Los habitantes de la Ciudad de México cuentan ya con un marco legal para defenderse contra desalojos forzados: el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada este 8 de febrero.
La Ley fue publicada en el marco de la entrada en vigor de la primera Constitución Política de la capital y fue impulsada por diversas organizaciones civiles y vecinales que se articularon frente al incremento de desalojos irregulares.
Entre otras cosas, el artículo 60 establece que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales, deberá evitarse o minimizar el uso de la fuerza, indemnizarse a los afectados en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, garantizarles un debido proceso y reubicar a personas sin recursos.
En conferencia de prensa, este martes, realizaron un llamado a las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum a hacer valer la nueva ley y con ello poner freno a los abusos de autoridades e inmobiliarias que atentan contra el derecho a la vivienda.
Te presentamos cuatro breves testimonios de capitalinos que forman parte de las agrupaciones vecinales que, junto con defensores y académicos, buscan poner un freno al desalojo irregular, a los abusos de lo que llaman “cártel inmobiliario” y a defender su derecho a vivir en una ciudad para todos.
“Vivo en Emiliano Zapata 68. El 5 de septiembre fui desalojada de mi departamento teniendo una revisión de amparo. Yo le había dicho a la actuaria que había una revisión pero ella me dijo que eso no importaba y que ya tenía que llevar acabo el desalojo. Llegaron con 300 policías la actuaria y los cargadores. Pero yo sigo en la lucha, y estoy… pero con mucho miedo”
“Soy habitante de la Colonia Roma Norte. En nuestro edificio sufrimos las amenazas de desalojo. Hemos visto que hay violaciones sistemáticas al debido proceso: no fuimos notificados (…) y el año pasado nos dijeron: ‘en cinco días tienen que desalojar’ y nos dimos cuenta de que hay un manejo de las escrituras turbio en el Registro Público de la Propiedad. Logramos un amparo para permanecer en unos meses y vamos a persistir en esta lucha”.
“Fui desalojada del predio Querétaro 122. Fue un desalojo violento, sin que nos hubiéramos enterado. La mayoría de los vecinos estábamos fuera, na’más había una niña de 13 años, a quien violentaron estos golpeadores. Y después vino la Fedapur (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana) y puso sellos, indebidamente. Nosotros fuimos a las instancias legales, las cuales soslayan estas situaciones. Es toda una política de Estado que se desplace a la población más vulnerable hacia la periferia, porque los ricos, los inmobiliarios quieren los inmuebles”
En el predio de Turín 46 compartimos comunidades mazahuas y otomí. Somos afectados por la PGR, que en diciembre quisieron espantarnos para desalojarnos sin notificación. Dijeron que querían desalojarnos porque era un predio que estaba resguardado desde el 2012, entonces estamos en lucha para ver qué podemos lograr porque necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos y para nosotros.
Aproximadamente dos mil personas participaron este viernes en una marcha-peregrinación en Amatán, para exigir el desmantelamiento del grupo civil armado que opera en ese municipio.
Además, demandaron justicia por la muerte de Carlos Guerrero Mayorga, Noé Jiménez Pablo y Jorge Santiago Álvarez, quienes encabezaron manifestaciones contra el cacicazgo político de los hermanos Carpio Mayorga. El primero fue ejecutado el 23 de noviembre de 2018 y los últimos dos el pasado 18 de enero.
oé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.
Noé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.
Este 5 de febrero, defensores se dieron cita para conjuntar esfuerzos ante continuación de megaproyectos en el gobierno de AMLO. Foto: Paola Ramos / Cencos
Oaxaca.- Defensores del territorio de 14 estados aseguraron que, pese al cambio de administración federal, ahora encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la lógica de imposición de megaproyectos por sobre los derechos de los pueblos continúa en el país, por lo que no sólo seguirán luchando en defensa de los que ya buscaban establecerse, sino también por los de la llamada “Cuarta Transformación” como el Tren Maya y el Tren Transístmico.
Así señalaron los más de 300 defensores este 5 de febrero durante el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos en México, en Santa María Atzompa, Oaxaca.
“El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio”, señalaron. “Por lo mismo, tenemos que seguir movilizándonos y articulándolos en un proyecto que realmente represente nuestras necesidades”.
Sobre estos proyectos, para los cuales se ha anunciado una inversión público-privada de hasta 150 mil millones de pesos, en el caso del Tren Maya; y de mil 100 millones de pesos para el Tren Transístmico; advirtieron que diversos pueblos y comunidades serán afectadas además de que el daño ambiental se agudizará al “abrir la puerta para su extractivismo y depredación”.
Defensores de estados como Durango, Sonora, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Ciudad de México plantearon la necesidad de articular a los diversos frentes de lucha en el país, que tienen por común resistir ante la imposición de proyectos inmobiliarios, turísticos, de transporte o de minería en sus territorios, violando sus derechos a la tierra, a la vida, a un medio ambiente sano, a la consulta, entre otros.
Plantearon que, aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación en la que les “hace creer que quiere lo mismo” que los pueblos, se trata de la continuación de proyectos neoliberales, por lo que hicieron un llamado a continuar con el freno a la entrada de empresas nacionales y trasnacionales a través del fortalecimiento de gobiernos autónomos, el rescate de saberes ancestrales, fomento y conservación de semillas criollas y producción orgánica, desarrollo de sistemas de autoconsumo, el rescate de bienes comunales, el fortalecimiento de la gestión de vivienda social y la conservación de los recursos naturales.
El encuentro contó con la participación de 49 organizaciones y agrupaciones en resistencia, así como con el acompañamiento de figuras como el pintor y activista Francisco Toledo y el investigador y editorialista Iván Restrepo.
Familiares de presos víctimas de fabricación de delitos en el Estado de México anunciaron la conformación de la coordinación #HazmeValer, que busca exponer a los gobiernos estatal y federal el caso de diversas personas encarceladas sin haber cometido delitos.
Acompañados por César y Óscar Hernández Neri, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares de ocho presos pidieron a las instancias de procuración de justicia una revisión exhaustiva de los casos en los que, aseguraron, se encarceló a sus familiares sin que se comprobara su culpabilidad en los delitos imputados.
“La coordinación empezará a exigir a las instancias correspondiente que sean aplicada de manera correcta las leyes, sean revisados a cabalidad los procesos jurídicos y de proceso de nuestros familiares detenidos, que sean respetados los derechos humanos y sean liberados quienes fueran víctimas de construcción de delitos”, expusieron en conferencia de prensa.
Óscar Hernández, ex preso político, aseguró que la fabricación de delitos, con todas las violaciones de derechos humanos que implica, es un método recurrente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para favorecer intereses políticos, económicos y de imagen pública de funcionarios; con lo que no sólo dañan a quienes apresan injustamente, sino a sus familias y al tejido social.
“Es importante hacer notar a la sociedad que el sistema de procuración e impartición de justicia se está lavando las manos con inocentes. Su incapacidad, su baja facultad para encontrar a los verdaderos responsables de los delitos los obligan a inventarlos y ‘agarrar’ a quien está a la mano. El método que utiliza la Fiscalía y los juzgados es fabricar el delito y no respetar el derecho a la presunción de inocencia. Hacemos votos por respetar el debido proceso”, señaló el profesor.
#HazmeValer comienza con la denuncia de ocho casos concretos para los que exige a los gobiernos una revisión y reparación de daños. Los presos que, aseguran, son inocentes y se han mantenido encarcelados por varios años son Jacobo López, Raúl Palacios, Héctor Lemus, Ernesto Moranchel, Gerardo de Jesús Narváez, Gerardo de Jesús Cortez, Emmanuel Tarritos y Ángel Cornejo Velázquez.
La tarde de este lunes, 21 de enero, fue encontrado sin vida el defensor mixteco de la tierra y territorio Bernardino García Hernández, habitante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
En entrevista con Cencos, Rufino Benites, director jurídico del Centro, señaló que se presume que el asesinato pudo ser perpetrado por pobladores de la comunidad de San Sebastián Nopalera, que disputa ya desde hace al menos una década, y con métodos violentos, la propiedad de las tierras del poblado de Zimatlán.
“Este conflicto ya tiene muchos años. Esto se recrudeció en 2009 y a partir de ahí se ha venido dando una serie de sucesos que han dado lugar a que las instituciones intervengan, sin embargo no lo han hecho, el gobierno mexicano ha sido omiso”, dijo el director jurídico.
Debido a este conflicto, el pasado 4 de agosto de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de esta comunidad por las que el Estado mexicano debía garantizar el cuidado de la integridad de sus habitantes, la remoción de factores de riesgo y otorgar seguridad jurídica sobre la posesión de las tierras en la comunidad de Zimatlán.
“Esto (al asesinato del defensor) sucedió aún con la medida cautelar de la CIDH. Es lamentable que sigan sucediendo estos hechos. Tenemos desaparecidos, tenemos varios homicidios en esa zona debido a ese conflicto y las autoridades de ninguna manera han logrado ni el esclarecimiento de los casos ni mucho menos brindarle seguridad a los pobladores”, sostuvo Rufino Benites, de Cedhapi.
El defensor instó al gobierno mexicano a cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH, atender integralmente el caso de Zimatlán y a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables no sólo del asesinato de Bernardino García, sino con otras víctimas de agresiones, desaparición y asesinato en la comunidad.
“Bernardino es ejidatario legalmente reconocido de la comunidad. Él ha sido, fue reconocido como defensor; de esos abogados descalzos que sin tener un título siempre luchó por los derechos de su pueblo, por la defensa de su territorio, de sus recursos, de su gente”, concluyó el miembro de Cedhapi.
Ante la falta de respuesta del gobierno federal a las demandas de comunidades campesinas afectadas por la autopista Tepic-Villa Unión, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNMPA-MN) anunció el inicio de una jornada para dar paso libre en las casetas de la autopista, comenzando este 14 de enero en la Caseta Ruiz.
Además, el 21 de enero habrá movilizaciones en varios estados de la república para difundir sus demandas.
Integrantes de las comunidades afectadas por la autopista Tepic-Villa Unión liberan la caseta Ruiz | Foto: CNPA-MNFoto: CNPA-MN
De acuerdo con la coordinadora, 34 núcleos agrarios de los municipios Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Acaponeta y Tecuala, en Nayarit, no han recibido la indemnización por el derecho de vía y afectaciones causadas por el proyecto; calcula que en cada ejido hay entre 100 y 400 personas afectadas.
Asegura que entre 1999 y 2000 el gobierno solicitó a las comunidades los permisos para iniciar la autopista –la cual tiene una longitud total de 238.3 kilómetros y está concesionada a Promotora Inbursa S.A. de C.V.– y éstas accedieron de buena fe, pero sin firmar ningún documento. Posteriormente, las obras iniciaron en el año 2000, pero hasta el día de hoy los afectados no han recibido los pagos correspondientes, por lo que en 2010 iniciaron la lucha jurídica.
Daniel Zúñiga, vocero de CNPA-MN, detalla que el único pago que recibieron los ejidatarios fue bajo el concepto de “bienes distintos a la tierra” y explica que éste consistió en lo equivalente a la cosecha corriente; sin embargo, están pendientes el pago por el derecho de vía y por daños colaterales, así como la reparación de los caminos que han sido usados para el paso de maquinaria pesada.
Daniel Zúñiga | Foto: Cencos
Además de la falta de indemnización, la CNPA-MN denuncia que como consecuencia de la autopista, las comunidades se encuentran incomunicadas, ya que no hay accesos para cruzar y los pobladores deben atravesar la autopista corriendo, lo que implica un alto riesgo; también las viviendas fueron afectadas, ya que para realizar el proyecto se utilizó dinamita con el objetivo de romper piedras, lo que golpeó paredes y láminas de las casas y muchas de ellas prácticamente quedaron inhabitables; como consecuencia del uso de dinamita, denuncian también la muerte de ganado.
La CNPA-MN hace un llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para resolver estas demandas mediante el diálogo, ya que las comunidades tienen por lo menos nueve años con el reclamo por la vía jurídica. Hasta el momento, asegura, la simulación por parte del gobierno ha sido una constante en las mesas de trabajo que se han establecido desde 2010. El paso que seguiría es fijar los precios para la indemnización a los dueños de la tierra.
En conferencia de prensa, integrantes de la CNPA-MN también denunciaron que su movimiento registra alrededor de 12 presos políticos en Chiapas, una en Querétaro, 20 integrantes con procesos en libertad y otros más con órdenes de aprehensión, esto a raíz de su actividad de defensa de la tierra y el territorio; exigieron no sólo la libertad de esas y esos compañeros, sino que se dé una transformación en la forma en que son atendidos los conflictos sociales en México.
Este 27 de noviembre fue presentada ante el pleno del Senado una iniciativa para conceder amnistía a las mujeres que se encuentran presas por abortar en México.
La propuesta fue planteada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y propone que, independientemente de sus causales, la amnistía se conceda a toda mujer que haya sido privada de su libertad por este delito.
Según la propuesta presentada, las mujeres procesadas y sentenciadas obtendrán su libertad, además de que cualquier acción penal y sanción impuesta sería extinguida, y revocadas las órdenes de aprehensión pendientes.
En su artículo 3, la propuesta señala que “las personas a quienes beneficie esta Ley no podrán, en lo futuro, ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los delitos de los que hayan sido absueltos mediante esta amnistía”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la criminalización por aborto afecta generalmente a mujeres procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva.
Entre 2007 y 2016, fueron realizadas 4 mil 246 denuncias por aborto en México, mayoritariamente registradas en la Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo. Por otro lado, las entidades que registran más sentencias de privación de la libertad por aborto son Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo.
Actualmente, en nuestro país, únicamente la Ciudad de México tiene una legislación que garantiza el aborto legal y seguro para las mujeres.
Pese al anuncio de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, los procesos de despojo y compra ilegal de tierras para obras complementarias continúan, denunciaron pobladores en conferencia de prensa.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del uso de grupos de choque, militantes y poder político ha jugado un papel primordial en el despojo de alrededor de 300 hectáreas de tierras ejidales para la construcción de la autopista Peñón-Ecatepec, obra complementaria al NAICM.
Pobladores denunciaron que el uso de esta superficie fue ilegalmente cambiado del régimen ejidal a parcelas de uso privativo a través de una asamblea en 2014, que registró irregularidades como la falsificación de firmas de autoridades ejidales y de asambleas, agresiones por parte de grupos de choque y corrupción.
Entre los principales operadores de este proceso se encuentra Andrés Ruiz Mendez, actual presidente municipal de Atenco por el PRI, y quien entonces fungió como representante del comisariado ejidal.
“En el Estado de México, la estructura de poder del PRI aún se va a hacer valer en la región. Es decir: el PRI no va a perder de forma sencilla la intención de utilizar esas autopistas complementarias al aeropuerto para poder desarrollar proyectos inmobiliarios y proyectos comerciales”, sostuvo en entrevista Armando Bernal, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
“Literalmente lo que están pensando es: ante la derrota del aeropuerto, los proyectos secundarios sí hay que echarlos a andar. Principalmente autopistas, extracción y desarrollo inmobiliario”.
Adela Romero, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT Atenco) señaló que desde el pasado trienio, encabezado por el priista Andrés Ruiz aumentó la presencia de agrupaciones políticas para forzar la compra y venta ilegal de terrenos.
“En Atenco hay algunos que se han prestado a cambio de una cantidad de dinero, o inclusive nosotros supimos que hasta por plazas (puestos públicos) se prestaron para grupos de choque, a buscar personas para venta (de tierras) e intimidando para que vendieran”, señaló la pobladora.
“Toda la gente del pueblo sabe de esa situación: es el PRI y sus principales aliados, grupos de choque”
Recientemente, el Tribunal Agrario del Distrito 23 de Texcoco falló a favor del ahora presidente municipal Andrés Ruiz en respaldo al cambio del uso de tierras ejidales a uso privado, por lo que el FPDT Atenco llamó al poder judicial a anular la asamblea por haber sido ilegal.
De acuerdo con Trinidad Ramírez, miembro del Frente, la superficie de hectáreas despojadas podría ascender hasta más de 4 mil si la venta ilegal continúa.
Según un diagnóstico de 2015 del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), en el territorio mexicano existen actualmente alrededor de 68 lenguas de pueblos originarios, y aproximadamente 364 variantes de éstas.
A poco más de 500 años de la llegada de los españoles al continente americano, y con cientos de años de poscolonialismo, durante la segunda mitad del siglo XX la violencia contra los pueblos originarios en territorio mexicano continuó acentuándose, haciendo pagar el precio a niñas y niños por el hecho de ser quienes son. Fue mediante la violencia del sistema educativo que el Estado mexicano intentó despojarlos de una de sus raíces más significativas: sus lenguas maternas.
Parafraseando a Michel Foucault en su charla “Las redes del poder”, un elemento que sirve dentro de las formas de dominación en la sociedad es la educación; tomando en cuenta que la dominación puede darse en estos casos como el despojo de la identidad, y con ello una serie de consecuencias invisibles como desproteger un territorio, esto le vuelve más sencillo al poder político y económico llegar a los pueblos e instalar sus empresas transnacionales, mineras, eólicas, o de cualquier otro índole.
El gobierno federal ha implementado una violencia sistematizada para desaparecer la multiculturalidad en nuestro país. Por ello, echando un vistazo a la historia, surge la necesidad de revertir la pérdida de costumbres y tradiciones de pueblos originarios como una forma de defender la tierra y los recursos.
El presente trabajo fotográfico intenta esbozar un retrato de mujeres y hombres originarios de la Sierra Norte de Oaxaca, que durante su infancia y formación escolar fueron violentados de diferentes maneras por el hecho de hablar zapoteco, su lengua materna, a pesar de lo cual decidieron conservar su idioma transmitírselo, en la medida de lo posible, a sus descendientes.
Bruno Leonardo Enríquez
Bruno Leonardo Enríquez, de 67 años y originario de San Andrés Solaga, vivió políticas racistas en la segunda mitad del siglo XX desde la educación ejercida por el gobierno federal.
Con 67 años de edad, originario del sector Zoogocho, en la Sierra Juárez, Oaxaca, e hijo de padres campesinos, Bruno narra cómo ha sido para él resistir al occidentalismo en su cotidianidad.
“Era difícil como hijos de campesinos que tuviéramos educación, sin embargo, hubo escuela primaria en la comunidad y eso nos abrió el ojo, pero también siempre fuimos con miedo. No éramos como los niños de hoy en día que pueden contestarle a sus padres y a sus maestros; anteriormente era más fuerte el sentido de obediencia y disciplina”, comenta Bruno sobre su contexto escolar.
Menciona que con la llegada de profesores de otras regiones del estado capacitaron a los maestros con la norma de españolizar a todas las niñas y niños en gran parte de la sierra.
“Silviano Arce, originario de Solaga, Oaxaca fue director cuando yo iba en quinto año. Él y otros profes prohibieron que habláramos zapoteco. Los maestros se organizaron y comenzaron a anotar en una lista a los niños que hablaban zapoteco, su discurso era que tenían un estatuto de que el niño tenía que hablar español. Tenían la regla de ponerle castigo a los niños: que nos formáramos como media hora en fila; pero la tarea más difícil que nos dejó era acarrear agua de la escuela para la pileta: de un manantial, acarrear agua hasta la escuela. 10 cubetas por niño, dependía de la edad que tuviéramos la cantidad de cubetas: de 8 años, cinco cubetas; y el más grande, 12. Esto fue en los años sesenta, de 1962 a 1966”.
Bruno agrega: “Si tengo algo que recordar del castigo que recibí y que miré en los demás es que lo traje a pecho, pero con ánimos para mantener mi lengua y compartirla con mis tres hijos, que hoy en día hablan y entienden el zapoteco”.
Minerva Victoria Hernández Martínez
Minerva Victoria Hernández Martínez tiene 51 años y nació en un pueblo originario de Oaxaca. Por ser mujer zapoteca y hablar su lengua, sufrió maltrato de sus profesores.
Minerva estudió enfermería en Oaxaca de Juárez y fue auxiliar del área médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en una clínica rural en la Sierra Norte; a sus 51 años ha logrado conservar su idioma a pesar de los abusos ejercidos por el sistema educativo.
Fue entre 1964 y 1971 que estudió la primaria en la zona serrana. Asegura que la prohibición del zapoteco se ejercía a través de diferentes formas de terror.
“Cuando yo cursaba de segundo a cuarto año fueron los maestros que más agredían a los niños por hablar el zapoteco, tal vez porque no nos entendían; eran maestros que venían de otros estados o de la ciudad y no sabían hablar ninguna lengua”.
Minerva también narra la doble violencia que sufrió por el hecho de ser mujer: “la gente antes pensaba que nosotras debíamos casarnos, tener hijos, tener una familia; decían que no era necesario para nosotras ser mujeres independientes y estudiar. Mi papá sí tenía la idea de que nosotros nos superáramos, aunque no tenía los medios económicos”.
Una vez que logró entrar a la escuela, pese a todo pronóstico de violencia de género, Minerva se encontró con la violencia por ser de un pueblo originario.
“Si una decía 10 palabras en nuestro idioma, 10 cubetas de agua iban a acarrear. También nos mandaban por cosas de campo y en el peor de los casos nos golpeaban con un palo en las manos. Una vez el maestro, originario de Veracruz, me dejó encerrada en el salón sin ir a comer por no saberme la tabla del siete, me dijo ‘¡Burra!’, yo le respondí en zapoteco ‘¡Tu lo serás!’ A mí esto no se me olvida porque fue uno de los castigos que más me dolió, no me dejó salir y yo tenía mucha hambre. Ya estábamos acostumbrados a que nos pegarán con un palo, pero que nos dejaran sin comer, eso fue más duro para mí”.
“En ese tiempo, cuenta Hernández Martínez, yo no reaccionaba, simplemente empecé a tener rencor a los maestros. Pensaba ‘¿por qué me hacen esto?, ¿es tan malo hablar mi idioma?’ Yo nunca me voy avergonzar del zapoteco. Es importante preservar nuestra lengua para transmitir a las nuevas generaciones y que no desaparezcan nuestras comunidades, nuestras raíces, la cultura ancestral”.
Ernesto Ferras García
Ernesto Ferras, campesino de 81 años, originario de San Andrés Solaga, fue víctima del racismo implementado por el plan educativo del gobierno federal en la década de los sesenta.
Campesino por tradición, trabajó las tierras en su comunidad San Andrés Solaga, hasta que cruzó Estados Unidos de manera ilegal para irse como bracero. Tiene 81 años y ésta es su versión de lo que es ser un niño zapoteco en la sierra:
“No platicábamos, porque luego luego nos regañaban. Los maestros nombraron una comisión del orden y nos acusaban; nuestros compañeros nos anotaban y nos ponían el dedo, le decían a nuestro maestro quiénes hablamos zapoteco y los maestros nos castigaban: nos hincaban y nos ponían a sostener un palo con las manos alzadas durante una hora. Era un castigo de agotamiento, de resistencia”.
“Pienso que es importante que hablemos los dos idiomas, tanto el nuestro, como el español”, agregó.
Juana Bautista Poblano
Juana Bautista Poblano es originaria de Villa Hidalgo Yalalag, Sierra Juárez. A sus 74 años recuerda cómo sufrió y resistió la violencia y discriminación mientras estudiaba la primaria, por ser mujer serrana y hablar su lengua materna: el zapoteco.
“Tengo 74 años y soy de Villa Hidalgo Yalalag. Desde chiquita me dediqué a la costura, hacía ropa, manta, fondos, camisas, pantalones, e iba a Zoogocho a vender. A eso me dediqué toda la vida, con mi difunta madre”.
Juana asegura que cuando estudió la primaria nadie hablaba español: “los maestros nos obligaron a gritos, nos regañaban mucho, nos decían ‘burros’, ‘tapados’, ‘cerrados’. Nos decían tapados, porque no podíamos hablar su idioma. A veces nos dejaban encerrados en el salón, con mucha hambre, porque nos decía el profesor que no aprendíamos nada”.
“Yo entré grande a la escuela porque antes los padres no querían que nosotras las mujeres fuéramos a estudiar. Decían que debíamos quedarnos en casa para mantener a los hombres. Decían que no tenemos derecho, que nosotras tenemos que estar en la cocina para mantener a los maridos”, cuenta Juana, quien hasta los 12 años de edad pudo entrar a la primaria. “Mi padre me apoyó para ir a la escuela, mi pobre madre quería que me casara porque ya tenía 12”, agregó.
Bautista Poblano dice que a pesar de no haber sido víctima de violencia física por hablar su lengua materna, fue víctima psicológica y verbalmente, y que recibió insultos y discriminación. “En cambio mis compañeros, porque no sabían responder les ponían ladrillos en la cabeza, con las manos a que se estuvieran horas: dos ladrillos en cada mano y así varias horas. Yo lo vi, era muy común”.
Eligio Modesto Hernández Sánchez
Cuando estudiaba en el nivel básico, Eligio Modesto Hernández Sánchez, sufrió violencia y represión de parte de sus maestros por hablar una lengua de un pueblo originario. Él, como ninguno o pocos, decidió vengarse de sus profesores y cortar el cable con el que lo golpeaban a él y a sus compañeros.
“Empecé a manejar a los 15 años, estoy por cumplir 56. Desde que manejo, toda mi vida he sido chofer de camiones pesados; toda clase de camiones: tortos, volteos, autobuses, máquinas pesadas, etcétera”, cuenta Hernández Sánchez, nacido en la Solaga, Sierra Norte de Oaxaca.
“Tuve maestros federales, ellos eran mano dura y más porque en las reuniones con padres éstos autorizaban que nos golpearan, porque supuestamente en eso constaba la educación. Mi maestro de Villa Alta, Juan Gómez, nos golpeaba con un cable de luz, como de corriente, nos daba en las manos 10 veces por hablar zapoteco, nos apaleaban por ser quienes éramos”.
En los setenta Eligio y sus compañeros sufrían la violencia por ser serranos, zapotecos, originarios de un territorio, sin embargo, no claudicaron, continuaron hablando su lengua, al grado de transmitirla a sus hijos y nieto, no sin antes vengarse de sus victimarios, como pocos infantes se atreverían.
“Una vez dejé una ventana del salón entreabierta y me fui. Una vez que ya no había ni maestros ni compañeros, por la ventana me metí, llevaba unas tijeras e hice el cable pedacitos y se lo dejé ahí acomodado en el escritorio, como un obsequio. En la tarde, cuando llegó, encontró el montón de cable cortado, preguntó quién había sido y como nadie me vio nadie dijo nada. El maestro formó de un lado las mujeres y del otro lado a los hombres; fue a cortar una vara de durazno y 10 golpes nos dio a cada quien. Niñas y niños lloraron”.
Hernández Sánchez también recuerda cómo él y un primo en las tardes a que los profesores regresaran del comedor y desde una colina arriba los apedreaban:“sí les atinamos, y luego a correr… nunca supieron que fuimos nosotros (risas)”.
Natividad Fabián Gabriel
Natividas Fabián Gabriel es originaria de Solaga. Hoy tiene 78 y recuerda que además de recibir golpes de sus profesores por hablar su lengua, le obligaban a hacer planas con la frase “No debo hablar zapoteco”.
Costurera la mayor parte de su vida, Natividad, de 78 años, se dedica a la panadería con su hija Manuela. Recuerda las dificultades de acceder a la educación básica por el hecho de ser mujer y la violencia que ejercían los docentes hacia ella y sus compañeros.
“Yo como mujer sólo se me permitió estudiar la primaria, lo demás ya no; dijeron que yo debía casarme, tener hijos y estar en el hogar. Durante ese tiempo que estudié la primaria el maestro nos castigaba, nos daba vara en las manos cuando uno platicaba en zapoteco: un varazo por palabra. Después dijo que ya no nos iba a golpear, sino que nos iba a cobrar dinero: alrededor de cinco centavos por palabra”.
“Nos ponían a escribir una plana de ‘No debo hablar zapoteco’”, agregó.
Natividad recuerda que el castigo para ella era doble: al llegar a su casa su madre la regañaba porque no aprendía como los maestros exigían.
“Es mejor saber ambos idiomas, español y zapoteco, para poder entender a todos. Aunque la mayoría de los niños chiquitos hoy en día ya no quieren hablar zapoteco o no sé si sus padres son los que no quieren… no sabemos”, reflexiona.
Si bien este entorno racista pareciera ser del siglo pasado, algunas observaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación han comprobado que hoy en día, en muchas de las escuelas rurales del país, niñas y niños siguen siendo discriminados y regañados en ocasiones por hablar en su lengua materna.
Alrededor de 400 trabajadores del Hospital General del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas han trabajado durante cuatro meses sin recibir el salario correspondiente, por lo que iniciaron una huelga afuera de las instalaciones.
Foto: Paola Ramos
Entre los manifestantes hay enfermeras, camilleros, administrativos y miembros de lavandería, farmacia y cocina.
En entrevista, una de las manifestantes, que prefirió no dar su nombre, aseguró que pese a que han sostenido reuniones con autoridades del hospital, éstas no han dado respuesta a sus demandas, por lo que se vieron obligados a tomar esta medida de presión a partir de las 16:00 horas de este 15 de octubre.
“Estamos exigiendo el pago de siete e incluso de ocho quincenas atrasadas para trabajadores de bolsa de trabajo; además, nos están diciendo que nos van a recortar… bueno, que nos recorten, pero que nos paguen nuestras quincenas”, sostuvo.
“72 horas les damos para que nos den una respuesta positiva, ¿o qué hacemos? Nosotros queremos que nos paguen”.
Agregó que los empleados de este ramo no reciben prestaciones laborales básicas y ya han presentado un oficio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar seguimiento al tema.
En tanto, el Hospital General se encuentra ofreciendo servicios de manera normal a los usuarios, aunque con mayor demora debido a la reducción del personal.
