En México criminalizan a defensores de derechos humanos: relator de la ONU

Por Redacción/Aristegui Noticias

El relator especial, “atónito por la extrema violencia en México”.

Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, aseguró que en México no sólo se obstaculizó su trabajo sino incluso se criminalizó.

Ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde presentó su informe, afirmó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”.

En una visita a México el año pasado, se entrevistó con diversas autoridades y poderes del Estado, además de que se reunió con 800 defensores de los derechos humanos.

“El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, afirma Forst en el informe que redactó tras su visita al país norteamericano.

“Esta criminalización normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial”.

“Parece que la criminalización del trabajo de derechos humanos se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales, incluyendo la Policía, el Ejército, la Marina, las autoridades de Gobierno, y la Judicatura”.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Foto: redtdt.org.mx

Por Redacción/Animal Político

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

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Organizaciones desconfían del plan de PGR para indagar el presunto espionaje; alertan su fracaso



Por Redacción/ Animal Político

Las organizaciones que denunciaron el uso del software Pegasus, con el que supuestamente el gobierno mexicano espió a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI, que la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR, anunció para investigar el caso.

Luego de que el Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, anunció su plan para investigación las denuncias sobre el espionaje; las organizaciones: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social Tic, emitieron su postura para advertir que desconocen “si las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto ‘grupo de apoyo técnico’ poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación”.

Detallaron que la FEADLE solo solicitó a las instituciones gubernamentales, “el resguardo, y no la entrega, de información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus u otros de similar naturaleza”.

También demandaron que “el plan de investigación”, que anunció la PGR, sea conformado por los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han sido afectados con el uso del software, así como las organizaciones denunciantes.

Advirtieron que el “grupo de apoyo técnico” anunciado por las autoridades, no atiende la solicitud que hicieron de conformar “un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales”, por lo que reiteraron que es indispensable se respeten estas condiciones, para dar certeza a la investigación.

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