CIUDAD DE MÉXICO (apro).– México se mantiene como el país más letal para periodistas en América Latina, con un nivel de mortalidad equivalente al de Siria, que se encuentra en estado de guerra, resalta el informe mundial anual de Reporteros Sin Fronteras.
El documento, que registra las agresiones a la prensa del 1 de enero al 1 de diciembre de 2019, destaca que, de los 49 asesinatos a periodistas, 29 (59%) ocurrieron en zonas de paz, y 10 de ellos en México, que mantuvo el mismo número de comunicadores ejecutados que el año anterior.
México, que registró el mismo número de ejecuciones de periodistas que en Siria, acumula el 71.4 % de los asesinatos de comunicadores en América Latina, donde en 2019 ocurrieron 14 homicidios: 10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y 1 en Haití.
Al señalar que la región “sigue siendo una región particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información”, RSF asienta en su informe que “se ha convertido en una zona tan letal para los periodistas como el Oriente Medio azotado por sus conflictos fraticidas”.
La mayoría de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato fueron ‘tomadas’ por estudiantes, quienes exigen justicia por el asesinato de la alumna de Biología Experimental, Ana Daniela Vega González | Foto: Carlos García
León, Gto. A partir de las cinco de la mañana la mayoría de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato (UG) fueron tomadas por estudiantes, quienes exigieron justicia por el asesinato de la alumna de Biología Experimental, Ana Daniela Vega González.
El sábado 30 de noviembre la universitaria fue encontrada sin vida en el interior del departamento donde vivía, ubicado en la colonia Noria Alta, en la ciudad de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el asesinato de la joven, quien fue estrangulada.
En el estado, la Universidad de Guanajuato tiene 24 sedes de educación superior y 11 de media superior.
La toma de instalaciones se realizó en la mayoría de las sedes. En el campus de León, los estudiantes leyeron un posicionamiento donde exigen justicia para Daniela, un alto al acoso sexual de profesores y mejores condiciones de seguridad para los alumnos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un tendido de cartones que simulaban cuerpos y fotografías de jóvenes desaparecidos desde hace más de 10 años, padres y madres de familia exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la aparición con vida de sus familiares.
La madre de Diego Valenzuela comentó:
“Poco a poco las esperanzas que teníamos en el gobierno del señor presidente se nos van acabando. Sí nos han atendido en las mesas, pero a fin de cuentas no hay ningún avance o información sobre mi hijo”.
Desde las 6:00 horas, integrantes del colectivo agrupados en el movimiento Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos realizó un pase de lista mencionando el nombre completo y la fecha de la desaparición de las víctimas.
Durante este año subió el promedio de víctimas por ataque, pese a la nueva estrategia y el despligue de la Guardia Nacional.
Imagen: Susana Gómez/Animal Político
En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la crisis de seguridad en el país continuó y se profundizó. La cifra de personas asesinadas, 32 mil 565, no solo es la más alta para un inicio de sexenio, sino que además los casos se han vuelto más violentos.
Y es que el promedio de víctimas que deja cada caso en 2019 es el más alto de por lo menos los últimos cinco años. Ocho masacres con un saldo de 124 personas que perdieron la vida, entre ellos mujeres, niños y policías, son ejemplo de esto.
El alza de las tasas de homicidios no es un hecho focalizado en una región del país, sino que se extiende en 19 de los 32 estados.
Un matiz importante: los datos confirman que el gobierno de López Obrado recibió, a diferencia de sus antecesores, una tendencia al alza en los homicidios. Este crecimiento se había detenido en los últimos meses, aunque el balance preliminar de noviembre arroja, otra vez, un incremento.
Lo anterior ocurre pese a que el gobierno actual ha fijado el problema de la inseguridad como un tema prioritario de su política pública, que se aborda todas las mañanas en reuniones que sostiene el gabinete de seguridad y que son encabezadas por el propio presidente.
A su paso por Aguascalientes y Morelia, la XV Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos desaparecidos en México exigió a las Comisiones de Búsqueda (nacional y estatales) incluyan en sus acciones y discursos a los migrantes desaparecidos, ya que hasta ahora éstos están totalmente invisibilizados por las instancias que también están obligadas a buscarlos.
De la misma manera solicitaron a los colectivos de familiares de desaparecidos en México que también éstos se sumen a esta petición, pues ambos casos (mexicanos y migrantes) son desaparecidos por la colusión que tiene el crimen organizado con diversas autoridades federales, estatales y municipales.
“Este es un holocausto migrante”, denuncia la señora Ana Celaya, madre de Rafael Alberto Rolín Celaya, quien fue desaparecido en México en 2002.
Cuando toca hablar frente a los medios o en actos políticos, sus compañeras de búsqueda la eligen porque Anita -como le dicen dentro de la XV Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos desaparecidos en México– no sólo tiene facilidad de palabra sino también la valentía para señalar que las autoridades mexicanas no están haciendo absolutamente nada por buscar a los migrantes desaparecidos.
“¿Cuántos migrantes tienen que morir para que las naciones entiendan que tienen que ofrecer condiciones de vida y tránsito digno?”, nos preguntó a todos los presentes en la rueda de prensa que se organizó a las afueras de La Casa Migrante Camino a la Vida, ubicada en Aguascalientes. Hasta ahí llegaron las madres buscando pistas de sus seres queridos a quienes la violencia que azota México, los desapareció cuando pretendían llegar a través de nuestro país a los Estados Unidos.
“Existe la población callejera, sí existe. No somos la sombra de México, sí existimos”, Susana González, de 38 años, perteneció a la población callejera y compartió su experiencia durante la presentación del diagnóstico.
El diagnóstico, elaborado en colaboración por El Caracol A.C. y la CNDH, arrojó que el principal agente agresor son servidores públicos, por lo que resulta imprescindible sensibilizar y capacitar a policías, agentes del ministerio público y demás servidores públicos; también identificó como una necesidad primordial proporcionar a las mujeres los registros civiles adecuados, principalmente actas de nacimiento, ya que al no contar con documentos de identidad se les niega el acceso a servicios y al ejercicio de sus derechos.
El derecho a la vida, a la integridad legal, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia son los más violados, según el documento. En lo que respecta a la salud, el diagnóstico detalla que cuando las mujeres acuden al servicio médico son discriminadas. “Han narrado las mujeres que los médicos ni siquiera quieren auscultarlas […] asisten por dolores que son internos y ni siquiera los médicos se acercan […] si nos ponemos a entenderlo desde algunos otros referentes simbólicos, podríamos entender como si la pobreza se contagiara”, comentó durante la presentación Myrna Salazar, coordinadora de la investigación.
En relación con el derecho a la educación, se identificó que el mayor grado de estudios que tienen las mujeres en situación de calle es primaria, lo que lleva a que tengan los trabajos más precarios, trabajos de subsistencia. Sin embargo, la preocupación por el acceso a la educación de estas mujeres no queda ahí, ya que también habría que hablar sobre la poca o nula educación sexual y reproductiva que se les brinda, pues esto ha llevado a que no estén informadas sobre enfermedades de transmisión sexual y la forma en que pueden evitar contagiarse, y sobre la planificación familiar.
En la presentación del diagnóstico también estuvieron Eréndida Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH; María Ampudia y Olga Noriega, consejeras de la CNDH; y Susana González, quien formó parte de la población callejera y agradeció la elaboración de esta investigación. “No somos un número, somos humanos, humanas, niños y niñas”, reiteró, y compartió su punto de vista sobre las problemáticas, obstáculos y violencia que viven las mujeres que forman parte de la población callejera.
Habló sobre la necesidad de reconocer que las mujeres en situación de calle tienen hijos e hijas que deberían tener el mismo acceso a la educación que el resto de la población, sin discriminación alguna. Compartió cómo al enterarse de que iba a tener una hija su madre le dijo que no era capaz de cuidarla por la forma en la que vivía y por el problema de adicción que tenía y que por ello era mejor que ella la cuidara, pero cuando se recuperó y reclamó a su hija y la respuesta que tuvo fue que podía vivir con ella. “Se me negó ese derecho, se me negó ser madre”, compartió.
Durante la presentación se hizo énfasis en que para que haya un cambio en la vida de las mujeres integrantes de la población callejera es necesario abordar las diferentes problemáticas de manera interseccional y con perspectiva de género, diseñar procesos estandarizados de atención, implementar brigadas en los espacios de socialización y pernocta, y contar con un registro, tanto cuantitativo como cualitativo, para brindar atención especial.
Las conclusiones del diagnóstico se presentan como una serie de observaciones y recomendaciones divididas entre los derechos más violentados de las mujeres; algunas se presentan a continuación:
Derecho a la vida: establecer un mecanismo para coordinar los distintos niveles de atención y garantizar el acceso a los servicios para evitar muertes que fácilmente se pueden prevenir. Establecer programas de vivienda, consensuada e incluyente, a través de los cuales la población callejera, y especialmente las mujeres, puedan mejorar su calidad de vida junto con la de sus hijas e hijos. Promover entre servidores públicos un acercamiento sensibilizado a las adicciones para que no sean vistas como un delito, sino que sean comprendidas como el resultado de una serie de problemáticas económicas, sociales, familiares y culturales.
Derecho a una vida libre de violencia: contar con un registro confiable de feminicidios para su análisis y combate. Informar y sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos para que puedan ejercerlos y exigir su respeto. Tipificar en el país la discriminación como un delito desde la perspectiva de género. Capacitar a servidores públicos en materia de violencia de género y garantizar el adecuado funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y su difusión entre la población.
Derecho a la identidad legal: establecer un procedimiento uniforme para el acceso a la identidad legal. Establecer a nivel nacional un periodo único de registro oportuno para desarrollar acciones de combate del subregistro de nacimientos.
Derecho a la salud: visibilizar la ausencia de datos sobre los programas de salud que llegan a las mujeres pertenecientes a la población callejera y que son utilizados por ellas, y evaluar si tienen el impacto deseado. Capacitar al personal que atiende en los espacios de salud en temas de buen trato, derechos humanos y perspectiva de género para mejorar la atención a las mujeres que acudan a ellos. Impulsar acciones para incrementar y mejorar la atención de la salud mental.
Derecho a la educación: brindar talleres sobre educación sexual y planificación familiar para promover decisiones libres e informadas e informar sobre prácticas sexuales seguras, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual e interrupción legal del embarazo.
Derecho al trabajo: crear talleres para la población callejera sobre la eliminación de los roles de género, los derechos laborales de las mujeres para que conozcan la forma de obtener los requisitos necesarios en la búsqueda de un empleo formal. Construir políticas públicas en contra del acoso psicológico y sexual dentro de empresas, instituciones y el espacio público, tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres tiene empleos informales en este espacio; de igual forma, es necesario capacitar y sensibilizar a policías y servidores públicos para evitar violaciones a los derechos que atenta a la integridad de las mujeres que realizan este tipo de empleos. Brindar capacitaciones y cursos financieros para que la población callejera sepa administrar y gestionar el dinero que obtienen.
Derecho al acceso a la justicia: desarrollar un mecanismo de atención especial a la población callejera dentro del sistema judicial para que conozcan sus derechos. Sensibilizar a servidores públicos del sistema de justicia para desestigmatizar y descriminalizar a las personas en situación de calle. Trabajar en contra de la revictimización de las mujeres por parte de servidores públicos.
Aun cuando durante la investigación se encontró un amplio marco jurídico internacional que protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos de la población callejera, entre las que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los resultados de dicha investigación apuntaron a que “no había programas sociales ni servicios públicos específicos que atendieran a las mujeres que pertenecían a la población callejera”, según Myrna Salazar.
En la presentación se hizo hincapié en que el Instituto de Estadística, Geografía y Estadística (Inegi) no cuenta con información detallada acerca de la población callejera en México, únicamente se estima, de acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, realizado en la Ciudad de México, que existen alrededor de 6,754 personas viviendo en esta situación, de las cuales 87.27% son hombres y 12.73% son mujeres.
Las personas que forman parte de la población callejera podrían ser definidas como aquellas que no tienen una vivienda fija y no cuentan con un apoyo familiar, de hecho, en la mayoría de los casos el haber vivido en un ambiente de violencia intrafamiliar fue lo que las llevó a refugiarse de esa situación en la calle y luego a vivir en ella.
Los ministros avalaron que se anule la investigación que observaba el fallecimiento como un accidente, que se investigue nuevamente con perspectiva de género
Foto: Amnistía Internacional
La fiscalía de San Luis Potosí deberá volver a analizar el caso de la muerte de Karla Pontigo, esta vez con perspectiva de género. Los magistrados abren la puerta a examinar a las autoridades que participaron en una investigación irregular.
La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó por unanimidad la reclamación de la familia de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, muerta el 29 de octubre de 2012 en San Luis Potosí. Los cuatro magistrados presentes en la audiencia avalaron el proyecto firmado por el ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que pide que se anule la investigación que observaba el fallecimiento como un accidente, que se investigue nuevamente con perspectiva de género y que se valore investigar, administrativa o penalmente, a las autoridades que participaron de las pesquisas.
Karla Pontigo tenía 22 años, había terminado sus carreras de estilista y sistemas computacionales y estudiaba masaje terapéutico. Todo ello lo compaginaba con trabajo en un spa y en la discoteca Play. Allí la iba a recoger todos los días su hermano. También el fatídico 28 de octubre en el que se la encontró malherida y en medio de un charco de sangre. Al principio, los empleados de seguridad no quisieron dejarle entrar al local.
El ex Presidente boliviano Evo Morales habla durante una rueda de prensa en el Museo de la Ciudad de México el miércoles 13 de noviembre de 2019. Foto: Marco Ugarte, AP
En rueda de prensa, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de servir más a los intereses de Estados Unidos que de los pueblos latinoamericanos y dijo que su misión de observación electoral en Bolivia asumió posiciones políticas y no legales.
El político afirmó que nunca pidió a ninguna institución de su país cometer irregularidades durante el proceso electoral y que incluso él mismo se dijo dispuesto a realizar nuevas elecciones.
Cuidad de México, 13 de noviembre (EFE/AP).– El ex Presidente Evo Morales llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a reconocer que en Bolivia hubo un golpe de Estado, y pidió que países y organismos internacionales organicen un diálogo abierto de todas las partes en conflicto para garantizar el regreso a la normalidad democrática de su país.
El ex mandatario llamó el miércoles a los distintos actores bolivianos a participar en un diálogo nacional, acompañado por países “amigos” y organismos internacionales.
Tras rendir protesta entre jaloneos y gritos de fraude de la oposición, Rosario Piedra dijo que en este Gobierno ya no se agrede a migrantes y desconoció los casos de asesinatos de periodistas.
Foto: Yazmín Ortega Cortés
“¿Han asesinado periodistas?, así fue como respondió extrañada Rosario Piedra, nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el cuestionamiento de un reportero sobre la situación de los comunicadores y de que este año ha sido el peor para los periodistas.
-Un tema pendiente y que se denunció por el anterior Ombudsman es la falta de libertad de expresión. ¿Usted cómo atacará esta cuestión que se ha criticado al Gobierno?, cuestionó un reportero.
-“Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores. Y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados, desaparecidos o intimidados”, respondió Rosario.
Los recortes que propone el gobierno para 2020 son a 26 programas con enfoque de género, es decir, dedicados a disminuir la brecha entre hombres y mujeres.
Foto: Cencos
De los 83 programas con enfoque de género, es decir, dedicados a disminuir la brecha entre hombres y mujeres en el país, 26 sufrirán recortes para el próximo año, según propone el Gobierno Federal en el proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados.
Si bien el presupuesto total para género parece aumentar al pasar de 64 mil millones de pesos de 2019 a 100 mil millones de pesos para 2020, el incremento obedece a que por primera vez se incluyeron 12 programas dedicados a la entrega directa de dinero, y que suman 23 mil 11 millones de pesos a la partida.
Se trata de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas para diferentes niveles educativos, y hasta el programa de Precios de Garantía, pese a que no están diseñados o dirigidos específicamente para mujeres.
