CNDH reconoce graves violaciones a derechos en incendio en Ciudad Juárez; pide reparación del daño a víctimas

Redacción/Animal Político

La CNDH denunció que a las 67 personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria no se les garantizó una estancia digna y de respeto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hay elementos que permiten evidenciar violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de las 40 personas migrantes fallecidas y de las 27 lesionadas en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El organismo emitió una recomendación a tres dependencias del gobierno federal: Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM); y solicitó la reparación integral del daño a las 67 víctimas y a sus familiares.
La comisión denunció que a las personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria no se les garantizó una estancia digna y de respeto, ya que las personas servidoras públicas del INM “omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles hacer frente a sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía”.

Personas defensoras y periodistas hacen un llamado a tomar acciones urgentes ante la violencia que enfrentan en Chihuahua

Espacio OSC

Ciudad de México / Chihuahua, 21 de julio de 2022.

Los días 19 y 20 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, el noveno diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Especializada de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de Chihuahua, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este es el noveno diálogo que se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Jalisco y Michoacán, los cuales tienen el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, pero enfatizando las necesidades específicas del contexto, en este caso del estado de Chihuahua.  

Durante el evento las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resaltaron que los altos índices de violencia para frenar su labor provienen principalmente por funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, que directa e indirectamente y en colusión con grupos criminales obstaculizan su labor mediante agresiones, entre las cuales destacaron: homicidios, amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, campañas para denostar su trabajo, detenciones arbitrarias, hasta el cierre de espacios de participación.

Estas violaciones han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatal, por lo que se insistió en que si bien las instancias municipales y estatales tienen el deber de garantizar su seguridad y protección, estas no pueden quedar a su cargo por ser las principales agresoras/es y fuentes de riesgo para personas defensoras y periodistas. Ante este panorama, hicieron hincapié en la necesidad de que las instancias estatales y el Mecanismo Federal generen acciones de capacitación dirigidas a las instancias municipales de gobierno y seguridad pública, así como promover sanciones administrativas, penales y políticas frente a los agravios que estos cometan. De igual manera personas beneficiarias del Mecanismo de Protección instaron a la Secretaría de Gobernación, a revisar las medidas y planes de protección y esclarecer cómo se tramitarán sus solicitudes de incorporación en situaciones de riesgo, tanto individuales y colectivas, y las dependencias encargadas de su protección.

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo, y por ende la ausencia de periodistas e integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos. Ante el descontento y exigencia de parte del gremio periodístico, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a fortalecer la convocatoría e invitación a otro espacio de discusión sobre la propuesta de Ley en Chihuahua, para el próximo 23 de agosto, en coordinación con las instancias estatales.

Por último, hicieron énfasis en la urgencia de establecer claridad en la responsabilidad técnica y política del gobierno estatal, así como construir acciones que reconozcan, garanticen, y fortalezcan la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos; a seguir fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH y por parte de organizaciones de la sociedad civil, el fortalecimiento de la Unidad Estatal de Protección y su coordinación con la federación; así como de posibilitar la real participación de las personas defensoras y periodistas durante todo el proceso de discusión, elaboración e implementación de las acciones de protección, para garantizar que sus demandas sean recuperadas en la iniciativa de Ley y en el fortalecimiento del Mecanismo de Protección. 

 

Para medios

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Ver boletín de prensa

Rinden homenaje a Miroslava Breach, a cinco años de su asesinato

Foto: Twitter @PropuestaCivica

 

Jesús Estrada y Rubén Villalpando/La Jornada

14 mujeres fueron asesinadas en México durante el #8M, segunda cifra más alta en lo que va de 2022

Foto: Doryan Álvarez/Cencos
Redacción/Animal Político

La cifra incluye los 11 asesinatos de mujeres contabilizados por el gobierno federal en su reporte diario y otros tres ocurridos en Atlixco, Puebla, que fueron confirmados hasta la mañana de este miércoles.

En plena conmemoración por el #8M, 14 mujeres fueron asesinadas en el país a lo largo de la jornada, en lo que representa la segunda cifra más alta para un solo día en lo que va de 2022.

Los 14 asesinatos incluyen los 11 consignados en el reporte diario que elabora el gobierno federal —con base en información de medios de comunicación o “fuentes abiertas”—, así como tres ocurridos en Atlixco, Puebla, durante la noche del martes. Los crímenes cometidos en Puebla, donde también fueron asesinados seis hombres, no alcanzaron a quedar registrados en el informe de las autoridades federales porque se dieron a conocer hasta la mañana de este miércoles.

Por estado, los demás homicidios dolosos de mujeres ocurridos en el reciente Día Internacional de la Mujer se distribuyeron así: Chihuahua, uno; Colima, uno; Guanajuato, dos; Michoacán, uno; Morelos, dos; Nuevo León, uno; Sonora, dos, y Tamaulipas, uno.

Ver nota completa

Once años de impunidad en el asesinato de la defensora Marisela Escobedo

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Anayeli García Martínez/Desinformémonos

Este 16 de diciembre se cumplieron 11 años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en el estado de Chihuahua en 2010. Desde entonces no hay  justicia para ella, toda su familia permanece desplazada forzadamente en otro país y hay un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en el estado.

Como cada año, defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la placa colocada en honor a Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, por exigir justicia por el feminicidio de su hija Ruby Marisol Frayre Escobedo, desaparecida y asesinada en 2008.

Días antes del crimen, Marisela sentenció lo que sería su muerte: “si me va a venir este hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente (del Palacio de Gobierno) para vergüenza del gobierno”.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehum), que acompañó la lucha de justicia de Marisela, emitió un comunicado donde afirmó que han pasado pasados once años de impunidad, con toda su familia desplazada forzadamente en otro país y con un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en Chihuahua. “Esta sigue siendo la vergüenza del gobierno, en todos sus niveles”, expusieron.

Ver nota completa

Sentencian a exalcalde Hugo Schultz por homicidio de la periodista Miroslava Breach

Imagen: Twitter @PropuestaCivica

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. A más de cuatro años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, Hugo Amed Schultz, el exalcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, fue sentenciado como partícipe auxiliador del crimen, por lo que deberá pagar con ocho años de prisión y la reparación integral del daño, que consiste en compensación económica y una disculpa pública.

El exedil del municipio de Chínipas, de donde era originaria la periodista, aceptó los hechos de la acusación y su responsabilidad penal, así como la condena solicitada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) durante la audiencia del pasado 15 de junio.

Se trató de un procedimiento abreviado en el que existe el beneficio de reducción de los años de prisión que la ley establece para el delito en cuestión. Esto a cambio de que Amed Schultz aceptara su responsabilidad y participación en los hechos, garantizara la reparación integral a las víctimas y renunciara a su derecho a un juicio oral.

Ver nota completa

Miroslava Breach: A cuatro años de su asesinato. Avances y pendientes en la investigación

Propuesta Cívica

Asesinada el 23 de marzo de 2017 por investigar y exponer las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas cientos en la Sierra, así como, las redes de narcopolítica y corrupción que operan en Chihuahua.

Hoy se cumplen 4 años sin Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo de 2017 por investigar y exponer las violaciones a los derechos humanos que se cobra cientos de víctimas en la Sierra, así como las redes de narcopolítica y corrupción que operan en Chihuahua. El caso ha estado marcado por grandes retos para la Procuraduría y la administración de justicia. En 2020 hemos logrado avances significativos que sientan un precedente importante para el combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas en uno de los países más mortíferos para la prensa a nivel mundial.

4 años sin Miroslava Breach han significado no sólo la pérdida de una valiosa mujer, una aguerrida madre, la entrañable hermana o la incondicional amiga, sino también, la pérdida de una gran investigadora y periodista que decidió no callar y exponer lo que sucede en Chihuahua; han significado pérdida de libertad de expresión para la ciudadanía en México.

Cuatro años en los que hemos trabajado a nivel nacional e internacional para que las víctimas logren conocer la verdad, tengan acceso a la justicia y a una reparación integral. Hemos acompañado y representado legalmente el caso en aras de que su asesinato no quede en la impunidad, porque es necesario que todos los responsables sean llevados ante los tribunales de justicia.

Existen avances importantes en el caso, entre los que destacamos haber logrado que la investigación haya sido asumida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); haber logrado que la investigación dejase de estar en manos de la Fiscalía General de Chihuahua para pasar a la Fiscalía General de la República fue crucial para el caso y permitió extender las líneas de investigación; la identificación de todos los autores materiales e intelectuales del crimen; el juicio oral en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, que requirió un mes de juicio oral en el que se desahogaron todas las pruebas de las partes y se demostró al tribunal su plena responsabilidad, así como la obtención de una sentencia condenatoria de 50 años de prisión; y la detención de un ex funcionario público por su probable participación y auxilio a los autores intelectuales y materiales del homicidio, además de su vinculación a proceso.

En un país marcado por la impunidad, la sentencia en el caso Miroslava cobra doble relevancia, ya que se trata de la primera sentencia condenatoria por homicidio cometido contra una mujer periodista, en la que una autoridad judicial federal reconoció que el crimen se cometió como consecuencia de su labor. El Juez Federal Nelson Pedraza Sotelo estableció en su sentencia: “se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas, lográndose identificar a un autor intelectual del crimen”.

Otro avance relevante fue la detención de Hugo Amed “N”, exalcalde del municipio de Chínipas, por parte de elementos de la FEADLE. El ex funcionario fue vinculado a proceso penal y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva el 22 de diciembre de 2020, una vez que una Jueza federal consideró que existían elementos jurídicos necesarios para tales efectos, otorgó tres meses para la investigación complementaria. El proceso contra uno de los “posibles” eslabones importantes entre la política y el narcotráfico en Chihuahua apenas comienza. Queda un largo camino que recorrer.

Frente a esta realidad, aún quedan por realizarse varias acciones importantes. Entre ellas, que la FGR ejecute las órdenes de aprehensión pendientes contra un responsable material y contra el posible autor intelectual del homicidio, quien fue identificado en juicio oral en 2020. Sigue pendiente para las autoridades federales investigar de manera efectiva y agotar todas las líneas de investigación relativas a la narcopolítica en el estado de Chihuahua relacionadas con el asesinato de la periodista.

A lo largo de estos cuatro años, para las organizaciones que acompañamos el caso -Propuesta Cívica (PC), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)-, los logros obtenidos hasta la fecha representan un gran avance. Agradecemos el valor y el esfuerzo enorme que la familia de Miroslava han hecho para seguir adelante en este tortuoso y peligroso camino de acceso a la justicia: sin su convicción, esto no sería posible. Aunado a esto, consideramos importante el papel que los medios de comunicación han realizado a lo largo de este tiempo; su labor de investigación, documentación y difusión también ha sido sumamente importante para el caso, por lo que agradecemos la solidaridad del gremio periodístico.

Ver comunicado completo 

Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez entre 2015 y 2019

Alberto Pradilla/Animal Político

Portación ilegal de armas, homicidio y crimen organizado son los principales delitos por los que elementos del Ejército fueron vinculados a proceso desde 2010.

Foto: Juan Carlos Cruz

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez. 

Ver nota completa

Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra rarámuris que reclaman sus tierras

Redacción/Desinformémonos

Foto: Alianza Sierra Madre

Ciudad de México | Desinformémonos. Activistas y defensores rarámuris en la comunidad de Choréachi denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar “el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques”.

Desde hace más de 30 años, los defensores rarámuri han reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral “ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac)”, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicaron.

Los caciques de la zona han actuado en respuesta con agresiones y amenazas a los abogados, defensores e integrantes de Asmac en Choréachi, entre las que se encuentran los asesinatos de las autoridades tradicionales Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya, así como “desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes”.

Ver nota completa

Agricultores desalojan a la Guardia Nacional de la Presa La Boquilla

Patricia Mayorga/Proceso
Foto tomada de Proceso

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Miles de agricultores de la región centro sur se movilizaron la mañana de ayer a la presa La Boquilla, a la que llaman la reina de las presas en Chihuahua, para evitar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siguiera extrayendo agua en medio de una sequía histórica para la entidad y a las 16:00 horas desplazaron a la Guardia Nacional para tomar la presa.

“Es una verdadera guerra por el agua”, se oía decir agricultores que corrían y tosían por efectos del gas lacrimógeno disparado por los militares que resguardaban la presa ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos.

Los agricultores, hombres, mujeres, adultos mayores, menores de edad, familias completas, llegaron a la zona de la presa cargados de indignación y coraje contra el gobierno federal, que desde febrero pasado ha hecho acuerdos con ellos para evitar que se queden sin agua para sus tierras y uso doméstico.

Ver nota completa