Meade dispuso del Ramo 23 para “premiar” o “castigar” a gobiernos estatales: México Evalúa

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de la “caja negra” del Ramo 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó de manera discrecional recursos multimillonarios a gobiernos estatales priistas, sobre todo en años anteriores a procesos electorales, de acuerdo con la organización México Evalúa.

El año pasado, el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña destinó 36 mil 300 millones de pesos a los 15 gobiernos estatales priistas, y otros 11 mil 738 millones de pesos a los 10 gobiernos del PAN a través de tres programas presupuestarios que integran el Ramo 23: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin)

En 2011, el año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero Arroyo –entonces secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa– entregó 8 mil 80 millones de pesos a gobiernos estatales encabezados por el PAN y 3 mil 849 millones de pesos a gobernadores del PRI.

El estudio “Arquitectura del Ramo 23”, presentado hoy por México Evalúa, evidencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó estos recursos multimillonarios como una herramienta de “control político”: la empleó tanto para “premiar” a los gobernadores aliados como para “castigar” a los opositores, especialmente en periodos electorales.

Los casos del Estado de México y de Chihuahua lo exhiben con toda claridad: entre 2009 y 2012, el gobierno del Estado de México –es decir, de Peña Nieto– recibió un promedio de mil 584 millones de pesos cada año derivado de estos tres programas del Ramo 23.

Y a partir de la llegada al poder de Peña Nieto, la tendencia cambió de manera dramática: entre 2013 y 2017, la SHCP entregó un promedio de 8 mil 327 millones de pesos cada año a la entidad, bastión histórico del PRI; es decir, seis veces más que con Calderón.

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Desplazados por la violencia en Ciudad Juárez buscan refugio en Estados Unidos

Por Redacción/Anima Polítco

Mariana y su familia fueron amenazadas por el líder de un grupo criminal en Ciudad Juárez, por lo que decidió huir de la violencia, y desplazarse hacia EU.

El 6 de febrero de 2016, Mariana fue secuestrada por su expareja, Jesús Rodríguez, líder de la banda criminal Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Rodríguez, quien purgaba una condena de 250 años por secuestro en el Cereso estatal número 3, retuvo y golpeó a Mariana dentro del reclusorio. La joven logró salir cuando su madre denunció el caso ante los medios de comunicación.

Durante meses, Mariana y su familia habían sido amenazadas por el líder de los Mexicles. Después del secuestro, Mariana evidenció la corrupción existente dentro del penal, pues varios reos gozaban de privilegios; sin embargo, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía de Género en Chihuahua lograron garantizar la seguridad de Mariana y su familia. Fue entonces cuando decidieron huir del país.

Mariana cuenta que cuando llegó al cruce internacional con Estados Unidos, le brindaron todo lo necesario para ella y su bebé, sin embargo, a los días siguientes la mantuvieron detenida durante ocho meses en el campamento del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) de El Paso, Texas.

Cuando la dejaron salir, le colocaron un brazalete electrónico para vigilar sus movimientos; se mantuvo con el dispositivo durante 15 meses, hasta que el abogado Carlos Spector, de la asociación Mexicanos en Exilio, llevó su caso a la corte de inmigración y lograron que el dispositivo de vigilancia fuera removido.

Desde que Mariana ingresó a Estados Unidos, Mexicanos en Exilio atrajo su caso logrando que ella y su madre entraran dentro del programa de la Convención Contra la Tortura, que les permite vivir en Estados Unidos, tener acceso a seguro social y un permiso de trabajo. No obstante, estos beneficios no son permanentes.

Vivir en el exilio no ha sido sencillo para Mariana. “Yo me siento muy rara porque no pertenezco aquí, pero tampoco puedo estar en mi país”, relató.

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#SeguridadSinGuerra denuncia castigos a Cholula, Puebla, por oponerse a la Ley de Seguridad

Por Redacción/Sin embargo

#SeguridadSinGuerra condenó los hechos y expresó su respaldo a los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; Morelia, Michoacan; Tepeyahualco, Puebla; Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Oxchuc, Chiapas, entidades que han presentado controversias ante la SCJN en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– El colectivo #SeguridadSinGuerra denunció represalias en contra del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, luego de que presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia contra la Ley de Seguridad Interior a través de un comunicado dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto.

El colectivo, conformado por más de 300 organizaciones y personas, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló el convenio de colaboración que tenían para la vigilancia de carreteras y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio San Pedro Cholula, según informó el propio Alcalde, José Juan Espinosa, el pasado 19 de enero.

#SeguridadSinGuerra condenó los hechos y expresó su respaldo a los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; Morelia, Michoacan; Tepeyahualco, Puebla; Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Oxchuc, Chiapas, entidades que han presentado controversias ante la SCJN en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Los denunciantes también respaldaron al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado quien presentó una Controversia Constitucional.

 “Respaldamos plenamente la Controversia Constitucional presentada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no solo por ser el único mandatario que lo hizo, sino porque las razones expuestas en su demanda, fundamentan plenamente la invasión que la Ley impone a la soberanía de los estados por las autoridades federales; la vulneración de la autonomía presupuestaria y financiera de las entidades; y la violación de todo el articulado de la Ley a la Constitución”.”

#SeguridadSinGuerra indicó que permanecerá atento de la situación en los municipios que acudieron a la Suprema Corte y en el Estado de Chihuahua.

“El ejercicio del legítimo derecho que tienen para controvertir, no debe ser inhibido ni castigado por nadie, mucho menos, si de por medio se vulnera la seguridad y la vida de los gobernados“.

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Ya presentó PGR tres solicitudes de extradición contra César Duarte y prepara ocho más

Por Redacción/Aristegui Noticias

Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría, dijo que está trabajando de la mano con la Fiscalía General de Chihuahua y se le informan de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, informó que el pasado jueves fueron presentadas tres solicitudes formales con fines de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“El día de ayer ya se presentaron las tres solicitudes formales de extradición en contra de la persona y estamos trabajando para darle continuidad y llegar a presentar las once solicitudes que nos han presentado.”, indicó en entrevista para la emisión matutina de Enfoque Noticias.

Abundó que se están haciendo los trámites correspondientes con las autoridades extranjeras a efecto de que inicien los procedimientos de extradición.

Esta petición, señaló el funcionario federal, es hacia “un país específico”; sin embargo, por cuestiones de los principios del debido proceso y presunción de inocencia, no se puede dar el nombre de la nación a la que fueron giradas estas tres solicitudes de extradición.

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Apatzingán, Michoacán; y Cuauhtémoc, Chihuahua, los municipios con mayores probabilidades de tener fosas clandestinas: Ibero

Por Redacción/Desinformémonos

Información oficial proporcionada por órganos gubernamentales confirmó la certeza del funcionamiento del ‘Modelo estadístico de predicción de fosas clandestinas en México’; elaborado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Data Cívica y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).

Vale recordar que el modelo fue presentado públicamente y por primera vez en junio de este año 2017, y mostró probabilidades sobre municipios donde la existencia de fosas clandestinas en México era alta en los años 2015 y 2016 pero que no fueron observados por la prensa. En esa ocasión se utilizó como única fuente una base de datos de registros hemerográficos de fosas clandestinas desarrollada por el PDH de la IBERO.

A partir del supuesto de que existe un universo de fosas en el país más amplio que el registrado por la prensa nacional y local, los creadores del modelo se dieron a la tarea de mejorar y ampliar los resultados del mismo, para lo cual en esta segunda etapa recurrieron al uso de información solicitada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por el periodista Darwin Franco, sobre hallazgos de fosas clandestinas observados por fiscalías o procuradurías estatales.

Con esto, el PDH, Data Cívica y HRDAG, “confirmamos que municipios a los cuales nuestros modelos con información de prensa habían asignado una probabilidad alta, sí tuvieron fosas clandestinas posteriormente. Es decir, nuestras predicciones de municipios con fosas clandestinas para los años 2015 y 2016 fueron confirmadas con esta nueva información de carácter oficial, correspondiente a los mismos años. En otras palabras, confirmamos (que) nuestro modelo estadístico funciona”.

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Y en el México impune, denunciar se lleva hasta 200 minutos, y sólo resuelven 14 de cada 100 delitos

Por Redacción/Sin embargo

El índice de desempeño de procuradurías y fiscalías del país, que realiza la organización Impunidad Cero, reveló que en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven.

Las fiscalías de Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco son las cinco peores del país, de acuerdo con una revisión en el número de casos que resolvieron.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Las fiscalías de Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco son las cinco perores del país, de acuerdo con una revisión que realizó Impunidad Cero sobre el número de casos que resolvieron.

El índice de desempeño de procuradurías y fiscalías del país reveló también que en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven.

En cuanto a la capacidad de las fiscalías para investigar, los estados de Sonora (2.3), Nuevo León (3.6), Estado de México (3.6), Tamaulipas y Puebla (4.3) son las que aparecen en los últimos lugares de la tabla de evaluación.
En cuanto al presupuesto per capita en procuración de justicia, Puebla, Jalisco, Guerrero y el Estado de México destinan pocos recursos a sus dependencias.

Las fiscalías de Campeche, San Luis Potosí, Nayarit, Chiapas y Chihuahua son los que menos investigaciones ingresan.

Respecto al tiempo de espera para denunciar un delito, los mexicanos que deciden presentar una denuncia tardan de 85 a 212 minutos para levantar una denuncia. Los habitantes de los estados de Guerrero (212.06 minutos); Michoacán (206.59 minutos), Puebla (200.84 minutos), Ciudad de México (196.33 minutos) y Tabasco (180.82 minutos) son las que más minutos tardan en ser atendidos.
Otro de los indicadores considerados en la evaluación de la labor de las procuradurías es el porcentaje de órdenes de aprehensión obtenidas por las fiscalías y que son ejecutadas y cumplidas.

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Indígenas llevan a ONU abusos de megaproyectos; pintan al Estado mexicano como un verdugo más

Por Redacción/Sin embargo

Organizaciones civiles que acompañan a grupos indígenas presentarán ante la Relatoría especial de la ONU un cúmulo de denuncias sobre las disputas territoriales, la falta de consulta, despojo y criminalización a quienes se oponen a megaproyectos en México, entre otras violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos los pueblos originarios.

El documento sobre la problemática general en el país será presentado por las organizaciones, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y esperan que el peso internacional de las futuras recomendaciones traiga cambios favorables a esas comunidades.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Ocho personas del pueblo de Salazar, Estado de México, que se oponían a la construcción de un proyecto de la Inmobiliaria Hsea S.A. fueron detenidas desde el pasado 31 de agosto. Cinco hombres y tres mujeres de esta localidad están vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la liberta y lesiones.

Para la comunidad, es una clara afrenta por la resistencia a un proyecto de recreación que se pretende construir en terrenos que consideran que se están usurpando.

Entre los detenidos está el presidente de bienes comunales Cutberto Vilchis García, encargado de velar por la defensa del territorio de la localidad otomí. El caso está incluido entre las denuncias que activistas presentarán a la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU).

El caso de Salazar, municipio de Lerma, refleja la criminalización de los defensores del territorio en el Estado de México, sostuvo la abogada Citlalli González del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). El caso se prevé llegará a las manos de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien estará en el país del 8 al 17 de noviembre.

“Los problemas agrarios también son parte de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en el Estado de México. La comunidad de Salazar ha peleado por un reconocimiento de sus tierras, pero las autoridades no reconocen a sus autoridades comunales para hacer este reclamo”, explicó González.
En un breve mensaje, la Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz aseguró que buscará “información acerca de casos reportados sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y estudiaré las medidas de protección disponibles para las y los líderes, así como las comunidades en riesgo”.

La visita ha alentado a las organizaciones civiles, que acompañan a los pueblos indígenas, a presentar un informe sobre los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

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¿De qué sirve detenerlos si los ex gobernadores se quedan con lo robado?, reclaman especialistas

Por Redacción/Sin embargo

Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido detenidos durante esta administración, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado por desvíos de recursos públicos que suman más de 206 mil millones de pesos.

Ante el destino incierto de estos fondos, investigadores en transparencia exigen al Estado ubicar el dinero y devolverlo al erario en este momento en que México necesita reconstruirse.

“El primer responsable es el Estado porque son instancias –como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”, si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad, afirma Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos desviados del erario público por parte de 15 ex gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento en que el país necesita reconstruirse.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.

Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y en caso de no recuperar el dinero “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.

En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.

“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.
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Inversionistas niegan agua potable a indígenas en Chihuahua

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Cinco inversionistas fueron acusados de impedir el acceso al agua potable a los indígenas de la comunidad de Mogótavo, en la Sierra Tarahumara, luego de que se asumieron como propietarios del territorio y declararon frente a las autoridades judiciales que no existe dicho poblado.

“Los supuestos propietarios, al comparecer a juicio, señalan, a través de sus apoderados, que Mogótavo no existe, que no tienen necesidad de agua potable y que están invadiendo sus tierras”, explicaron representantes de la comunidad.

Los inversionistas señalados son el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Omar Bazán Flores, y el exdiputado local y a candidato a la alcaldía de Delicias, Ricardo Orviz Blake, así como Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez.

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“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, exigen mujeres en marcha contra el feminicidio

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Una larga columna color violeta y negra recorrió la Ciudad de México exigiendo fin al feminicidio y justicia para la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada en Puebla presuntamente por un taxista de Cabify, quien lejos de dejarla en su domicilio la raptó y se la llevó a un hotel, donde la violó y la asesinó, para después arrojarla a un baldío envuelta en una sábana.

Miles de personas, en su mayoría mujeres –y también miles de hombres- gritaron su indignación desde el zócalo capitalino hasta la Procuraduría General de la República (PGR). Las consignas expresaron hartazgo, coraje y rabia. No hay lugar para la mesura en un país en el que son asesinadas siete mujeres al día, con una impunidad del 99 por ciento. “Nos matan porque pueden, porque no pasa nada”, decía una de las miles de cartulinas al frente de la manifestación.

Los hashtag #JusticiaParaMara y #NoFueTuCulpa convocaron en las redes sociales, unidas al #NosEstánMatando y #VivasNosQueremos”. Es Mara Fernanda hoy el símbolo de la lucha, la agresión flagrante contra una mujer por el hecho de ser mujer.

El presunto asesino tiene nombre y apellido: Ricardo Alexis Díaz. Exigir que el asesinato no quede impune y que se le tipifique como feminicidio es una de las demandas de una marcha enlutada.

Amas de casa, artistas, académicas, estudiantes, periodistas, trabajadoras, mamás cargando a sus hijas o empujando las carreolas, recorrieron avenida Reforma en la Ciudad de México, al igual que las principales calles de Puebla, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas y Veracruz, de donde es originaria Mara Fernanda, cuyos padres encabezaron la marcha tan solo unas horas después del sepelio.

Karen Castilla, su hermana mayor, quien fue la primera en denunciar su desaparición, fue contundente: ‘‘es un feminicidio; mi familia y yo estamos desechos. Queremos justicia para ella y para todas las personas desaparecidas. ¡No queremos más pésames, no queremos ni una más!’’.

‘‘Ojalá que con la partida de mi hija Mara se pueda dar un gran paso para que esta situación termine. Que Mara sea la última’’, manifestó la dolida madre al final de la multitudinaria marcha en Jalapa

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