin embargo,  las labores de búsqueda inmediata no se realizaron en las primeras horas en que se reportó la desaparición, desplegándose únicamente algunos operativos de policía de tránsito en salidas y entradas de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Fue ante esto, que se buscó el apoyo de las autoridades federales; no obstante, el caso no fue atendido de manera urgente hasta que escaló a nivel internacional.

Esta falta de debida diligencia en las primeras horas que siguieron la denuncia, sumada al contexto de macrocriminalidad, violencia extrema, corrupción e impunidad que caracterizan al estado de Guerrero hacen a este caso muy complejo. Por esta razón, hemos solicitado desde el inicio la necesidad de una coordinación interinstitucional a nivel federal y estatal para llevar a cabo de manera eficaz las labores de búsqueda y de investigación criminal que permitan  dar con el paradero con vida del defensor y enjuiciar a todas las personas implicadas en su desaparición, incluyendo los autores intelectuales.

En este sentido, la detención el pasado miércoles 6 de noviembre de 2019, anunciada por la Fiscalía General de Guerrero de de Jorge “N“ alías la “chiva“, Javier “N” y Cristal “N”, involucrados en  la desaparición de Arnulfo Cerón Soriano, representa un gran avance en la investigación del caso. Sin embargo, no olvidamos que el principal objetivo, sigue siendo dar con el paradero con vida del defensor Arnulfo Cerón Soriano. Estas detenciones no deben significar el fin de la investigación y mucho menos de las labores de búsqueda. Las autoridades deben actuar de manera coordinada y dedicar todos sus recursos a la búsqueda de Arnulfo, con la coadyuvancia de la familia y de los representantes.

Es hasta el día de hoy, a un mes de la desaparición del defensor y como resultado de la presión ejercida por organizaciones sociales y de la sociedad civil nacional e internacional, que se llevará a cabo la primer jornada de búsqueda en coordinación con la comisión estatal y nacional. Esperamos que este hecho sea el inicio de un compromiso firme con el caso y que se le diga dando un seguimiento puntual.

Por otra parte, queremos resaltar la situación de riesgo grave que se ha generado a raíz de la exigencia de la aparición de Arnulfo, para su familia, los miembros del Frente Popular de la Montaña y el propio Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan“. Por este motivo, exhortamos a las autoridades a realizar las labores necesarias para salvaguardar su integridad física y personal, mismas que deben traducirse en las medidas de protección adecuadas para cada grupo, así como la detención de todas las personas involucradas en el caso.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan“

Comunicado de prensa: Exigimos liberación inmediata e incondicional de Fredy García Ramírez

  • Denunciamos patrón de criminalización en contra de la organización CODEDI y de la protesta social en Oaxaca

El pasado 6 de noviembre de 2019 el defensor de derechos humanos Fredy García Ramírez, integrante de la Comisión Política del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), fue detenido de forma arbitraria con lujo de violencia y desaparecido durante 8 horas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Fue detenido  junto con otro integrante de CODEDI, Celerino Gisael Martínez Castro, quien fue puesto en libertad horas después.

Fredy García continúa detenido y se le quieren imputar los delitos fabricados de lesiones con premeditación y ventaja, robo específico y robo con violencia por equiparación.

Esta detención arbitraria se da como parte de un patrón de graves ataques y criminalización contra la organización CODEDI, organización indígena referente en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca por su defensa de los derechos a la autodeterminación y defensa de la tierra y el territorio en un contexto de incremento de megaproyectos en la región.

Durante el año 2018 y hasta la fecha, incluido este último hecho, se dieron: 5 asesinatos¹, 6 detenciones arbitrarias, 3 allanamientos y robos, 2 intentos de asesinato, amenazas constantes contra integrantes de CODEDI y militarización de la zona en la que se encuentra su centro de capacitación. Hasta la fecha los asesinatos y otros ataques permanecen en la total impunidad frente a la falta de interés de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

A partir de octubre se intensificó la campaña de criminalización contra la organización con un linchamiento mediático acusando sin fundamento a sus integrantes de un homicidio y sin dar derecho a replica.

Cabe destacar que el 5 de octubre de 2018, fue emitida una comunicación conjunta² por 4 procedimientos especiales de la ONU expresando preocupación por los asesinatos y detenciones arbitrarias documentadas contra CODEDI, misma que fue desestimada por el Estado Mexicano.

Asimismo el 26 del julio del 2019, integrantes de la Comisión Política de CODEDI, incluido Fredy García Ramírez fueron incorporados mediante Procedimiento Ordinario al Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) con el número de expediente MEC/CEN/105/D/O/2019; sin que hasta la fecha se hayan implementado medidas para garantizar su seguridad culminando con la detención arbitraria de Fredy García el pasado 6 de noviembre.

Es importante mencionar finalmente que con base en datos presentados por la sociedad civil mexicana en el marco del examen de México ante el Comité Contra la Tortura en abril del año en curso, el estado de Oaxaca se caracteriza por un patrón particularmente grave de detenciones arbitrarias contra personas defensoras como represalia a su labor: Durante la administración de Enrique Peña Nieto fueron detenidas al menos 141 personas defensoras en el estado, permaneciendo privadas de libertad de unas horas hasta poco menos de 6 años. Asimismo, durante la administración pasada fueron emitidas 6 opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias sobre casos de Personas Defensoras en Oaxaca, en su última opinión los expertos enfatizaron su preocupación por el patrón especifico en la entidad federativa³.

De allí que exigimos:

  • La liberación inmediata e incondicional de Fredy García Ramírez,
  • Que el Mecanismo implemente medidas urgentes para garantizar la integridad, seguridad y labor de Fredy García así como de la organización CODEDI,
  • El cese a la criminalización de la protesta social en Oaxaca. 

México, 11 de noviembre 2019

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¹El 12 de febrero 2018 fueron asesinados Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez en la carretera al regresar de una reunión con el Gobierno del Estado; el 17 de julio 2018  fue asesinado Abraham Hernández González, Coordinador Regional de CODEDI en la Sierra Sur, luego de que entrarán a su domicilio ubicado en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla; y el 25 de octubre 2018 fue acribillado Noel Castillo Aguilar en Barra de la Cruz, Santiago Astata.
²Comunicación conjunta disponible en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24055
³ Informe Sombre de Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana al Comité Contra la Tortura 2012 – 2019. Disponible para la consulta en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fCSS%2fMEX%2f34446&Lang=en  (Información sobre detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca :pp.90-98)
OACNUDH, Documentos sobre México, Opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA). Disponibles para la consulta en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?c=119&su=123
(Las opiniones del GTDA sobre casos de Oaxaca son las 23/2014, 19/2015, 55/2015,  17/2016, 23/2017 y 24/2017)

Las organizaciones del Espacio OSC

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Instituto de Derecho Ambiental, A.C (IDEA), JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Amnistía Internacional Sección México (AI) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

12 ambientalistas y defensores han sido asesinados este año; Oaxaca y Chiapas, los estados más peligrosos

Alberto Pradilla/Animal Político

Cinco de los defensores y ambientalistas fueron atacados en Oaxaca, y otras cuatro en Chiapas. “México es uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas”, alerta Amnistía Internacional.

Samir Flores, defensor de la tierra y el territorio y periodista comunitario, fue asesinado el 20 de febrero de 2019 / Imagen: #YoPrefieroLaVida -Hackear el Aeropuerto

Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques.

México es el sexto país del mundo más peligroso para los ambientalistas, según informes de la ONG Global Witness. Esta asociación detectó que en 2017 fueron asesinados 15 defensores y en 2018 otros 14. A falta de tres meses para que concluya el año ya se han contabilizado 12 homicidios, por lo que las cifras de ataques se mantienen en la línea de años anteriores.

La primera víctima del año fue Sinar Corzo Esquinca, asesinado en Arriaga, Chiapas, el 3 de enero. Murió por heridas de bala después de ser tiroteado. Su activismo había estado centrado en el agua, la vivienda y la salud, aunque en los últimos años también defendió a damnificados por el sismo de 2017.

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Mecanismo de protección a periodistas está rebasado: ONU-DH

Foto: Notimex

Redacción/ Aristegui Noticias

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH evidencia la falta de personal y dinero que sufre el Mecanismo para dar resultados.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) confirmó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es importante, pero actualmente está rebasado y tiene insuficiencia a nivel de recursos humanos y económicos.

Hasta el 31 de diciembre de 2018, el Mecanismo beneficiaba a 800 personas y para finales del 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) prevé que estará protegiendo a 1,131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017.

Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el pasado 4 de abril, una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida. Además, los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.

En el documento Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Mecanismo, la ONU-DH señaló que parte de las desventajas que aún tiene el Mecanismo es en recursos humanos, ya que desde 2014 el número de funcionarios se ha mantenido en 36, lo que resulta insuficiente para darle seguimiento a las personas beneficiarias.

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Denuncian detención arbitraria en Chiapas y Sonora de defensores de migrantes

Isaín Mandujano/Proceso

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organizaciones civiles denunciaron la noche del martes la captura por parte de civiles armados de los activistas defensores de derechos humanos de migrantes, Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, en dos operativos simultáneos

Irineo Mujica defensor de migrantes presuntamente detenido de manera arbitraria en Sonoyta, Sonora. Foto: Especial/tomada de Proceso

Dieron a conocer que la tarde del miércoles, Cristóbal Sánchez fue detenido fuera de su domicilio por policías vestidos de civil que lo encañonaron y subieron a un vehículo sin mostrarle ninguna orden de aprehensión. Cristóbal logró comunicarse con su familia posterior a su detención e informó que los policías lo acusan de delitos federales y que sería remitido al Ministerio Público federal.

Cristóbal Sánchez es un defensor mexicano de derechos humanos que ha trabajado en temas migratorios durante los últimos 15 años. Fundó el Colectivo de Cultura Migrante y asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria.

También ha trabajado con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como realizando trabajo de campo para un proyecto de la Universidad de Columbia Nueva York.

CIDH-ONU señala a Chiapas como un estado peligroso para ser defensor/a de derechos humanos

Andrés Domínguez/Somos el medio

Foto: somoselmedio.com

La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos requiere de la decidida voluntad de los Estados.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores.

De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua.

El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Cabe señalar, Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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Diálogo para atender la crisis de seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

DIP. ROCÍO BARRERA BADILLO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN,

DIP. RUIZ LUSTRE HUGO RAFAEL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,

MTRO. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

PRESIDENTE COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,

DR. EDGAR CORZO SOSA

QUINTA VISITADURÍA GENERAL COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,

MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN

COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS,

LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,

LIC. AARÓN MASTACHE MONDRAGÓN

TITULAR MECANISMO DE PROTECCIÓN PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS.

PRESENTE(1)

El Espacio de Organizaciones para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, integrado por 20 organizaciones nacionales e internacionales, nos dirigimos a ustedes a fin de coadyuvar y participar en un proceso de diálogo entre personas defensoras de derechos humanos, periodistas, entre otros actores relevantes, para la construcción de un marco normativo adecuado y eficiente para proteger, investigar, sancionar y reparar los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, por medio de la creación de foros estatales de discusión y/o regionales, que culmine en la realización de un foro nacional que puedan llevarse en un lapso de tiempo suficiente.

Tal como lo anunció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Señora Michelle Bachelet el día 9 de abril en la Conferencia de Prensa producto de su visita oficial a México, la actual política de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país, es tan solo un paliativo que debe ir acompañada de acciones de respeto, prevención e investigación dirigidas a combatir las causas del riesgo que viven ambas poblaciones.

Parte de esos retos, como lo anunció el 25 de marzo el Subsecretario de Derechos Humanos Lic. Alejandro Encinas, es la necesidad de contar con un marco normativo idóneo que garantice estabilidad, y establezca las responsabilidades en todos los niveles de gobierno con una debida coordinación interinstitucional, que atienda a las obligaciones de respeto, prevención, protección, investigación, sanción y reparación de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Desde el 1 de diciembre hasta la fecha, han sido asesinadas 11 personas defensoras de derechos humanos y 6 periodistas en todo el país, siendo dos personas beneficiarias de la actual política de protección.

Debido a la trascendencia de la materia que se pretende regular y en seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos y Libertad de Expresión, así como la iniciativa actualmente en construcción en la Secretaría de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, es necesario generar un diálogo amplio e incluyente, con las condiciones idóneas que involucren al mayor número de estas personas defensores y periodistas, así como de organizaciones de la sociedad civil del país.

Los resultados e insumos de cada uno de estos espacios de discusión serán presentados a las secretarías técnicas de las comisiones de Gobernación y Población y Derechos humanos para el enriquecimiento del contenido del actual proceso legislativo en las mesas de trabajo técnicas, que permitirá generar las condiciones idóneas para llevar a cabo una discusión con participación de: personas defensoras de derechos humanos y periodistas, personas Beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección, personas peticionarias al Mecanismo Federal y que fueron rechazadas, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión de todas las entidades federativas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personas expertas en la materia.

A su vez, será fundamental integrar, a la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Ejecutiva Nacional, todas las dependencias que forman parte de la junta de gobierno del actual Mecanismo Federal, representantes de mecanismos y unidades de protección a periodistas a nivel estatal, Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, operadores de la ley y todas aquellas personas que manifiesten interés en participar en la construcción de un marco normativo idóneo que abone hacia la construcción de una política pública integral de protección.

Por todo lo anterior solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Víctimas, coadyuven en conjunto con la Comisión de Gobernación y Población y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para generar un diálogo amplio e incluyente, en el marco de un parlamento abierto, con las condiciones idóneas que involucren al mayor número de estas personas a través de la realización de Foros estatales y/o regionales.

Los resultados e insumos de estos procesos nacionales de discusión son necesarios para cualquier iniciativa de ley que tenga en el centro a la persona defensora y periodista como sujeto de derechos, siendo esta una oportunidad para ampliar el nivel de socialización, discusión y reglamentación suficiente para lograr un marco normativo idóneo y garantista necesario para el derecho a defender el derecho humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en este país.

Quedamos a la espera de una pronta y propositiva respuesta.

Organizaciones Firmantes:

Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

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  1. cc. Jan Jarab – Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Francisco Eguiguren – Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – CIDH, Edison Lanza – Relator Especial sobre Libertad De Expresión – CIDH.

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Libres, los tres defensores del agua de Tlanixco que aún estaban en la cárcel

Redacción/Proceso

Foto: YouTube ONUDHMexico

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Segundo Tribunal de Alzada en Material Penal de Toluca decretó la libertad de los tres defensores del agua de Tlanixco que permanecían encarcelados por el presunto homicidio de un empresario florícola de Villa Guerrero ocurrido en 2003.

El Poder Judicial del Estado de México consideró fundado el recurso de revisión extraordinaria entablado por la defensa de los indígenas nahuas sentenciados en 2007 a más de 50 años de prisión y declaró su inocencia; como consecuencia, ordenó su inmediata libertad.

Pedro Sánchez Berriozábal se encontraba acusado de los delitos de homicidio calificado y privación de libertad; Rómulo Arias Mireles imputado por el delito de homicidio calificado y privación de libertad, y Teófilo Pérez González señalado por el delito de homicidio calificado.

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