Conferencia: Chiapas, entre la impunidad y los crímenes de lesa humanidad


Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

El pasado 28 de febrero del año en curso fue emboscado, torturado y ejecutado extrajudicialmente Humberto Morales Sántiz de 13 años de edad, en el Ejido el Carrizal, Ocosingo Chiapas, comunidad integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), este caso se suma a otros crímenes de Estado cometidos contra integrantes del FNLS.

Además familiares de las víctimas exigen justicia ante la omisión de las autoridades en el Estado de Chiapas, así como la la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

Participan:
·Alfredo Morales Díaz, padre de Humberto Morales Sántiz e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Damián Martínez, Asesor Jurídico del Caso de Fidencio Gómez Sántiz y Humberto Morales Sántiz
Francisco Cerezo del Comité Cerezo México

Convocan:
·Familiares de Humberto Morales Sántiz; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Comité Cerezo México ; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos ;Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)

La cita:
·Lunes 8 de Mayo de 2017, a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

Sigue la transmisión en vivo

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

• Las reservas se refieren a la falta de capacidades y atributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda para responder eficazmente a la problemática de la desaparición en el país.
• Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimiento reconocen algunos avances para responder a esta grave problemática y hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en este período.

Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Por esta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas una legislación en la materia que nos ayude a encontrarles. Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, hemos venido trabajando con organizaciones, personas expertas en la materia y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.

En los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran inaceptables, como señalamos oportunamente. Tras conocer la última propuesta y un proceso de consulta con las organizaciones que conforman el Movimiento, reconocemos que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes: que si bien se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa.

Asimismo, no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano. También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen.

Sin embargo, como resultado de la consulta realizada, las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces. Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea.

Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
Los colectivos de familiares que han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del documento son: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (More-los); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC); Fuerzas Uni-das por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones de la Sociedad Civil que han acompañado al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

DEMANDA CNDH HACER MÁS EFICIENTES Y OPERATIVOS LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS, ASÍ COMO CONSIDERAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES

· El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, participó en la inauguración del foro “La libertad de expresión en México”, en la Cámara de Diputados

· Demandó contar con leyes federal y locales que protejan la libertad de expresión y a periodistas, y que autoridades de procuración de justicia integren indagatorias por agresiones a la libertad de expresión y pongan a los responsables ante la justicia

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que las agresiones contra periodistas evidencian la necesidad de revisar los mecanismos y esquemas de protección, para hacerlos más eficaces, eficientes y operativos. Destacó que las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales hacen que el desarrollo de la actividad periodística tenga facetas y alcances diversos a los tradicionalmente aceptados, que deben ser considerados por los sistemas de prevención que actualmente operan.

Señaló que mientras persistan homicidios y desapariciones de informadores y atentados contra medios de comunicación, México no podrá transitar y consolidarse como una democracia robusta, pues existirán zonas de silencio y miedo donde, como consecuencia de la impunidad y falta de protección real y efectiva a sus tareas, prefieran sesgar o censurar sus investigaciones y noticias, para no exponerse a mayores riesgos al divulgarlas y publicarlas.

Al participar en la inauguración del foro “La libertad de expresión en México”, organizado por la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, el Ombudsman nacional demandó el esfuerzo de todas las autoridades del Estado, así como contar con leyes en los ámbitos federal y local que protejan la libertad de expresión y establezcan acciones claras para salvaguardar de manera preventiva la integridad y la vida de las y los periodistas.

También, que las autoridades de procuración de justicia integren diligentemente las indagatorias relacionadas con agresiones contra la libertad de expresión y pongan a los responsables ante la acción de la justicia; que los Poderes Judiciales tomen en cuenta los estándares sobre libertad de expresión para sancionar debidamente a los responsables, y las autoridades administrativas y policiales respeten y contribuyan al trabajo que miles de periodistas ejercen diariamente en el país.

Ante la diputada Brenda Velázquez Valdez, Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, González Pérez expresó que “es una meta muy ambiciosa”, y aseguró que prevenir las agresiones contra periodistas, combatir la impunidad y evitar que esos hechos se repitan permitirá “vivir en un país donde la libertad de expresión sea ejercida plenamente, que no existan agresiones de ningún tipo contra comunicadoras y comunicadores”. Dijo que ese día daremos un paso más en nuestra necesaria consolidación democrática a la que todos aspiramos y que todos merecemos.

Tras reiterar que las agresiones contra periodistas deben ser investigadas y sancionadas, demandó que no haya impunidad, ya que implican una doble vertiente de afectaciones, al vulnerar los derechos de la persona que ejerce la actividad periodística y el derecho de la sociedad a estar informada, por lo que cualquier agresión a las y los comunicadores trasciende de las personas a la sociedad en su conjunto.

Refirió las acciones emprendidas por la CNDH en favor del gremio periodístico, así como la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, en que se analizan las agresiones, el nivel de impunidad, la legislación actual y la existencia o no de fiscalías especializadas sobre el tema, de donde se derivaron recomendaciones a diversas autoridades, a quienes se demandaron acciones de política pública que redunden en mejores condiciones para las y los periodistas en México.

Enfatizó que, desde la CNDH, se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados que fluyan recursos hacia el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, al que este año no se le asignaron, y demandó voluntad política de los gobiernos federal y estatales para abatir la impunidad de las agresiones contra comunicadores.

“De nada serviría tener los recursos y brindar medidas de protección –dijo—, si no logramos erradicar el principal vicio que genera que se sigan cometiendo laceraciones a la libertad de expresión y sobre todo las agresiones a los periodistas, que es combatir esa impunidad”.

González Pérez expresó su deseo porque este foro sirva para condenar las agresiones contra periodistas y exigir su protección y las condiciones óptimas para ejercer la libertad de expresión en el país.

Por su parte, la Diputada Velázquez Valdez destacó la ineficacia de las medidas para impedir las agresiones de comunicadores. Dijo que el Mecanismo de Protección a Periodistas no cuenta con los recursos para otorgar las medidas este año y, por otro, la impunidad –del 99%– en las agresiones quedan sin castigo.

Marko Antonio Cortés, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, recordó que hace 50 años los medios estaban cerrados a la difusión de las ideas y que en el año 2000 esa libertad se reconoció, se otorgó y fue un triunfo para los comunicadores.

Lamentablemente, añadió, la delincuencia organizada presionó, evitó y controló a los medios de comunicación, atentando contra el derecho a la vida del periodista y sus familiares. Ante esta amenaza, el Estado mexicano debe responder y garantizar la formación de un frente común y poner alto a esa violencia e inseguridad que no garantiza la libertad de expresión.

Virgilio Caballero Pedraza, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, señaló que, desde hace años, en México el derecho a saber es algo inalcanzable, porque los medios tradicionales, principalmente los electrónicos ocultan lo que ocurre en el país y crean opiniones construidas a través de la mentira.

El asesinato de periodistas, agregó, va contra una sociedad democrática. En México existe un régimen autoritario donde el acallamiento del periodismo y la comunicación se convierten en un silenciamiento de la sociedad. Los asesinatos de 20 periodistas nos convierten en el tercer país con crímenes contra comunicadores y principal nación en Latinoamérica donde mueren periodistas con más frecuencia.

Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó la violencia que sufren los comunicadores y destacó el efecto inhibidor de la agresión en su contra.

Señaló que el momento que vive la libertad de expresión en México requiere de una reflexión, amplia y participativa; urgió a detener la impunidad y tomar medidas preventivas. Formuló algunas propuestas de regulación legal para conformar una agenda legislativa y lograr una libertad de expresión acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tales como derogación de tipos penales como las injurias, difamación y calumnias, para contrarrestar las demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión; regular la publicidad oficial; garantizar el derecho a la verdad, y evitar los juicios injustos e ilegales.

Al inaugurar el Foro, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que manifestar nuestras ideas significa no sólo el ejercicio de un derecho, sino también un acto de responsabilidad.

La divulgación y expresión de las ideas puede despertar discrepancias y malestares, pero no es a través de la censura o represión como pueden resolverse las diferencias; por el contrario, será siempre a través del diálogo y de la confrontación de ideas como llegaremos a alcanzar beneficios y acuerdos para todos.

Por eso es tan importante contar con un marco jurídico que nos garantice nuestro derecho a expresar lo que pensamos, creemos y sentimos. Subrayó la importancia de la legislación mexicana e internacional que consagran el supremo derecho a manifestarnos libremente y sin censura gubernamental; y mencionó el derecho de réplica, a la información, a la difusión de opiniones e ideas.

Reconoció que las agresiones a periodistas son un problema de Estado, pero también de sensibilidad social, que reclama nuestra atención y solución inmediata. Expresó que es necesario levantar la voz y la conciencia para exigir castigo a los responsables, y dijo que ya basta de impunidad, simulaciones y complacencias, porque una sociedad sin periodistas corre el riesgo de quedarse sin historia.

El Foro estuvo integrado por seis Mesas de Trabajo; en la denominada “Diagnóstico de la situación de agresiones a periodistas en México”, el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, desarrolló el tema de “Atención a quejas y denuncias presentadas ante la CNDH y avances del Programa de Agravios a Periodistas”. Las demás mesas fueron: “Marco normativo de protección a periodistas”; “Evolución de la legislación mexicana en materia de Libertad de Expresión”; “Derechos de los periodistas”; “Libertad de Expresión y Derechos Digitales”, y “El Acceso a la Justicia en el Ejercicio de la Profesión”.

PicnicEnTúRío Cuatro Al Cubo – Ciudades en Red

Ven al picnic en TU río

Hace algunos años realizamos un picnic en los ríos de este país con la idea de compartir la posibilidad de revivirlos. https://youtu.be/yup2zsMA1RM

Logramos impulsar un movimiento a nivel nacional y unirnos a una red global trabajando por recuperar los ríos y tener un manejo hídrico eficiente en las ciudades.

Hoy después de cinco años retomamos los picnics generando un marco de trabajo para que las organizaciones que luchamos por una mejor Ciudad estemos alineados:
4 Ejes: AGUA, MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO Y CONSUMO RESPONSABLE
4 Niveles: Individual, Comunitario, Local y Regional.
4 Acciones: Hábitos, Infraestructura, Presupuestos, Leyes…
4 x 4 x 4 = Cuatro al Cubo

Somos más de 30 organizaciones, expertos en el tema, académicos y activistas. Posterior a este evento seguiremos llevando a cabo mesas de trabajo por cada eje para presentar una iniciativa ciudadana articulada de gestión pública.

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Reportero que cubría crimen fue asesinado en México

Por Redacción/ Committee to Protect Journalist

Las autoridades mexicanas deben investigar en forma creíble y oportuna el asesinato del periodista de la fuente policíaca Maximino Rodríguez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó hoy. Atacantes no identificados asesinaron a Rodríguez a balazos el 14 de abril en la ciudad norteña de La Paz, según su empleador.

Rodríguez, de 73 años de edad, realizaba trabajos informativos sobre crimen y seguridad para Colectivo Pericú, un blog que cubre actualidad en el estado norteño de Baja California Sur y que permite que los lectores denuncien crimen, corrupción y otros temas. El periodista escribía en forma regular una columna para el sitio Web Es Mi Opinión, en la que efectuaba comentarios sobre crimen, política, corrupción y otras cuestiones.

“El asesinato de otro periodista mexicano es un recordatorio nefasto de que México figura entre los países más letales del mundo para la prensa”, afirmó Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ desde Nueva York. “Instamos a las autoridades federales mexicanas a quebrar el ciclo de impunidad a través del enjuiciamiento de los autores del crimen”.

Un informe inicial de Colectivo Pericú indicó que Rodríguez fue atacado alrededor del mediodía luego de que él y su esposa ingresaran a su vehículo en un estacionamiento. Un número no establecido de atacantes abrieron fuego desde cerca contra la víctima desde una SUV blanca, indicó el sitio Web, agregando que las armas utilizadas fueron “supuestamente de alto calibre”, un término comúnmente usado en México para rifles de asalto. Rodríguez murió en el acto. Su esposa no resultó herida.

Solamente en marzo, los periodistas mexicanos Miroslava Breach Velducea y Cecilio Pineda Birto fueron asesinados en represalia directa por su labor. CPJ continúa investigando los motivos del asesinato ocurrido el 19 de marzo del reportero Ricardo Monlui Cabrera. Un cuarto periodista, Armando Arrieta sobrevivió un ataque a balazos el 29 de marzo, pero fue severamente herido.

En un comunicado, publicado en su sitio Web, el procurador de Baja California Sur indicó que había identificado una de las armas utilizadas en el asesinato de Rodríguez como la misma usada el 5 de abril en el ataque a balazos contra un policía en La Paz. Varios intentos del CPJ para comunicarse con la procuraduría estatal por teléfono resultaron infructuosos.

De acuerdo al mismo comunicado, autoridades estatales están colaborando con el fiscal especial para atención de delitos contra la libertad de expresión (FEADLE), que investiga ataques contra periodistas, por pedido del Gobernador Carlos Mendoza Davis. Nahum Pedro Zárate, director adjunto de la FEADLE, confirmó al CPJ esta mañana que las autoridades estaban considerando el trabajo de periodista de la víctima como un motivo posible.

En su columna del 11 de abril, Rodríguez comentó sobre operativos policiales contra una banda criminal en La Paz. En el artículo, se refirió a la banda y a su supuesto líder, a quienes acusó de utilizar la violencia para difundir pánico entre la población de la ciudad.

El artículo provocó la reacción de enojo de un comentarista usando un pseudónimo, que incluyó una amenaza de muerte a Rodríguez y lo acusó de estar al servicio de una banda criminal rival.

Rodríguez recibió otras amenazas en el pasado, según afirmó en una entrevista del 6 de diciembre de 2016, con el sitio Web de noticias Culco, agregando que no tenía miedo de continuar con su labor informativa.

Rodríguez era un veterano periodista y sus colegas en la región hablaron muy bien sobre su persona en diálogo con el CPJ. Había trabajado como periodista para una serie de medios nacionales y regionales, incluyendo una tarea de corresponsal cubriendo las guerras en El Salvador y Honduras en los años ochenta, antes de trabajar como vocero de la procuraduría de Baja California Sur y de la Corte Suprema. Empezó a trabajar cubriendo crimen para Colectivo Pericú en noviembre de 2014 luego de su retiro como trabajador a tiempo completo.

“Hablaba con él casi todos los días”, afirmó el cofundador del sitio Web, Cuauthémoc Morgan, en diálogo con el CPJ. “Max cubría los crímenes de alto impacto en La Paz y debido a que el estado está sufriendo una ola de violencia desde el verano de 2014, publicaba sus artículos de manera regular”.

Morgan también indicó que en noviembre, individuos no identificados dejaron una manta con una amenaza contra el sitio Web y sus oficinas en Los Cabos, al sur de La Paz. Agregó que él y otros involucrados en Colectivo Pericú están considerando solicitar medidas de seguridad al mecanismo federal de protección.

Conferencia: Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora denuncia ante SFP por desvío de recursos a rector

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), a través de su secretario general Javier Quintanar Gálvez, denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) al rector de esa casa de estudios, Heriberto Grijalva Monteverde, para que sea investigado por el presunto desvío de recursos públicos asignados como subsidio oficial a esta institución educativa.

Aseguran que la SEP estableció al rector un sueldo tabular mensual para el 2017 de 77 mil 572 pesos, pero el funcionario tiene autoasignado actualmente en la UNISON un sueldo tabular mensual de 92 mil 689 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia de la universidad, esto, sin incluir prestaciones, con las que obtiene un salario integrado de 137 mil 526 pesos al mes, según lo reconoció públicamente él.

Además, los académicos denuncian que el rector no sólo ha incrementado su salario de manera irregular, sino también lo ha hecho con otros altos funcionarios de la UniAversidad.

Participan:

Integrantes Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS)

Convocan:

· Sindicatos solidarios con la denuncia del STAUS integrados en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (Cnsuesic): STAUACh, SITUAM, SUTUACM, SIIINIFAP, SUTCIESAS, SUTCIEA, SINTCOP, SNPICyD-INAH, CEND-SNTE,y otras

La cita: Martes 18 de Abril de 2017 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels.

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Clima de extrema y preocupante tensión en Tila, Chiapas y violaciones de derechos humanos graves en contra de ejidatarios y pobladores en ejido Tila que puede generar enfrentamientos y una tragedia mayor y derramamiento de sangre.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha recibido información preocupante de ejidatarios, pobladores y maestros de varios ejidos del municipio de Tila en donde denuncian el aumento de un preocupante clima de tensión y violaciones de Derechos Humanos y manifiestan el temor de que haya una agresión paramilitar, policíaca y militar por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal; esta situación ha escalado a partir de la quema del edificio de la presidencia municipal de Tila y la declaración de autonomía por parte del comisariado ejidal del ejido Tila ocurrida en el mes de diciembre del año 2015 y la declaración de “autonomía” por parte de dicha autoridad.

Distintos testimonios que piden se mantenga en secreto su identidad manifiestan que a partir de que las autoridades del ejido Tila se han declarado en autonomía se han escalado violaciones graves de derechos humanos en el ejido que consisten en prohibir el derecho de reunión y organización, se está señalando a “supuestos opositores” pertenecientes a otras organizaciones e incluso ejidos como enemigos del CNI-EZLN en la asamblea del ejido Tila, se están realizando detenciones arbitrarias y despojo de tierras a quienes se considera no comparte la posición del comisariado ejidal de Tila, se está agrediendo a ejidatarios y personas con el pretexto de impidir el ingreso de obras municipales y del gobierno; manifestando que por el temor y el miedo que se ha impuesto en el ejido se tiene el temor a denunciar públicamente y que esta lucha se está llevando en confrontarse entre indígenas y ya no es contra el mal gobierno, por lo que existe un gran descontento ante estos hechos que consideran autoritarios y un abuso de poder.

Esta situación se ha agudizado a partir de un enfrentamiento que fue provocado por las autoridades ejidales el día 26 de marzo de este año en el anexo Misija´ del Ejido de Tila en donde a partir de un enfrentamiento cae muerto un ejidatario y como respuesta el comisariado ha detenido al presunto responsable y lo han llevado a la cárcel del ejido sentenciándolo a 90 años de prisión y se negaron a que el ministerio público levantara el cuerpo, realizara los peritajes de ley y que integrara una carpeta de investigación y consignación del presunto responsable ante una autoridad competente. De estos lamentables hechos se ha guardado un silencio inexplicable y se pretendió acallar esta situación argumentando que son autónomos y que se arregla internamente.

Ejidatarios y pobladores del Ejido Tila y sus anexos, así como ejidatarios pertenecientes a otros ejidos en el municipio de Tila expresan que ha incrementado su preocupación porque algo les suceda, porque sus nombres se están integrando en una lista por parte del Comisariado Ejidal y por el anuncio realizado por esta autoridad el día 5 de abril de 2017 en donde se manifiesta que a partir de ese día se expulsará a todas las instituciones gubernamentales, incluyendo las escuelas de todos los niveles, desaparición y cierre de rutas de transporte concesionadas, y se anuncia la expulsión de pobladores que no se ajusten y apoyen al comisariado ejidal.

En semana santa se ha reportado agresiones y abusos de autoridad de gente cercana al Comisariado Ejidal en contra de peregrinos y visitantes que acudieron a la parroquia de San Mateo y apenas el 14 de abril detuvieron arbitrariamente a una mujer, la sacaron de su vivienda con engaños para que se presentara ante el juez ejidal para resolver su problema y se encuentra detenida en la cárcel ejidal mezclada entre hombres, y se denuncia que en el fondo lo que se pretende es despojarla de su casa y tierras. Todos estos hechos han circulado en redes sociales y por whatsapp.

Ha sido del conocimiento de este Comité Digna Ochoa, que Juan Sánchez Vázquez que usa el alías de Nicolás del ejido de Nueva Esperanza, quien señalan fue expulsado de la organización Laklumal Ixim por mal manejo de los recursos y por colaborar con el gobierno, y es identificado por ejidatarios y pobladores como colaborador del PVEM y ahora de manera inexplicable es parte del CNI-EZLN ha proporcionado una lista de nombres que se ha leído en asamblea del ejido Tila, de integrantes de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva y de monitoras y el abogado de nuestro Comité Digna Ochoa al Comisariado Ejidal de Tila y se han anunciado como “enemigos” y “traidores” por lo que tememos por su vida e integridad personal. Y tenemos que señalar como responsable lamentablemente al Comisariado Ejidal de Tila, quien se ha excedido en las facultades que le otorga la ley agraria vigente, violenta derechos constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos como el mismo Convenio 169 de la OIT en el que fundamenta sus actos y acciones.

Lamentamos que un grupo de asesores entre ellos un exmiembro del frayba y el mismo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas que ahora conforman un espacio y se autodenominan Red de amigos del CNI-EZLN se están sumando y azuzan al Comisariado Ejidal para detener y señalar a organizaciones, ejidatarios y defensores que consideran no comparten su posición y su adhesión al CNI-EZLN; a lo que preguntamos esta es la nueva forma de hacer política que tanto presumen, esta es la forma en que se busca reconstituir a los pueblos.

Recordamos que el día 15 de marzo denunciamos las graves calumnias y señalamientos que hizo un miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en una reunión en la casa ejidal del Ejido Tila en donde señaló que no somos de derechos humanos y descalificó a procesos y comunidades en resistencia en el municipio de Tila con las que trabajamos y acompañamos con mucho esfuerzo.

Queremos preguntar públicamente a los compañeros y compañeras del CNI-EZLN si avalan las formas y acciones violatorias de los Derechos Humanos y Constitucionales que se están viviendo en Tila con el intento de obligar a los ejidatarios y personas a sumarse a la propuesta del CNI-EZLN, si están de acuerdo en que con agresiones y confrontando a pueblos indígenas será el camino para que se respeten los derechos de los pueblos y su reconstitución.

Estos hechos que hemos narrado analizamos están proporcionando el escenario ideal para que el gobierno de Chiapas efectúe una intervención policiaca y militar en el municipio de Tila y le sirva para reprimir y realizar detenciones de activistas, defensores de derechos humanos y ejidatarios opositores y que le son incómodos, además de que tenemos información que ante estos hechos se está dando el pretexto ideal para que paramilitares de Paz y Justicia nuevamente se reactiven, existe información preocupante de que sujetos pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia del PVEM se están organizando y están acopiando armamento. No podemos soslayar que el municipio de Tila es un territorio estratégico y rico en recursos como minerales, petróleo, agua y selvas y que por ello desde 1994 es y sigue siendo un laboratorio de la contrainsurgencia.

Tampoco podemos dejar de señalar la enorme responsabilidad que tiene el gobernador Manuel Velasco Coello y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la grave situación que se vive en el municipio de Tila, ya que desde el gobierno de Chiapas hubo oposición y obstaculizaron que se cumpliera la resolución de un juez federal que le otorgaba la razón en el acto reclamado que consistía en la devolución de tierras ejidales que el Ayuntamiento de Tila se apropió ilegalmente, y la SCJN al negarse a emitir una resolución sobre el incidente de inejecución de sentencia presentado por el Ejido Tila. Por lo que los señalamos como los principales responsables de ocurrir una tragedia de violencia y sangre anunciada en Tila.