Categoría: En los medios

Publicado en

Ejército mexicano espió con Pegasus a dos personas defensoras de derechos humanos del Centro Prodh

Article 19 MX-CA

  • Dos personas integrantes de la organización de derechos humanos fueron espiadas entre junio y septiembre de 2022 en coyunturas que involucran a las Fuerzas Armadas.
  • La nueva evidencia técnica aportada por Citizen Lab demuestra que el Centro Prodh ha sido atacado bajo los últimos dos gobiernos.

Ciudad de México 18 de abril de 2023.- El análisis forense que elaboró el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló la infección con el malware Pegasus de los dispositivos móviles del director y coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los ataques constatados por Citizen Lab fueron detallados en el informe “Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la Impunidad y la militarización propiciaron la repetición del espionaje”, elaborado por las organizaciones responsables de la investigación #EjércitoEspía —Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC— en colaboración con el Centro Prodh.

Además, el 15 de diciembre de 2022, las dos personas del Centro Prodh recibieron un correo electrónico proveniente de Apple y dirigido a su cuenta en iCloud. La empresa les notificó que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiadas ilegalmente con Pegasus presumiblemente por el Ejército, que de acuerdo con la información dada a conocer por medios, es la única institución que actualmente cuenta con Pegasus. Los casos revelados en 2022, permanecen en la impunidad.

El análisis forense reveló que las infecciones ocurrieron entre los meses de junio y septiembre de 2022. La primera infección documentada ocurrió el miércoles 22 de junio y afectó el teléfono del director del Centro Prodh. La fecha coincide con el evento organizado en el Campo Militar No. 1, como parte de las actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia. Cabe destacar que el Centro Prodh acompaña ante instancias nacionales e internacionales a familiares de víctimas de ese periodo.

Al día siguiente, el jueves 23 de junio de 2022, el Ejército infectó el dispositivo de la coordinadora del área internacional del centro. Ese día se desarrolló una audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, en la que se abordaron los casos de Ayotzinapa, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, y la familia Barajas de Guanajuato.

El director del Centro Prodh volvió a ser atacado con Pegasus el 13 de julio de 2022. La infección del dispositivo ocurrió dos días antes de la revelación de un documento interno del área de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) —filtrado por el colectivo hacktivista Guacamaya—. Dicho documento revela el interés de las fuerzas armadas para dar seguimiento a las declaraciones de las autoridades religiosas vinculadas con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui. El Centro Prodh acompaña el proceso legal y de incidencia de este caso.

Los otros ataques se dieron en septiembre de 2022. El primero de ellos, sucedió el 24 de septiembre, un día después de la protesta de normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa afuera del Campo Militar No. 1.

En ese contexto, también se dieron diversos hechos relacionados con el trabajo de defensa de derechos humanos y asesoría legal que brinda el Centro Prodh: la filtración de información testada del informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia (COVAJ), la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares implicados en el caso, y la renuncia del Fiscal Especial por la intromisión del Fiscal General.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2022, el Ejército volvió a infectar con Pegasus el teléfono de uno de los defensores del Centro Prodh. Ese día fue la presentación del IV Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, a la que integrantes de la organización acudieron como representantes de las familias.

Entre junio y septiembre del 2022, cabe subrayar, el Centro Prodh realizó múltiples denuncias públicas sobre el fracaso de la política de seguridad y especialmente sobre los riesgos de la militarización.

El análisis del Citizen Lab revela que integrantes del Centro Prodh han sido atacados con el malware Pegasus en dos sexenios distintos: durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de junio de 2017, la investigación Gobierno Espía reveló el espionaje con Pegasus en contra de 12 periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre ellas, tres integrantes del Centro Prodh. Pese a las denuncias interpuestas ante la FGR, los casos no han sido esclarecidos, mostrando las consecuencias que tiene la impunidad en la repetición de los hechos.

El espionaje ilegal cometido por el Ejército a integrantes del Centro Prodh, en contextos de exigencia de verdad y justicia por abusos castrenses, confirma las consecuencias de la profundización de la militarización que actualmente vive el país.

Ante estos lamentables hechos, exigimos:

  • El cese inmediato del espionaje ilegal del Ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Que se garantice la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollan investigaciones alrededor de la vigilancia ilegal en México.
  • Una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, profesional y objetiva sobre el reciente espionaje a dos personas defensoras de derechos humanos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el total esclarecimiento de los casos anteriores, denunciados penalmente desde junio de 2017.
  • El establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México cometido en gobiernos anteriores y en el actual, de manera que se garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad que se esconde en los archivos de inteligencia militar y civil del país.
  • Que se garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir liderado por el Congreso acompañado de la sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.

 

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

 

Ver comunicado e informe “Ejército espía. Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la impunidad y militarización propiciaron la repetición de espionaje”

Ver comunicado de prensa del Centro Prodh

Publicado en

Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México

Article 19

  • En su informe 2021, ARTICLE 19 refiere que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas; con 644 ataques documentados en todo el año.
  • En lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados/as. De estos, 7 en 2021 y 8 en el primer trimestre de 2022.
  • Diez medios de comunicación recibieron el 52% del gasto en publicidad oficial en 2021.

Ciudad de México a 5 de abril de 2022.- La organización ARTICLE 19 presentó ‘Negación’, su más reciente informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México en el que se concluye que en 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.

Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19Oficina para México y Centroamérica, expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión.

Refirió que durante este periodo se reforzó la concentración de la comunicación social desde la conferencia matutina donde la desinformación oficial es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se le oponga a sus interlocutores, a través de dichos y datos difíciles de confirmar.

Como ejemplo refirió que las respuestas a 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en 50% de los casos este sujeto obligado se declaró incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado información documental relacionada con la solicitud, y, en un 3% señaló que se había declarado la inexistencia de la información.

Conforme a la estigmatización a la prensa el informe refiere que durante las conferencias matutinas. por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi seis ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa.

Persiste la violencia contra la prensa

Como parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, se expuso que durante 2021 la organización registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas. ARTICLE 19 refiere que de estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política con 285 agresiones.  

Con estos datos, los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Como comparativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto registró en el mismo periodo 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1053 ataques.

Esto quiere decir que los primeros tres años de López Obrador representan casi un 85% más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.

Centralización de la (des) información y control digital

El informe también expone la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, lo que es un obstáculo para la pluralidad mediática. Datos preliminares refieren que La Jornada, Televisa y TV Azteca representan el 33% de la totalidad del gasto de comunicación social de la actual administración.

Por otra parte, la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias matutinas del presidente sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección “Quien es quién en las mentiras” y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables.

De igual forma, la organización identificó que el año pasado continuó la tendencia de regularización del espacio digital; a través de procesos opacos y poco participativos para aprobar iniciativas en detrimento de los derechos digitales.

Entre los ejemplos más claros de estas tendencias se encuentran la propuesta para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la aprobación de los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular la neutralidad de la red.

La institucionalidad derruida

La narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno también ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.

La propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8% menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70% recibido por la Guardia Nacional en 2022.

El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. ARTICLE 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH. De ellas, el 56% afirmó no confiar en ella.

Aunque existen algunos avances en el tema de violaciones a los derechos humanos, el informe advierte que las políticas continúan planteándose de manera disociada. El gobierno federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual administración.

 Agenda mínima 3.0 

Por último y como parte del programa, ARTICLE 19 dio a conocer la actualización para 2022 de su Agenda Mínima 3.0, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:  

  1. Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación. 
  2. Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión.
  3. Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
  4. Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
  5. Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad. 
  6. Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
  7. Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet. 
  8. Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
  9. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital. 
  10. Controlar el uso de herramientas de vigilancia.
  11. Garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Contacto de prensa:

Juan Vázquez, Oficial de Comunicación

5545881166, 10546500 ext. 110, jvazquez@article19.org

 

Ver informe

Publicado en

Carta del grupo parlamentario alemán Alianza 90/Los Verdes al Senado de la República por eliminación de fideicomisos

Miembros del grupo parlamentario alemán Alianza 90/Los Verdes llaman al Senado de la República a priorizar la protección de víctimas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y solicitan la permanencia de los fideicomisos que protegen a más de 1.300 personas.
A continuación se presenta la carta dirigida al Senado de la República:

Publicado en

Libertad de expresión y defensa de derechos humanos en la ‘nueva normalidad’

Cencos

Imagen: Cencos

Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia es que los problemas sociales que ya existían se han profundizado. Esto es, al parecer, un diagnóstico en el que coinciden varias personas. El epicentro de la pandemia ahora se sitúa en América, donde países como Estados Unidos presenta una tasa de desempleo no imaginadas a inicios de año. El impacto en las diferentes áreas de la vida social y económica apenas comienza a mostrar su magnitud.

Los efectos de la pandemia marcarán a toda una generación, pues durante un tiempo indeterminado será necesario aprender a convivir con el virus en lo que ya algunos llaman la ‘nueva normalidad’. El aislamiento en casa representa un lujo para una sociedad tan desigual como la mexicana: cumplir a cabalidad con las medidas para salvaguardar la salud es algo que pocas personas se pueden permitir. Se ha vuelto trágica la dicotomía entre cuidarse y salir a buscar el sustento diario.

Hablar del regreso a una ‘nueva normalidad’ lleva implícita la idea de que nuestra vida era ‘normal’. Sin embargo, ¿es realmente deseable volver al anterior orden de cosas? Además, ¿qué significa regresar a ese estado? Si la historia de la humanidad demuestra que los momentos de irrupción son propicios para generar transformaciones, ¿qué es lo que debe cambiar para establecer una ‘nueva normalidad’, una ‘normalidad diferente’? Que esa normalidad tenga una perspectiva social, que reconozca y proteja la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, temas fundamentales para el establecimiento de una verdadera sociedad democrática.

Antes de la pandemia, el panorama no era nada alentador. Hacia finales de abril, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer la clasificación de libertad de prensa en el mundo y México aparece allí como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. Con respecto a la defensa de derechos humanos el escenario tampoco era muy diferente y lo más preocupante es que ha empeorado en las últimas semanas, pues esta labor no fue incluida dentro de las actividades esenciales del país. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó recientemente un comunicado conjunto en el que diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian el recrudecimiento de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto del aislamiento.

A pesar de estas adversidades, las personas defensoras y periodistas siguen activas. Por ejemplo, la Organización Casa de las Muñecas Tiresias, liderada por su fundadora Kenya Cuevas, expuso en la segunda mesa de diálogo organizada por Cencos los retos que enfrentan actualmente  la comunidad LGBTTTIQ+, las poblaciones en situación de calle y las personas usuarias de drogas. Señaló que es lamentable la ausencia de ayudas y pronunciamientos de autoridades oficiales. Cuevas y su organización levantaron la Casa Hogar Paola Buenrostro de forma inmediata para apoyar a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y que, de un día a otro, se quedaron sin hogar y sin trabajo por el cierre de hoteles y pensiones, producto de la contingencia.

Jade Ramírez, integrante de Periodistas de a Pie y fundadora del sitio Perimetral, recordó en la mesa que la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a servicios de salud o agua potable en algunas comunidades, es un tema que los y las reporteras han venido documentando desde hace ya bastante tiempo. Para ella, el trabajo periodístico requiere hoy, especialmente, de una rigurosa y cuidadosa verificación de la información oficial, que por demás en ocasiones es de difícil acceso. El gremio ha tenido que reinventarse ante la pandemia y sumar, a la ya difícil situación de seguridad, el autocuidado debido al peligro que supone cubrir y salir a reportear en medio de una pandemia.

Dos ejemplos puntuales que demuestran por qué es importante apostarle a la construcción de un escenario social diferente, que privilegie la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. En esta tarea las personas defensoras y periodistas juegan un rol fundamental, pues además de promover una sociedad más justa e informada, son los nodos para la creación y fortalecimiento de la participación ciudadana, así como de redes de apoyo y de diálogo para esa nueva realidad. 

Publicado en

Alarmante resolución de la Suprema Corte revela injerencia sobre el Poder Judicial

Cencos

SCJN Sesión remota del Pleno de la SCJN 01 octubre 2020

El día jueves 1 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular planteada por el Presidente de la República. El titular del Ejecutivo propuso la siguiente pregunta a ser sometida a la ciudadanía: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” El Pleno de la Corte, por mayoría de seis votos contra cinco, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la misma.

La consulta popular es un mecanismo de democracia directa previsto por la Constitución y la ley que legitima, entre otros actores, al Presidente de la República para solicitarla. Su resultado es vinculante para las autoridades del país, si participan al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En caso de ser procedente, el Instituto Nacional Electoral es el encargado de llevarla a cabo el primer domingo de agosto. Previamente, la Suprema Corte debe resolver sobre su constitucionalidad. Es importante destacar que la Constitución señala ciertas materias sobre las cuales no se puede celebrar una consulta, entre ellas, la restricción de los derechos humanos y las garantías para su protección.

La consulta planteada por el Presidente viola la Constitución, los derechos de las personas que pudieren ser vinculadas a un proceso penal, así como los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. Además, viola el debido proceso, ya que incide en la competencia de las autoridades a cargo del ejercicio de la acción penal, aunado a que transgrede la presunción de inocencia, debido a que la solicitud contiene una serie de afirmaciones, que no han sido demostradas ante autoridad judicial. Se trata de una propuesta que pretende someter la plena observancia de los derechos a la voluntad popular, lo que a todas luces viola la restricción constitucional en la materia. No es necesaria una consulta para que se aplique la ley. Como no debería esperarse la aprobación popular para garantizar la procuración de justicia. Si existen hechos delictivos, las fiscalías están obligadas a investigar y proceder penalmente.

Tras haber resuelto que la consulta planteada es constitucional, los ministros optaron por modificar la pregunta propuesta y adoptaron una redacción vaga, ambigua, genérica y amplia, que aún es tendenciosa y que coloca en incertidumbre a la población que, al participar en dicho proceso democrático, no tendrá certeza sobre cuáles serán sus efectos precisos.

Es inadmisible que diversos integrantes del Pleno de la Suprema Corte asuman que el resultado de una consulta popular pudiere no ser vinculante, aun en contra de lo que señala expresamente el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Federal. Asimismo, no abona a la protección de las víctimas que integrantes del Máximo Tribunal pretendan atribuir a este proceso democrático un efecto que no forma parte de su planteamiento. Tal es el caso de las afirmaciones que se han hecho en torno a que la consulta tendrá por objeto instaurar comisiones de la verdad.

Es pertinente recordar que fue esa Suprema Corte la que en su momento resolvió en contra de la constitucionalidad de las consultas planteadas en torno a temas de la mayor relevancia y trascendencia para la población, como fueron en su momento la reforma energética1, la revisión del salario mínimo2 y la reducción del número de legisladores de representación proporcional ante el Congreso de la Unión3. En dicho sentido, la inconsistencia en el criterio sostenido por el Alto Tribunal denota su falta de independencia e imparcialidad.

La resolución de la Corte es sumamente grave ya que implica admitir que se someta a votación la observancia de los derechos y la aplicación de la justicia. Representa un gran riesgo para nuestra democracia que el órgano más alto del Poder Judicial en el país, en lugar de haber rechazado contundentemente dicha ocurrencia, admitiera la posibilidad de hacer una consulta sobre la materia. Por ello es que, si bien se reformuló la pregunta, el daño está hecho por el precedente que dicha determinación genera y por los razonamientos que fueron expuestos en la sesión en que se discutió el asunto. Todo esto es alarmante porque arroja claros indicios de que no existe plena autonomía entre los órganos de poder del Estado Mexicano, ni mucho menos independencia del Judicial. El presidencialismo sin controles ha demostrado ser en nuestro país y en el mundo una grave amenaza para los derechos de la población.

Desde CENCOS exigimos a las autoridades el respeto irrestricto del ordenamiento jurídico, la investigación de toda actividad delictiva y el esclarecimiento de todo hecho ilícito, en estricto respeto a los derechos humanos, que garantice los derechos de las víctimas. La falta de contrapesos y la concentración del poder representan una clara amenaza para estos fines y en general para nuestro Estado Democrático y Constitucional de Derechos. Por ello permaneceremos alerta para advertir a la ciudadanía sobre cualquier injerencia externa sobre los órganos públicos, que perjudique la gobernabilidad y represente un riesgo para la protección efectiva de los derechos humanos en nuestro país.

1. Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2014 y Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 3/2014, ambas resueltas el 30 de octubre de 2014.

2. Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 2/2014, resuelta el 29 de octubre de 2014.

3. Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 3/2014, resuelta el 3 de noviembre de 2014.

 

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Publicado en

Mitin del 2 de octubre: 52ª conmemoración de la matanza estudiantil de 1968

Erika Díaz/Cencos

“Si somos capaces de resolver los casos del pasado, empezando por los más graves, como 68, […] sólo logrando la acción de la justicia vamos a lograr derribar el muro de la impunidad que impide el tránsito de la democracia y el tránsito de la libertad”, representante de las personas integrantes del Comité 68, y sobrevivientes de la matanza, narró lo vivido aquél 2 de octubre. 

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

Este viernes 2 de octubre se conmemoran los 52 años de la represión y matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco por parte del grupo paramilitar Batallón Olimpia, a cargo del gobierno mexicano.

Este año, debido al contexto de pandemia y para evitar posibles contagios, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas decidió no llevar a cabo la marcha que se realiza cada año rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, se realizó un mitin y actividades culturales en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco como parte de la jornada conmemorativa.

Durante el mitin, un representante de las personas integrantes del Comité 68, y sobrevivientes de la matanza, narró lo vivido aquél 2 de octubre y remarcó que la violencia y las violaciones de derechos humanos del Estado contra la población continúan, añadiendo que “si somos capaces de resolver los casos del pasado, empezando por los más graves, como 68, […] sólo logrando la acción de la justicia vamos a lograr derribar el muro de la impunidad que impide el tránsito de la democracia y el tránsito de la libertad.”1

Por otro lado, en el boletín de prensa que compartió el comité hace unos días se mencionó que, tomando en cuenta que durante las últimas semanas se promovió la consulta pública para investigar y sancionar a expresidentes, la cual fue aprobada el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Comité 68 planteó que con base en eso se podría enjuiciar al expresidente Luis Echeverría Álvarez por su involucramiento en los hechos del 2 de octubre. En este caso, se propone que Echeverría sea juzgado por la represión del Movimiento Estudiantil de 1968, así como por la masacre que ocurrió en Tlatelolco, por la cual se espera que sea juzgado por el presunto delito de genocidio.

Junto con ello, se exigió la reinstalación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP), ya que una Mesa de Trámite de la Fiscalía General de la República resulta insuficiente para lograr que no queden impunes las múltiples violaciones de derechos humanos que sucedieron, entre las cuales incluyen diferentes tipos de violencia física, desapariciones forzadas y asesinatos.

Además, el Comité 68 insistió en que la impunidad de los hechos sigue prevaleciendo sobre la justicia aún después de 52 años y mientras esto continúe no se podrá impedir que se sigan cometiendo crímenes como el ocurrido el 2 de octubre de 1968.

 

1Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

Publicado en

Un cacique del agua en el paraíso maya

Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón 

Foto: Especial

 

Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia.

TIZIMÍN, Yuc.(apro).- Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental. 

La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15,000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.

Leer nota completa

Publicado en

Presunto feminicida de Fátima busca amparo para reponer juicio; es innecesario y revictimiza, acusa ONG

Eréndira Aquino/Animal Político
Foto: Especial
Uno de los tres acusados por el feminicidio de Fátima Quintana busca un amparo para que se vuelvan a desahogar las pruebas del caso; ONG acusa que reponer el proceso revictimizaría a la familia de la joven.

 

El 5 de febrero se cumplirán cinco años del feminicidio de Fátima Quintana, una niña de 12 años que fue violada y asesinada al regresar de la escuela a su casa, en Santa María Zolotepec, Estado de México.

A la fecha, solo dos de los tres acusados fueron sentenciados por el feminicidio. Luis Ángel Atayde recibió 73 años de prisión, mientras su hermano Misael, quien al momento de los hechos era menor de edad, fue condenado a cinco años de cárcel.

El tercero de ellos, José Juan “N”, se encuentra en prisión preventiva, y busca un amparo para que cambien al juez a cargo del caso, y que se reponga el proceso de desahogo de las pruebas.

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que brinda asesoría legal en el caso, la reposición del desahogo de todas las pruebas contra el presunto feminicida es innecesaria, además de que sometería a un proceso de revictimización a la familia de Fátima.

Leer nota completa

Publicado en

“No hay ningún esfuerzo serio en investigar quién está detrás de las desapariciones”: HRW

Alberto Pradilla/Animal Político

Foto: Paola Ramos / Cencos

“Es difícil identificar cambios o incluso hasta mejorías, las cifras lo desmienten”, sostuvo José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de Human Rights Watch, quien opina que las vulneraciones a los derechos humanos se han mantenido durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como muestran los datos ofrecidos recientemente sobre desaparecidos por Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de las 61 mil 637 personas desparecidas, según el informe hecho público el 6 de enero, 5 mil 184 corresponden al último ejercicio, con López Obrador ya en el poder.

Lo mismo ocurre con las cifras de homicidios. Con 34 mil 132 asesinatos, México cerró 2019 como el año más sangriento desde que se tienen estadísticas.

Human Rights Watch presenta hoy The World Report 2020, su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en más de 90 países, entre los que se incluye México y el resto de América Latina. El veto de las autoridades de Hong Kong a su director, Kenneth Roth, hizo que la publicación del documento se adelantase unas horas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Ver nota completa

Publicado en

‘Estamos cansadas de que nos violenten’: mujeres trans exigen justicia por asesinatos

Alberto Pradilla/Animal Político

Foto: Alberto Pradilla/Animal Político

Las activistas cerraron Periférico sur para exigir una reunión con la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy y exigir justicia para las víctimas de transfeminicidios.

Un grupo de activistas transgénero se manifestaron este lunes frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir justicia para las mujeres trans que han sido asesinadas en la Ciudad de México.

Kenya Cuevas, directora de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias, denunció que han pasado 7 meses desde que la CNDH emitió una recomendación por el asesinato de Paola Buenrostro asesinada en 2016.

Por ello cerraron ambos sentidos de Periférico Sur y demandaron una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum o con la fiscal general de la ciudad, Ernestina Godoy.

“Estamos cansadas de que nos violenten, cansadas de que no nos den oportunidad para salir adelante, porque nosotras también mantenemos a nuestras familias, a nosotras también nos esperan nuestros familiares y a nadie le importa”, dijo Kenya durante la protesta.

En el recurso de impugnación interpuesto este lunes, Cuevas señala la falta de cumplimiento de la Recomendación 02/2019 por parte de la hoy Fiscalía General de Justicia de la capital.

Leer la nota completa

Creado con WordPress