Ante la evidencia suficiente
de que la siembra de soya transgénica puede tener un impacto significativo
en la vida y entorno de las comunidades indígenas que habitan en los alrededores donde se desarrolla ésta, así como en el entorno y el equilibrio ecológico de la zona, debe mantenerse la prohibición de ese cultivo en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo, hasta que se lleve a cabo una consulta pública luego de que las comunidades indígenas, con pleno respeto a sus usos y costumbres, reciban información traducida a su lengua natal y sin tecnicismos.
Una vez realizada, conforme a los parámetros nacionales e internacionales en materia de derecho de las comunidades indígenas, el gobierno mexicano estará en condiciones de adoptar una resolución sobre la siembra de soya transgénica, señala un proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas que será discutido hoy por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Franco González propone amparar a representantes de comunidades yucatecas asentadas en Quintana Roo en contra del permiso para la siembra de ese producto genéticamente modificado MON-04032-6, otorgado a la empresa Monsanto.
