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Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Cristina Fuentes La Roche, Directora del Hay Festival para Latinoamérica y Peter Florence, Director General
del Festival, cedieron a la petición de personalidades del mundo de la cultura, periodistas y organizaciones internacionales que exigieron cancelar
la sede del evento que se realizaría en Xalapa, Veracruz, e informaron que ahora se llevará a cabo de manera digital.

 

“Estamos comprometidos con México, con sus creadores y su sector editorial. Aquí trabajamos en una amplia coalición, dentro de la cual la comunidad de
escritores y periodistas constituye un elemento esencial. Sólo podemos continuar con nuestro proyecto si trabajamos juntos […] No obstante lo anterior,
hemos escuchado el sentir de buena parte de la comunidad intelectual, y a raíz de ello hemos decidido que este año mantendremos la fecha de octubre
y, en lugar de hacerlo en un lugar determinado, celebraremos el festival de manera digital, para así no sólo llegar a nuestros amigos de Xalapa, sino
a todas las personas que tienen acceso a internet en México”, respondieron los coordinadores en un comunicado difundido este día.

 

Fuentes La Roch y Florence se dijeron conscientes de que la noticia de la muerte de Moisés Sánchez ha causado “dolor y rabia”. Recordaron que Moisés es
“el quinceavo periodista asesinado o desaparecido desde el 2010 en Veracruz”, lo que “ha causado, si cabe, todavía más dolor y rabia”.

 

“Como ha dicho el Comité de Periodistas por Veracruz, en sus actividades en México el Hay Festival ha contado con la presencia de algunos de los más destacados
defensores de la libertad de expresión a nivel mundial, como Carl Bernstein, Wole Soyinka o Salman Rushdie, quienes han acudido a Xalapa, y desde ahí
han pronunciado mensajes claros y enfáticos de condena a la persecución de periodistas en Veracruz”, refiere el texto.

 

Los organizadores del evento indicaron que quienes conforman el Hay Festival tienen “más autoridad e impacto para hablar de estas atrocidades cometidas
en contra de la libertad de expresión si lo hacemos desde los lugares donde suceden”.

 

“Creemos en el compromiso, no en la retirada; en la palabra, no en el silencio ni en el vacío. El festival congrega a miles de personas, la mayoría de
ellas estudiantes. Es un foro en el que la libertad de expresión se ejerce y se promueve. La respuesta de muchas, muchas personas en Xalapa evidencia
claramente que ésta es una plataforma poco habitual, que es muy valorada por la comunidad local”, indica.

 

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27 de enero de 2015

 

Artículo 19, oficina para México y Centroamérica – Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D – Electronic Frontier Foundation, EFF

 

Posicionamiento frente a la expedición de los lineamientos del IFT relativos a las disposiciones de colaboración con la justicia de la LFTR

 

La privacidad y la libertad de expresión, son derechos humanos esenciales para el ejercicio de otros derechos y libertades. La reciente aprobación y entrada
en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión produjo una serie de amenazas a este derecho y por tanto, a los derechos a la libertad
de expresión, asociación y de reunión. La regulación de las telecomunicaciones no es un tema exclusivamente tecnológico o comercial sino también de
protección de derechos.

 

La revelación hecha por el periódico Reforma en días pasados, sobre el que sería “Proyecto de Lineamientos de colaboración en materia de Seguridad y Justicia”
que habría de votar el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), confirma la dimensión de las responsabilidades depositadas en este
órgano y la necesidad de la sociedad civil de que éste ejerza sus funciones y forme sus criterios con la mayor autonomía, especialmente cuando se trata
de generar garantías institucionales a derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

 

La expedición de estos lineamientos técnico-administrativos es al mismo tiempo un riesgo y una oportunidad. El IFT puede avalar las violaciones a los derechos
humanos realizadas por el Congreso de la Unión al regular este tema en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) o puede, dentro
de su competencia, cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía a los derechos establecidas en la Constitución, para dar la mayor protección
a las personas.

 

Por ello y en aras de continuar un diálogo público y productivo, señalamos que:

 

1. La primera obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en atención al artículo 1o de la Constitución, es la de respetar, proteger, promover
y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo los derechos
a la privacidad y a la libertad de expresión. Al generar políticas públicas y lineamientos regulatorios, las autoridades deben plantear sus criterios
a la luz de los derechos humanos, en cuyos principios sobresale que no toda medida útil para hacer cumplir una ley es legítima y válida para ser utilizada
como función del Estado. La medida elegida debe ser idónea, necesaria y proporcional.

 

2. Las obligaciones de conservación indiscriminada de datos, como las que contempla el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
han sido consideradas incompatibles con el derecho a la privacidad. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1 como las relatorías para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos2 y de la Organización de las Naciones Unidas 3 coinciden en que esta medida
es desproporcional e innecesaria para la protección de éste y otros derechos. 

 

3. En particular, debe reiterarse que los datos que identifican una comunicación (metadatos) como la identidad de los comunicantes, fecha, hora y duración
de la comunicación, ubicación geográfica e incluso, reconocido de manera expresa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , la dirección IP,
al ser datos que pueden revelar aspectos detallados sobre una persona, son datos que se encuentran protegidos por el artículo 16 constitucional y por
ende, para su conservación o acceso es necesaria autorización judicial federal. La conservación de direcciones IP no sólo es una medida desproporcionada,
invasiva y restrictiva a la privacidad (test de proporcionalidad) sino que no es la mejor ni la más efectiva para lograr los supuestos fines que persigue
(test de idoneidad), al existir amplias posibilidades de elusión y al ser inadecuada para la identificación del probable responsable de un delito.

 

4. En cualquier caso, el IFT debe subsanar las deficiencias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al establecer salvaguardas mínimas
y necesarias para inhibir el abuso de las medidas vigilancia altamente invasivas y que, por su naturaleza, se llevan a cabo en secreto, como ha
sido reconocido, por ejemplo, en la Resolución 68/167 de la Asamblea General de Naciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital, la
cual fue propuesta por México y otros seis países.

 

5. En este sentido, los Lineamientos que emita el Instituto deben especificar las autoridades competentes para solicitar la colaboración de las concesionarias
y autorizadas en materia de seguridad y justicia y establecer de manera inequívoca la necesidad de autorización judicial federal para la intervención
de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil y el acceso a datos conservados por las
concesionarias y autorizadas.

 

6. Adicionalmente, los Lineamientos deben establecer obligaciones de transparencia estadística que permitan a la ciudadanía evaluar la efectividad
y regularidad de la actuación de la autoridad cuando lleva a cabo medidas de vigilancia. Asimismo, debe garantizarse el derecho de notificación
diferida a las usuarias afectadas por medidas de vigilancia, de manera que se encuentren en posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia.

 

Adicionalmente, resulta pertinente resaltar que el 23 de septiembre de 2014, organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas y defensores
de derechos humanos, promovimos un juicio de amparo en contra de los citados artículos 189 y 190 de la LFTR ante el poder judicial federal, el
cual aún se encuentra pendiente de resolución por el Poder Judicial Federal.

 

Igualmente, ponemos nuevamente a disposición del público y de los y las consejeras del IFT6, las recomendaciones hechas en noviembre pasado durante
la consulta pública sobre el Anteproyecto de lineamientos de colaboración en materia de seguridad y Justicia, convocado por el Instituto. En este
documento se propone una serie de medidas encaminadas dotar de las mayores protecciones a los derechos fundamentales dentro del ámbito de este
ordenamiento, tales como la notificación diferida a los que sean objeto de vigilancia (garantía adoptada en otros sistemas), así como medidas concretas
de transparencia que permitan dar mayores instrumentos a los ciudadanos para vigilar y evaluar el uso de estas disposiciones.

___________________________________________________________________________________________________

1 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12. Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros. 8 de abril de 2014. Disponible en: http://bit.ly/1Ep2X2Y 2 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas. 17 de Abril de 2013. A/HRC/23/40 3 Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013. 68/167. El derecho a la privacidad en la era digital. A/RES/68/167. 21 de enero de 2014. 4 Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su objeto de protección incluyen los datos que identifican la comunicación. 9a. Época; 1a.Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXXIV, Agosto 2011, Tomo 1; Pág. 221 1a. CLV/2011

5 Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013. 68/167. El derecho a la privacidad en la era digital. A/RES/68/167. 21 de enero de 2014. 6 Consulta pública del anteproyecto de lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia. Red en Defensa de los Derechos Digitales, 20014. Disponible en: http://t.co/96MiH92Cit

 

 

 

Por Arturo Constantini

Foto: Uriel Reyes

 

Desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto, se han documentado 209 casos de agresiones contra periodistas, en lo que se configura un “clima de
hostilidades creciente”, explicó Javier Garza, director del diario El Siglo de Torreón, durante la presentación de la plataforma digital “Periodistas
en riesgo”.

 

Del total de las agresiones, documentadas por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), 13 corresponden
a homicidios, aunque tan sólo en el periodo de mayo y octubre de 2014 se registraron seis asesinatos.

 

“La mitad de los homicidios que se han registrado en dos años, ocurrieron en seis meses, tanto como los que ocurrieron en los 18 meses anteriores, lo que
nos habla de un recrudecimiento de la violencia”, dijo Garza, quien ha vivido en carne propia los peligros para ejercer el periodismo en México.

 

Los estados que concentran los homicidios contra periodistas en la actual administración federal son Tamaulipas con tres, Oaxaca y Sinaloa con dos
casos cada uno y Veracruz, Coahuila, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas con uno por entidad.

 

El resto de las agresiones comprende: 143 agresiones físicas, 43 golpizas por parte de policías, 27 detenciones arbitrarias, 17 golpizas por parte
de manifestantes, 13 secuestros, 46 agresiones psicológicas, 14 agresiones digitales, un homicidio vinculado a actividad digital anónima, 6 agresiones
legales y 4 casos de “doble riesgo” (amenazas contra reporteros que investigan algún tipo de agresión previa contra ellos o algún colega).

 

Marieclaire Acosta, representante de Freedom House en nuestro país, destacó la preocupante situación que padece Veracruz, cuya capital ha sido
catalogada por la organización Artículo 19 como la ciudad más peligrosa en América Latina para hacer periodismo, y en particular el caso del
reportero desaparecido Moisés Sánchez, que “retrata de manera clara la frágil situación de la libertad de expresión en el país y los riesgos
que enfrentan en el día a día los que ejercen el trabajo periodístico”.

Suma de esfuerzos

“Periodistas en riesgo” es, no sólo una herramienta para realizar denuncias en torno a las agresiones contra los periodistas, sino una plataforma
que pueda servir como “vinculación y articulación de esfuerzos para que todos juntos podamos emprender la defensa sistemática de los compañeros
periodistas y de la libertad de prensa y expresión”, explicó Marieclaire Acosta.

 

Garza desmenuzó, por su parte, las principales utilidades de la página, como la capacidad para poder generar reportes periódicos sobre cuáles son
las tendencias respecto a las agresiones contra la prensa en el país. De igual manera observar la distribución de los distintos tipos de ataques
en las diferentes regiones del país.

Otra función es que la base de datos generada en la página puede permitir a periodistas en una región tener un mejor diagnóstico de cuáles son
los riesgos que enfrentan y así ajustar sus medidas de seguridad.

 

La página también cuenta con una clínica legal, que se hizo en acuerdo con la organización Propuesta Cívica, que permite a los periodistas resolver
distintas dudas sobre cómo acogerse a un mecanismo de protección, realizar una denuncia o asesoría sobre su situación laboral, entre otras.

 

De igual manera, se pueden encontrar contactos a organismos nacionales e internacionales de apoyo a periodistas y catálogos de manuales de
seguridad que están vigentes en otras partes del país y el mundo.

 

Se aclaró que, aunque cualquier persona, sea o no periodista, puede entrar al sitio para hacer una denuncia, ésta tendrá que pasar por un proceso
de verificación y no será hecha pública hasta que la información sea corroborada. Además no es necesario que la gente tenga que dar sus
datos personales para subir su reporte.

 

Jorge Luis Sierra, del ICFJ, explicó que ahora han podido replicar la plataforma en Irak y Venezuela, y están desarrollando para Centroamérica,
Pakistán, India, entre otros países.

www.periodistasenriesgo.com

 

 

 

 

Compañeros del periodista Moisés Sánchez, quien lleva desaparecido 11 días luego
de un grupo armado lo sacara a la fuerza de su vivienda en el municipio de Medellín,
coinciden en señalar la labor del comunicador como “fundamental”, a pesar de las
declaraciones del gobernador Javier Duarte asegurando que sólo se trata de un “conductor
de taxi”.

 

ENERO 13, 2015 Manu Ureste (@ManuVpC)

 

Al otro lado del hilo telefónico la voz de Jorge Sánchez suena relajada, liviana.
“Ya salimos de dudas”, dice con un suspiro y como si acabara de quitarse del pecho
un enorme peso, aún cuando su padre, el periodista veracruzano Moisés Sánchez y
director del semanario La Unión, lleva desaparecido desde el 2 de enero; día en
el que un grupo armado entró a su casa y se lo llevó en una camioneta.

 

A continuación traga saliva, y con un ritmo de plática entrecortado por las interferencias
de la línea explica que acaba de salir de la Unidad de Servicios Periciales, en
Xalapa, donde se realizaron pruebas de ADN a tres cuerpos encontrados en Soledad
de Doblado el pasado lunes 5 de enero.

 

“Hubo un rumor fuerte aquí en Veracruz, de que ya habían encontrado a mi papá
y que estaba muerto. Pero acabo de ver los cadáveres en la morgue y no es él –vuelve
a suspirar, aliviado-. Así que seguimos con la esperanza puesta en Dios de que
pronto aparecerá vivo”.

 

A pesar de la esperanza, los resultados de la investigación por parte de las autoridades
de Veracruz son prácticamente nulos –
13 policías arraigados
mientras se realizan las pesquisas es todo el balance hasta ahora-. Y a once días
de la desaparición forzada del periodista, aún no hay responsables por lo sucedido
ese 2 de enero en el municipio de Medellín de Bravo.

 

Aquel día, sobre las siete y media de la tarde, Jorge cuenta que su padre estaba
durmiendo cuando cuatro vehículos –dos coches blancos, otro rojo, y una camioneta
negra- llegaron a la calle donde la familia tiene su domicilio en Medellín, ubicado
a menos de 20 kilómetros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

 

“Eran por lo menos nueve personas con el rostro tapado –relata el hijo del comunicador
y también activista social-. Entraron rompiendo puertas y armados con metralletas.
Revisaron papeles, cogieron algunas cosas, y preguntaron a mi madre que dónde estaba
Moisés. Pero en ese momento ella estaba en shock y no pudo decir nada”.

 

Finalmente, los encapuchados encuentran al periodista en su habitación.

 

Todo transcurre rápido

En plena tarde, con vecinos aún en las calles, y con una impunidad que insulta.

 

“Sólo lo agarraron y se lo llevaron”, lamenta Jorge, que denuncia que a pesar
de las llamadas la policía de Medellín tardó horas en llegar en auxilio de su padre,
y que cuando lo hizo fue para informar a la familia que “ya no podían hacer nada”
al respecto.

 

Moisés sale a la calle sin gritos, sin oponer resistencia. Sabe que un error en
ese momento puede resultar peor para él y su mujer. “Cuando se lo llevaron –cuenta
Jorge-, mi madre dice que lo único que mi padre alcanzó a decir fue que no le hicieran
daño a la familia. Nada más”.

 

Junto con el periodista, los encapuchados también se llevan su cámara fotográfica,
su laptop, su celular, y su tablet. Algo que la familia apunta como “un claro indicio”
de que tras la desaparición forzosa del periodista está la mano del alcalde de
Medellín, el panista Omar Cruz Reyes, quien habría amenazado al comunicador tres
días antes de los hechos,
según denuncian la organización defensorade la libertad de expresión, Artículo
19, la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y el propio Jorge Sánchez.

 

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México D.F., a 24 de noviembre de 2014.- Un montaje judicial al servicio del gobernador
de Quintana Roo, Roberto Borge, ha dejado en total vulnerabilidad al periodista
maya Pedro Canché, detenido desde el 30 de agosto por delito de sabotaje. Pese
a no existir pruebas que demuestren su culpabilidad, las instancias estatales han
emprendido una campaña que viola derechos humanos para acallar con cárcel al comunicador.

 

“Estoy encarcelado por ejercer el periodismo… en México habemos muchas
víctimas, yo soy víctima de la justicia que está al servicio del gobernador” afirmó
Canché a 80 días de su detención arbitraria.

 

ARTICLE 19 sostiene que el encarcelamiento arbitrario del comunicador maya está
basado en la fabricación de pruebas, como represalia a las críticas que Canché
hizo contra Roberto Borge, y pese a que el Mecanismo de protección, a cargo de
Secretaría de Gobernación (Segob), está obligado a dar seguimiento de las agresiones
contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta instancia no
ha cumplido con sus obligaciones ante los agravios constantes que sufre Canché
en la cárcel del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

 

Los ataques contra Canché endurecieron a raíz de un video difundido por él mismo
el 24 de agosto, en el cual retaba a Borge a un debate público. La respuesta del
gobierno priista fue emprender una campaña de desprestigio con críticas y señalamientos
negativos al trabajo periodístico de Canché. Horas más tarde, el comunicador se
enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por el delito de “sabotaje”,
el cual pese a ser violatorio de derechos humanos, es considerado como grave por
el Código Penal del estado.

 

Dentro de las violaciones al debido proceso, destaca que el perito que integró
la investigación se presentó en el lugar de los hechos un día antes de que iniciara
la apertura de la averiguación previa contra Canché. De acuerdo con los policías
judiciales, bastaron siete horas para recabar e integrar pruebas.

Dicha investigación, armada en 48 horas, está basada en testimonios de integrantes
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que ubicaron al periodista
en el plantón iniciado el 11 de agosto por el aumento de las tarifas de servicio
de agua en el municipio. Estos testimonios, señalan que Pedro Canché, como “conducta
delictiva”, habló con manifestantes y los grababa con su celular.

 

La Procuraduría estatal desestimó que el comunicador estuvo en la manifestación
documentando con su celular desde el 13 de agosto y documentó el desalojo violento
de los manifestantes ocurrido una semana después, no obstante fue Canché fue detenido
y encarcelado el 30 de agosto.

 

Las comisiones de defensa de derechos humanos estatal y nacional han servido también
como cómplices de los ataques contra las voces disidentes en el estado sureño.
Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha mostrado
débil ante la negativa de informar sobre la investigación y el estatus jurídico
del comunicador.

 

En tanto que, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se ha
negado a investigar a las autoridades locales por posible violaciones de derechos
humanos, de las que sobresalen: Faltas al debido proceso, violación a la presunción
de inocencia, detención arbitraria y ataques contra la libertad de expresión, integridad
personal y no discriminación contra pueblos indígenas. Así mismo ha desacreditado
públicamente, sin investigación previa, las denuncias de Canché por las agresiones
físicas e intimadotarias de las que ha sido víctima en la cárcel.

 

Sumado a los hostigamientos judiciales encabezados por el gobierno estatal, Pedro
Canché también ha sido víctima de Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría
Pública del Poder Judicial del estado, quien desde su cuenta de Twitter lo acusó,
entre otras cosas, de ser un “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”.
Es decir, quien supuestamente tendría que defender a la sociedad, es el mismo que
acusa y descalifica a las voces críticas del gobierno de Quintana Roo.

 

La vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra Canché propició que el 30
de agosto recibiera una golpiza a escasas horas de haber ingresado a la cárcel.
Las lesiones ameritaron que fuera trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo
Puerto por posibles daños físicos. Hasta la fecha se desconoce su estado de salud
debido a la falta de diagnóstico y tratamientos adecuados.

 

Ante la negativa del Mecanismo de protección de la Segob de otorgar medidas cautelares
a favor del periodista maya Pedro Canché, quien desde el 30 de agosto de 2014 se
encuentra en la cárcel, ARTICLE 19 ha solicitado a la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la
intervención urgente en favor del comunicador.

 

ARTICLE 19 exige al gobierno estatal cesar el acoso judicial y mediático, así
como los ataques físicos contra el comunicador maya y las voces disidentes de la
entidad, como es el caso de la revista semanal
Luces del Siglo,
que ha sido clonada en reiteradas ocasiones, y Sergio Caballero, corresponsal
de la Revista Proceso.

 

 

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Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– La organización internacional Artículo 19 documentó en los primeros diez meses del año al menos 222 agresiones contra la prensa en México. En medio del panorama de violencia, que ha dejado seis periodistas muertos en lo que va del 2014, ayer domingo 2 de noviembre, el día en que México celebró a sus muertos, la organización anunció que por primera vez se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta resolución en el 2013, y otorgó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) la supervisión de su aplicación.

 

De acuerdo con la organización, desde el año 2000 se han registrado en México cerca de 90 asesinatos contra periodistas, de los que sólo el 10 por ciento cuenta con una sentencia, y desde hace ocho años, 17 más permanecen desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales.

 

A lo anterior, hay que sumar el número de amenazas anuales y actos de violencia contra los medios de comunicación y sus trabajadores, que son perpetrados, en su mayoría, por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

 

La organización revela que el papel de los gobernantes se convierte en un ente que limita el flujo de la información en lugar de investigar y sancionar a los atacantes.

 

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En los últimos 10 años en el mundo han sido asesinados 700 periodistas en ejercicio de su labor. La mayoría de esos asesinatos fueron deliberados debido a que los informadores habían denunciado la criminalidad y la corrupción. El 90% de los casos no son investigados, bien por falta de recursos, bien por falta de voluntad política.

Es por esto que este 2 de noviembre se conmemora el primer Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas “…cuyo objetivo es llamar la atención sobre esta situación alarmante que limita la capacidad de los reporteros de hacer su trabajo y compromete el derecho del público a la información. Este día se celebra a raíz de una resolución adoptada el año pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que otorgó a la UNESCO la supervisión de su aplicación.”

Desde hace varios años México ha sido reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las estadísticas de parte de las autoridades sobre el número de víctimas son imprecisas e inconsistentes. Por un lado, existe una “cifra negra” por el mismo silencio de las víctimas y integrantes de la familia que no reportan el hostigamiento debido a su desconfianza en las autoridades y/o amenazas de las que son sujetas. La Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (pgr) registró 102 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de abril de 2014. Mientras, en ese mismo lapso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró “la muerte de 88 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; también, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la información, así como 41 atentados a instalaciones de los medios de comunicación de 2006 a la fecha, hechos ocurridos en 24 entidades federativas”. El hecho es que no sólo basta con tener el registro de las agresiones, las autoridades tienen la obligación de actuar para atender el problema.

A mediados de 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Recomendación General No. 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El título y el texto resaltan la impunidad que prevalece en el país ante los atentados en contra de periodistas en México, y en general contra la prensa.

Entre los puntos de dicha recomendación señala la falta de resultados de las autoridades encargadas de procurar justicia que “…han propiciado un significativo vacío de resultados en la investigación de los delitos cometidos en perjuicio de periodistas y medios de comunicación…”; y la falla en la integración de las investigaciones, y la respuesta sólo ante presión inmediata sin dar seguimiento “…se han advertido distintas irregularidades durante la integración de las investigaciones de los delitos cometidos en perjuicio de integrantes de la comunidad periodística, lo que denota una conducta sistemática, consistente en que, aun cuando agentes del Ministerio Público, a cargo de las averiguaciones previas correspondientes, las inician de forma prácticamente inmediata, al disminuir la presión social producto de la difusión de los sucesos en diversas instancias informativas, incumplen con su obligación de practicar todas aquellas diligencias en la indagatoria, tendentes al esclarecimiento de los hechos o bien, prolongan injustificadamente el tiempo de la integración…”.

Explica el lamentable índice de impunidad del 89% que prevalece en 145 asuntos de violaciones graves desde el 2000-julio 2013: 85 asesinatos, 20 personas desaparecidas y 40 ataques a instalaciones de medios y donde se resalta que en 106 casos (73%) la averiguación previa en integración “…en sólo 14 casos (10%) el juez de la causa dictó sentencia condenatoria, en 2 se sobreseyó la causa penal, quedando aún sin sentencia 11 de éstos, sumados a los 118 casos sin consignar…” y en dónde resaltan que “…la ausencia de resultados se debe, en parte, a que los agentes del Ministerio Público, encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, han omitido girar oportunamente los citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos, a fin de recabar sus testimonios, en tanto que, en ocasiones, las declaraciones iniciales de testigos o probables responsables resultan incompletas por la falta de diligencia del propio representante social al obtenerlas, o bien, limitarse a que sea la propia víctima la que provea todos los elementos en la investigación…”.

La impunidad no es un concepto abstracto, se le señala como un gran mal que aqueja la prensa en México. Pero pocas veces nos detenemos a deconstruirla, saber qué es, quién la causa, quién la permite y cómo podemos erradicarla, o al menos, intentar reducirla. Pocos o casi nadie recuerda a todos aquellos colegas periodistas que han sido asesinados, desaparecidos o agredidos por ejercer su labor periodística, lo que no podemos permitir es que las autoridades les olviden.

El problema de la justicia inicia cuando las autoridades abren la investigación de un crimen contra un o una periodista, sin que la principal línea de investigación se vincule con su labor informativa. Lamentablemente, esto es muy común, y si es así, si se descalifica de entrada lo que podría ser el motivo del crimen, dicho proceso no puede tener ni un buen desarrollo ni un buen desenlace.

Romper el ciclo de la impunidad depende de la acción de las autoridades, pero además requiere de una sociedad que exija que se respete su derecho a la información y libertad de prensa, y de un gremio que no deje de señalar y dar seguimiento a las investigaciones y buscar se castigue a los responsables.

Para conocer más sobre cómo está el problema a nivel mundial checa la Campaña que lanzó la Red Global de defensa y promoción de la libertad de expresión IFEX, de la cual Cencos es parte http://daytoendimpunity.org/es/?day=01

También puedes conocer más sobre algunos casos emblemáticos de impunidad de crímenes contra periodistas en México también visita la campaña de Article 19 Impunidad Mata http://impunidadmata.articulo19.org/

 

Para la organización Artículo 19, “las acciones amenazantes realizadas en contra de Sin Embargo, son una clara violación al derecho de libertad de expresión”.

 

Los periodistas, editores y directivos del portal de noticias Sin Embargo recibieron amenazas por parte del delegado de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.

 

Así lo alertó la organización Artículo 19, quien expuso que el viernes pasado, asistió a la oficina de dicho portal, una persona que presuntamente representa al abogado del delegado, para exigir “en tono amenazante y soez”, que retiren de la página una foto del funcionario, en la que aparece posando junto a un tanque de guerra.

 

“La imagen en cuestión forma parte de una serie fotográfica subida por el propio Ruvalcaba, en su perfil público de Facebook hace poco más de dos años, donde aparece armado y vestido de militar. Esa y otras fotografías fueron retomadas periodísticamente por Sin Embargo el 15 de noviembre de 2012, como parte de un reportaje donde se hacía referencia de las aficiones –nada ecológicas– de cinco políticos del Partido Verde que han ocupado cargos públicos, como es el caso del delegado de Cuajimalpa”, detalló la organización protectora de periodistas.

 

“En las últimas dos semanas él (Ruvalcaba) empieza a enviar, por medio de un abogado (que se identifica como Alejandro Rojo), una solicitud de bajar las fotos. Primero argumenta que es dueño de los derechos de las fotografías”, dijo Alejandro Páez Varela, en entrevista con Artículo 19.

 

“Yo con mucho gusto hubiera quitado estas fotos o las habría quitado si la petición se hace con algún argumento. Si él me hubiera dicho que las fotos se las tomó para una fiesta de Halloween, las borró. De hecho hay una foto que retiramos. Sólo quedó una foto… Empecé a leer con más detenimiento los correos (que enviaba) y me di cuenta que el tono era amenazante. Decía, nos vamos a ver en la necesidad de tomar otras medidas, ustedes tendrán consecuencias, y eso un tono más distinto al de una petición de que se tiene de derecho al olvido”, agregó.

 

Al respecto, Artículo 19 señaló que “la difusión de información concerniente a funcionarios públicos debe gozar de mayor apertura para facilitar el debate amplio respecto asuntos de interés público, de lo contrario se violentan los compromisos internacionales en materia de libertad de expresión”.

 

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Esteban de Jesús López fue encañonado por los asaltantes quienes lo amenazaron de muerte. El reportero es responsable de la fuente gubernamental y autor de notas, reportajes y videos críticos del gobierno de Rafael Moreno Valle

 

Por Jesús Viñas/ Periódico Central

La tarde de este jueves el reportero de CENTRAL, Esteban de Jesús López, fue asaltado a mano armada y con lujo de violencia por dos sujetos en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS). Los delincuentes, quienes lo amenazaron de muerte, se llevaron su celular, su iPad y documentos que llevaba consigo.

 

Los hechos, que quedaron asentados en la averiguación previa AP-363/2014/AMP04, sucedieron alrededor de las 16:00 horas de este día, luego de que el reportero salió del CIS a donde acudió para dar seguimiento a la noticia que desde hace dos semanas ha manejado este medio de comunicación sobre el cobro de estacionamiento a burócratas y ciudadanos en el edificio gubernamental.

 

El reportero, titular de la fuente de gobierno y autor de reportajes y notas críticas al gobierno morenovallista, llevaba en su iPad videos y fotografías de la investigación que ha realizado diariamente en el Centro Integral de Servicios para dar seguimiento al tema.

Esteban de Jesús López narró que  iba caminando por la Avenida Andrómeda casi esquina con Vía Atlixcáyotl, cerca del fraccionamiento Villas Atlixco Park,  cuando dos sujetos de alrededor de 25 a 30 años le cerraron el paso.

 

Uno de ellos, de aproximadamente 25 años de edad, tez morena, complexión delgada y que vestía con playera amarilla y pantalón caqui color beige, sacó una pistola y le apuntó al reportero, amenazándolo de “darle un plomazo” si no le entregaba sus pertenencias.

 

Esteban de Jesús describió que el otro asaltante tenía alrededor de 30 años, robusto, de tez morena, vestía playera blanca, pantalón gris y tenía cabello largo peinado hacia atrás, y fue él quien sacó de entre sus ropas un cuchillo largo y también lo amenazó de muerte.

 

Este suceso se suma a otro caso más de robo en contra de aquellos periodistas y políticos opositores del gobierno de Rafael Moreno Valle, en el que los asaltantes en lugar de sustraer objetos de valor, han preferido tomar equipos personales de comunicación y cómputo, así como documentos de trabajo.

 

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