¿Y si #RenunciaYa?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 15 de octubre de 2016.

Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, lo hizo en medio del descontento de una numerosa sección de la sociedad. Pero en los últimos meses, México ha sufrido considerables golpes que generaron más resentimiento contra el Ejecutivo.

Los conflictos, van desde lo económico, con la escalada del dólar y la reducción presupuestal para importantes rubros como el campo y la educación; hasta lo moral, con la visita a nuestro país de quien nos llamara violadores, Donald Trump.

Con esta ola de acontecimientos, podríamos llegar a la conclusión de que la administración presidida por Peña Nieto, no cumple con nuestras expectativas e incluso ha violado la ley, y no sólo por lo del párrafo anterior, pues a lo largo de sus 4 años de mandato se han suscitado graves violaciones a derechos humanos tales como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato y diversos escándalos de corrupción donde está involucrado directamente como el de la Casa Blanca.

Pero en esta ocasión no quisiera entrar al debate de sí sus acciones son considerables para una posible destitución, pues en lo personal y comparando ejercicios de otras democracias en contextos similares, existen motivos de sobra para una revocación de mandato. Este texto lo escribo con la finalidad de informar y aclarar que nuestra Constitución establece un proceso claro para sustituir a un presidente, independientemente del motivo de su falta.

La Constitución dice lo siguiente:

Capítulo III

Del Poder Ejecutivo

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo…

Este párrafo refiere que el Congreso nombrará al presidente interino o substituto (ojo hay dos opciones), esta selección deberá ocurrir en menos de 60 días, mientras tanto el Secretario de Gobernación sería el titular. Como ya dijimos hay dos opciones o escenarios:

Primero

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino…

El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo.

Este supuesto refiere que si la falta del presidente es en los dos primeros años de su gestión, el Congreso deberá convertirse en Colegio Electoral (si está en sesiones lo hacen inmediato, si no se llaman a sesión extraordinaria) para elegir en secreto y por mayoría absoluta un presidente interino. Diez días después de seleccionar al interino el Congreso expedirá la convocatoria para elecciones del presidente que deberá concluir el período.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

FOTO: scoopnest.com

El segundo supuesto dice que si el presidente falta del años 3 al 6 de su mandato el Congreso bajo el mismo proceso elegirá al Presidente substituto para terminar el periodo. Con esto podemos observar que existe una línea a seguir si un presidente falta. Ahora bien, es importante citar el siguiente artículo para dar cierre a este procedimiento:

Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

Lo hago con la finalidad de establecer que efectivamente se puede renunciar al cargo. En diversos foros, medios y platicas he escuchado diferentes posiciones sobre si el presidente puede o no renunciar; si debe o no, al final creo que motivos sobran y el mecanismo de sustitución existe, el verdadero debate serían las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicaría la salida de Enrique Peña Nieto y ese, vaya que es un debate pantanoso. Sin embargo, como se dice por ahí: “si votar es un derecho, revocar es un izquierdo”.

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Culpable bajo tortura

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 29 de septiembre de 2016.

En México, la tortura a los presos es recurrente. A pesar de que nuestra constitución prohíbe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y las confesiones obtenidas bajo estas prácticas no pueden considerarse válidas, esto ocurre seguido.

Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

Es decir, en muchas ocasiones, los derechos que tenemos los mexicanos en caso de ser acusados por un delito, son letra muerta y violan el respeto al debido proceso. Y ¿qué es eso? En apretada síntesis, la aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana.

En diciembre de 2014 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre la situación que vive México en este rubro, y dentro de sus conclusiones dijo:

La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Ahí tenemos el caso de Héctor Casique Fernández en Quintana Roo. Su historia comenzó cuando el 16 de marzo de 2013 fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad al salir de un bar.

De acuerdo con su testimonio, el joven de 28 años fue presentado al Ministerio Público (MP) y sometido a 30 horas de tortura, donde le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie y a consecuencia de los golpes perdió un ojo y un oído. Todo con la finalidad de que se confesara autor intelectual del homicidio de siete personas.

Como mencionaba antes, esta práctica ilegal es común en nuestro país, primero te detienen por un delito y al momento de hacer la presentación ante MP te imputan otro totalmente distinto; violan tus derechos humanos cuando hacen valer una confesión obtenida bajo tortura y por si fuera poco, te presentan ante los medios de comunicación como culpable.

Durante el proceso penal la Comisión Nacional de Derechos Humanos le practicó a Casique el Protocolo de Estambul (es un conjunto de pruebas que buscan conocer si una personas sufrió tortura u otros tratos crueles e inhumanos), al cual salió positivo, sin que esto significara que alcanzaría la libertad, incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo reconoció como víctima del Estado.

De acuerdo con la defensa de Héctor Casique después de que se le dictara auto de formal libertad por falta de elementos para procesar, otro Juez le giró orden de aprensión por el mismo delito, a lo que la Procuraduría del Estado argumentó nuevas imputaciones de otros supuestos testigos. Parece ser que a las autoridades se les olvido que nadie puede ser juzgados dos veces por el mismo delito.

Después de tres años y seis meses de prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades y desatenciones al interior del penal, Héctor Casique Fernández quedó libre por falta de elementos para procesar, sí otra vez, y sí en su segundo juicio por el mismo delito. A diferencia de muchos otros casos Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, por lo cual la familia ha manifestado que dará seguimiento a las denuncia contra los servidores públicos que cometieron los actos de tortura.

Juan E. Méndez señaló que la tortura “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen” y por la gravedad de situación recomendó al Estado Mexicano “Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.

A lo que José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores en ese momento dijo “Esta valoración no corresponde a la realidad”, dejando muy claro que no reconocen el problema y por tanto no buscan solucionar desde este frente la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

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El doloroso andar de las víctimas

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 16 de septiembre de 2016.

Perdiste a una hija de la manera más ruin que puede haber. Un hombre la agredió sexualmente, la estranguló y abandonó su cuerpo en un cañaveral.

Por meses no supiste dónde estaba. Debido a las deficiencias de las autoridades, tuviste que iniciar tu propia investigación. Poco a poco fuiste desenmarañando el caso, diste con el presunto responsable y gracias a su declaración encontraste el cuerpo de tu pequeña.

Hoy, ese hombre está a punto de salir libre porque el ministerio público no armó bien la investigación, no desahogó las pruebas y únicamente se basó en la declaración del inculpado.

Este es el caso de cinco madres y padres que perdieron a sus hijas entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín en San Luis Potosí.

La primera víctima de feminicidio fue Rosa María Sánchez de 15 años, desapareció el 29 de octubre de 2010; siete meses después, desapareció Adriana Martínez Campuzano, tenía 13 años. El 24 de enero de 2013, Itzel Romany Castillo Torres de 11, no regresó a su casa; un año después, pasó lo mismo con Dulce Ximena Reyes Rodríguez de 9; la última fue Eliehoenai Chávez Rivera, el 4 de julio de 2014, tenía 32 años.

La familia de Eliehoenai no se conformó con la respuesta de las autoridades quienes les decían que seguramente se había ido con el novio y ya regresaría. Iniciaron su propia investigación, entrevistaron a testigos, consiguieron las sábanas de las llamadas telefónicas y varios videos que les permitieron dar con el presunto responsable, un ex militar de nombre Filiberto.

El presunto agresor, quien también era catequista y profesor de zumba, la había estado siguiendo y hostigando meses previos a su desaparición.

Tras su detención, él indicó a las autoridades dónde había dejado el cuerpo de Eliehoenai. Confesó haber asesinado a las otras 4 niñas y los llevó al lugar donde estaban sus restos. Ahora, su defensa acusa que fue torturado y por eso se autoincriminó.

Según los familiares y sus abogados, fue el ministerio público quien no realizó una investigación exhaustiva pues existen pruebas en la camioneta del ex militar como sangre, cabellos y fibras que no fueron procesadas por las autoridades. Debido a esto, la Quinta Sala Penal del Estado de San Luis Potosí revocó por falta de elementos uno de los autos de formal prisión, el del caso de Adriana Martínez.

La justicia mexicana tiene la mala costumbre de basar sus investigaciones únicamente en declaraciones y no en pruebas, en esos casos hay suficientes elementos para procesar al inculpado por los que el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ha decidido acompañarlos en su exigencia de justicia.

Filiberto todavía puede ser encontrado culpable por los otros 4 asesinatos por lo que me gustaría que estas autoridades se pusieran en los zapatos de la madre de Adriana Martínez, quien llora al saber que el responsable de la muerte de su hija ya no puede ser encarcelado gracias a su ineficiencia y se pongan a trabajar.

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