La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada sin vida dentro de un domicilio de Aquiles Serdán, Chihuahua; ONG afirman que se trató de un crimen de odio y exigen justicia.
Foto: Facebook Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua
La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada sin vida al interior de una casa en la colonia Solar del Valle del municipio Aquiles Serdán, en Chihuahua.
De acuerdo con los primeros reportes policiacos, vecinos reportaron a las autoridades un fuerte olor que provenía del domicilio, en el que no habían visto actividad desde el pasado viernes.
La Fiscalía de Chihuahua confirmó a Animal Político que la madrugada de este miércoles el cuerpo de Mireya fue hallado en estado de descomposición, sin que hasta el momento se conozca la causa del fallecimiento.
Imagen de Miroslava Breach a la entrada del centro de justicia penal federal de Chihuahua, donde se llevó a cabo el juicio oral entre el 16 de febrero y 18 de marzo de 2020. Foto: Cencos/Erik Salinas
El juicio contra el hasta ahora único culpable del asesinato de la periodista Miroslava Breach, concluyó el pasado 18 de marzo con una sentencia condenatoria. La pena que deberá cumplir en prisión se conocería el 20 de abril. La Fiscalía solicita 70 años de cárcel.
Desde el inicio, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) al igual que las organizaciones acompañantes del caso perseguían un mismo objetivo: la culpabilidad del sentenciado. Con el fallo condenatorio se escala un primer peldaño en la consecución de justicia. Aún queda un largo camino por recorrer, pues como declaró Rosa María Breach, hermana de Miroslava, en conferencia de prensa en CENCOS, “este fallo judicial es una esperanza; tenemos claro que una verdadera justicia no lo es hasta que se ponga en la balanza de la ley a todos los involucrados, sean estos del crimen organizado o de la cúpula del gobierno”.
A lo largo de las cuatro semanas que duró el juicio declararon más de 60 testigos, entre familiares, periodistas, políticos panistas, analistas, policías de investigación, agentes ministeriales y el Fiscal General del estado. “El hecho de tener una sentencia condenatoria el día de hoy va a generar también un impacto importante dentro del expediente para poder ir avanzando hacia los otros niveles de participación que se generaron en el crimen”, precisa el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en entrevista a CENCOS.
Aunque no era la primera vez que Miroslava Breach recibía amenazas, estas aumentaron a partir de un artículo publicado el 4 de marzo de 2016 en La Jornada titulado “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”. En él detallaba la imposición de candidatos a puestos de elección popular de bandas rivales del crimen organizado (La Línea y Los Salazar) en la sierra de Chihuahua.
Titulares de la prensa local durante el juicio. Foto: Cencos/Erik Salinas
La FEADLE y Propuesta Cívica —organización que brinda asesoría legal a la familia de Miroslava— solicitaron al juez que tuviera en cuenta dos aspectos clave a la hora de dictar sentencia: la perspectiva de libertad de expresión y de género. “Demostramos en el juicio cómo, previo al asesinato, Miroslava fue víctima de persecución y víctima de acoso; cómo los victimarios la espiaron en su domicilio, la siguieron en todas sus actividades cotidianas. Quisimos que eso fuera tomado en cuenta porque desgraciadamente las violencias se recrudecen cuando se trata de mujeres periodistas”, explica Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, en entrevista a CENCOS.
Miroslava publicó varios artículos en los que denunció saqueos, abusos, miedo y colocación de políticos al gusto de narcotraficantes. “Silencio es complicidad” era su lema. Una mujer que no rebela fuentes y que no desdice lo dicho crea, al menos, confusión en una población como Chínipas, donde el grupo delincuencial Los Salazar imparte su ley desde hace, al menos, 20 años.
No en vano el crimen de Miroslava abrió preocupantes zonas de silencio en Chihuahua y en todo el país. “Quienes mataron a Miroslava Breach de alguna forma lograron su cometido, que fue silenciar a aquellos reporteros que se atrevían a denunciar. Por eso este juicio puede ser un gran precedente para dar un mensaje contrario: que no se puede callar a un periodista, que es posible acabar con la impunidad”, asegura Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México, en entrevista a CENCOS.
Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y uno de los observadores del juicio, lo resume en una sola frase, en entrevista a CENCOS: “Justicia incompleta es impunidad total”. Por eso, cuando se trata de libertad de expresión en México, tanto el caso de Miroslava como el del reportero sinaloense Javier Valdez, asesinado en mayo de 2017, son calificados como “emblemáticos”; en otras palabras, deberían ser ejemplo de justicia, verdad y reparación integrales. Aunque, en realidad, la verdadera conquista sería que nunca más se repitieran.
Justicia, verdad y reparación, las exigencias principales de la FEADLE y la familia de Miroslava Breach. Foto: Cencos/Erik Salinas
Cuando se cumplen tres años del asesinato de Miroslava Breach, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) acaba de conseguir la primera sentencia condenatoria en su caso. Sin embargo, aún quedan varios retos pendientes para lograr justicia, verdad y reparación plenas.
La cartulina que contenía amenazas contra el gobernador Javier Corral y que se encontró junto al cuerpo de la periodista Miroslava Breach el 23 de marzo del 2017 es una metáfora de todo el proceso penal: le faltaba una pieza. La extrañeza de las distintas versiones sobre el contenido de este mensaje fue una proyección de un juicio histórico, en el que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solicita la pena máxima (70 años de prisión) contra el hasta ahora único culpable del crimen, a quien se le dictará sentencia el próximo 20 de abril.
El juicio, que inició el 16 de febrero y terminó el pasado 18 de marzo, atrajo la atención de organismos nacionales e internacionales. Representantes de la ONU, Reporteros sin Fronteras, Propuesta Cívica y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) asistieron como observadores de esta audiencia sin precedentes en México. Los chihuahuenses de a pie, así no siguieran las noticias diarias, sabían que algo importante estaba pasando en el centro de justicia penal federal de Chihuahua por el número de patrullas de la Guardia Nacional y la cantidad de reporteros que se plantaban a la entrada del lugar todos los días poco antes de las 9 de la mañana.
Desde el inicio, la FEADLE al igual que las organizaciones acompañantes del caso perseguían un mismo objetivo: la culpabilidad del sentenciado. Con el fallo condenatorio se escala un primer peldaño en la consecución de justicia y se abre camino para reclamar otros dos aspectos cruciales: ejecutar la orden de aprehensión en contra de JVV, presunto cómplice del ahora sentenciado, y ampliar las líneas de investigación para acreditar la participación de JCSZ, presunto autor intelectual y líder del grupo delincuencial Los Salazar.
“El hecho de tener una sentencia condenatoria el día de hoy va a generar también un impacto importante dentro del expediente para poder ir avanzando hacia los otros niveles de participación que se generaron en el crimen —precisa el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en entrevista a CENCOS—. Todavía hay participaciones que deben ser consideradas dentro de la investigación […]. Para poder hacer una acusación necesitamos tener pruebas suficientes”.
Entrada del centro de justicia penal federal de Chihuahua, donde se llevó a cabo el juicio oral entre el 16 de febrero y 18 de marzo de 2020. Foto: Cencos/Erik Salinas
A lo largo de las cuatro semanas que duró el juicio declararon más de 60 testigos, de los cuales tres testimonios resultaron clave para probar la responsabilidad del ahora sentenciado. Uno de ellos se encontraba en Chínipas cuando JCSZ presuntamente ordenó el asesinato de Miroslava. Otro corresponde al de una persona agente estatal, quien ocultó a la persona sentenciada y a su presunto cómplice, y finalmente la declaración del chófer del sentenciado y quien identificó al presunto cómplice.
En entrevista para CENCOS, Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica y asesora legal de la familia de Miroslava Breach, indicó que “este juicio es respecto de uno de los coautores materiales del asesinato. Lograda la sentencia, la investigación no se cierra”. Para ella es necesario que las pesquisas se orienten hacia la autoría intelectual y que se inicie un proceso penal contra el responsable intelectual, “contra quien dictó la orden del homicidio de Miroslava, y también que se investigue a los políticos panistas presuntamente involucrados”.
Un crimen anunciado
Aunque no era la primera vez que Miroslava Breach recibía amenazas, estas aumentaron a partir de un artículo publicado el 4 de marzo de 2016 en La Jornada titulado “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”. En él detallaba la imposición de candidatos a puestos de elección popular de bandas rivales del crimen organizado (La Línea y Los Salazar) en la sierra de Chihuahua. De allí que la palabra “narcopolítica” se haya convertido en una constante en este proceso.
Para seguir esas pistas sobre las alianzas entre política y crimen organizado que Miroslava denunciaba en sus artículos, resultan clave las grabaciones presentadas por la FEADLE en el juicio oral, en particular el audio que el vocero del Partido Acción Nacional en 2017 entregó al entonces alcalde de Chínipas. En este, Miroslava, ante la insistencia para que revelara sus contactos en la sierra chihuahuense, confiesa que no tiene fuentes, “yo soy mi propia fuente”, dice. Este material fue entregado a Los Salazar.
Según detalles aportados durante el juicio oral por los peritos que acudieron a la escena del crimen, a las 6:50 de la mañana del 23 de marzo, la periodista esperaba, dentro su vehículo, a su hijo para llevarlo a la escuela. Zona Norte de Chihuahua. Calle José María Mata. Era un día soleado, caluroso –23 grados– e iluminado naturalmente.
AZC se acercó por el frente y disparó; luego, para terminar, lo hizo desde el lado del conductor. Ocho disparos de un arma calibre 38. El asesino caminó algunas cuadras donde lo esperaban el ahora sentenciado y su chofer. Huirían de regreso a Chínipas, pero perdieron la avioneta en la que volarían ese día, así que, de acuerdo con las declaraciones desahogadas en el juicio oral, decidieron refugiarse en casa de la persona agente estatal. Para transportarse, como prueban los videos presentados por la FEADLE, todos los involucrados iban en autos modelo Malibú, marca Chevrolet, color gris y blanco.
Cerca de la camioneta se encontró una cartulina. Con letra firme, clara y enérgica, se leía el siguiente mensaje: “Esto le va a pasar a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador voy por ti gober Atte el 80”. El texto fue escrito, al parecer, por JVV, hoy prófugo de la justicia y chofer de AZC, presunto cómplice del sentenciado. Los presuntos asesinos huyeron tranquilamente del lugar. Aquí la historia se bifurca pues AZC se escondió hasta el 17 de diciembre de 2017 cuando fue asesinado cerca de la comunidad de El Sombrerito, en Sonora, y unos días después, el 25 de diciembre, fue capturado el ahora sentenciado.
Silencio es complicidad
Una de las fotos más emblemáticas que la prensa ha difundido de Miroslava es aquella donde aparece viendo a la cámara. Mirada firme, sombrero café, bufanda, blusa azul. En el fondo de la imagen se distinguen unas vías de tren. Es probable que, en los pensamientos que cruzan su mente en esa foto, estén las amenazas. Esperanzada, pidió ayuda al gobernador Javier Corral, viejo amigo desde los tiempos en que este era periodista. Pero la protección nunca llegó.
Miroslava parecía nerviosa semanas antes de su asesinato. Según detalles publicados en la investigación Proyecto Miroslava, se esforzó por pagar la póliza de un seguro de vida que legaría a sus hijos, cotizó el blindaje de la camioneta en la que finalmente encontró la muerte y alguna vez se retrasó en la entrega de un texto. Tres acciones particularmente inusuales, preludio al que se enfrentan las y los reporteros que no pueden escapar de su entorno en México, país que sin estar en guerra resulta letal para ejercer el trabajo periodístico; tan solo en 2019 se registraron diez asesinatos a periodistas, una de las cifras más altas del mundo, según datos de Reporteros sin Fronteras.
Familiares de Miroslava Breach ingresan al centro de justicia penal federal de Chihuahua. Foto: Cencos/Erik Salinas
La FEADLE y Propuesta Cívica solicitaron al juez que tuviera en cuenta dos aspectos clave a la hora de dictar sentencia: la perspectiva de libertad de expresión y de género. “Demostramos en el juicio cómo, previo al asesinato, Miroslava fue víctima de persecución y víctima de acoso; cómo los victimarios la espiaron en su domicilio, la siguieron en todas sus actividades cotidianas. Quisimos que eso fuera tomado en cuenta porque desgraciadamente las violencias se recrudecen cuando se trata de mujeres periodistas”, explica Mendiola.
Miroslava publicó varios artículos en los que denunció saqueos, abusos, miedo y colocación de políticos al gusto de narcotraficantes. Su prosa limpia, casi agresiva y seca “tiene ovarios”, como ella misma se definió. “Silencio es complicidad” era su lema. Una mujer que no rebela fuentes y que no desdice lo dicho crea, al menos, confusión en una población como Chínipas. En este sitio alejado de la capital del estado, más bien perdido en la sierra, pero cerca de Sonora y de la frontera con Estados Unidos, los políticos temen represalias. Los Salazar imparten su ley desde hace, al menos, 20 años.
No en vano el crimen de Miroslava abrió preocupantes zonas de silencio en Chihuahua y en todo el país. “Nosotros desde el primer momento señalamos que el asesinato de Miroslava Breach tenía que ver con su trabajo periodístico –asegura en entrevista a CENCOS Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México–. Hoy no hay periodistas que se atrevan a investigar la situación del crimen organizado en la región, que se atrevan a publicar qué está pasando con los desplazados en Chihuahua, qué está pasando con las zonas mineras; es decir, quienes mataron a Miroslava Breach de alguna forma lograron su cometido, que fue silenciar a aquellos reporteros que se atrevían a denunciar. Por eso este juicio puede ser un gran precedente para dar un mensaje contrario: que no se puede callar a un periodista, que es posible acabar con la impunidad”.
Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ y uno de los observadores del juicio, lo resume en una sola frase, en entrevista a CENCOS: “Justicia incompleta es impunidad total”. Este concepto se vitaliza si se consideran la disfunción institucional y el involucramiento de actores políticos, dos factores que dificultan cualquier proceso judicial. La burocracia congela juicios, testigos, pruebas. Por eso, cuando se trata de libertad de expresión en México, tanto el caso de Miroslava como el del reportero sinaloense Javier Valdez, asesinado en mayo de 2017, son calificados como “emblemáticos”; en otras palabras, deberían ser ejemplo de justicia, verdad y reparación integrales. Aunque, en realidad, la verdadera conquista sería que nunca más se repitieran.
El juez federal consideró que Juan Carlos ‘N’ asesinó a la periodista por orden de Crispín Salazar, líder del grupo delictivo de Los Salazar, como represalia por el trabajo periodístico que evidenciaba el nexo del crimen organizado con políticos de la región.
Miroslava Breach. Foto tomada de Facebook
Un juez federal resolvió que Juan Carlos ‘N’, alias el Larry, es culpable del delito de homicidio calificado en agravio de Miroslava Breach, con las agravantes de premeditacion, alevosía, ventaja y delito contra la periodista.
La sentencia podría ir de los 50 a los 70 años de prisión, informaron autoridades federales a Animal Político. Se definirá en una audiencia próxima.
El caso que los fiscales expondrán tiene un móvil claro, que Miroslava Breach fue asesinada por evidenciar la protección de autoridades locales al crimen organizado.
Imagen tomada de Twitter @PropuestaCivica
Luego de dos retrasos y a casi tres años de ocurrido el crimen, este lunes iniciará en un Tribunal federal en Chihuahua el juicio oral en contra de Juan Carlos “N” alias el Larry, uno de los presuntos autores materiales del asesinato de la periodista Miroslava Breach.
La Fiscalía General de la República (FGR) intentará convencer al juez que el detenido fue una de las personas que participó directamente en el crimen de la periodista cuando salía de su domicilio la mañana del 23 de marzo de 2017, y que lo hizo en represalia por su trabajo periodístico, que evidenciaba redes de protección política al crimen organizado en la entidad.
Se prevé que el juicio se extienda por varios días, pero la audiencia de hoy es clave porque los fiscales presentarán la teoría de todo su caso. Además, fuentes judiciales confirmaron a Animal Político que se tiene previsto que hoy mismo se llame al banquillo a testigos clave.
La activista y artista mexicana, de 26 años, luchó para exigir a las autoridades mayor seguridad hacia las mujeres.
Foto: Facebook Isabel Cabanillas
La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de Chihuahua reveló este domingo que la causa de muerte de la activista mexicana de 26 años, Isabel Cabanillas, fue una laceración de bulbo raquídeo producida por proyectil de arma de fuego en cráneo.
A través de un comunicado, la FEM precisó que la mujer fue encontrada sin vida en la vía pública el pasado 18 de enero, aproximadamente a las 3 horas, por personal de la Unidad de Homicidios de Mujeres Por Razones de Género que recibió un llamado a través de un radio operador.
Al llegar al lugar de intervención, entre las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero, en la zona Centro, personal de la FEM corroboró dicho reporte y procedió a realizar el protocolo de actuación en la escena.
Tras el homicidio de Miroslava Breach, la muerte de otras cinco personas han sido vinculadas al caso, sin embargo, las autoridades de Chihuahua no las investigaron a fondo.
Colectivo 23 de marzo y aliados internacionales/ Animal Político
Dos mujeres que se tomaban una selfie al lado de una pista de aterrizaje serrana, murieron, al parecer, accidentalmente; un piloto aviador que solía viajar a la Sierra Tarahumara y un maestro de artes marciales retirado fueron asesinados en 2017. Antes de que acabara el año, otro hombre murió baleado también en el norte del país. Todas estas muertes resultaron asociadas al homicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017, en Chihuahua, México. El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), investigaron qué fue cierto y qué no al vincular estas cinco muertes con la de la periodista. También contamos por qué de haberlas investigado en profundidad, las autoridades hubieran arrojado luz sobre el crimen de la respetada corresponsal de La Jornada.
Cada marzo, en la pista ilegal de Chínipas, Chihuahua, pueblo serrano de difícil acceso, que colinda con el estado de Sonora, cantantes de música norteña aterrizan para festejarle su cumpleaños a Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco, socio del Cártel de Sinaloa, preso en México y con pedido de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína.
Alfredo es hijo de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, preso desde 2011, y patriarca de un violento clan llamado Los Salazares que –lo denunció Miroslava Breach en sus notas– se ha infiltrado en la política local y la policía de varios municipios de la Sierra Tarahumara.
El sábado 25 de marzo de 2017, dos días después del asesinato de Miroslava en Chihuahua capital, los habitantes de Chínipas eran convidados a una carrera de caballos –en honor a Alfredo– en la pista de aterrizaje del poblado; entre ellos estaba Nitzia Mendoza, de 18 años, y su amiga Yoselín Morquecho, de 17, quienes observaban la carrera, trepadas en la caja de una camioneta pickup estacionada junto a la pista. Pasaban las dos de la tarde, cuando las chicas se tomaron una selfie, y según lo difundió la prensa, en ese instante una avioneta las golpeó en la cabeza y ahí mismo murieron. A pesar de que las autoridades municipales guardaron silencio e intentaron negar los hechos, un accidente tan inaudito se volvió noticia mundial.
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EXPRESAMOS INDIGNACIÓN POR EL ASESINATO DE JULIÁN CARRILLO Y URGIMOS A LAS AUTORIDADES A PROTEGER A DEFENSORES E INVESTIGAR LOS HECHOS
Foto: La Jornada / Cortesía Alianza Sierra Madre
Su riesgo era conocido y, por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida
Desde que se adoptó el plan de contingencia para Chihuahua han asesinado a cinco defensores de derechos humanos
Chihuahua, Chih., 26 de octubre de 2018.-Ayer por la noche, integrantes de la organización Alanza Sierra Madre (ASMAC) supieron, por una llamada telefónica, que el líder rarámuri y beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (Segob) Julián Carrillo Martínez, fue asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, México.
El día anterior se había recibido información de que Julián había hablado desde un cerro para decir que había decidido huir de su casa porque varios sicarios estaban asechándolo. Después de eso, no se volvió a tener comunicación él.
Ayer a las 20:00 horas, se comunicó otro beneficiario del Mecanismo e integrante de la comunidad con personal de ASMAC para informar que el hijo de Julián, le había llamado desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, y le dijo escucharon una balacera y creían que habían asesinado a su papá.
Dado que la conversación telefónica se cortó, personal de ASMAC marcó al número del teléfono satelital de la familia para tener más información; no obstante, no lograron comunicarse y solo se escuchó una grabación automática que anunciaba que el teléfono no estaba programado para recibir llamadas.
Posteriormente, ASMAC recibió la comunicación de otro integrante de la comunidad que actualmente radica en Baborigame, para pedir que se hiciera del conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que en la comunidad de Coloradas de la Virgen había ocurrido una balacera. Una hora más tarde ASMAC conformó el asesinato de Julian mediante un joven que encontró a Julián muerto, con el cuerpo totalmente destrozado.
Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado somos categóricas: el riesgo en que se encontraba el beneficiario y Presidente de bienes comunales de Coloradas de la Virgen era muy alto y también conocido por el Mecanismo de Protección y la FGE. Por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida. De hecho, un mes antes se había enviado una comunicación a ambas dependencias para informar sobre el desplazamiento forzado de Julián y otros líderes de la comunidad a partir del asesinato del yerno de aquel, perpetrado como una forma de orillarlo a abandonar el territorio que tanto quería y por el murió defendiendo.
Julián abandonó su tierra provisoriamente luego de que hubiera escuchado rumores de personas que lo están buscando para asesinarlo por su labor de denuncia sobre lo que pasaba en Coloradas de la Virgen. Ese tipo de amenazas las habría sufrido en 2017 y 2018.
Ante la lamentable muerte de su hija, ocurrida en la ciudad de Parral el día 16 de agosto de 2018, como consecuencia de una complicación post parto en la que también el bebe murió, Julián tuvo que regresar a Baborigame el pasado 11 de agosto para trasladar el cuerpo de su hija a Coloradas de la Virgen y desde ese día estuvo itinerante entre Coloradas de la Virgen y Baborigame. Esos hechos fueron comunicados vía teléfono celular (una vez que logró tener señal después de buscarla en diferentes cerros por la inaccesibilidad de la zona), en tanto el teléfono satelital asignado se encontraba inhabilitado y sin saldo para poder comunicarse a Chihuahua.
Previamente, en febrero de 2016, Julián presenció a corta distancia el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carillo, y solo libró el ataque porque estaba fuera de la vivienda. Aunado a ello, han sido asesinados Guadalupe Carrillo Polanco (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en julio de 2016); Alberto Quiñones Carrillo (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en septiembre de 2017); Francisco Chaparro Carrillo (yerno de Julián Carrillo, asesinado el 1 de julio de 2018). Este último asesinato fue el que lo obligó a Julián a desplazarse de manera forzada hacia otra entidad de la República por varias semanas.
Julián Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección, habiendo sido incorporado junto con otras defensores y defensoras rarámuri e integrantes de ASMAC en febrero de 2014. Por el desconocimiento sobre la forma de realizar el análisis de riesgo colectivo, así como por las condiciones de orografía y especialmente por la inseguridad en la región, el Mecanismo tardó 17 meses para realizarlo y lo hizo de manera remota, sin trasladarse a la comunidad.
Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores. También expresó su deseo de seguir haciendo su trabajo en condiciones de seguridad y libertad, y se manifestó muy preocupado por la impunidad en que se encuentran los 17 asesinatos de líderes rarámuri y autoridades indígenas en la zona, incluyendo el caso de Isidro Baldenegro.
Son evidentes los retos en la implementación de medidas colectivas de protección por parte del Mecanismo. Como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, en su informe de visita a México en enero de 2017:
Los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo de los defensores que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y aquellos que defienden los derechos de estas comunidades enfrentan mayores riesgos. En los estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales. Con frecuencia, estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales.
Bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos. Por ello, ante esta situación:
Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julian Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.
Segundo: Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.
Tercero: Urgimos a la FGE a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.
Cuarto: Solicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Borde Político, A.C.
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Enjambre Digital, A.C.
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Causa en Común, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Círculo de Estudios de Género, A.C. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana De Derechos Humanos Del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fatima, I.B.P.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Grupo Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C.
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua) Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Red por la Participación Ciudadana
Servicios y asesoría para La Paz , A.C. (SERAPAZ)
Uno de Siete Migrando, A.C.
#PropuestaMx
Personas:
Alejandra Nuño Ruiz-Velasco
Alberto Athie
Catalina Pérez Correa
Daniel Vázquez, IIJ-UNAM
David Pérez Esparza
Denisse Dresser
Eliana García Laguna Fernando Valdez
Yésica Sánchez Maya
Redes:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, alertó Égdar Corzo Sosa, quinto visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Corzo Sosa dijo que “la situación de las personas defensoras es de riesgo”, puesto que de 2006 a la fecha se han registrado 36 asesinatos contra ellos.
Recordó que el más reciente fue el del activista y ambientalista Jesús Javier Ramos Arreola, que se cometió la semana pasada en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. “El sólo hecho de que priven a una persona de la vida es para estar en una situación de preocupación”, alertó.
El quinto visitador destacó que los estados de Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis, y Oaxaca, con cinco, ocupan los tres primeros lugares de la lista de asesinatos de personas defensoras, por lo que representan mayor peligro para ese sector.
Respecto a las recomendaciones que ha emitido la CNDH sobre el tema, dijo que la falta sensibilidad de acceso a la información por parte de las autoridades del país ha dificultado la emisión de éstas, pero el análisis elaborado permite medir su impacto y determinar lo que falta por hacer.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un operativo realizado para buscar y localizar restos humanos en Chihuahua, elementos de distintas instancias de seguridad recuperaron 199 restos óseos, informó la Fiscalía General del estado (FGE).
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, en la acción participaron 242 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía de la Mujer, Ministerio Público y Comisión Estatal de Seguridad, así como analistas, peritos en Criminalística de Campo, cadetes y agentes caninos.
La actividad consistió en un rastreo donde se recorrieron más de ocho kilómetros y medio en el arroyo localizado al sur de los poblados de “El Millón” y “Juárez y Reforma”, en el municipio de Guadalupe, luego del análisis de carpetas de investigación en las que se presume existen en esa zona cuerpos inhumados clandestinamente.
