En otros medios – Página 3 – Centro Nacional de Comunicación Social AC

25 julio, 2017

¿Quién vigila a los que nos gobiernan?

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 24 de noviembre del 2016.

En México, el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.

He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:

– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.

Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.

Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.

Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:

– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.

– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o

– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.

Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.

Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.

25 julio, 2017

El otro efecto Trump

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre del 2016.

Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.

No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.

Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.

Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.

El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.

Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.

Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?

Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.

Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.

Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.

Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.

La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.

24 julio, 2017

Un año trágico para la libertad de expresión en México

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 22 de diciembre del 2016.

Está por terminar un año complicado para el país y en materia de libertad de expresión no ha sido la excepción, el número de periodistas asesinados incrementó respecto a años anteriores.

De acuerdo con información recaba por La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 14 periodistas asesinados, cinco en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán.

Haciendo una revisión de las cifras, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la libertad de expresión documentó el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015, por lo que en este año el número de asesinatos aumentó en más del 100%. Siendo lo anterior un indicador más que demuestra la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

El pasado 13 de diciembre la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su balance 2016, en el que estableció que México es el tercer país del mundo más mortífero para la prensa y el más letal en América latina.

A todo esto, las autoridades han quedado una vez más rebasadas, La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones sigue sin funcionar. Motivos hay varios, pero el eje central es la dificultad para atraer los casos, por tanto, en la mejor de las situaciones realizan investigación paralela.

Buscando estadística en la página de la FEADLE sobre el número de casos que revisan, encontré que en 2015 dieron seguimiento a solo una investigación relacionada con homicidios a periodistas. Lo que deja claro la inactividad del Estado ante este grave problema.

Pero hay algo que no debemos olvidar, detrás de todos estos números en informes hay familias que han perdido un ser querido, situación que no debemos dejar que continúe. Como lo ha dicho Irina Bokova, directora general de la UNESCO, “La sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de la seguridad de los periodistas, ya que todos dependemos de ellos para que exista un debate público informado. No puede permitirse que la violencia sea un freno al derecho humano fundamental a la libertad de expresión y la libertad de información”.

Partiendo de que este derecho es la piedra angular de la democracia, la seguridad de quienes nos mantiene informados es prioridad, los próximos años son de suma importancia y la labor de los periodistas es medular para que la ciudadanía pueda acceder a más derechos y por tanto mejore el funcionamiento del país.

Es deber de las autoridades prevenir e investigar las violaciones a los derechos fundamentales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación integral del daño, por la libertad de expresión sumemos las voces.

24 julio, 2017

El país de los agachados

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 5 de enero del 2017.

¡Bonita manera de iniciar el año! El dólar, la gasolina y los precios por los cielos, el panorama del 2017 parece bastante incierto y oscuro, aun así, -llámenme optimista- creo que algo bueno puede salir de esto.

De no ser por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, no recuerdo un momento en el que sin mucha coordinación, más que en redes sociales, las personas hayan salido en varios estados a exigir algo, lo que sea.

El pasado 1º de enero, mi mamá, emocionada me enseñó una fotografía de un grupo de personas reunidas en una de las plazas más conocidas en Hermosillo, Sonora, organizándose contra el “gasolinazo”, -cabe mencionar que es una ciudad donde sus habitantes no están acostumbrados a movilizarse- pero algo los hizo dejar su rutina y salir a las calles.

Después de esa foto, me llegaron otras, de por lo menos, 12 estados donde ciudadanos y ciudadanas levantaban cartulinas con frases como: “Fuera Peña”, “Únete pueblo”, “Todos contra el gasolinazo”; algunos podrán decir que eran sólo 20, 30, 40 personas pero a mí, se me enchinó la piel. No están de acuerdo con el rumbo que ha tomado este país y hacen público su descontento. Para mí, eso es suficiente.

Si hay uno de los clichés de los mexicanos, que me revienta, es aquél que nos pinta como agachados, que aguantamos todo, porque no, no está bien que aguantemos, no está nada bien que callemos por las miles de personas desaparecidas, por los asesinatos, por los gobernadores rateros, por los diputados que se aprueban bonos de fin de año, por un presidente y su esposa que aceptaron una Casa Blanca.

Y sí, Peña Nieto prometió que los energéticos no iban a subir con la reforma energética y NO CUMPLIÓ. ¿De verdad nos vamos a conformar con decir: “ah era una promesa como las muchas que hacen los políticos y no las cumplen”? Pues no, no estoy dispuesta a que me sigan viendo la cara.

Ya sea por el aumento a la gasolina, por las y los desaparecidos, por los constantes asesinatos, por los estados en quiebran, por el descaro de aceptar casas, de los que más tarde construirán carreteras, por lo que te mueva, sal a las calles, troléalos en redes sociales, no votes nuevamente por ellos. El poder se los dimos nosotros, quitémoselos, nos merecemos un mejor país, luchemos por él.

Basta de rémoras, de ladrones y ladronas, de descarados, de mentirosos y mentirosas. No somos un país de agachados, somos un país de 120 millones de personas que en su mayoría se levanta todos los días a trabajar honestamente para ser felices y sacar adelante a su familia. Echemos a las y los indeseables y pasémosles la factura.

24 julio, 2017

Lesvy: feminicidio sin acceso a la justicia

Por Viridiana Ramírez
@yavirarom

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 20 de julio del 2017.

El cuerpo de Lesvy fue encontrado sin vida en una cabina telefónica con rasgos de violencia, el 3 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un caso que hasta el momento sigue sin tener claridad y transparencia. Ante lo sucedido, la Procuraduría General de la Justicia de la CDMX mandó un tuit desde su cuenta en donde señalaba que Lesvy había estado consumiendo alcohol y drogas; muchos entendieron este argumento como una justificación de su muerte.

La indignación no se hizo esperar, pues no se puede criminalizar a la víctima tratando de estigmatizarla, juzgando sus actos y forma de vivir como los responsables de su fallecimiento, sin preocuparse por hacer las investigaciones pertinentes y resguardar las evidencias.

Hace una semana, el diario El País presentó un video en donde la madre de Lesvy describe evidencia de las cámaras de seguridad de la UNAM; en las grabaciones se observa que el novio de Lesvy la agrede en diversas ocasiones: le da un cadenazo en el rostro, la agarra fuertemente del cuello y forcejean cerca de la cabina telefónica. Más tarde golpea al perrito de Lesvy y se retira solo del campus.

El cuerpo de Lesvy tenía marcas en los brazos, en las piernas, dos hemorragias internas en la cabeza, además de restos de ADN del novio en las uñas, y a pesar de estas evidencias de violencia en contra de Lesvy, el Ministerio Público vinculó al sujeto por homicidio simple por omisión, que significa que se le acusó por “no hacer nada para evitar que Lesvy se suicidara”.

Las autoridades no están siendo responsables en el cumplimiento de la justicia y están omitiendo las pruebas y acusaciones en contra del novio. Además, el caso no ha sido investigado ni procesado debidamente como feminicidio. El artículo 325 del código penal federal señala que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”; y se considera que existen razones de género cuando se presentan signos de violencia sexual y lesiones, si existen antecedentes de violencia por parte del agresor hacia la víctima, si hubo amenazas, si la víctima tenía algún tipo de relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor, si se le privó de contacto, o si el cuerpo fue expuesto en lugares públicos.

El homicidio simple doloso se castiga entre 8 y 20 años, un feminicidio se castiga de 40 a 60 años, es clara la diferencia por la cual es inaceptable la sentencia de la Procuraduría. Se tiene que estipular que la muerte de Lesvy fue un feminicidio, integrar a la carpeta de investigación las pruebas; como son las marcas de violencia que presenta su cuerpo, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios de conocidos, para poder así tener una resolución con congruencia.

En este caso también ha sido muy señalada la relación que existe entre el novio de Lesvy y Marco Antonio Domínguez, Director General de Personal de la UNAM, pues según algunos medios universitarios el papá del novio de Lesvy era hombre de confianza del director. No sería la primera vez que las influencias sean más importantes que el cumplimiento de la justicia y la protección de los ciudadanos.

Según la abogada del caso, Sayuri Herrera, hay aproximadamente 22 casos de mujeres asesinadas en 2017, en la Ciudad de México, que no han sido investigados bajo los protocolos de perspectiva de género. Y existe un factor en todos estos casos y el de Lesvy: la participación del fiscal Marco Enrique Peña, al dictar sentencia y resoluciones del caso.

Y toda esta impunidad, omisión, desacreditación de la víctima, y fallas en el proceso son también parte de un sistema que busca a toda costa mantener una imagen y ocultar cifras. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio actualmente estima que la cifra de homicidios violentos en contra de mujeres del 2000 a la fecha podría superar los 30 mil, además de que 24 entidades tienen alerta de género.

Necesito un país en donde pueda caminar libremente por la calle, sin tener miedo de que alguien pueda agredirme, sentirme segura de que si eso llegara a suceder se haría justicia por mi muerte, que no se me señalaría por lo que me gustaba hacer o mi manera de vivir para utilizar eso como una justificación, que mi madre no tenga que estar luchando contra un sistema lleno de impunidad y corrupción para que se castigue a mi agresor sin importar a quien conozca o quien sea su familiar.

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18 julio, 201718 julio, 2017

De corazón a corazón: vivos se los llevaron y vivos los queremos

Por Ixchel Cisneros
@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 28 de noviembre de 2016.

“Toda vez que buscamos a nuestras hijas e hijos, también buscamos a los suyos”.

En mi trabajo, dentro de una organización de la sociedad civil, me ha tocado ver casos atroces y aterradores de violaciones a los derechos humanos. Pero nada me ha apachurrado más el corazón que las madres buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. A lo mejor es porque igual que ellas tengo hijos y no concibo mi vida sin mis cachorros.

La primera vez que las conocí fue el 10 de mayo de 2014 en una marcha. Ellas, miles de mujeres, tomaron las calles para recordarnos que, ese día, no tenían nada que festejar. Que su vida no era la misma desde que llevan un vacío en el alma, desde que cargan con una ausencia.

Fue ahí cuando comprendí por qué recorren todos los rincones del país, por qué se convirtieron en investigadoras que siguen pistas, en peritos que buscan restos, en administradoras que juntan dinero y ofrecer recompensas, en cabilderas que van al Congreso y negocian leyes. Para ellas, el mundo tiene otro significado desde que desconocen el paradero de sus hijas e hijos, y nunca será el mismo, hasta saber qué les ha ocurrido.

En aquella ocasión, recuerdo que me decían: “La desaparición es un problema de todos y todas y si no lo frenamos, llegará el día en el que toda familia tenga a un integrante sin localizar”.

El pasado jueves 24 de noviembre se llevó a cabo un evento lleno de sentimientos. Madres integrantes del Movimiento por nuestros desaparecidos en Méxicorecibieron en el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México a la Caravana de Madres Centroamericanas de migrantes desaparecidos.

En el piso, una lista de nombres que iba desde la Alameda Central hasta Bellas Artes, nos recordaba que son muchos los ausentes.

Ahí, ellas se abrazaron, platicaron, acompañaron y tomaron juntas una pancarta que decía: “De corazón a corazón”. No se conocían pero eran hermanas de dolor.

“Como familias mexicanas que buscamos a nuestros seres queridos, conocemos bien la angustia y desesperación que pasan estas madres hermanas al no saber nada de su hija o hijo; conocemos bien la frustración cuando las autoridades no responden. Como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos al gobierno mexicano que deje de simular y reconozca el grave problema de las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares que hay en nuestro país y asuma su responsabilidad, tanto con las madres mexicanas, como con las centroamericanas”, decía en el comunicado.

Lamentablemente, cada año son más las mamás que marchan el 10 de mayo y también ha aumentado el número de madres que viajan de Centroamérica. La cifra oficial es de 25 mil personas desaparecidas y el Movimiento Migrante Mesoamericano menciona 70 mil migrantes desaparecidos en nuestro país.

Si esto como sociedad no nos conmueve y no nos hace reaccionar, no puedo pensar en qué podría hacerlo. Son casi 100 mil familias rotas, casi 100 mil madres que gritan: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

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18 julio, 201718 julio, 2017

Al que no habla, Dios no lo oye

Por Ixchel Cisneros
@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.

Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.

“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.

Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.

Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.

En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.

Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.

Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.

Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.

Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.

Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.

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13 julio, 201713 julio, 2017

¿Qué votamos los mexiquenses?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de junio de 2017.

El domingo me fui a dormir con una resaca existencial, el PRI ganó nuevamente en Estado de México. Si bien hay muchos análisis sobre las artimañas que los partidos usaron para ganar votos, se ha dejado de lado lo que significa en materia derechos humanos que este partido continúe en el poder.

Más allá de los retorcidos ideales de los partidos políticos existen marcos jurídicos que deben respetarse, pues estas son las vías que se han fijado para que los ciudadanos puedan acceder plenamente a sus derechos, y en el Estado de México parecen no reconocerlas ni tener intención de hacerlas valer.

Para comprobar lo anterior echemos un ojo en los siguientes datos:

-El Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México reportó 236 posibles feminicidios en 2016, siendo la entidad con mayor número de casos en el país.
-En la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI se dio a conocer que el Estado de México se ubicó como la entidad con el mayor porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros con el 90.7%.
-Según el COVENAL el 49.6% de los habitantes del Estado de México vive en situación de pobreza, y de este el 7.2% en extrema pobreza.
-De acuerdo con el Índice de Impunidad Global México, en 2016 el Estado de México registró 76.48 grados de impunidad ocupando el tercer lugar solo por debajo de Michoacán y Quintana Roo.
-El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México (PNUD) concluyó que “Si se compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer que en el Estado de México coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Qatar y Ghana”.

Estos son algunos de los datos que nos dibujan la realidad del Estado que ha sido gobernado por el mismo partido 82 años continuos, aunado a esto -y lo más preocupante- es que en el contexto de las elecciones los diversos actores llevaron los debates al juego de las propuestas sin fundamentos, demostrando que ninguna de las opciones a votarse tiene un interés legítimo de solucionar a fondo los grandes conflictos, al menos en el dialogo.

Resolviendo el título de la columna, los mexiquenses nos encontramos en medio de un dilema: al ser unos de los estados más importantes para acceder a la silla presidencial hemos sido rezagados al campo de batalla entre los partidos políticos y en el que solo votamos al ganador, sin que esto represente una modificación en las condiciones de la población.

La permanencia del PRI es un duro golpe al ejercicio pleno de los derechos humanos, esta opción ha dejado claro que la ciudadanía no es de su interese y que sólo busca mantener el peso político que representa la entidad.

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13 julio, 201713 julio, 2017

Nos están callando a todos

Por Viridiana Ramírez
@yavirarom

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 25 de mayo de 2017.

“Gobierno fascista, que matas periodistas”, “Javier no murió, el narcogobierno lo mató; Javier no murió, el narcogobierno lo mató”, eran las consignas que se escuchaban frente a la Secretaría de Gobernación al atardecer del día siguiente tras la trágica noticia.

El pasado 15 de mayo, 12 balazos acabaron con la vida de Javier Valdez, el quinto periodista en el año al cual se le ha arrebatado la vida por ejercer su trabajo, por informar. Este hecho no es algo nuevo, pues somos parte de una sociedad que ha aceptado este tipo de actos como habituales, como parte de la vida cotidiana. La violencia se ha vuelto parte de nuestro día a día y la corrupción una barrera para alcanzar la justicia.

La muerte de Javier conmocionó a México, las portadas de los periódicos encabezaban con la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes exigiendo justicia bajo hashtags como #NoAlSilencio, #NiUnoMás, #NoNosVanACallar; y es que su muerte representa un ejemplo claro de la violación que existe a la libertad de expresión, a la prensa y a todas aquellas personas que luchan por un país en donde exista la verdad.

Ser periodista se ha convertido en una profesión de alto riesgo por diversos motivos: el narcotráfico que aplica castigos por notas que los señalan, funcionarios que buscan silenciar las críticas, e incluso por fuerzas policíacas que de manera arbitraria detienen reporteros cuando hacen su trabajo.

A pesar de que muchos periodistas han recurrido al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, esto no ha ayudado, pues aun así han sufrido amenazas y agresiones.

Enrique Peña Nieto, tras lo sucedido con el periodista Javier Valdez y las muchas más agresiones y asesinatos en contra de periodistas, habló sobre acciones para garantizar la libertad de expresión. En este evento sucedió algo que para muchos era inédito: el Presidente de la República pidió un minuto de silencio por “todos aquellos periodistas y personas defensores de derechos humanos que en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber”. Al terminar de decir estas palabras e iniciar el minuto de silencio, reporteros y periodistas que cubrían el evento comenzaron a gritar, pues el silencio ya no era suficiente: “Justicia, ¡no más discursos! ¡Que se abran carpetas de investigación!”.

Este acto es una muestra del hartazgo de una sociedad fracturada, dañada por la violencia desmedida y una nula efectividad por parte del gobierno al garantizar la seguridad y la justicia. Según Artículo 19, 19.53% de las agresiones a periodistas provienen de poderes políticos; en el gobierno de Javier Duarte la suma ha sido desgarradora con 17 periodistas asesinados, incluyendo el asesinato del periodista Rubén Espinosa.

Los medios de comunicación son los encargados de informarnos sobre la realidad que vive nuestro país, la libertad de expresión y de prensa son derechos de la sociedad mexicana; sin embargo se nos han violado estos derechos por una prensa que esta controlada por un estado autoritario y dominante al cual no le conviene que estemos enterados del mal manejo que están haciendo de su poder.

Nos están censurando, nos están callando, y cuando señalo esto no me refiero sólo a la prensa, nos están callando a todos. “Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia”.

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13 julio, 201713 julio, 2017

Xochicuautla: caminos de asfalto que separan vidas

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 27 de abril de 2017.

El grito de auxilio de comunidades indígenas para no perder lo que les está siendo arrebatado ha convertido al país en un campo de batalla que golpea tradiciones y destroza espacios sagrados.

La esperanza reside en que estos despojos generen un incendio en la conciencia social y triunfe la justicia; sin embargo, muchas veces, la lucha dura décadas, mientras lenta y silenciosamente la depredación se llevan a cabo bajo la bandera del “progreso”.

Para la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, localizada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, la resistencia lleva al menos diez años de lucha: la defensa de su territorio, derechos humanos y tradiciones se mantiene en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La herida fue provocada por el decreto de expropiación de 38 hectáreas de bosque, para ellos sagrado, pues es la fuente de los recursos que les permiten cultivar y vivir. Al inicio, como suele suceder, los intentos de negociación y compra de terrenos y conciencias por parte de las constructoras son uno de los pasos comunes; y luego, no es de sorprender que ante la resistencia, el siguiente movimiento sea el despliegue de cuerpos policíacos al servicio y defensa de los intereses del gobierno y las constructoras.

La intimidación legal y física logra en algunos casos su propósito: la retirada; pero, en el caso de Xochicuautla, la organización comunitaria obtuvo dos amparos en 2015 para frenar el agresivo proyecto. La respuesta del poder llegó en 2016: cuerpos policiacos estatales sitiaron la comunidad, el campamento de resistencia fue desalojado, muchos habitantes resultaron golpeados y las viviendas ubicadas sobre el trazo de la autopista, y que contaban con amparos por parte de los propietarios, fueron demolidas.

La presión social que había funcionado como apoyo frenó temporalmente el proyecto, pero el pasado 24 de abril cuerpos policíacos del gobierno estatal y personal de Grupo Higa acudieron a Xochicuautla e irrumpieron en la asamblea comunal para incidir en la elección del nuevo Comisariado de Bienes Comunales. La advertencia sobre vínculos de la nueva directiva con el gobierno actual no tardó en conocerse, y ahora se teme que se retome el proyecto que se encontraba a 65% de su avance, pese a los recursos legales de la población.

Ante este ecocidio, la división generada no solamente es física —con una autopista que separa familias—, también se ha desgarrado la comunidad y se han fragmentado sus raíces. La historia de abusos a los derechos de los pueblos indígenas ocurre cada vez con mayor frecuencia; y crecen los peligros que enfrentan las comunidades que permanecen en resistencia ante a la devastación de sus recursos naturales.

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