«No puede haber desarrollo cuando nuestros derechos están siendo violentados”: comunidades del Istmo

Foto tomada de Desinformémonos

 

PBI México/Desinformémonos

La lucha de las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec contra el megaproyecto del Corredor Interoceánico y su Polos de Desarrollo

El sol del mediodía arde implacable en el pequeño patio de Santa María Mixtequilla (SMM), estado de Oaxaca, donde se encuentran reunidas unas 50 personas. Algunas mujeres intentan refrescarse con abanicos de papel, mientras los hombres llevan grandes sombreros para aliviar el calor del Istmo. Un anciano, de pie, habla con decisión mientras la multitud apoya sus palabras con imperceptibles movimientos de cabeza: “quieren pagarnos por un metro de tierra lo que vale un kilo de tortillas”. El Polo de Desarrollo del parque eólico, que se extiende por aproximadamente 502 hectáreas del municipio de SMM, fue aprobado en el 2021 mediante una “consulta simulada”, según la comunidad, ya que no todas las personas fueron debidamente informadas e incluidas en la toma de decisión. El hombre cuenta cómo el proyecto también ha generado una profunda división en la comunidad, especialmente entre quienes ya vendieron sus tierras y quienes consideran que el pago es muy bajo ($26 MXN por metro cuadrado) y exigen que su historia y herencia – como comunidad indígena – sean reconocidas en el territorio, así como las consecuencias ambientales para las generaciones futuras. De hecho, según lo manifestado por organizaciones locales, las afectaciones socio-ambientales del proyecto no han sido aclaradas, ni han sido debidamente analizadas en su totalidad por una Manifestación de Impacto Ambiental y, hasta la fecha, no se ha presentado ningún plan de protección civil. La comunidad demanda una segunda consulta con la participación de toda la comunidad y con información clara y verídica sobre ventajas y afectaciones del proyecto, exigiendo así que se respete su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, e informado, como establecido por los estándares nacionales e internacionales.

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Organizaciones del FLEPS condenamos agresiones policiales contra la Comunidad Otomí y una periodista

ARTICLE 19 MX-CA/Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2023.- Organizaciones pertenecientes al Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) condenamos los actos de represión a la manifestación pacífica y de abuso de la fuerza en contra de integrantes de la comunidad indígena Otomí, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 15 de Octubre, en la colonia Xoco, Coyoacán, CDMX. 

La comunidad Otomí mantenía el cierre de la avenida México-Coyoacán desde el pasado 11 de octubre, frente a la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”, antes, las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en exigencia del derecho a una vivienda digna.

Desalojo con abuso de la fuerza

Entre la medianoche del 15 y las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo policiaco de alrededor de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a bordo de 50 vehículos. Si bien, la SSC indicó que el repliegue policial fue exclusivamente para “liberar la vialidad”, representantes de la comunidad hicieron público que las fuerzas de seguridad intentaron ingresar y desalojarlos de la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”.

Según la información documentada tanto presencialmente por organizaciones integrantes del FLEPS así como por fuentes públicas, esta intervención dejó a 7 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad quien fue golpeada por 8 elementos de la policía. Aunque integrantes de la comunidad recibieron atención médica de urgencia por médicos solidarios, no se tiene documentado que se haya brindado apoyo médico a las y los manifestantes heridos por parte de las instituciones correspondientes. 

Asimismo, entre las 2:00 am y 3:00 am del 16 de octubre las organizaciones de derechos humanos y periodistas presentes documentaron la llegada de un grupo de sujetos desconocidos que además de amenazar a las y los integrantes de la comunidad presente, efectuaron 3 detonaciones de arma de fuego.

Agresión a periodista

Una de las periodistas presentes, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue víctima de lesiones físicas en su rodilla y su brazo por una decena de elementos de la SSC. Según el testimonio de la periodista en entrevista con organizaciones integrantes del FLEPS: “Me rodearon, me jalaron, me tiraron al piso. Yo uso casco en coberturas de protesta, y aún así sentí que hubo golpes a mi cabeza mientras les escuchaba decir ´agárrala, ya la tenemos´.” 

La periodista tuvo que gritar que era prensa en múltiples ocasiones para ser escuchada por los elementos de la policía, y aunque redujo los golpes le intentaron arrebatar su cámara y su celular; finalmente lograron remover el lente a su cámara. Según el relato de la periodista, tuvo que llegar uno de los integrantes de la comunidad, quien también fue golpeado al momento de apoyarla, para rescatarla de los golpes. 

Llamado del FLEPS a las autoridades

Es motivo de alarma para las organizaciones integrantes del FLEPS que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hayan omitido la aplicación del Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos Durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México, particularmente violentando los principios sobre intervención y uso de la fuerza. 

La comunidad Otomí mantiene una exigencia desde hace tres años, para acceder a su derecho a la vivienda como pueblo originario y por el derecho a habitar en la ciudad de una manera digna, integral y con enfoque intercultural. En este sentido, el derecho a la protesta, así como los derechos de reunión y a la libertad de expresión, son vehículos de exigencia para comunidades que han sido históricamente vulneradas e ignoradas en sus peticiones por las autoridades, por lo que es obligación de éstas el respetar sus derechos.

En vista de lo anterior, las organizaciones integrantes del FLEPS: 

  • Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, iniciar una investigación diligente y expedita sobre los hechos ocurridos.
  • Urgimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrir una queja de oficio sobre las violaciones a los derechos humanos de la comunidad Otomí y de las personas periodistas presentes.
  • Llamamos a las autoridades de la Ciudad de México a utilizar los protocolos y normativas aplicables sobre desalojos, uso de la fuerza y ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en operativos de seguridad futuros.
  • Finalmente, hacemos un llamado enérgico a abrir los canales de diálogo para atender las exigencias y a respetar el derecho a la protesta, libertad de expresión y de reunión y organización.

 

Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social (FLEPS): ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

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«Ellos venían a desaparecernos»: otomís tras intento de desalojo de la Casa de los Pueblos

Fotos: Gerardo Magallón

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El intento de desalojo a los otomís que desde hace tres años mantienen tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, «es la política del Estado hacia los pueblos originarios», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

A media noche de este domingo, alrededor de 2 mil granaderos llegaron a la Casa de los Pueblos para intentar desalojar a la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que por años ha exigido que las autoridades garanticen su derecho a una vivienda digna y la expropiación de tres inmuebles para su habitación.

Los otomís, que mantenían bloqueada la avenida Cuauhtémoc en demanda de la construcción del predio Zacatecas 74 y la expropiación de Romita 18, fueron golpeados y reprimidos por los granaderos, que dejaron al menos ocho heridos de gravedad. La comunidad se organizó para repeler a la policía capitalina y logró expulsarlos de la zona, pero ésta sólo se alejó «a una distancia de aproximadamente 200 metros».

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Fondo Defensores, alternativa para la defensa de los territorios indígenas de México

Redacción/Desinformémonos

Creel, Chihuahua | Desinformémonos. El Fondo Defensores es una organización civil dedicada a la defensa de los territorios indígenas en México. Erica Nava, uno de sus miembros, explica en este testimonio los ejes principales de la organización, la facilidad de sus servicios y cómo acceder a sus herramientas para apoyar a las comunidades y pueblos en el país.

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Marchan en CDMX por Día de la Resistencia Indígena

Foto: Luis Castillo/La Jornada

 

 

Carolina Gómez, Jessica Xantomila y Fernando Camacho/La Jornada

Ciudad de México. Organizaciones indígenas, estudiantiles, populares y de la sociedad civil marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino con motivo del 12 de octubre, fecha en la que marcan la resistencia de los pueblos originarios contra la llegada de los primeros europeos al continente americano.

La caminata está encabezada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), seguido de los contingentes de los padres y madres de Ayotzinapa, alumnos de esa misma escuela normal rural, madres que buscan a sus familiares desaparecidos, estudiantes de diversas universidades e integrantes de organizaciones sindicales y sociales diversas.

Al pasar frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el contingente encabezado por el Congreso Nacional Indigena (CNI), manifestantes expresaron su solidaridad con un grupo de mujeres que sostiene carteles en los que aseguran que la glorieta “se queda” y que no cederán.

“Su lucha es nuestra lucha, su búsqueda es nuestra búsqueda. Vivan las mujeres que luchan”.

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SCJN analizará incosntitucionalidad de Ley Minera

Foto: Kara Castillo/La Jornada de Oriente

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El próximo 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si la Ley Minera, que prioriza la minería por sobre los territorios y fue avalada sin haberse consultado a las comunidades indígenas, viola los derechos de los pueblos y ejidos.

La revisión de la norma es resultado de un amparo que la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla, interpuso en 2015 contra la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras para una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Almaden Minerals.

En el amparo, la comunidad exigió la cancelación de las concesiones otorgadas en su territorio, así como la revisión de la Ley Minera por violar sus derechos como pueblo y ejido indígena.

«Hoy, la Suprema Corte tiene en sus manos una oportunidad histórica», señalaron las organizaciones Consejo Tiyat Tlali y FUNDAR en una petición en Change.org, para que la SCJN atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y se declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera, «que da preferencia a la minería –que devasta el medio ambiente, el agua y la salud de las personas– por encima de cualquier otro uso del territorio».

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Familias indígena en riesgos de contagio y muertes por Covid-19 en los campos agrícolas de México

Foto tomada de Desinformémonos

 

Tlachinollan

Quienes integramos la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), que tiene presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, observamos con especial preocupación que en el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México, se han enfrentado a una serie de situaciones que han vulnerado aún más sus derechos y disminuido sus garantías; ello a pesar de que, en abril del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró y compartió la “Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas”, así como la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19”, y de las medidas enunciadas en las distintas fases de la pandemia, entre ellas las jornadas para la vacunación.

En este contexto, con base en información aportada por algunas organizaciones de la Red y de acuerdo con información pública o suministrada por medios de comunicación locales, se observó que entre los meses de junio a agosto de 2020 se registraron 11 casos positivos en Sonora; en Meoqui, Chihuahua la Secretaría de Salud estatal reportó un brote de Covid-19 que infectó a 27 jornaleros agrícolas, y uno falleció. En Fresnillo, Zacatecas una mujer jornalera falleció; mientras que, en Vizcaíno, Baja California Sur se reportó un brote que se extendió a 3 campos, sumando aproximadamente 35 contagios en esa zona agrícola.

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Pandemia hizo más vulnerables a comunidades indígenas: CNDH

Foto: María Luisa Severiano

 

Alonso Urrutia/La Jornada

Ciudad de México. Durante el conversatorio en ocasión del día mundial de los Pueblos Indígenas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra sostuvo que la pandemia de Covid-19 ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, agudizado por el déficit crónico de medicamentos y las deficiencias en la estructura de salud en las comunidades indígenas.

Recordó que de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el 71.9 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Por otro lado, en un pronunciamiento respecto a las comunidades indígenas, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali sostuvo que el impacto económico de la pandemia ha profundizado las difíciles condiciones de las comunidades. Las políticas de recuperación económica “han priorizado y apoyado la expansión de las actividades empresariales a expensas de los pueblos indígenas, sus tierras y el medio ambiente.

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CIDH ordena medidas cautelares a favor de familias indígenas de 12 comunidades de Aldama

La CIDH ordenó al gobierno de México implementar medidas cautelares a favor de familias de 12 comunidades de Aldama que viven bajo el fuego de grupos civiles armados que operan en San Martha, Chenalhó.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de México implementar medidas cautelares a favor de las familias indígenas de 12 comunidades de Aldama que viven bajo el fuego de grupos civiles armados que operan en San Martha, Chenalhó.

Este martes la CIDH dio a conocer la Resolución 35/2021 dictada el pasado viernes 23 en el seno de ese organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se exige al gobierno de México poner fin al continuo acoso y ataques que viven poblaciones civiles indígenas tzotziles de Aldama.

Las medidas cautelares son a favor de las familias que viven en 12 comunidades: Coco’, Tabac, Xuxch’en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama.

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Criminalización sistemática hacia comunidades autónomas de la meseta purépecha, denuncian OSC’s

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las comunidades de Nahuatzen, Comachuén y Arantepacua, en el estado de Michoacán, han sido objeto de un “proceso sistemático” de criminalización por parte de autoridades municipales, estatales y federales, reveló el Informe de la Misión Civil de Observación “Autonomía y libre determinación en la meseta purépecha”.

En el informe, realizado por Serapaz, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro Vitoria, el Centro Pro y la Red TDT, señalaron las graves violaciones a los derechos de estas comunidades indígenas, lo que ha obstaculizado su derecho a la libre determinación. Además, pudieron constatar patrones de criminalización como ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias contra autoridades comunales y comuneros.

En el informe se denunciaron las violaciones a sus derechos político-electorales, a través de acciones de estigmatización, desacreditación y deslegitimación contra los órganos tradicionales de los gobiernos comunales, así como la falta de reconocimiento y respeto a los sistemas normativos.

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