Qué es la impunidad y cómo nos afecta diariamente

Presentación de la iniciativa #Reforma102 | Foto: Cencos

Por Ixchel Cisneros (@Chelawuera)

Si vives en México, seguramente ya fuiste víctima de algún delito. Te robaron el celular en el metro, te asaltaron en el microbús, le robaron alguna autoparte a tu coche, te asaltaron con violencia, sufriste alguna agresión sexual, te pidieron dinero para dejarte trabajar o conoces a alguna persona muerta o desaparecida. Sí, así de gacha es nuestra realidad.

Yo, en los últimos 6 años he sido víctima de acoso en el transporte público, me robaron mi bolsa y teléfono celular a punta de pistola, allanaron las oficinas donde trabajo y me atropellaron y dejaron tirada a la mitad de la calle.

En todos los casos levanté una denuncia pero, ¿quéeee creeeen? En ninguno de ellos encontraron a las o los responsables. Esto no es una novedad, según el Índice Global de Impunidad 2017 somos el país con mayor impunidad de América Latina y el cuarto en el mundo.

Así de ruda es la impunidad, cometes un delito porque se puede, porque es muy probable que nunca te atrapen.

En este contexto, se habla mucho de la palabra impunidad pero, ¿qué es? Bueno, pues en resumen es que una víctima no reciba justicia y quien cometa algún delito no sea castigado. Pan nuestro de cada día, ¿no? Y por lo menos en mi percepción, la razón de por qué la clase política sigue robando sin control, los criminales son los dueños de ciertas zonas de nuestro país, continúan desapareciendo y matando personas, etcétera.

Por ejemplo, si una mujer denuncia la agresión de su pareja y las autoridades únicamente le dan el avión y la regresan a su casa con el agresor, es muy probable que este se dé cuenta que en México “no pasa nada” si violentas a las mujeres. Así que lo seguirá haciendo con posibles resultados fatales y quienes no le dieron el apoyo se convertirán en cómplices y promotores de la violencia.

O si alguien tiene en su loca cabecita la idea de matar a un periodista y revisa los asesinatos previos, se dará cuenta que de los más de 100 casos, no hay uno solo resuelto, cuestión que seguramente le dará aliento al futuro asesino para continuar con su plan.

Así de ruda es la impunidad, cometes un delito porque se puede, porque es muy probable que nunca te atrapen.

La cuestión acá es que todos los ejemplos anteriores, cuando fueron denunciados, tuvieron que haber pasado por una procuraduría o fiscalía donde su gente debió recolectar y procesar pruebas, hablar con testigos, ir con especialistas y armar un caso robusto con tal de encontrar y enjuiciar a las o los culpables. Pero, en México, esto no sucede porque dichas instituciones son débiles y están llenas de vicios y personas sin preparación –no todas, sí muchas-.

Por ello, hoy 31 de enero decenas de organizaciones sociales y empresariales, y cientos de ciudadanos nos reunimos en el Ángel de la Independencia para exigirle a los candidatos a la presidencia que le bajen al rollo y se pongan a trabajar en lo que consideramos esencial para que este país avance: la transformación de las procuradurías en fiscalías realmente autónomas con personas capaces y dispuestas a trabajar por un México más justo.

Y no, todo eso no se logra nada más quitando el pase automático y poniendo a un “buen fiscal”, se necesita una operación a corazón abierto que limpie todo lo enfermo y nos dé instituciones donde se investigue, se sigan protocolos, se respeten los derechos humanos de los detenidos, se procesen bien las pruebas, se les dé presupuesto suficiente, que no dependan del partido en el poder ni de la clase política; que vean por las y los ciudadanos y le den a las víctimas la justicia que tanto han anhelado.

Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, si tanto quieren gobernarnos, les exigimos que muevan a sus bancadas en el congreso y reformen el artículo 102 de la Constitución para lograr una #FiscalíaQueSirva.

Este texto se publico originalmente en The Huffington Post México

Un año después #MexicaliResiste en lucha por el agua contra su propio gobierno

Por Uriel Reyes (@upolch)

Desde la toma de protesta de Donald Trump, el mensaje casi hostil hacia México ha quedado más que claro; los intereses del pueblo estadounidense son prioridad, y no nos piensan conceder nada. En este contexto es aún más difícil entender las acciones del gobierno de Baja California, encabezado por Kiko Vega, que ayer atacó y detuvo ilegalmente a ciudadanos que luchan por el agua. El gobernador ya ha dejado clara su postura: el agua pertenece a la cervecera estadounidense Constellation Brands.

En enero de 2017 las manifestaciones en Baja California contra el gasolinazo y la Ley del Agua –que buscaba privatizar el servicio en el estado– trascendieron a nivel nacional. Fue un movimiento civil sin precedentes en aquella entidad norteña que logró la derogación de la ley. Una victoria para la sociedad civil y un revés para el gobernador Kiko Vega, que no se quedaría con los brazos cruzados.

Foto: Facebook Mexicali Resiste

Mexicali Resiste se formó a partir de esa lucha de forma espontánea, con personas que ya venían trabajando en organizaciones y movimientos, pero tomando como base ciudadanos sin experiencia en ese tipo de luchas. El siguiente objetivo era claro: defender el agua de su propio gobierno, que planea entregarla a una empresa extranjera.

Ayer por la tarde el gobernador daba un “emotivo” discurso en el marco del aniversario número 66 de Baja California.

“La gente siempre ha sacado por delante el carácter y esa férrea voluntad, herencia de nuestros ilustres pioneros, que nos ha permitido construir día a día el gran estado que somos hoy, la Baja California que es la tierra de nuestros padres y la casa de nuestros hijos”.

Al mismo tiempo, un cuerpo antimotines atacaba a golpes y pedradas a ciudadanos que intentaban detener la construcción del acueducto que requiere la cervecera, y que pone en riesgo el suministro de agua para ciudades y zonas rurales de la entidad.

 ¿Qué se puede decir cuando un estado mexicano utiliza sus recursos al servicio de una empresa estadounidense? ¿Qué podemos decir cuando además de quitarle el agua a sus ciudadanos para regalársela a una de las cerveceras más poderosas del mundo, paga con recursos públicos la infraestructura necesaria para hacerlo? ¿Qué podemos decir cuando, además de todo, utiliza a elementos de la policía del estado para reprimir a quien se opone?

 A esas autoridades estatales hay que hacerles notar que no sólo los medios de comunicación locales –controlados muchos de ellos a través de publicidad oficial– están haciendo eco de lo que ocurre, y que hay miradas en todo el país tomando nota de sus acciones a pesar de provenir de un gobernador gris y de bajo perfil.

Si les interesa, y espero que sí, no duden en seguir lo que ocurre en aquella esquina del país a través de las redes sociales de Mexicali Resiste.

Este texto se publicó originalmente en The Mexican Times.

Derecho Remix: Vallenato con Adriana

Adriana Muro Polo, destacada abogada mexicana, visitó a Miguel, Ixchel y Gonzalo para conversar en torno a temas de política, sociedad y jurídicos que están sucediendo en Colombia; analizando el conflicto armado de aquel país.
Escucha el podcast:

Entendiendo el conflicto colombiano

Ixchel Cisneros, Gonzalo Sánchez de Tagle y Miguel Pulido, nuestros abogados preferidos, contaron con la visita de la reconocida abogada mexicana Adriana Muro Polo, quien ha litigado en México, trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una maestría en Derechos Humanos y actualmente es directora de Elementa(@ELEMENTADDHH), una consultora latinoamericana, con importante participación en los procesos de paz y el post-acuerdo en Colombia. Una conversación jurídica para ir entendiendo el conflicto en aquel país.

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Regidora del PRI y su esposo golpean a defensora de Temacapulín

Foto: Mario Marlo/Somoselmedio.org

Por Redacción/Somos el medio

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero 2017.- La noche del pasado seis de enero, la Regidora priista de Cañadas de Obregón, Catalina Mejía Alvarado y su esposo Héctor Chávez Saldívar, golpearon a una de las integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ciudadanos que desde hace más de 12 años resisten a la Presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco, que pretende llevar agua a León Guanajuato y la Ciudad de Guadalajara y que de terminarse desaparecería a tres pueblos milenarios, Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Según la denuncia realizada en la delegación Regional Zona Altos Sur Tepatitlán de Morelos Fiscalía General del Estado, carpeta 100/2018, con gritos, empujones y golpes la actual Regidora representante de Temacapulín y su esposo golpearon a Emma Juárez, miembro del Comité Salvemos Temaca, la noche del pasado seis de enero durante la celebración de las fiestas patronales de la comunidad cuando con insultos a los presentes intentaba imponerse para no dejar que continuara el programa planeado, “Me vale madre, yo soy la regidora y aquí se hace lo que yo digo”.

Según testigos la Regidora quien es parte de un grupo priista de choque que apoya la construcción de la presa el Zapotillo, días antes había realizado disparos al aire en la plaza pública de Temacapulín, poniendo en riesgo la vida de la gente.

Pobladores de la comunidad declararon para Somoselmedio que esta no es la primera vez que la actual Regidora realiza actos de prepotencia y de abusos de poder, lo que se suma al trabajo que realiza para promover la construcción de la presa El Zapotillo como los acuerdos realizados el pasado 26 de septiembre de 2017 donde la Regidora junto con el alcalde de Cañadas de Obregón, Jaime Gustavo Casillas Vázquez acordaron “promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad para la elaboración del proyecto de Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín”, mejor conocido como Talicoyunque, lugar donde se pretende reinstalar a los pobladores de Temacapulín.

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Yo sí quiero que les paguemos a los partidos (antes de insultarme, léeme)

Foto: César Rodríguez/Bloomberg/Getty Images

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Entiendo que después de esta afirmación quieras despotricar en mi contra y decirme todas las barbaridades que se te están ocurriendo, pues la clase política mexicana y en específico los partidos políticos han demostrado ser una rémora que chupa dinero público a borbotones, no rinde cuentas y, regularmente, lo usa para llenar los bolsillos de unos cuantos. Ahí está el caso de las tarjetas Monex, las multas constantes al Partido Verde o los desvíos de dinero público de los estados a las campañas electorales.

Aun así, tenemos que poner en la mesa que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no recibir dinero público y nada más mantenerse del privado es una pésima idea que desgranaré a continuación.

En principio, tienes que tomar en cuenta que esta iniciativa salió del PRI y ellos pertenecen al dark side, son los malosos que nos han robado y violado los derechos por años, como por ejemplo con el fraude electoral de 1988, la masacre de indígenas en Acteal en 1997, recibir una casa blanca de tu amigo contratista como lo hizo Enrique Peña Nieto y hasta desfalcar a un estado completo como lo ocurrido en Veracruz con el exgobernador Javier Duarte. Así que, no seas inocente: algo se traen entre manos al decir que no recibirán dinero público. Pues no son buena onda, no ven por su país y menos por acabar con la corrupción ya que han sido parte de ella por años, no por nada somos el país más corrupto de América Latina.

Aclarado eso, ahora vamos a la discusión del dinero.

En 2018, los partidos políticos recibirán 6 mil 778 millones de pesos para gasto ordinario y de campaña –más lo que reciban por las elecciones estatales–, el presupuesto más alto de la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero ojo, esto no es algo que el INE haya decidido, fueron los mismos partidos y sus representantes en el Congreso quienes lo votaron en la Ley General de Partidos Políticos. En efecto, es un dineral que NO se merecen.

Peeero la solución no es dejar que los partidos políticos se financien con dinero privado, pues en primera los másters para conseguir dinero de privados, dígase de empresarios, líderes sindicales, cuotas partidistas y en ocasiones dinero sucio del crimen organizado o del presupuesto de los estados son los propios priistas. Por ejemplo, actualmente existe una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales donde investigan a varios candidatos por el presunto uso de dinero ilícito y al exgobernador Javier Duarte también lo investigan por haber desviado recursos públicos para campañas.

** Nota:esto no quiere decir que los otros sean unas blancas palomitas, nada más hay unos que tienen más colmillo que otros**

Muchos aquí dirán: “pues mientras no sea con nuestro dinero que hagan lo que quieran, de todas maneras ya usan dinero sucio”. Pues qué creen: no, esto es una pésima, pésima idea. En un panorama hipotético, digamos que un presidente municipal en Nayarit llega a ese puesto porque tuvo mucho dinero en su campaña y regaló billetes o todos los que votaron por él. Pero resulta que ese dinero salió del crimen organizado, el cual obvio se va a querer cobrar el “favorcito” de alguna manera. O sea, gracias a recibir dinero privado, quienes viven en esa comunidad seguro se verán afectados por deberle un favor al narco.

Otro ejemplo menos radical, un candidato a gobernador recibe millones de una empresa minera, con eso, hace una campañota en su estado y gana. Ahora, le debe un “favorcito” a la empresa, la cual casualmente está involucrada en un escándalo de contaminación de un río local y muerte de varias personas por beber de su agua. De verdad ¿crees que los van a llevar ante la justicia para que paguen por lo que hicieron?

En nuestro país los candidatos y candidatas están acostumbradas a violar la ley y si de por sí al INE le ha costado un trabajal fiscalizar lo que ya reciben de dinero público y privado, con esta iniciativa del PRI les vamos a abrir la puerta para que el cochinero sea mayúsculo.

Entonces, sí, reduzcámosles el presupuesto público y privado al mínimo, únicamente para que puedan operar en un país austero pero no, no dejemos que pase la propuesta priista.

Este texto se publicó originalmente en The Huffington Post México

¿Es verdad que el Sistema Penal Acusatorio ha fracasado en nuestro país?

Por Itzel A. Sánchez Piña
@Itz_asp

¿Qué pasa si soy yo?

Imagina que una mañana caminando por la calle te aborda un par de policías en una patrulla, después te indica que subas a la unidad, argumentando que cometiste un delito, por lo que te llevarán ante el Ministerio Público, te ponen a disposición de un juez; ahora te encuentras enfrentando un proceso penal, qué consideras que sería lo más justo: ¿seguir tu proceso dentro de una prisión, o en libertad hasta que se decida si eres culpable?

Este planteamiento es falso, es necesario aclarar que este sistema privilegia la libertad en dos supuestos. El primero: en caso de resultar inocente, por lo que en sentencia se deberá ordenar libertad inmediata; o el segundo: en caso de que la persona haya sido imputada de un delito no grave, para que pueda seguir su proceso y defensa en libertad, lo cual pretende garantizar que personas inocentes no se encuentren en prisión, situación muy común en nuestro país.

Foto: 24-horas.mx

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, en 2016 la población penitenciaria en México ascendía a 236 mil 886 personas, de ella poco más de 40 por ciento aún no contaba con una sentencia, es decir, casi la mitad de ellos se encuentran privados de su libertad sin que se haya demostrado que son culpables de algún delito. No es ninguna sorpresa que los centros de reclusión del país se encuentren sobrepoblados, ofreciendo condiciones indignas para aquellos que son confinados a estos espacios. Tan solo en los Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México, su capacidad está rebasada por 16 mil 257 personas; esto sin mencionar los costos económicos, que consisten en $32 mil 434 por día.

Repensando la justicia

Ante esto es necesario reconsiderar si un sistema penal que privilegia la libertad es realmente el culpable de generar impunidad como se ha manifestado, o si bien esta deficiencia se debe a muchos otros factores que se han pretendido dejar convenientemente fuera de foco.

El Sistema Penal debe ser para el estado un instrumento de ultima ratio (ultima razón), considerarlo como la única herramienta para mantener el orden social es un gran equívoco, que resulta característico de regímenes autoritarios, en una democracia pone en evidencia la mala instrumentación del aparato estatal.

Foto: sipse.com

¿Qué hay con la prevención y la no reincidencia? Es necesario que una vez entendido lo anterior, el Estado apueste por otras alternativas como la prevención del delito en sus distintas dimensiones, entre ellas la necesidad de incrementar y mejorar la oferta laboral, lograr condiciones que mejoren el acceso a la educación, así como la toma de medidas necesarias para lograr la no reincidencia, temas que son los grandes ausentes en la discusión.

Lo anterior no significa que el sistema no sea perfectible, sin embargo, no debe apostarse por cambiar su naturaleza, la desinformación que permea sobre este sistema en la sociedad, y el mal manejo de la poca información que hacen los medios al pretender presentar un sistema de reciente implementación como un sistema fallido, pone en grave peligro los avances en materia de derechos humanos que supuso el tránsito de un sistema mixto a uno de corte acusatorio con enfoque garantista, si bien es cierto no ha marcado un hito, las pretensiones de los detractores son tendentes a el endurecimiento del mismo, mediante la ampliación del catálogo de delitos graves, modificación de la prisión preventiva como medida cautelar excepcional, entre otras, situaciones que representarían un gran retroceso en materia de justicia.

Este texto se publicó originalmente en The Mexican Times

Empresa colapsada en el sismo retenía el pasaporte a extranjeras para obligarlas a trabajar

ABC Toys, una empresa importadora de juguetes, retenía los documentos de identidad de las mujeres de origen taiwanés que estaban empleadas en el inmueble que colapsó en el sismo del pasado 19 de septiembre.

Francisco Sandoval

Por Redacción/Animal Político

La empresa ABC Toys —ubicada en el edificio de Bolívar 168 que colapsó en el sismo— retenía los pasaportes y documentos de identidad de sus empleadas taiwanesas para evitar que dejaran el trabajo e intentaran salir de México, relató una empleada que sobrevivió al derrumbe.

La importadora de juguetes exigía a sus empleadas cumplir con un plazo de trabajo de dos años o pagar 20 mil pesos para recuperar sus papeles y viajar a Taiwán con sus familias. Las trabajadoras tenían un horario de 09:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados también trabajaban hasta las 15:00 horas.
“Nosotros no podemos regresar porque ellos tienen nuestros papeles, nuestro pasaporte, todo”, reveló una sobreviviente del terremoto, la joven de 23 años Jie Ting Huang, de nombre occidental Janet, a sus profesores de español en México: Paola Lazcano y Damián Meléndez, egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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El día que casi me golpean por pedir que recogieran su basura

Por Ixchel Cisneros

@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 03 de febrero de 2017.

Vuelvo acá a hablar de mis hijos, y de verdad no es necedad o presunción —son unos amores, eso que ni que— pero me preocupa el país que les dejaremos.

Hace un par de semanas fui con mi familia a un centro comercial de la Ciudad de México, y nos formamos en la fila interminable de unos famosos helados de yogur. Frente a mí, una señora de aproximadamente 45 años y su hija adolescente platicaban mientras la joven se pasaba, de mano a mano, una envoltura de papel. Después de un rato se la dio a su mamá, esta señaló el piso y dijo: “Tírala”. La muchacha obedeció.

Yo, como metiche que soy, había visto todo y reaccioné como siempre lo hago cuando noto que alguien tira basura al suelo. Lo levanté y le dije a la muchacha: “Se te cayó”. Con pena, ella estiró el brazo y lo recibió pero quien la acompañaba, la miró fijo y le repitió: “Tiiiirala”. Así lo hizo.

A mí se me revolvió el estómago y como metiche que soy —nuevamente— dije: “Señora, ese no es un bote de basura”.

—No lo va a recoger y deja de molestarla.

—Pero señora, este lugar es de todos, no tendría por qué tirar la basura en el suelo.

—A ti, ¿qué te importa?

—Pues, me interesa vivir en un país limpio. Además, no creo que esté bien enseñar a las nuevas generaciones que tirar la basura en el suelo esté bien.

La mujer apartó a su hija, hizo el pecho para adelante y me increpó: “Mira, hija de tu pinche madre, si yo quiero, tiro la basura en donde a mi se me dé la chingada gana”. Al ver la agresión, yo recogí la envoltura y la tiré en el bote que estaba a menos de un metro de distancia. Al regresar a la fila fui recibida con un: “Yo no recojo la basura porque siempre tengo a chachas que lo hagan por mí. Así, como tú”.

Sí, yo fui una metiche por pedirles que no tiraran la basura al suelo, pero creo que la gente lo hace porque se puede, porque nadie los evidencia, porque nadie les dice nada. Un amigo ya me lo había dicho: “Un día te van a golpear Ixchel”. Y ese día casi llega en la fila de los helados.

A pesar de la agresión, increpar a los extraños que tiran basura en la calle es algo que seguiré haciendo y no nada más porque me lo enseñaran en la escuela o mis padres, simplemente porque no me conformo con la indiferencia y el individualismo. No estoy dispuesta a aceptar que no nos importe el otro, que mi comodidad y bienestar sea más importante que el bien común.

Lo aún más grave es que todo este tiempo, mis dos hijos (10 y 6 años) presenciaron el incidente. El pequeño me abrazaba fuerte de la cintura, pues sentía que su mamá estaba en peligro, mientras que el mayor, observaba expectante.

Sin deberla ni temerla, este conflicto entre dos mujeres adultas estaba siendo presenciado por tres personitas (mis hijos y la hija de la señora), quienes fueron testigos de lo violentas que pueden ser las relaciones entre los seres humanos y lo rudo del individualismo.

Cuando nos dieron nuestro helado, mi hijo el menor me preguntó: “Mamá, ¿por qué la señora no quiso recoger la basura?” y “¿por qué te quería pegar por decirle que lo hiciera?” La respuesta, no la tengo.

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Culpable bajo tortura

Por Eduardo Espinosa

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 29 de septiembre del 2016.

En México, la tortura a los presos es recurrente. A pesar de que nuestra constitución prohíbe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y las confesiones obtenidas bajo estas prácticas no pueden considerarse válidas, esto ocurre seguido.

Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

Es decir, en muchas ocasiones, los derechos que tenemos los mexicanos en caso de ser acusados por un delito, son letra muerta y violan el respeto al debido proceso. Y ¿qué es eso? En apretada síntesis, la aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana.

En diciembre de 2014 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre la situación que vive México en este rubro, y dentro de sus conclusiones dijo:

La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Ahí tenemos el caso de Héctor Casique Fernández en Quintana Roo. Su historia comenzó cuando el 16 de marzo de 2013 fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad al salir de un bar.

De acuerdo con su testimonio, el joven de 28 años fue presentado al Ministerio Público (MP) y sometido a 30 horas de tortura, donde le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie y a consecuencia de los golpes perdió un ojo y un oído. Todo con la finalidad de que se confesara autor intelectual del homicidio de siete personas.

Como mencionaba antes, esta práctica ilegal es común en nuestro país, primero te detienen por un delito y al momento de hacer la presentación ante MP te imputan otro totalmente distinto; violan tus derechos humanos cuando hacen valer una confesión obtenida bajo tortura y por si fuera poco, te presentan ante los medios de comunicación como culpable.

FOTO: desinformemonos.org

Durante el proceso penal la Comisión Nacional de Derechos Humanos le practicó a Casique el Protocolo de Estambul (es un conjunto de pruebas que buscan conocer si una personas sufrió tortura u otros tratos crueles e inhumanos), al cual salió positivo, sin que esto significara que alcanzaría la libertad, incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo reconoció como víctima del Estado.

De acuerdo con la defensa de Héctor Casique después de que se le dictara auto de formal libertad por falta de elementos para procesar, otro Juez le giró orden de aprensión por el mismo delito, a lo que la Procuraduría del Estado argumentó nuevas imputaciones de otros supuestos testigos. Parece ser que a las autoridades se les olvido que nadie puede ser juzgados dos veces por el mismo delito.

Después de tres años y seis meses de prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades y desatenciones al interior del penal, Héctor Casique Fernández quedó libre por falta de elementos para procesar, sí otra vez, y sí en su segundo juicio por el mismo delito. A diferencia de muchos otros casos Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, por lo cual la familia ha manifestado que dará seguimiento a las denuncia contra los servidores públicos que cometieron los actos de tortura.

Juan E. Méndez señaló que la tortura “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen” y por la gravedad de situación recomendó al Estado Mexicano “Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.

A lo que José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores en ese momento dijo “Esta valoración no corresponde a la realidad”, dejando muy claro que no reconocen el problema y por tanto no buscan solucionar desde este frente la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 10 de noviembre del 2016.

Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.

FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.

Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.

Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.

En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.

Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).

Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).

FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio

El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.

Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.

Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).

Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.

Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.

Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.

Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org