Miembros de diversos pueblos del Estado de México y Ciudad de México se manifestaron para exigir la cancelación del NAICM. Foto: Emiliano Pensamiento / Cencos
Miembros de la Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis entregaron este 14 de agosto al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, un informe científico sobre la inviabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
Tras una marcha que partió de la Glorieta de Insurgentes hacia la casa de transición de López Obrador, habitantes de pueblos afectados por el megaproyecto, miembros de organizaciones civiles, estudiantes y académicos realizaron un acto político y entrega del documento en demanda de la cancelación de la obra.
El documento incluye peritajes en materia ambiental, arquitectónica, antropológica y arqueológica, así como investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos y falta de rendición de cuentas, realizadas por especialistas de diversas casas de estudios y organizaciones de la sociedad civil.
“Somos un grupo de especialistas en distintas disciplinas que estamos acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y a los Pueblos Unidos contra el NAICM. Especialistas en antropología, sociología, economía, arquitectos, ingenieros”, detalló Julieta Lamberti, Coordinadora de investigación estratégica en en entrevista con Cencos.
“Entre otras cosas lo que se plantea es que para evaluar la viabilidad del NAICM no sólo hay que pensar en términos ingenieriles, sino también en la viabilidad económica, los impactos ambientales, sociales y en Derechos Humanos. Argumentos científicos hay de todo tipo: como los impactos negativos en materia hídrica, pues se causarán inundaciones en la zona poniente de la Ciudad de México; o ecológica, como la afectación a aves migratorias”.
“Los empresarios son quienes se quedarán con las ganancias del #NAICM. Nosotros nos quedaremos con la destrucción ambiental”, asegura Edel Alcibar, de Rebelión. @AtencoFPDT y ciudadanos marchan en #CDMX para exigir a @lopezobrador_ no construir el megaproyecto. pic.twitter.com/VxGzBSiypa
El informe, de más de 600 páginas, incluye estudios y artículos realizados por miembros de la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad (UCCS), de Universidades como la Autónoma de México (AUM), Autónoma Chapingo (UACh) y organizaciones como PODER, Serapaz, Comunal y el CDH Zeferino Ladrillero.
Entre otras cosas, el informe detalla la afectación a mantos freáticos profundos y con ello la disminución de agua para la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las afectaciones al subsuelo como agrietamientos, fracturas, pérdida de pendientes, daños estructurales a edificios y aumento del riesgo de inundaciones.
Aborda además el impacto en materia ecológica, como la amenaza de desaparición de diversas especies de flora y fauna con algún tipo de endemismo en la zona, alteración de ciclos de migración de diversas especies de aves, desaparición de cuerpos de agua, contaminación atmosférica y la pérdida de superficie catalogada como un Área Natural Protegida (ANP).
Mientras tanto, un análisis económico expone el beneficio desigual de la obra, que conlleva la acumulación excesiva de riquezas en unas pocas manos a costa del resto de la población.
La entrega de este informe se suma a esfuerzos en materia legal emprendidos por diversos pueblos, que se ampararon contra el proyecto en demanda de su cancelación.
El informe completo puede consultarse en https://todosvsnaicm.org/
Unos 7 millones 101 mil 533 personas viven en la “Zona Cero” del NAICM y sufrirán consecuencias directas e indirectas de la obra, según el informe. Foto: Viridiana Ramírez / Cencos
Defensoras de derechos humanos denunciaron malos tratos, tortura y detención arbitraria contra Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de administración y finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), detenida desde el pasado 15 de junio.
La funcionaria fue detenida en el marco del proceso electoral 2018 acusada de los delitos de ultrajes a la autoridad y la comisión de delitos electorales. La tarde del 15 de junio fue interceptada en un retén por policías estatales por un reporte de robo de su vehículo.
“Bajo el pretexto de que les dijo groserías a los policías la detienen, arrastran el vehículo con ella a bordo al corralón de la policía estatal bajo el delito de ultrajes a la autoridad”, narró Elsa Ángeles, periodista y activista, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“Alrededor de 20 o 30 unidades de la policía estatal son las que la detienen. A la mitad del trayecto tratan de ingresar a la camioneta (de Gabriela), pican el techo de la camioneta con un instrumento, la rocían con gases lacrimógenos, gas pimienta. Llegan al corralón bajo golpes, arrastres, amenazas (…) Estando en el Cereso, esa primera noche la hicieron pasarla de pie, sin abrigo, sin poder dormir, sin alimentos después de una audiencia de 11 horas”.
Posteriormente, Mejía se enteraría de la acusación en su contra de haber cometido un delito electoral, por el supuesto traslado de 1.4 millones de pesos con fines electorales.
Elsa Ángeles aseguró que la detención de Mejía fue realizada con fines político-electorales por parte del Gobierno estatal, encabezado por el priista Omar Fayad, y destacó que mantener a Mejía privada de su libertad constituye una violación al artículo 19 de la Constitución, pues los delitos de que se le acusan no requieren de prisión preventiva.
“Ella está todavía en la cárcel bajo esta acusación y recientemente se ampliaron 4 meses la prisión preventiva (…) Todo esto se da en un contexto electoral en donde el PRI perdió poder. Omar Fayad está utilizando a Gabi Mejía como una rehén para negociar con los próximos legisladores”, aseguró.
Audiencias sobre violencia de Estado en México serán presentadas ante el Tribunal Internacional de Conciencia | Foto: Paola Ramos / Cencos
Individuos, colectivos y comunidades mexicanas víctimas de violaciones a derechos humanos participarán en audiencias realizadas por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM) para visibilizar sus casos.
En conferencia de prensa este 10 de agosto organizaciones anunciaron la realización de un capítulo del TICPM del 10 al 20 de agosto en Puebla, Guerrero y Ciudad de México, en el que participarán como jurado y fiscales expertos en defensa de derechos humanos. Expusieron que el capítulo contará con diversas audiencias temáticas, entre las que se denunciarán casos de violaciones contra el derecho a la tierra y el territorio, violencia de género y feminicidios, desaparición forzada, tortura y represión política.
Omar Villarreal, miembro de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblos (AMAP) explicó que el Tribunal fue gestado bajo la lógica de que sea la sociedad quien juzgue las acciones violatorias del Estado.
“El Tribunal Internacional de Conciencia intenta volver al sentido más profundo y básico de lo que es un tribunal: una tribuna donde los casos pueden transparentarse”, señaló.
La primera audiencia tendrá lugar el sábado 11 de agosto en Cuetzalán, Puebla, con el tema “Proyectos de muerte que afectan a comunidades”, destacó Daniel Zúñiga, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN).
“Vamos a hablar de los proyectos de muerte: hablaremos de minería, hidroeléctricas, carreteras y del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”, detalló.
Las demás audiencias serán en Ayotzinapa, Guerrero y en Naucalpan, Estado de México. El programa completo puede consultarse en la página oficial del TICPM.
El viento dominante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el suroeste de México, es lo que en las últimas dos décadas ha atraído la mirada e inversión de empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía con recursos renovables, pero también ha propiciado que las comunidades de esta región del país emprendan una lucha jurídica en defensa de sus tierras.
El Istmo de Tehuantepec se ha convertido en los últimos 20 años en la principal generadora de energía eólica en México, a la par que las comunidades de la zona luchan por mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Foto: Jorge Ulloa
Los pobladores aseguran que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren; además de que no se tomen en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Los megaproyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes –quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud– éste no llega.
En la comunidad de San Dionisio del Mar, que en 2010 tenía una población total de 5 mil 098 habitantes, de los cuales 2 mil 559 estaban en pobreza extrema, el pueblo se organizó para luchar contra la instalación de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. El megaproyecto consistía en más de 100 aerogeneradores, que serían instalados en la laguna de Santa Teresa, afectando el principal medio de subsistencia de la región: la pesca.
“El mar es nuestra madre, es nuestro banco, porque de ella dependemos, porque de acá comemos. No es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando nuestro mar, contaminando nuestra madre, y nos dejan sin trabajo, sin alimento”, explicó en este documental Aquilino Altamirano, habitante de San Dionisio del Mar.
Foto: Jorge Ulloa
En 2012 los pobladores obtuvieron un amparo que revocó la instalación de este megaproyecto, y a seis años continúan en resistencia. Durante este tiempo, los huaves han defendido no sólo su fuente de trabajo y alimentación, sino también su cultura; la adquisición de territorios para estos megaproyectos destruye también el conocimiento de la medicina prehispánica, que durante siglos han practicado sus antepasados.
Los pobladores de este municipio también denuncian que este proyecto se instalaría no sólo sin su consentimiento, sino con prácticas corruptas y falta de transparencia; las comunidades que defienden la tierra y el territorio ante los proyectos eólicos aseguran que no sólo son las empresas las que violan sus derechos, también los gobiernos municipales, estatal y federal.
En el Istmo de Tehuantepec otras comunidades indígenas se han organizado en contra de la instalación de megaproyectos, defienden su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales; al consentimiento libre, previo e informado, a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano; pero en su lucha se han enfrentado a ataques e intimidaciones.
Las y los defensores comunitarios son en México una de las poblaciones más vulnerables; en esta región, a pesar de haber detenido el proyecto, continúan organizados y en oposición a las eólicas, ya que consideran que persiste el riesgo de ser despojados de su tierra, y luchan no sólo por protegerla en el presente, sino por las generaciones que vienen.
Piden investigar a fondo muerte de Zyayda Estefanía Figueroa Becerril | Foto: Paola Ramos/Cencos
Familiares de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, una joven de 26 años y estudiante de pediatría que fue hallada muerta el pasado 15 de mayo en su departamento, ubicado en Puebla, exigieron a la fiscalía del estado investigar su muerte como un homicidio con enfoque de género. Hasta la fecha está catalogado como suicidio.
En conferencia de prensa, acompañados de la activista Frida Guerrera y el médico forense Salvador Martínez, sus padres y hermano aseguraron que peritos particulares han recabado pruebas que apuntan diversas inconsistencias en las diligencias oficiales.
“Empieza a haber muchos errores: uno de ellos es que la causa de muerte es una mascada, pero al ver la fotografía del expediente se ven otro tipo de instrumentos en el cuello (…) todos los indicios que existen en el lugar, la descripción de las lesiones al exterior y al interior del cuello no son compatibles con una asfixia por ahorcamiento”, sostuvo el médico forense.
Otras inconsistencias, agregó Frida Guerrero, fueron la falta de resguardo de pruebas, de resguardo del lugar de los hechos al día siguiente del evento y una investigación realizada sin perspectiva de género.
La familia expuso además su inconformidad por la filtración a medios de comunicación de una carta póstuma que supuestamente habría sido dejada por Zyanya.
“Sentimos que (las autoridades) se convierten, en lugar de apoyo, en los primeros obstructores de justicia. Desde un principio (dicen) que es un suicidio y así quieren concluir, sin investigar más a fondo”, dijo la madre.
En próximas fechas, peritos particulares realizarán una reconstrucción de los hechos con la autorización de la fiscalía, con el objetivo de saber si pudo tratarse de un feminicidio.
En tanto, la FGE aseguró a través de su cuenta de Twitter que actualmente evalúa un posible hecho violento en el caso.
“Sobre el caso de Zyanya Estefanía N., se profundiza en la causa de muerte. Se solicitó un dictamen pericial para evaluar un posible hecho violento. Las entrevistas y carta póstuma inicialmente establecen suicidio, sigue abierta la indagatoria”, indicó la autoridad.
Sostienen víctimas de violencia de género que el Gobierno capitalino no muestra voluntad de resolver sus casos. Llaman al Jefe de Gobierno a garantizar verdad y justicia.
Ocho víctimas de violencia de género exigieron atender sus casos y emitir alerta de violencia de género en la Ciudad de México. / Foto: Viridiana Ramírez / Cencos
Madres y víctimas de feminicidio y violencia sexual denunciaron este jueves en conferencia inacción, intimidación y simulación por parte de las autoridades capitalinas que atienden la Mesa Interinstitucional de Casos de Violencia Feminicida en la CDMX, creada para atender el Proceso de Alerta de Violencia de Género en la capital.
La mesa fue instalada, en sus inicios, sin la presencia de víctimas y sus defensores, mismos que fueron incluidos tres meses después, pero sin resultados favorables, según argumentan.
“Desde la segunda sesión nos sentimos intimidadas y reprimidas por la forma en que las autoridades están llevando los casos (….) Hasta ahora las autoridades no han mostrado ningún empeño ni intención para avanzar en las investigaciones y llegar a la verdad de los hechos. Se trata de una simulación.”, leyó en un comunicado Areceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio.
Las víctimas calificaron la atención como deficiente y consideraron que la Mesa Interinstitucional realiza un “sabotaje” para no avanzar con las investigaciones de sus casos.
Al respecto, Rosa Meza, hermana de Delcia Nancy Meza, asesinada en junio de 2017, recalcó la importancia de ofrecer atención integral a las víctimas tanto directas como indirectas, pues han sufrido las consecuencias de la violencia de género.
“Por estar aquí dejamos de hacer cosas, dejamos de trabajar, dejamos de vivir por estar luchando por nuestras vidas”, dijo Rosa. “No solamente fueron ellas, que lamentablemente ya no están con nosotros: quedamos nosotros como familia y los huérfanos”.
Las ponentes cuestionaron una vez más la razón por la que las autoridades de la Ciudad no han hecho justicia en sus casos, y realizaron un llamado al actual Jefe de Gobierno, Ramón Amieva, a presidir y coordinar personalmente la Mesa de Casos de Violencia Feminicida para garantizar respecto a víctimas, familiares y defensores.
También llamaron a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa a establecer una reunión urgente entre ellas y su equipo de transición.
“No vemos las respuestas contundentes a lo que solicitamos, porque las autoridades se avientan, uno a uno, la bolita, como decimos (…) lo que nosotros queremos es justicia, que ellos en realidad se pongan a trabajar en nuestros casos, que pongan empeño, y ellos no lo hacen”, dijo Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela.
“Esperamos que las autoridades electas asuman sus responsabilidades. Nosotros somos las víctimas que perdimos a nuestras hijas y ahora las autoridades nos hacen sentir de lo peor”.
La Mesa Interinstitucional de Casos de Violencia feminicida fue instalada durante marzo de este año luego de que el 10 de octubre de 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de Gobernación, le notificara al Gobierno de la Ciudad de México la Solicitud de Declaratoria por Violencia de Género contra las mujeres en la capital.
Cuenta con la participación de representantes de las jefaturas delegacionales; el DIF; Inmujeres CDMX; la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) y las Secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Social.
Hallan inconsistencias en reconstrucción de hechos en Caso Narvarte. Defensores acusan al gobierno capitalino de incumplir recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre ellas, el diseño de un plan de investigación.
Familiares y abogados del Caso Narvarte denunciaron en conferencia de prensa en Cencos, una reconstrucción de los hechos irregular por parte de la Procuraduría de Justicia capitalina. / Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Víctimas y defensores del Caso Narvarte acusaron inconsistencias en la reconstrucción de hechos realizada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) en torno al caso, y por la que ya se ha procesado a tres personas, entre ellas, una sentenciada.
El 31 de julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril fueron ejecutados en un departamento del condominio 1909 de Luz Saviñón, en la Colonia Narvarte.
La falta de una construcción transparente de los hechos, así como la negativa sistemática de la PGJCDMX de agregar nuevas líneas de investigación a petición de las familiares y abogados no ha permitido esclarecer lo sucedido hace tres años, expusieron.
Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expuso su sospecha de la manipulación de los hechos por parte de la autoridad, pues la narrativa utilizada por la PGJCDMX, basada en el testimonio de tres personas: “Esbeidy N.”, “Antonio C.” y el ex policía Abraham Torres, no coincide con los videos revisados y pruebas en materia criminalística.
“De acuerdo con la versión que construyó la Procuraduría (…) hay tres testimonios que van reconstruyendo las primeras horas una vez encontrados los cuerpos de las cinco víctimas (pero) de acuerdo con los videos y lo que consta en la averiguación previa, no corresponde la secuencia, ni los horarios que describieron estas tres personas con lo ocurrió ese día. Las horas, esta crónica de que Rubén había salido horas antes y luego había regresado al departamento… eso no se ve en los videos”, dijo Salas.
“Aquí nos surge un primer cuestionamiento: ¿de dónde se construyó esa historia?, ¿por qué la Procuraduría manipuló de esa forma a las personas que testificaron y con base en qué elementos decidió que narraran de esa forma los hechos?”.
Detalló además que en una ampliación del dictamen criminalístico se halló una huella en el departamento en que se perpetró el multihomicidio que no correspondería a ninguno de los hasta ahora procesados, lo que podría suponer la participación de una cuarta persona en la comisión de los crímenes.
Pese a estas inconsistencias, la Procuraduría se ha negado a incluir tres nuevas líneas de investigación en el expediente a petición de los abogados, mismas que podrían determinar si existió contaminación de la escena del crimen, el móvil y los autores intelectuales. Además, ha incumplido la recomendación 4/2017 de la CDHDF, que incluye 17 puntos, entre los que se encuentran la creación de un plan de investigación, investigación a servidores públicos, un acto de disculpa pública y un plan integral de reparación.
“Tenemos un temor fundado de que la mala actuación de la Procuraduría conduzca a la impunidad. Hoy en día, a tres años de ocurrido este crimen, no tenemos una versión clara de qué es lo que ocurrió ese día en el condominio 1909 de la calle Luz Saviñón, no sabemos exactamente el número de perpetradores, no sabemos qué fueron a buscar a ese lugar, no sabemos por qué razón se cometió este crímen, no sabemos si hay autores intelectuales y no tenemos más que una persona sancionada por esos hechos”, dijo Héctor Pérez, miembro de la Clínica de interés público contra la trata de personas del ITAM.
Los ponentes denunciaron la falta de voluntad de la instancia para esclarecer el caso, además de negarse a aceptar que existieron violaciones a derechos humanos y ofrecer una reparación a los afectados.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19; David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social; Indira Alfaro, madre Yesenia Quiroz, y Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, sostuvieron que insistirán en continuar la investigación pese a la negativa de autoridades capitalinas.
“Seguimos litigando y seguiremos haciéndolo para que se analicen todas las llamadas que fueron recibidas por los agresores y, seguramente arrojarán elementos que claramente están contradiciendo esta historia que hoy sí podemos afirmar, construyó la Procuraduría de la Ciudad de México y sin determinar hasta el momento con qué objetivo o finalidad”, dijo Karla Micheel Salas.
Finalmente, realizaron un llamado a Claudia Sheinbaum, próxima Jefa de Gobierno, para atender el caso durante su administración.
El 18 de julio se llevó a cabo el XXI Encuentro Anual de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, convocado por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
En el quinto piso de un edificio en la calle Isabel la Católica, trabajadoras sexuales se reunieron para reforzar su lucha: el respeto al trabajo sexual. Varias panelistas compartieron su visión y sentir con el resto de sus compañeras. “El compañerismo y unidad es primordial para que podamos progresar”, señala una mujer de edad avanzada.
Este espacio les ayuda a replantearse qué han logrado, qué necesitan y cuáles son sus derechos. En el encuentro las participantes platican con sus compañeras; algunas de ellas vienen de otros estados, lo que hace este diálogo más interesante, ya que hablan de sus diferentes contextos y perspectivas.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Entre otras, éstas son algunas de las peticiones que tienen:
La despenalización de la prostitución.
Que se publiquen lineamientos en la Gaceta Oficial que vinculen a trabajadoras sexuales con el Reglamento de Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal.
Reformar la Ley de Fomento Cooperativo o proponer una ley de trabajo sexual cooperativista.
Respeto a sus derechos humanos.
Acceso a servicios de salud.
Además, exigen el cese a la revictimización. Ellas aseguran que no son víctimas, porque han elegido este trabajo para llevar dinero a sus casas y lo disfrutan.
“No somos víctimas de trata”, exclaman, más aceptan que esto no significa que no suceda, o no exista, simplemente no quieren que se siga mezclando a la trata con el trabajo sexual.
El hartazgo por la criminalización, persecución y revictimización, así como por las amenazas y violencia a las que se enfrentan, las ha empujado a denunciar y a exigir condiciones adecuadas para hacer su trabajo.
El camino, comparten, ha sido largo y cansado, pues a pesar de todos los esfuerzos que hacen, pareciera no ser suficiente ya que en la actualidad los servicios de salud siguen siendo inadecuados e ineficientes, no hay seguridad y son escasos los programas de apoyo a mujeres que se dedican al trabajo sexual; sobre estos últimos, piden que realmente se enfoquen a sus necesidades, pues aseguran que no se respeta su trabajo.
Son las dos de la tarde de un día de abril. Bajo esta palapa enclavada en la selva maya el calor baña, pero no sofoca. El lugar es Ich-ek, una comunidad de cerca de mil habitantes localizada en Hopelchén, Campeche, donde un grupo de apicultoras indígenas, enfundadas en shorts, playeras sin manga y sandalias, ha trabajado por horas y se prepara para el descanso.
Esta mañana las mujeres llegaron con la misión de dar marcha atrás a un experimento que no funcionó: intentaban dejar a las abejas que crían en las cajitas rectangulares de madera donde las compran, pero la temperatura echó abajo el plan. Las cajas no resistieron el calor, lo que significó el traslado de todas las abejas a nidos naturales. Las meliponas, una especie de abejas milenaria, no tienen aguijón, lo que no supone un riesgo para quienes las crían; en cambio, son más delicadas que cualquier otra especie de abejas: hay que manipularlas con sumo cuidado y llevarlas a su nuevo hogar con delicadeza, más cuando se sabe que son una especie en peligro de extinción.
Para tener éxito hay que mover, completa, toda la estructura. Doña Avia, doña Leidy, doña Soco y el resto de sus compañeras mueven todo el nido, incluidas las crías, un poquito de miel y un poquito de polen. Este trabajo de extremo cuidado, sumado al bochornoso calor de la península, resulta simplemente agotador.
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Hoy, cuando platican lo que hacen, las apicultoras hablan con sus más de veinte años de experiencia.
Doña Avia Huchín, de 66 años, viste una delgada blusa rosa con flores del mismo color. A través de sus lentes se asoman unos ojos que brillan todavía más cuando recuerda cómo empezó la historia de Koolel Kab, una organización fundada e integrada por mujeres indígenas que durante años han defendido su derecho a trabajar en lo que han elegido, que se han dedicado a criar y proteger a las abejas meliponas y que, con ello, han creado una red de empoderamiento y de defensa de la identidad, el territorio y el medio ambiente.
Empezó con un sueño
Era de noche y Avia Juchín no podía dormir. Se preguntaba si existiría en su mundo –un mundo dominado por hombres– la posibilidad de trabajar en algo que no fuera el hogar, el cuidado de los puercos o el de las gallinas.
Desde su habitación era algo que parecía imposible: a principios de los noventa, en esta región las mujeres no podían alzar la voz y no salían, pero un día llegó a la comunidad una ingeniera a la que Avia le preguntó si sería posible dedicarse a otra cosa, y ella le dijo que sí… entonces Avia se atrevió a soñar.
Recordó que cuando era niña, a los ocho o diez o doce años, conoció a una familia que trabajaba con abejas meliponas. Su mente no se detuvo y una noche fue incapaz de dormir pensando en cómo formar una organización, en dónde conseguir las abejas y con quién trabajar. “Como mis compañeras habían trabajado conmigo en un molino y tortillería, pensé en ellas”, recuerda Avia. Invitó a Himelda, a Carmela y a otras mujeres: juntas viajaron a Yucatán en busca de las abejas. Regresaron con un hobón cada una y luego de cinco años el grupo que formaron se convirtió en la organización que Avia soñó una noche, a poco más de mil 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Desde entonces y hasta el día de hoy Koolel Kab ha sido un proyecto de mujeres. En la actualidad son seis las integrantes de esta sociedad que produce miel sostenible. Son ellas mismas, explica María del Socorro Pech, quienes se encargan de todo el proceso de producción y comercialización.
“Cuando nosotras cosechamos miel, la llevamos al centro de trabajo; ahí es donde le damos el manejo, la filtramos o envasamos, hacemos los subproductos y los comercializamos; así es como funciona nuestra sociedad: la miel que salga es de todas”, cuenta Soco, mientras las meliponas vuelan y zumban a su alrededor.
María del Socorro Pech | Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Las mujeres de Koolel Kay aprovechan todo lo que las meliponas producen. Además de envasar la miel, trabajan con la cera: la lavan, la derriten y hacen con ella cremas que ayudan a combatir la resequedad de labios y manos, que sirven para curar heridas y piquetes de moscos. “Es una abeja que nos da miel medicinal, que nos sirve para la infección de la garganta, para la tos, para las cataratas y los ojos infectados”, completa Avia.
La importancia que esta especie tiene para los indígenas mayas radica no sólo en el aprovechamiento de su producción o en sus propiedades curativas; tiene valor, sobre todo, porque forma parte de su identidad. Esta abeja, originaria de la península, era criada por sus abuelos. Hoy está en peligro de extinción.
Por eso Koolel Kab tiene la misión fundamental de proteger y rescatar a esta delicada especie.“La apicultura aquí, en Campeche, en Hopelchén –y creo que a nivel nacional– está un poco mal: imagínese la melipona, que es más delicada; estas abejas no tienen aguijón, no son agresivas, no pican… entonces no se defienden tanto de los depredadores como del clima”, explica Socorro.
Desde hace cerca de tres décadas, la llegada a Hopelchén de comunidades menonitas ha provocado la deforestación de miles de hectáreas, debido a las nuevas formas de cultivo que introdujeron, que incluyen la industrialización y el uso de agroquímicos. Esto ha tenido un impacto negativo en la apicultura, una de las principales formas de subsistencia para las comunidades indígenas de la región, ya que se han perdido plantas necesarias para esta actividad por la quema de bosques, y las abejas mueren por el uso de plaguicidas.
Por eso las mujeres de Koolel Kab también se han convertido en defensoras de la tierra y del medio ambiente. En 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) otorgó a esta y a otra organización de nombre Muuch Kambal el Premio Ecuatorial, que reconoce iniciativas de comunidades locales y pueblos indígenas que buscan soluciones de desarrollo sostenible al servicio de personas y de la naturaleza.
En 2012, Koolel Kab y Muuch Kambal, junto con otras organizaciones de la región, emprendieron una acción judicial para detener la plantación de soya genéticamente modificada, que había sido aprobada por autoridades mexicanas y que, entre otras afectaciones, contaminaban la miel que los mayas producían. Las comunidades se organizaron para frenar esta decisión que beneficiaba a Monsanto y lograron detener la siembra de soya transgénica.
De acuerdo con el PNUD, ambas organizaciones han movilizado a las comunidades mayas para “hacer frente a los desafíos sociales, ambientales y económicos”, según se lee en el estudio de caso de la Iniciativa Ecuatorial. El programa también hace énfasis en el liderazgo y en el empoderamiento de las mujeres, en la resistencia social y jurídica contra las medidas que las afectan, y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Las damas de la miel saben que su labor es fundamental en la región, saben también que no pueden dejar de luchar por sus derechos, porque si lo hacen sus tradiciones y su identidad “se van a quedar como historia”. Están convencidas de que deben seguir, aun cuando no es bien visto que las mujeres sean parte de estos movimientos, porque han abrazado, además, la misión de educar en igualdad a hombres y mujeres.
Hoy extienden su legado a través de sus hijas y nietas. Enseñan sus actividades y transmiten lo que han aprendido a las que vienen: nueras, cuñadas y todo aquel que quiera apoyar.
“Los que quieran aprender y sumarse tienen que capacitarse; justo en este momento una de las que está apoyando es mi hija, otra es nuera de una de las socias y una es hija también de las socias fundadoras; así es como vamos renovando también a los integrantes, porque es necesario”, cuenta Soco.
Mientras, desde esta palapa, Avia sigue soñando: espera que algún día su nieta, de apenas diez años, quiera seguir sus pasos y llegue a trabajar con las compañeras que un día, hace más de veinte años, la ayudaron a construir Koolel Kab.
Con estas preguntas en la cabeza llegaron Margarita, María y Beatriz, esta mañana, al Monumento a la Madre, con rumbo al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Pero su camino fue mucho más largo, vienen desde Puebla, Chihuahua y Veracruz. Caminan incompletas: andan buscando a sus hijos.
Este 10 de mayo, cuando en México se celebra el Día de la Madre, ellas no tienen nada que festejar: sus sus hijos se encuentran desaparecidos y hasta el día de hoy no saben nada de ellos.Por eso se unieron, como miles de personas más, a la séptima Marcha de la Dignidad Nacional, una manifestación integrada primordialmente por mujeres, en la que denuncian que el Estado mexicano les ha fallado no sólo en brindar seguridad y protección a sus seres queridos, sino por la inoperancia de las instituciones al momento de buscarlos y procurar verdad y justicia.
En la manifestación de este año participaron 29 colectivos de familias que buscan a hijos, hijas, hermanos, sobrinas y padres, quienes forman parte de las más de 34 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales registradas en el más reciente corte –de enero de este año– del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
A las diez de la mañana comenzaron a caminar las manifestantes, y media hora después ya se encontraban en la glorieta del Ángel, un monumento emblemático para las y los mexicanos que se ha convertido en el punto de reunión para denunciar injusticias, violaciones a los derechos humanos y la impunidad que reina en el país; y que hoy se tapizó de decenas de fotografías, carteles y fichas de personas desaparecidas. “¿Has visto a Ángel de Jesús?”, “Ayúdanos a encontrarlo”, “Recompensa a quien dé información de Minerva”, se leía.
Con la voz y el alma desgarrados, las madres que viajaron desde diferentes entidades de la República Mexicana, reclamaron a las autoridades –particularmente a los mandatarios que encabezaron la presente y la pasada administración– que a raíz de la fallida estrategia de seguridad les ha dado un vuelco la vida. Denunciaron: que los gobiernos no han hecho nada para detener la impunidad, la corrupción y la guerra contra el narcotráfico; que han solapado desapariciones forzadas de manera sistemática; que han desfalcado a los estados; que han intentado negar que la desaparición es una problemática generalizada a la que no escapa ninguna entidad.
“Aquí estamos las madres mexicanas haciendo el reclamo… este baño de sangre no quedará impune”, dijo Yolanda Morán al leer el pronunciamiento de las familias.
Las madres compartieron también el difícil camino que se han visto forzadas a atravesar al tener a un familiar desaparecido: han tocado, pateado y derribado puertas; han luchado contra la indiferencia e ineficacia de las instituciones; han carecido de investigaciones exitosas; han visto la colusión de funcionarios con miembros del crimen organizado y han palpado la soledad y el desamparo de las autoridades, esas que debían acompañarlas.
“Ante la incapacidad y corrupción de las autoridades nos hemos tenido que convertir en abogadas, policías investigadoras, peritos forenses, rastreadoras de fosas clandestinas e incluso en legisladoras para conformar leyes y protocolos que nos sirvan de herramienta en la búsqueda e identificación de nuestros seres amados desaparecidos”, denunció en su pronunciamiento el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades federativas y por tres países de Centroamérica.
En la concentración en el Ángel de la Independencia también dijeron que pese al dolor –o, más bien, por ese dolor a cuestas– no se van a dar por vencidas. “Lo queremos todo –dijeron– una patria justa, segura y garante de los derechos humanos”.
Exigieron, de nueva cuenta, la implementación efectiva de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, así como del Sistema Nacional de Búsqueda, ambos con la participación de las familias; que se garantice una Fiscalía Autónoma que les permita el acceso a la justicia; una evaluación efectiva al trabajo fallido del ejército mexicano en la procuración de seguridad pública en los últimos doce años; que se reconozca, proteja y garantice la presunción de vida, personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias.
Y también enviaron un mensaje a aquellos y aquellas que son buscados: “Hijo, hija, escucha: tu madre está en la lucha”.
“Nunca bajaremos los brazos”
“A mi hijo le digo que resista, que su madre desde el primer momento lo busca y no se va a cansar hasta que dios le dé el último respiro. Que tengo mucha fe, mucha esperanza. Y le digo que dios lo bendiga donde quiera que esté, y le digo que su madre es muy valiente y muy fuerte y que también va a resistir. Que lo va a buscar hasta el último día”. María del Rosario busca a su hijo Mario desde el 2 de julio de 2010, cuando fue desaparecido en Torreón, a la edad de 24 años.
“Mi hijo sabe que lo amo y que lo estoy esperando con los brazos abiertos. Siempre lo he de estar esperando, y él lo sabe. Donde quiera que esté, le pido a dios que él esté bien, y que el día y el tiempo que dios decida está su familia esperándolo”. Beatriz busca a su hijo Manuel desde el 29 de diciembre de 2016, cuando fue desaparecido en Jalisco.
“Es un dolor inmenso. No tenemos nada que celebrar. Aunque tengamos más hijos, son los motivos de la vida y no desisto de buscarlo, lo voy a buscar hasta el fin del mundo. (Le diría) que lo amo con toda el alma, que lo espero, él sabe dónde estoy; le diría que lo quiero, que lo extraño mucho”. Josefina busca a su hijo Félix desde el 21 de abril de 2017, cuando fue desaparecido en Veracruz.
“Si llegara a escuchar este mensaje, donde quiera que se encuentre, le pido a dios que le dé fuerza, salud y paciencia; no descansaré hasta encontrarlo, así como se lo llevaron vivo, vivo lo quiero, a mi hijo y a todos sus compañeros. No nos vamos a rendir hasta encontrarlos y saber dónde están, seguiremos exigiendo al gobierno mexicano que los regresen con vida”. Cristina busca a su hijo Benjamín, desde el 26 de septiembre de 2016, cuando fue desaparecido en Iguala.