comunidades indígenas – Página 5 – Centro Nacional de Comunicación Social AC

10 noviembre, 201710 noviembre, 2017

Comunidad maya en resistencia alerta que el suelo mexicano ya se contaminó por transgénicos

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano viola los derechos humanos de las comunidades indígenas, mientras protege los intereses económicos de empresas trasnacionales como Monsanto, acusó Leydi Pech, integrante del Colectivo Apícola Chenero.

La acusación de la lider indígena tiene origen en la decisión de Adrián Novelo Pérez, Juez Segundo de Distrito de Campeche, de emitir un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta ciudadana sobre la siembra de soya transgénica se lleve a cabo únicamente en seis comunidades y no en las 34 del municipio de Hopelchén, como se acordó previamente.

Los daños que la siembra de soya transgénica dejan a su paso son a nivel medio ambiente y salud. La contaminación del agua por glifosato es una realidad en la península, al igual que la deforestación y la muerte masiva de abejas provocada por la fumigación con plaguicidas altamente tóxicos.

La situación ha provocado afectaciones en la producción de miel mexicana, pues más del 40 por ciento del dulce fluido sale de Campeche. Recientemente algunos habitantes de ese estado sembraron semilla de calabaza y la mayoría perdió sus cultivos a consecuencia de dichas fumigaciones que sorprenden a la población día y noche desde avionetas.

Pech lamentó que el Juez haya dado la razón a Monsanto, empresa que presentó un escrito en el que argumentó pérdidas económicas. No obstante, la lideresa maya aseguró que la empresa trasnacional ha vendido sus semillas sin restricción y actualmente se cosecha el doble de soya transgénica que el año pasado alcanzó las 40 mil hectáreas sólo en Campeche.

“Este año se sembró soya y yo puedo asegurar que se duplicó la cantidad de hectáreas que en este momento se están cosechando y se están comercializando en una total impunidad, violando nuestros derechos”, señaló la mujer que encabeza a opositores a la semilla de la empresa de biotecnología.

Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades en resistencia, lamentó que “[las autoridades] van a beneficiar a Monsanto y a unos cuantos, cuando las comunidades están compuestas por miles de personas”.

Ambas señalan que -de acuerdo con el mapa de Global Forest Watch- Hopelchén en es el más deforestado a nivel nacional, hecho que fue motivado por el impulso al uso de semilla que ha arrasado con grandes extensiones de áreas verdes.

Tanto la abogada como la líder indígena comunicaron que, las comunidades, al percatarse de la siembra ilegal, realizaron denuncias para informar a las autoridades sobre los predios donde se llevaba a cabo, sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encargado del monitoreo y la verificación, no hizo nada al respecto.

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3 agosto, 20173 agosto, 2017

Integrantes de la Marcha por Morelos dialogan con autoridades en la Segob

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una comisión de la Marcha por Morelos ingresó a la Secretaría de Gobernación a dialogar con al menos tres subsecretarios de la dependencia, las seis demandas que dieron motivo a la movilización que partió de Cuernavaca el pasado lunes y que vino caminando durante tres días.

La comisión está encabezada por el poeta Javier Sicilia Zardaín, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, quienes plantearán que se reinstaure el estado de derecho en la entidad, pues Morelos “tiene un gobierno represor e intolerante que ha saqueado el estado con sus corruptelas”, declaró el poeta al ingresar a la dependencia.

Por parte de Gobernación, participan en esta mesa al menos el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros; el de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero; y el de Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva.

Los integrantes de la Marcha por Morelos pernoctaron en una Iglesia Metodista ubicada en San Jerónimo, donde hoy por la mañana ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron de las violaciones a las autonomías municipales y de los pueblos y comunidades, así como de la persecución de Graco Ramírez a la UAEM.

Hasta ese lugar llegó el fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el padre Miguel Concha Malo, quien saludó la manifestación y recordó el caminar de Javier Sicilia en la búsqueda de un país mejor, con paz y justicia; así como la labor del rector en defensa de los pueblos y las víctimas en Morelos.

Dijo que lo hace no sólo por simpatía personal, si no porque su labor ha sido fundamental en la resistencia contra un gobierno que ha dado muestras de que Morelos “es un Estado que se aleja de la vocación genuina que debería tener de proteger la vida humana y toda forma de vida en su territorio, ya sea porque declina a favor de empresas particulares que cometen ecocidios, que violentan derechos, o bien porque se niega a cumplir con criterios de debida diligencia y respeto a los pueblos y las comunidades indígenas”.
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17 julio, 2017

Gran asimetría entre marco jurídico y real protección a indígenas: CNDH

Por Redacción/La Jornada

Existe una profunda asimetría entre la protección que confiere el marco jurídico y la realidad imperante en los pueblos y comunidades indígenas mexicanos que sufren problemas que afectan sus derechos al territorio, a la consulta previa, a la identidad cultural y la libre determinación.

Así lo planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al participar en las sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realizó en Ginebra, Suiza.

Norma Inés León, cuarta visitadora general de este organismo, acudió a esta sesión internacional en representación del ombudsman Luis Raúl González Pérez, subrayó que tal desigualdad se agudiza con la falta de salvaguardas efectivas en el acceso a la justicia, la criminalización a líderes y defensores indígenas y, en ocasiones, el desplazamiento forzado, provocado por contextos de violencia existentes en algunas zonas del país.

“La CNDH ha trabajado por la protección del derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud de las personas indígenas, por lo cual ha instado a distintos servidores públicos para que adopten medidas que favorezcan el acceso a este derecho con enfoque intercultural y perspectiva de género”, aseguró.

Ante este panorama, puso en relieve la Recomendación General 27 “sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana”, emitida por la CNDH en 2016, por medio de la cual se instó a diversas autoridades federales y estatales para que emitan una ley específica sobre consulta previa.

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13 julio, 201713 julio, 2017

Xochicuautla: caminos de asfalto que separan vidas

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 27 de abril de 2017.

El grito de auxilio de comunidades indígenas para no perder lo que les está siendo arrebatado ha convertido al país en un campo de batalla que golpea tradiciones y destroza espacios sagrados.

La esperanza reside en que estos despojos generen un incendio en la conciencia social y triunfe la justicia; sin embargo, muchas veces, la lucha dura décadas, mientras lenta y silenciosamente la depredación se llevan a cabo bajo la bandera del “progreso”.

Para la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, localizada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, la resistencia lleva al menos diez años de lucha: la defensa de su territorio, derechos humanos y tradiciones se mantiene en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La herida fue provocada por el decreto de expropiación de 38 hectáreas de bosque, para ellos sagrado, pues es la fuente de los recursos que les permiten cultivar y vivir. Al inicio, como suele suceder, los intentos de negociación y compra de terrenos y conciencias por parte de las constructoras son uno de los pasos comunes; y luego, no es de sorprender que ante la resistencia, el siguiente movimiento sea el despliegue de cuerpos policíacos al servicio y defensa de los intereses del gobierno y las constructoras.

La intimidación legal y física logra en algunos casos su propósito: la retirada; pero, en el caso de Xochicuautla, la organización comunitaria obtuvo dos amparos en 2015 para frenar el agresivo proyecto. La respuesta del poder llegó en 2016: cuerpos policiacos estatales sitiaron la comunidad, el campamento de resistencia fue desalojado, muchos habitantes resultaron golpeados y las viviendas ubicadas sobre el trazo de la autopista, y que contaban con amparos por parte de los propietarios, fueron demolidas.

La presión social que había funcionado como apoyo frenó temporalmente el proyecto, pero el pasado 24 de abril cuerpos policíacos del gobierno estatal y personal de Grupo Higa acudieron a Xochicuautla e irrumpieron en la asamblea comunal para incidir en la elección del nuevo Comisariado de Bienes Comunales. La advertencia sobre vínculos de la nueva directiva con el gobierno actual no tardó en conocerse, y ahora se teme que se retome el proyecto que se encontraba a 65% de su avance, pese a los recursos legales de la población.

Ante este ecocidio, la división generada no solamente es física —con una autopista que separa familias—, también se ha desgarrado la comunidad y se han fragmentado sus raíces. La historia de abusos a los derechos de los pueblos indígenas ocurre cada vez con mayor frecuencia; y crecen los peligros que enfrentan las comunidades que permanecen en resistencia ante a la devastación de sus recursos naturales.

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13 julio, 201713 julio, 2017

Primero el business

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 2 de febrero de 2017.

El inicio de año ha sido adverso para el país, con el gasolinazo, las acciones del presidente Trump y la ineficiencia de nuestras autoridades para dar respuesta a estos grandes problemas, la incertidumbre ha cercado la economía nacional. Sin embargo, para este 2017 los planes para el “desarrollo económico” de la administración de Enrique Peña Nieto continúan.

En junio del año pasado se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la cual plantea 3 regiones (Puerto Lázaro Cárdenas, Corredor del Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas) a las que se les otorgará beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales, con el objetivo de incentivar la productividad y dotar de las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar a los habitantes de estas demarcaciones.

El tema viene a colación por dos motivos, el primero es el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos, la cual ha dejado en claro nuestra dependencia económica, misma que según diversos sectores de la sociedad, se debe atacar consumiendo la producción nacional y diversificando las alianzas comerciales internacionales.

Justo en este contexto la implementación de estas zonas suena bastante congruente, pues por su posición geográfica podrían ser enlaces para la implementación de nuevas relaciones económicas con América Latina, Asia y Europa, cosa con la que coincido.

Pero no hay que olvidar el concepto de desarrollo que tiene esta administración, el cual sobrepone los negocios frente los derechos humanos. Aquí viene mi segundo motivo, desde el Centro Nacional de Comunicación Social hemos documentado la relación entre las comunidades indígenas y/o pueblos originarios con actores que están detrás de megaproyectos (autoridades y empresas), como una constante encontramos graves violaciones a los derechos fundamentales.

Estas violaciones van desde la aplicación de consultas previas que no cumplen los estándares internacionales, hasta la fabricación de delitos graves a los principales opositores a los proyectos, por ello, la implementación de estas zonas especiales nos pone alerta, aun cuando la misma ley manifiesta que “atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”, pero siguiendo esta lógica no concibo que esta vez será diferente.

La incertidumbre y el difícil contexto económico se presta para forzar la implementación de las zonas especiales, y con la experiencia de los megaproyectos se vuelve necesario estar pendientes del desarrollo de esta política pública. Aun en tiempos difíciles hay prioridades y sobre las económicas está el respeto de los derechos.

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7 julio, 201712 julio, 2017

Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre

Por Ixchel Cisneros
@chelawuera

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 10 de noviembre de 2016.

Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.

Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.

Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.

En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.

Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).

Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).

El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.

Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.

Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).

Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.

Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.

Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.

Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org

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21 junio, 201722 junio, 2017

Pueblos wixárika y nayeri en contra de la afectación a sus sitios ceremoniales en Río San Pedro

Por Redacción/Desinformémonos

Los pueblos nayeri, cora, huichol y wixáricas se unieron a finales de mayo para realizar una ceremonia en el sitio sagrado Keeyasta, localizado en el Río San Pedro en Nayarit, uno de los últimos ríos vivos de México amenazado por la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De construirse, la presa inundaría 15 sitios ceremoniales destruyendo su cultura y la naturaleza del río, alterando las marismas y manglares en su desembocadura en el Océano Pacífico. Según lo reconoce la misma manifestación de impacto ambiental: “la afectación a los sitios ceremoniales no es mitigable”.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias, en representación de los pueblos wixárika y nayeri presentaron un amparo en contra de la planeación, construcción y operación de la presa hidroeléctrica Las Cruces, en el cauce del río San Pedro, en el estado de Nayarit.

La solicitud de amparo señala que el proyecto Las Cruces viola su derecho a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano, al pretender construir dentro de su territorio sagrado, en la cuenca del río San Pedro, una cortina de 188 metros de altura que impactará más de 4 mil 500 hectáreas, y modificará por completo y de manera irreversible la hidrografía, la morfología, los sedimentos y minerales, y la fauna y la flora de su territorio ancestral al que acceden para llevar a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.

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13 junio, 2017

Denuncian violencia contra comunidades que se oponen a siembra de soya transgénica en Campeche

Por Redacción/ Desinformémonos

“Se ha desatado una escalada de violencia y hostigamiento contra las comunidades indígenas” tras la consulta popular sobre el cultivo de soya transgénica en los municipios de Holpechén y Tenabo, en Campeche, denunciaron los apicultores mayas de la entidad, quienes acusaron a “grupos patrocinados por Monsanto” de llevar a cabo las agresiones.

Representantes de las 34 comunidades afectadas que se oponen a la siembra de soya genéticamente modificada aseguraron que las amenazas y el hostigamiento incrementaron desde que se presentó el informe final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 8 de junio.

“Las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, las amenazas y la falta de libertad, seguridad y buena fe, así como por los intentos de grupos bien identificados de dividir a las comunidades a causa de la consulta que ordenó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, expresaron.

De acuerdo con los representantes, Monsanto no respeta las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. “No nos escuchan. Hemos intentado dialogar, pero las autoridades involucradas nunca han volteado a vernos como debe ser. ¿Por qué nos ignoran? Porque somos indígenas. Nos sentimos muy orgullosos de lo que representa cada una de las comunidades”, agregaron.

Recordaron que sin apicultura, no habrá bosques, y que sin ellos no habrá oxígeno. Por ello, enfatizaron que la consulta se refiere al permiso de liberación al medio ambiente de soya transgénica creada por Monsanto en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

“No estamos manipulados por nadie ni somos un grupito, como se quiere hacer creer. Somos gente originaria que está preocupada por las actividades que están siendo afectadas por el uso de productos transgénicos”, reafirmaron los representantes.

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12 junio, 201713 junio, 2017

Conferencia: Pueblos Náyeri y Wixárika se oponen a construcción de hidroeléctrica en lugar sagrado en Nayarit

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

Las autoridades tradicionales, civiles y agrarias, y en representación de los pueblos Wixárika y Náyeri se unen en contra de la construcción y operación de la presa hidroeléctrica Las Cruces, en el cauce del río San Pedro, en el estado de Nayarit, por considerar que viola sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como su derecho humano a un medio ambiente sano.

Participan:
·Santos de la Cruz Carrillo, Representante agrario de la comunidad bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango.
·Nazario Navarrete Lara, Gobernador tradicional.
·Eliseo Velázquez Zeferino, Gobernador tradicional del Consejo Náyeri
·Marcelina López de la Cruz,Voceros del Consejo Náyeri
·Julián López Canare, Voceros del Consejo Náyeri

Convocan:
·Representantes de los Pueblos de Náyeri y Wixárica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)

La cita:
·Martes 13 de Junio de 2017, a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104