Con una bandera de colores en mano y flores llegaron a la iglesia las amigas de Paola; arregladas, con vestidos cortos y zapatillas, se colocaron en la parte delantera del templo y atentamente escucharon las palabras del padre, mientras la foto de Paola posaba sobre un banquito. Convocaron a esta misa, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, el domingo 30 de septiembre, para honrar la memoria de su amiga a exactamente dos años de que fuera asesinada, y también para recordar que su caso sigue impune.
Paola, mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual, murió en su zona de trabajo, en Puente de Alvarado, en la Ciudad de México. Se encontraba dentro del automóvil del hombre que se acercó para contratar sus servicios y que minutos más tarde le disparó. Su muerte quedó registrado en un video que grabaron sus compañeras; en él, Paola se ve postrada en el asiento, mientras el hombre grita “Yo no fui”, a su costado.
Para exigir justicia, sus compañeras y amigas llevaron su cuerpo dentro del ataúd a la avenida Insurgentes; protestaban en contra de la liberación de su presunto agresor y por hartazgo que tenían como comunidad LGBTTTI por la violencia en su contra. Dos años después, y a pesar de haber sido tan mediático, este trans feminicidio sigue sin ser castigado.
Kenya Cuevas fue quien convocó a esta misa, pues a raíz de la muerte de su amiga ha iniciado una lucha en defensa de la comunidad transexual y por la búsqueda de justicia del caso.
Kenya trabajaba con Paola y estuvo presente cuando la mataron, ella recuerda que estaban paradas en Puente de Alvarado, cuando un coche se les acercó; Kenya rechazó al cliente y adelante se encontraba Paola, quien sí se subió. Minutos más tarde escucharon unas detonaciones, Kenya corrió hacia el automóvil dónde se encontraba Paola, aún respirando. El sujeto levantó el arma y quiso hacer lo mismo con Kenya, sin embargo, el arma se encasquilló.
Al terminar la misa Kenya comentó que luego de dos años “la carpeta de investigación en Fiscalía de Homicidios se quedó parada porque la PGR no ha ejecutado la orden de aprehensión en contra del sujeto, a pesar de que se tienen todos los elementos para vincularlo y dos testigos”. Aseguró también que seguirán en en lucha y no se detendrán.
Según datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México se encuentra en segundo lugar como el país más violento contra la comunidad LGBTTTI. La organización Letra S, en su informe “Violencia, Impunidad y Prejuicios”, presentó que de enero de 2013 a diciembre de 2017 al menos 381 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos presuntamente relacionados con la orientación sexual o identidad y que las mujeres trans son las más expuestas, ya que de 381, 209 son personas trans.
Belinda, quien también era amiga de Paola, es otra de las testigos de lo sucedido esa noche del 30 de septiembre. En comparación con Kenya decidió ocultarse tras su muerte, pues dice que ante las amenazas que les empezaron a llegar sintió mucho miedo y decidió irse de la ciudad; sin embargo, decidió regresar al darse cuenta de que la violencia hacía la comunidad no tiene límites y que no puede vivir con miedo.
“Siempre la recuerdo por su acompañamiento, nosotras vivíamos juntas. (Paola) diario se metía de trabajar a las siete de la mañana, yo antes; entonces, cuando llegaba a casa me tocaba a mi cuarto con café y tamales, y me decía: “¡Hermana, ya llegué!””
Yo no creía que había homicidios a personas trans o lésbico gay, decía: ‘eso jamás va a pasar’ y cuando vi que en mi cara mataron a Paola fue un día muy feo”, comentó Belinda.
La comunidad LGBTTTI se ha manifestado para exigir la tipificación del trans feminicidio.
De acuerdo con Letra S, las líneas de investigación que han seguido las fiscalías en estos casos muchas veces no consideran necesario incluir la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.
La misma organización indica que “los antecedentes de violencia, como las agresiones, el acoso u hostigamiento y la discriminación, sufridas por las víctimas antes de ser asesinadas son elementos importantes a la hora de fijar posibles líneas de investigación, establecer probables motivaciones de los criminales y situar a este tipo de crímenes dentro de un contexto específico que ayude a esclarecerlos”.
El caso de Paola es un ejemplo de la situación que enfrenta la comunidad trans en México, desde la discriminación que por su preferencia de género día a día viven hasta el asesinato.
Letra S agrega que los hechos de violencia contra esta comunidad no deben considerarse como aislados, sino que están aunados a estereotipos negativos hacia las personas LGBT y, en general a quienes transgredan las normas de género. “Las perciben como personas anormales y trastornadas”, sostiene la organización.
“No puedo, compañeros”, dijo Mario González, padre de un normalista de Ayotzinapa desaparecido, ante miles de personas que le oían en el Zócalo capitalino. Soltó el micrófono y caminó sobre el templete directo hacia Vidulfo Rosales, abogado defensor del caso Iguala, a abrazarle, mientras lloraba quedo.
Era el cuarto ponente en el mitin realizado a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Antes de no poder contener las lágrimas, Mario exponía su deseo irrealizable de volver en el tiempo para defender a su hijo aquella noche de 2014 de la violencia de las fuerzas de seguridad y elementos del Ejército que se lo arrebataron. Lo desaparecieron.
“Cómo me hubiera gustado estar en esos momentos yo y los padres de familia, para que nos pudiéramos defender como pudiéramos… pero no un ataque a esos niños indefensos”, dijo.
Y, ciertamente, no pudo más. A sus lágrimas les siguió el silencio, y este fue roto por el grito de los asistentes: “¡Duro! ¡No estás solo! ¡No estás solo!”.
Este 26 de septiembre, unas 15 mil 500 personas salieron a las calles de la Ciudad de México para marchar del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución y unirse al reclamo de los padres en la exigencia del esclarecimiento del Caso Iguala, la creación de un órgano de investigación confiable e independiente y la presentación con vida de los normalistas. A reclamar a la administración peñista su mala herencia: la impunidad.
Mario González (izquierda) acude a Vidulfo Rosales (derecha) tras romper en llanto durante mitin conmemorativo del Caso Iguala Foto: Paola Ramos / Cencos
Esta ocasión, a diferencia de manifestaciones anteriores, los padres marcharon con una esperanza renovada, pues por la mañana se sostuvieron una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y acordaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia, la firma de un decreto para la no obstaculización de la investigación y la participación de órganos internacionales en las indagatorias.
Marcharon en compañía de miles provenientes de diversos estados, de casas de estudios, de organizaciones civiles, de normalistas rurales, de miembros de movimientos sociales.
La lluvia, que no se hizo esperar, no espantó a nadie y con protección o sin ella los manifestantes gritaron las consignas acostumbradas, con la acostumbrada fuerza. Había jóvenes, niños y personas mayores. Casi al centro del contingente, un performance artístico vestía de colores la marcha y la animaba con música combativa. Esta vez no hubo presencia de fuerzas públicas que custodiaran el acto político.
Leyendas como “Ayotzinapa Vive” , “43” y “vivos los queremos” lucían en carteles, en mantas, en pegatinas y en la piel, pintadas con tinta roja.
Y la esperanza y la rabia se sentían, no importaba que hubiesen pasado cuatro años.
“Para nosotros el día de hoy se abre una esperanza para llegar a la verdad. Hemos tenido una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (…) él tiene que asumir las cosas que está dejando este actual gobierno. Este actual gobierno debe ser enjuiciado y castigado Enrique Peña Nieto”, dijo Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete.
Llevaba fuera del pecho un rosario y, dentro, fe. Pese a que durante cuatro años se le ha dicho a él y al resto de los padres que sus hijos fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula a manos del grupo criminal “Guerreros Unidos”, Emiliano continúa con la esperanza de encontrar a su muchacho con vida.
Lo mismo Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge Álvarez que, en su turno, sostuvo en micrófono y con coraje, gritaba:
“Es una rabia, señores, es un coraje que no se puede contener, que no puede parar, solamente de pensar cómo se ensañaron con nuestros hijos (…) cuatro años sufriendo… pero, desde aquí les digo a todos y cada uno de los presentes: nos llenan de esperanza de que vamos a volver a abrazar a nuestros hijos”, sostuvo.
La energía de Epifanio era tal que la mano con la que sostenía el micrófono temblaba. Mientras tanto, una imagen de Jorge, alegre, sonriendo, lucía justo en el centro de su pecho.
Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso. Foto: Paola Ramos / Cencos
Tras reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se dijeron esperanzados en que la futura administración realice diligencias fidedignas que conduzcan a la verdad en el caso.
En conferencia conjunta, María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacó la voluntad política de Obrador en atender el caso e incluso parafraseó el eslogan de campaña del presidente electo.
“Nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron (…) lo cual el gobierno actual no lo hizo”, dijo Guerrero.
“Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso de cumplir, muchas gracias, yo creo que juntos haremos historia como lo ha dicho nuestro presidente”.
Durante la reunión, con una duración de poco más de dos horas, el equipo de López Obrador planteó tres compromisos con respecto al caso: que con sentencia o sin sentencia judicial, la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia será instituida; que esta Comisión estará coordinada por instancias como la ONU, la CNDH y el GIEI y que el gobierno entrante firmará un decreto para que la investigación no sea obstaculizada.
Obrador, en tanto, expresó su compromiso con el Caso Iguala y extendió un reconocimiento y promesa de solución a las víctimas.
“Mi reconocimiento fraterno, solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia. Por su entrega a esta noble causa”, sostuvo.
“Reiterar mi compromiso de cumplir, de no fallarles y de no fallarle al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.
En la reunión de este miércoles participaron además Olga Sánchez Cordero, virtual Secretaria de Gobernación en la administración entrante; Alejandro Encinas, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entrante y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Desde diciembre de 2016, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y expertos, agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, han exigido el retiro de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina de la tarea de combate al crimen en las calles de nuestro país; pues a más de una década de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” los resultados no han reducido la criminalidad y la violencia, mostrando el fracaso de un modelo de seguridad que daña los derechos humanos.
En entrevista, Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, y miembro de #SeguridadSinGuerra, nos explica cinco razones por las que los militares y marinos deben volver a los cuarteles y dar paso a policías civiles bien capacitadas.
Su actual labor es inconstitucional
El uso de militares y marinos en el combate a la criminalidad en nuestras calles es violatorio de nuestra Constitución. Una reforma a la Carta Magna en 2008 incluyó un párrafo en el Artículo 21 que explícitamente ordena que la seguridad pública es una función a cargo de autoridades civiles.
Además, el gobierno de México ha faltado a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además del Régimen Internacional de Derechos Humanos.
“Todos estos convergen exactamente en la misma idea: las fuerzas armadas no deben hacer tareas policiales”, explicó Portillo. “Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado (para los Derechos Humanos), de Ginebra y de México, incluyen explícitamente retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, de las tareas policiales”.
Formación y funciones
“Las funciones militares están diseñadas para exterminar al enemigo. Sus labores armadas son para utilizar la fuerza letal. Las fuerzas armadas están diseñadas para la guerra, no para la prevención ni para la investigación y persecución del delito”, dijo Portillo.
En diciembre de 2016, el propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos señaló que el combate al crimen no era la función de las fuerzas armadas y, como antesala a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señaló a la Secretaría de Gobernación la falta de un marco legal para regular las actuaciones de militares en tareas de seguridad.
“Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, reprochó entonces el titular del Ejército.
La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial
Impacto negativos
En 2015, el estudio “¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?”, realizado por la Asociación de Estadística de Estados Unidos, concluyó con que la intervención de militares está asociada al aumento de muertes violentas en nuestro país.
Otro estudio, elaborado en México por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró los enfrentamientos, ejecuciones y agresiones durante operativos militares de 2006 a 2012. Este concluyó que el número de homicidios a nivel municipal aumenta en promedio un 9 por ciento a causa de enfrentamientos entre militares y delincuentes.
Para Ernesto López, a esta correlación se suma un aumento a la violación a derechos humanos.
Impunidad
Según un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de las 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, sólo 26 hubo registro de 16 sentencias condenatorias, es decir: casi un 97 por ciento de los crímenes de soldados contra civiles no fueron castigados.
“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia (…) Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, expuso WOLA en la introducción del informe.
En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Emiliano Pensamiento / Cencos
Antes del mediodía de este 30 de agosto, cuando el sol casi llegaba a su punto, siluetas de cartón de personas sin rostro fueron colocadas en el Monumento a Cuauhtémoc, en la capital del país. Padres, hermanos, hijos y amigos las llevaron ahí en representación de quienes aman: personas que un día salieron de casa y no volvieron más. Desaparecieron.
Es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La conmemoración ha reunido a decenas de familiares y organizaciones sociales para recordar a la administración peñista, ya cerca de su fin, que ellos continúan vigilantes, exigentes, heridos; pues todos, algunos más tiempo que otros, han buscado incesantemente saber algo de sus seres queridos. Hay quienes han enterrado sus uñas en la tierra para encontrar, de menos, una pista o un hueso que les lleve a quien quieren.
“Vivo o muerto lo queremos”, decía uno de los muchos letreros elaborados por los familiares, que pendía de una de las siluetas color negro.
Al mes de abril de este 2018, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportó 37 mil 435 personas no localizadas, de las cuales no existe claridad sobre cuántas corresponden a personas no localizadas, cuántas a extraviadas, a desaparecidas o a víctimas de desaparición forzada.
Pero para los familiares que se reunieron este agosto bajo un ardiente sol no hay distinción: el común es la ausencia, la espera, la incertidumbre sobre el destino de los suyos y la respuesta deficiente -si es que se las dio- de un Estado que no les ha garantizado su presentación con vida. Por eso se pronuncian una vez más.
“Este día es, por una parte, un momento para recordar solemnemente y solidarizarnos con quienes han sido víctimas de esta práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana y que implica la negación absoluta de todos los Derechos Humanos; pero también es una fecha que confronta y que cuestiona”, dijo ante los asistentes Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Confronta, porque el tiempo sigue pasando y todavía no se han generado las condiciones adecuadas para dar la debida atención a esta problemática, lo cual refleja, en los hechos, falta de interés y voluntad de diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición lleguen a todos los casos”.
La voz de Eslava reflejaba indignación. Terminado su mensaje, Yolanda Morán, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y quien desde hace una década busca a Dan Jeremeel, su hijo, realizó el pase de lista de hombres, jóvenes y mujeres de quienes aún no se sabe nada.
“Daniela Mabel Sánchez Curiel”, gritaba al micrófono Yolanda. “¡Presente!”, respondían todos. “Benjamín Ulises Medina Orozco… Ángel Gabriel Tobón… Abril Selene Calvillo Rodríguez… Juan Serafín Hernández… Cristóbal Jiménez Granados… Lizbeth Hernández Cervantes… Gonzalo Garduño Núñez…”
Al micrófono, Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH. Foto: Paola Ramos / Cencos
La lista es interminable y hiere a familias en todos los rincones del país. Las más, en Tamaulipas, con 6 mil 131 víctimas, seguidas de las originarias del Estado de México, con 3 mil 918 casos; Jalisco, con 3 mil 362 casos; Sinaloa, con 3 mil 27 casos y Nuevo León, con 2 mil 895.
Estos se encuentran entre los 36 mil 265 casos del fuero común, es decir, responsabilidad de instancias de justicia estatales. En lo que respecta al fuero federal, cuya investigación se realiza desde la Procuraduría General de la República (PGR) se trata de mil 170 casos.
En repetidas ocasiones familiares han insistido con que sus desaparecidos no son cifras. Son personas con rostros, sueños, futuro y familias. Este jueves lo hacen una vez más de forma simultánea en al menos una decena de entidades del país, con eventos como el que se realiza sobre el emblemático Paseo de la Reforma.
“Hemos encontrado miles y miles de restos, que para nosotros son tesoros que estamos sacando de debajo de la tierra (….) Pero tenemos que obligar al gobierno a que le dé identidad a esos restos que estamos sacando”, dijo durante su intervención María Herrera Magdaleno, mamá de cuatro desaparecidos y fundadora de Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
“Se necesita la buena voluntad, se necesita poner todo el corazón y todas las estrategias que ellos tengan a su alcance (…) no es justo que más bien la gente de la sociedad esté haciendo este trabajo”, reprochó.
El sol no cesaba. Las siluetas negras se duplicaban al hacer sombra.
Uno tras otro se pronunciabna por los suyos y en cada voz había rabia, por un Estado indolente; fuerza, por una búsqueda incesante; esperanza, por un ser al que esperan; y dolor, que nunca se irá hasta dar con su paradero.
“El mismo dolor saca el coraje, entonces eso es lo que nos tiene aquí (…) la única forma de sentirse menos mal por no tener una parte de su vida es justamente el salir a expresar ese dolor, esa indignación y convertirlo en lucha”, sostuvo Grace Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, hija de Yolanda Morán y hermana de Dan Jeremeel.
“Se les olvida que buscamos a personas que tienen familias que los aman y eso es los que nos mantiene con la esperanza de encontrarlos un día… con vida… pero si Dios decide que sea otra cosa lo importante es encontrarlos, castigar a los responsables y evitar que esto siga sucediendo”.
Se fueron ellos y se quedó el sol. El mismo que hoy tal vez abraza a sus desaparecidos, dondequiera que estén.
Con la conferencia “Medellín el 68” fue inaugurado el Coloquio “M68, Ciudadanía en movimiento” Foto: UNAM
En el año de la conmemoración número 50 del movimiento estudiantil de 1968 en México, el pensador brasileño Leonardo Boff llamó a los jóvenes mexicanos a mantener un espíritu de cambio y lucha para lograr la construcción de una sociedad más justa, como lo hicieran los estudiantes de aquella época.
“Los jóvenes de 1968 estaban impulsados por una gran esperanza, el sueño de otro tipo de sociedad: más igualitaria, más fraterna, más participativa. Ese sueño es permanente y yo deseo para los jóvenes de México, dentro de una situación cambiante y difícil, que mantengan ese espíritu de que es posible cambiar, en el sentido de que las personas sean más respetadas y los derechos, especialmente de los pobres, sean reconocidos”, dijo el teólogo en entrevista con el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Boff dio inicio este martes al Coloquio “M68, Ciudadanía en Movimiento”, que conmemorará los 50 años del 68, con la conferencia magistarial “La conferencia de Medellín y el 68” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, en la que destacó que el movimiento estudiantil se ubicó en el marco de distintos hechos que marcaron la historia del mundo, como la lucha de Martin Luther King por la comunidad negra, las reacciones de rechazo a la Guerra de Vietnam y la lucha por la igualdad de género en Europa y Estados Unidos.
En ese sentido, dijo, la “revolución del 68” produjo una ruptura que significaba abandonar cierto tipo de comportamientos, ideas, instituciones y evidencias colectivas. “Recrear, reinventar una humanidad, rehacer la sociedad, porque ella no puede ser parada. Su situación concreta no es la permanencia, sino la evolución, la transformación”.
“México fue el país que más sufrió porque todos conocemos la triste noche de Tlatelolco. Fueron 131 víctimas a partir de un Estado de terror. Un Estado que no tiene sentido de humanidad, de interpretación de lo que ocurre en la sociedad”, sostuvo en su ponencia.
Para Boff, la memoria del acontecimiento no debe perderse sino analizarse desde dos perspectivas: una, desde la que la historia se rehaga y otra en la que se redireccione la historia de hoy hacia la construcción de una sociedad mejor, en un contexto que se caracteriza por una globalización que no es social, cultural ni política, según explica, sino “solamente económica y financiera, una dictadura de las finanzas especulativas”
De ahí la importancia de estudiar y analizar el movimiento estudiantil de 1968.
“Revisitar el 68 es suscitar de nuevo esa irrupción de la esperanza, de que podemos crear otro tipo de sociedad y que tenemos derecho de construir de forma soberana, activa y altiva nuestra identidad de pueblo. Ese es un reto para esta nueva generación”, concluyó.
Los profesores aseguraron sufrir inseguridad laboral y tener ingresos insuficientes. Foto: Paola Ramos / Cencos
Profesores de niveles medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron este martes sufrir condiciones precarias de trabajo y exigieron a las autoridades universitarias un aumento a su salario.
En conferencia de prensa en Cencos, indicaron que durante las últimas tres décadas han visto un decrecimiento de su poder adquisitivo pues su salario oscila los 7 mil pesos mensuales en promedio, lo que no compensa el trabajo que ellos realizan, sobre todo para quienes no tienen acceso a programas de estímulo salarial.
“Un profesor de preparatoria atiende en una sola jornada laboral a seis grupos con un promedio de entre 60 y 70 alumnos. Estamos hablando de que un profesor atiende diariamente en promedio a más de 300 alumnos”, dijo Antonio Fuente, docente de Preparatoria 7.
“Esas son las condiciones que estamos trabajando los profesores de asignatura, por el mismo salario. Entonces creemos que no es descabellado pedir un aumento salarial dado el volumen de trabajo y las condiciones en que estamos trabajando”.
Destacaron que el aumento busca también que exista una redistribución más justa del presupuesto, pues existe un acceso diferenciado a programas de estímulos que ha favorecido la existencia de un grupo de académicos con pagos que alcanzan e incluso rebasan los 100 mil pesos, mientras que el resto puede ganar, como máximo, 9 mil pesos.
“En la UNAM 12 mil 553 académicos tienen ingresos que oscilan entre los 30 y 125 mil pesos al mes, y 36 mil 540 académicos reciben entre mil 78 pesos y 9 mil pesos al mes”, detallaron en un documento. “
“El personal académico no le sale caro a la UNAM, a pesar de que realiza el trabajo más importante de la Universidad. Pero los profesores de asignatura realizan la mayoría de la labor docente. El ingreso promedio de los 31 mil 558 profesores de asignatura es, en el mejor de los casos, 5 mil pesos”.
Los docentes destacaron que no se busca la reducción del salario a ningún grupo docente, sino un aumento al personal de asignatura, que además se enfrenta a una situación laboral precaria: contrataciones por hora, nombramientos de tipo interno e inestabilidad laboral.
“Los profesores porque pueden quedarse sin trabajo en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna, pueden tener un incremento o decremento del número de horas y por tanto de salario de un ciclo escolar al siguiente”, sostuvieron.
Adelantaron que el próximo 10 de septiembre buscarán dialogar de forma directa con Enrique Graue, Rector de la UNAM y con el AAPAUNAM, un organismo representativo de los académicos.
Comunidades reclamaron a la SCJN su derecho a participar en toma de decisiones de temas medioambientales y megaproyectos. Foto: Twitter PODER
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entregaron hoy un Amicus Curiae a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora para participar y decidir sobre la ampliación de una presa de jales de Grupo México.
El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.
Comunidades afectadas por megaproyectos, encabezadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) se reunieron hoy fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
El acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México.
La manifestación contó con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos en defensa de la tierra y el territorio. Foto: Twitter ProDESC
Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.
Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
El Amicus Curiae, como el presentado este lunes ante la SCJN, es un recurso que busca exponer opiniones y/o informaciones que podrían ser trascendentes en la resolución del juzgador.
Distintas organizaciones se reunieron en Tlanixco, Estado de México, para discutir sobre la importancia de articular las luchas por el agua y la tierra. Foto: Facebook: Desinformémonos
Asistentes al Encuentro en defensa del agua, el territorio y la vida, realizado este fin de semana en San Pedro Tlanixco, Estado de México, emitieron un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a liberar a presos encarcelados por defender algún derecho.
“Emplazamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que para el mes de diciembre libere a todos los presos políticos, así como la liberación de los cargos, y que a partir de esa fecha no exista ningún preso por defender su territorio, su agua, ni sus derechos sociales y laborales”, dijeron en un pronunciamiento durante la clausura del encuentro.
“Para los presos políticos no hay amnistía que valga, pues a los compañeros no hay nada qué perdonarles, porque luchan por el agua, por la tierra y por eso los encierran. ¡Libertad a todos los presos por luchar!”.
El evento fue convocado por el colectivo Rebelión, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Mexicali Resiste y Pueblos Unidos Contra la Construcción del Nuevo Aeropuerto, con el fin de compartir experiencias de lucha y definir estrategias de resistencia ante el nuevo panorama político en el país.
Los asistentes llamaron a organizaciones nacionales e internacionales a articular luchas. Foto: Facebook Desinformémonos
Al respecto, aseguraron que los casos de feminicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos no son casos aislados, sino crímenes de Estado, por lo que llamaron a agrupaciones sociales a hermanar sus luchas.
“Si bien es cierto que cada una de las resistencias tiene su propia tradición, ideología y un eje político que les marca, consideramos que es nuestra tarea encontrar nuestros puntos en común. Las particularidades de cada movimiento no son de ninguna manera una imposibilidad para generar espacios de unidad en contra de la derecha”, señalaron.
Insistieron con la necesidad de comunicar de forma masiva sus ejes de resistencia y cerrar las brechas entre los frentes de lucha campesinos y urbanos, así como brechas generacionales.
Pese a la cercanía del fin del actual sexenio, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, insistieron con que se trata de un gobierno que se ha caracterizado por criminalizar a defensores y cerrar los ojos ante la exigencia de justicia.
Adelantaron que se prevé realizar un segundo encuentro, mismo que se definirá a principios de septiembre con miras a conformar una coordinadora nacional de resistencia.
“Se necesita un cambio revolucionario, un cambio profundo en nuestro país”, señalaron.
El 7 de agosto de 2018, durante el primer Foro escucha por la pacificación del país –convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo– José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en Ciudad Juárez, brincó a la tarima en la que se encontraban López Obrador y Javier Corral, gobernador del estado.
Decidió hacerlo porque él y otros familiares de víctimas de desaparición y feminicidio estaban enojados por las declaraciones de Corral, que afirmaban que su gobierno atendía estos casos.
Subió porque lleva nueve años buscando a su hija, en un camino de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades –de acuerdo con el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, José Luis estuvo detenido durante nueve meses por un delito que no cometió, y amenazado vía telefónica desde, según arrojan investigaciones de la PGR, el conmutador del gobierno estatal–, y porque a pesar de buscar audiencias con Corral en varias ocasiones, este encuentro no se ha dado.
“Pensé: estoy aquí, enfrente del presidente de la república, a lo mejor ahora sí me da la cita. Brinqué hacia el pódium… y le dije: ‘señor, hemos estado buscando una cita desde el primer día de su gobierno’. El señor Andrés Manuel dijo (a Corral): ‘atiéndelos’” y él accedió, narra José Luis.
Ese día, Javier Corral estampó su firma en una hoja, y se comprometió a atenderlos. La audiencia, hasta el 13 de agosto, no se ha dado.
A José Luis le siguieron otros familiares de víctimas –muchas de las cuales se encontraban sentadas en el piso del auditorio– y subieron al escenario. Abajo se escuchaban reclamos: “Ya no queremos niñas muertas”, “enséñele a gobernar”, “enséñeles a trabajar, como cuando usted fue gobernador”. Una de las voces era de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001.
El 8 de agosto, Corral declaró ante medios de comunicación que el gobierno de Chihuahua ha respaldado las exigencias de las víctimas, “que haya algunas motivaciones personales o políticas es otra cosa”, dijo.
Aseguró, además, que dos de las personas que tuvieron esas expresiones –refiriéndose a José Luis y a Norma– han sido de las más atendidas por la fiscalía. “Hasta los hemos acompañado en búsquedas personales. De hecho, un caso, que ya está resuelto, es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es”, dijo.
El lunes 13 de agosto, José Luis Castillo y Norma Andrade, acompañados de los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. convocaron a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) para posicionarse ante las declaraciones de Javier Corral.
De izquierda a derecha: Karla Micheel Salas, Norma Andrade, José Luis Castillo, David Peña | Foto: Cencos
Rastreos ciudadanos, no búsquedas personales
En primer lugar, expresaron su preocupación por la afirmación de Corral de que la fiscalía ha acompañado a José Luis en lo que llamó “búsquedas personales”, pues según los abogados y el mismo José Luis, las autoridades han acompañado “rastreos ciudadanos”, cuyo objeto es la búsqueda de restos óseos no sólo de Estrella, sino de otras personas que han sido víctimas de desaparición. Y lo han hecho por por la presión ante medios de comunicación.
Estos rastreos, explicó Karla Micheel Salas, comenzaron a hacerse en septiembre de 2016, casi al finalizar el mandato de César Duarte, precisamente ante la resistencia de las autoridades de la fiscalía a realizar búsquedas más a fondo en Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez.
Dichos rastreos, seis hasta la fecha, son financiados por la organización, colectivos de víctimas y activistas, y han logrado la recuperación de 61 restos óseos, todos de mujeres y niñas. Ahora exigen que los hallazgos –incluidos ropa y otros objetos– sean analizados para lograr la identificación de personas que se encuentran desaparecidas.
Sobre que José Luis y Norma sean dos de las personas más atendidas por la fiscalía, David Peña asegura que preocupa la declaración ya que, en primer lugar, es obligación de las autoridades atenderlas y, en segundo, asisten ahí con frecuencia porque son personas defensoras que acompañan otros casos de víctimas.
Preocupa también, aseguró, que Javier Corral sólo se haya referido a los casos de José Luis y Norma, cuando fueron varias las víctimas que protestaron el 7 de agosto.
Rastreos ciudadanos en Ciudad Juárez, Chihuahua | Cortesía: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia social
El caso de Lilia Alejandra no se ha solucionado
Corral aseguró que el caso de la desaparición y asesinato de la joven Lilia Alejandra concluyó ya que “está resuelto el asesino serial con prueba científica”. Norma y los abogados que la acompañan aseguran que el gobernador está faltando a la verdad. En primer lugar, porque no existe sentencia en este caso y, en segundo, porque la decisión de ordenar la aprehensión de un presunto culpable no está basada en pruebas científicas, como lo asegura Javier Corral.
David Peña explicó que al inicio de la investigación, en 2001, se encontró una muestra de ADN en la víctima, una muestra de sangre en una cobija localizada en el lugar de los hechos y una muestra genética en las uñas de la víctima (de esta última se tiene un perfil parcial y es, posiblemente, de un tercer agresor). Esto apunta a que cuando menos tres sujetos participaron o pudieron participar en el asesinato de Alejandra.
Desde ese momento y hasta 2008 se agotaron varias líneas de investigación, entonces se volvió a hacer un análisis de las muestras de ADN encontradas: las cotejaron con otros casos similares a los de Lilia Alejandra y se logró determinar que tres víctimas más, entre 1995 y 2005 presentaban el mismo ADN del mismo agresor. En el mismo año se localizó un caso más en el que el modus operandi era similar al de los otros cuatro casos. Se trataba entonces de cinco, donde el mismo agresor o grupo de agresores había actuado, en un periodo de diez años, violando, torturando y asesinando a mujeres en Ciudad Juárez.
Para 2008 los dos primeros perfiles estaban completos y el segundo, incompleto. Dos años más tarde, los abogados pidieron que se cruzaran los perfiles identificados con la base de datos que se tenía en ese momento, que era de personal de la fiscalía –este banco de datos se armó, porque estaban asesinando y desapareciendo a agentes ministeriales–, y el primer perfil –a partir de semen– arrojó la coincidencia con un agente ministerial de la procuraduría de Chihuahua: Enrique Castañeda Ogaz. No significa que él sea el agresor, pero sí que el sujeto involucrado tiene el mismo perfil genético paterno.
A partir de este hallazgo los abogados y la fiscalía fijaron buscar a hombres que en 2001 pudieron haber participado en los crímenes y además estar vinculados con este perfil genético. Hasta 2017 se fue descartando a hombres ligados a este linaje paterno, con 16 pruebas hasta el momento, lo que significa 16 parientes del agresor.
Explica Peña que varios de los hombres vinculados a esta familia están en Estados Unidos o no han sido localizados, por lo que la lógica apunta a seguir buscándolos y analizando sus perfiles genéticos, sin embargo, en febrero de 2018 la fiscalía de Chihuahua decidió atraer la investigación –que hasta entonces estaba en Ciudad Juárez.
En un hecho arbitrario, apunta Peña, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, asignó como investigador del caso a su secretario particular, no a algún agente de la fiscalía; éste, a su vez, solicitó la opinión de una perito para que dijera si el primer ADN encontrado y analizado en 2001 corresponde o puede corresponder a la familia Castañeda Ogaz.
“Sin dictamen ni análisis genético, la perito dice ‘no corresponde a la familia Castañeda Ogaz’, a pesar de tener los 17 dictámenes periciales que relacionan a la misma familia. A partir de esa opinión, el secretario particular cierra la línea de investigación –17 años de investigación científica, pericial– e iniciar otra”, explica Peña.
De acuerdo con el abogado, la fiscalía “inventa una historia… y encuentra a otro hombre que no tiene nada que ver, que no tiene perfil genético y dicen ‘él es el responsable’”; luego, el 21 de abril consigna la investigación contra una nueva persona: Manuel Navarro y pide orden de aprehensión precisamente 14 días antes de que el caso tuviera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque esta nueva persona fuera culpable, dicen los abogados y la misma Norma, el caso no está resuelto, ya que no existe ninguna sentencia; faltarían dos agresores, y esta nueva línea no está basada en una prueba científica, sino en la opinión de una perito que echa abajo una investigación de 17 años.
Los familiares de las víctimas participaron en las mesas de trabajo
Después del evento en el que surgió la protesta, se realizaron mesas de trabajo en las que participaron José Luis, Norma y decenas de familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y otros delitos, con la intención de brindar propuestas que contribuyan a la pacificación del país.
Lo hicieron incluso después de que el evento en el auditorio, al que fueron invitados, se les negara el acceso, aún cuando tenían invitación y gafete, y cuando llegaron a tiempo. José Luis y Norma declaran que cuando al fin lograron entrar los querían acomodar en un lugar poco visible, en el rincón, pero que el evento era dirigido a ellos y decidieron sentarse adelante, en el piso.
José Luis finalmente manda un mensaje al gobernador Corral: “que se sensibilice, que sea más humano hacia las víctimas de feminicidio, que nos ayude a encontrar a nuestras niñas para que no se siga repitiendo”, y el mismo mensaje envía a AMLO: “que nos ayude para que no se siga repitiendo en cada estado y ciudad de la república”.
