Despojan de predio a más de 50 familias indígenas, en la CDMX

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

Representantes del Movimiento de Pueblos Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, (MPCOI), son despojados de predio donde se construirán viviendas a más de 50 familias indígenas.

Piden a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México intervenga para que les sea devuelta su propiedad que es un patrimonio de sus hijos.

Participan:

Integrantes del Movimiento de Pueblos Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México (MPCOI)

Convocan:

Movimiento de Pueblos Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México (MPCOI)

La cita: Miércoles 24 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Activistas, periodistas y abogados preparan demanda contra Isabel Miranda de Wallace.

Periodistas, abogados y activistas anunciaron que en coordinación con la organización canadiense ‘En Vero’ y familiares de los procesados por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, preparan denuncias penales contra Miranda de Wallace por diversos delitos entre los que se encuentran, tráfico de influencias , fabricación de evidenciad, falsedad en declaraciones y daño moral.
Enriqueta Cruz, madre de una de las procesadas por el secuestro y homicidio del hijo de Isabel Miranda, la acusó de acoso y daño psicológico hacia ella y su familia, por el proceso que dice “injusto” de su hija.
La activista Guadalupe Vicencio comentó que Miranda de Wallace mintió al decir que durante la marcha del 12 de febrero “Vibra México” un transexual hubiera intentado asesinarla, pues en los videos no se ve que la hayan amenazado, dice.
Por todos esos casos, el abogado José Patiño, de la asociación canadiense, explicó que en los próximos días se presentará una denuncia penal colectiva en contra de la Sra. Wallace.

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Autoridades obligadas a localizar con vida a periodista privado de la libertad en Michoacán

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
Article 19

El periodista Salvador Adame director del medio de comunicación Canal 6tv fue privado de la libertad por un grupo armado en Nueva Italia, Michoacán. Hasta el momento de la publicación de esta alerta se desconoce su paradero.

Aproximadamente a las 19:00 horas del 18 de mayo, Adame se encontraba en un expendio de agua purificada sobre la avenida Lázaro Cárdenas cuando fue interceptado por un grupo de personas armadas que lo subieron a una camioneta negra con rumbo desconocido.

No es la primera vez que el periodista es víctima de agresiones en su contra, ARTICLE 19 documentó el 9 de marzo de 2016 que fue golpeado y detenido arbitrariamente por elementos del Mando Único Policial mientras cubría una manifestación en el municipio de Múgica, Michoacán.

En aquella ocasión refirió en entrevista con ARTICLE 19 que sus coberturas son críticas del ayuntamiento de Múgica y se centran en temas políticos, sobre todo en actos de corrupción y mala actuación por parte de las autoridades.

Es de suma importancia tomar en cuenta las agresiones previas para establecer los mecanismos de protección necesarios para su familia, realizar las investigaciones correspondientes y localizar con vida y de forma inmediata al periodista.

Adame dijo a esta organización que ya había sido amenazado por el crimen organizado en distintas ocasiones, la última fue el 20 de septiembre de 2015. Le dijeron que “tienen un hermano que está ayudando” al ayuntamiento de Múgica y que no se metiera con ellos.

El periodista había sido privado de la libertad por integrantes del crimen organizado tres veces en los últimos cuatro años. “En Michoacán nos encontramos en un estado de indefensión total”, declaró.

Atendiendo al anuncio hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo, en las llamadas “Acciones para la Libertad de Expresión y la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, ARTICLE 19 exige se realicen las acciones correspondientes para salvaguardar la integridad de la familia del periodista. El gobierno federal debe cumplir el compromiso de realizar acciones coordinadas con los diferentes organismos públicos encargados de la protección de periodistas, así como con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Además, ARTICLE 19 solicita que a la brevedad se coordinen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y realicen las acciones correspondientes en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para que realicen la búsqueda y localización con vida de Salvador Adame. Por lo tanto, deberá activarse el Protocolo Homologado para la búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Por último, ARTICLE 19 exige a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE Michoacán) coadyuve con la PGR para realizar las acciones necesarias para dar con el paradero del periodista, debiendo en todo momento realizar las investigaciones preliminares tomando como base de las mismas la actividad periodística de Salvador Adame.

Vecinos denuncian afectaciones y riesgos en construcción de tren interurbano México-Toluca

Vecinos Unidos de la Zona Poniente de la Ciudad de México, denuncian públicamente los riesgos y afectaciones por las obras complementarias en la construcción del tren interurbano México-Toluca, que se está llevando a cabo en la zona poniente.

A año y medio continúa la resistencia contra el ocultamiento premeditado de las afectaciones hídricas como de impacto urbano, en una zona considerada de alto riesgo geológico por la existencia de suelos inestables y de minas lo cual representa un riesgo para los habitantes y los futuros usuarios del tren interurbano.

Además autoridades federales y locales solo informa de los beneficios a más de 300 mil usuarios pero no informa sobre las afectaciones de dicha obra ya que son áreas de valor ambiental imprescindibles para la recarga de mantos acuíferos que atraviesa la cuenca del Valle de México.

Participan:

Integrantes de Vecinos Unidos Zona Poniente de la Ciudad de México

Convocan:

Vecinos Unidos Zona Poniente de la Ciudad de México

La cita: Miércoles 17 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

PRESENTAN INICIATIVA DE LEY PARA DESAPARICIÓN FORZADA Y POR PARTICULARES ESTATAL

BOLETÍN DE PRENSA

PRESENTAN INICIATIVA DE LEY PARA DESAPARICIÓN FORZADA Y POR PARTICULARES ESTATAL

** Es resultado del trabajo conjunto del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba y el Dip. Rogelio Rodríguez García
** Contempla la creación del Sistema Estatal de Búsqueda, el Registro de Desaparecidos, la Comisión de Búsqueda entre otros elementos.
** Permitiría la participación activa de colectivos de Desparecidos en conjunto con el Gobierno.

Xalapa, Ver.- A raíz del acercamiento del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba con el diputado del distrito XX, con cabecera en Orizaba, Rogelio Rodríguez García, se trabajó la creación de la iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y por particulares, que fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado, la mañana de este día, para su discusión y análisis entre las comisiones competentes.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Legislatura, Araceli Salcedo Jiménez, del Colectivo de Familiares Orizaba Córdoba, y Rodríguez García, dieron a conocer los pormenores de la mencionada propuesta de ley. Salcedo Jiménez aseguró que durante los primeros encuentros con el diputado le hicieron manifiesta su preocupación por la falta de una legislación estatal que auxilie a enfrentar este delito y atienda las necesidades emergidas en las víctimas directas e indirectas de este crimen de lesa humanidad.

“A partir de dicho acercamiento, comenzamos a trabajar el Colectivo, el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C., el c. Oliver Coronado Paz (estos últimos como acompañantes de la agrupación que represento) y el Legislador, para así, concretar una iniciativa de la ley”, aseveró la madre de Rubí Salcedo, desaparecida en septiembre de 2012. De la misma forma, invitó a los legisladores a tener presente la necesidad que tienen las víctimas de la aprobación de una Ley que promueva nuestro acceso a la Justicia.

“Instamos a las diputadas y los diputados a atender con prontitud esta iniciativa, que creemos ayudará a enfrentar la terrible situación de violencia en la que está sumergida todo el Estado de Veracruz”, finalizó.

Por su parte, el dip. Orizabeño aseguró que con la propuesta se pretende atender las principales problemáticas que emergen de la comisión del delito, pero además, está encaminada a la búsqueda de la NO REPETICIÓN del mismo, dentro del Estado de Veracruz. Indicó que “lo anterior se procura a lo largo de los 129 artículos, y cinco transitorios, que propone esta iniciativa; artículos que están divididos en ocho grandes títulos”.

Entre lo contenido en la ley se contemplan la creación del Sistema Estatal de Búsqueda, que tiene como objetivo conjuntar, coordinar y evaluar las bases generales y políticas públicas en la elaboración y ejecución de los procedimientos que llevarán a cabo las autoridades encargadas de procuración de justicia en el Estado, en materia de delitos de desaparición forzada de personas; la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que se destaca la participación activa de miembros de la sociedad civil, principalmente, integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos.

Se plantea además un Registro Estatal de Personas Desaparecidas así como el establecimiento de un Fondo Estatal de Desaparición, con la finalidad de que se cumpla con el objetivo que establece la presente Ley. Dicho fondo deberá ser constituido por una asignación del Presupuesto de Egresos Anual presentado por el Titular del Ejecutivo; Recursos provenientes de la enajenación de los bienes que hayan sido objeto de decomiso y estén relacionados con la comisión de delitos referidos en esta Ley; por los recursos que destine la Federación. Por mencionar algunos.

Además la presente iniciativa contempla Protección de las Victimas Y Testigos, y el Registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, información relevante para su posterior identificación; aunado a esto se instaurará el Banco Estatal de Datos para el Sistema de Identificación Humana para hacer efectivo el derecho a la identidad a partir del aporte de la ciencia y la tecnología.

Con su aprobación, con esta ley se creará el Centro de Atención de Reporte Ciudadano, que será un órgano interno de la fiscalía General, que será la encargada de recibir los reportes de la ciudadanía sobre delitos de desapariciones forzadas y desapariciones cometida por particulares, iniciándose la búsqueda del desparecido desde el momento del reporte.

El representante del distrito XX aseveró que con esta iniciativa se quiere comenzar a saldar “la penosa y terrible deuda que tiene el Estado con las víctimas directas e indirectas de este fatal delito”. Y concluyó lanzando un llamado a los demás legisladores a “sumarse a este esfuerzo, mostrando su empatía con el dolor de los veracruzanos, y con ello poder, con prontitud, emitir el decreto que haga realidad esta Ley”.

¡Muchas Gracias!
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Los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las FFAA realizar tareas de seguridad pública.

Atención: Jefes/as de información, periodistas y corresponsales:

El colectivo #SeguridadSinGuerra señala que los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública.

*Agradecemos de antemano su interés y la difusión que de esta información hagan.
www.seguridadsinguerra.org

Los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las FFAA realizar tareas de seguridad pública.

Ciudad de México, 12 de mayo de 2017. Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo.

En las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena. También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido. Estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías.

Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército. Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017. El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos.

Es necesario enfatizar que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida.

Por ello, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Respecto de esta última, instamos a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia.

Finalmente, reiteramos el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década. La #SeguridadSinGuerra es posible.

Colectivo #SeguridadSinGuerra: http://www.seguridadsinguerra.org/

El Senado pisotea acuerdos y cierra sus puertas a los 43

El 3 de mayo una comisión del Senado se comprometió a recibir a los 43
Unilateralmente y sin notificación previa suspendieron la reunión

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2017.

En el día 21 del plantón de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, una comisión plural integrada por 7 senadores nombrada por la junta de gobierno del Senado de la República recibiría a los padres para informar sobre los avances de dos peticiones acordadas en la reunión del pasado 3 de mayo:

1.- La conformación de una comisión especial para el caso Ayotzinapa.

2.- La comparecencia del procurador general de la republica Raúl Cervantes para que informe los avances de las cuatro líneas de investigación recomendadas por el GIEI.

Sin previo aviso y de manera unilateral suspendieron la reunión, la informalidad y displicencia de los Senadores nos indigna. El despliegue de los cuerpos policiacos con el afán de reprimir se hizo notar desde la llegada de los padres y madres, lo que denota que la negativa de recibir a los padres ya estaba acordada faltando al compromiso pactado la semana pasada.

La negligencia y cerrazón del Estado Mexicano no detendrán nuestra lucha, el desdén de los que se dicen representantes populares no nos desanima.

La lucha por la presentación de nuestros hijos la llevamos en el corazón de cada uno de los que hoy exigimos la presentación con vida.
Nada ni nadie acallara las voces por verdad y justicia ni detendrán el movimiento de los padres y madres de los 43.

Atentamente.

Comité de padres y madres de los 43

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Organizaciones repudian asesinato de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez


Ciudad de México, 11 de mayo del 2017.

REPUDIAMOS EL ARTERO ASESINATO DE MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MADRE DE KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, DESAPARECIDA EN EL 2012

SOLICITAMOS AL GRUPO DE TRABAJO DE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS, AL RELATOR ESPECIAL DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, SOLICITEN DE MANERA URGENTE MEDIDAS CAUTELARES

La madrugada de este 11 de mayo, fuimos informados por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, del repudiable asesinato de MIRIAM ELIZABETH ROGRIGUEZ MARTÍNEZ. Los cobardes asesinos entraron a su casa y la acribillaron alrededor de la 10:30 pm, del 10 de mayo. En esta oscura noche de violencia y terror que hemos vivido por más de una década en el noreste del país –y que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano–, la impunidad, la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados.

Nos preguntamos quiénes fueron los perpetradores directos. ¿Acaso los hombres que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y que están procesados por la desaparición y ejecución de su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, desaparecida en el 2012? ¿Acaso fueron simples ladrones como suelen ser las versiones oficiales? No lo sabemos, pero lo que sí podemos constatar es la responsabilidad del Gobierno Mexicano por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija.

Reprobamos la falta de seriedad de las autoridades, GRITAMOS YA BASTA, NO PODEMOS ACEPTAR MÁS MADRES Y PADRES DE DESAPARECIDOS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJAS E HIJOS. Ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México condena enérgicamente el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, compañera-madre buscadora de su hija desaparecida y de todos los y las desparecidas en México.

Solicitamos:
Al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias, solicite Medidas Cautelares al Estado mexicano para proteger a la familia de nuestra compañera MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y a los miembros de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de nuestras compañeras y compañeros.

Exigimos:
La investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia.

Al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación
Lic. Miguel Angel Osorio Chong, que dejen de simular y actúen para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien.

YA BASTA, NI UNA MADRE Y PADRE MÁS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJOS E HIJAS DESAPARECIDAS.


Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones civiles e instituciones universitarias solidarias:
Alliance for Global Justice (EE.UU.); Asociación de DH del Estado de México; Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario A.C.; Casa Mariposa-Restauration Project (EE.UU.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. (Coahuila); Cauce Ciudadano, A.C; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Colectivo Universitario “2 de Marzo”. Comisión Estatal Para la Promoción de una Vida Digna A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C; Comuna P’urhepecha; Coordinadora de Mujeres 1o de Agosto (COMO); Dirección de Programas de Incidencia – Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial; Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, (FMPDH); Fundación para el Debido Proceso DPLF; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.(Ciudad de México); Indignación, A.C (Mérida); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC; Instituto de Justicia Procesal Penal; Causa en Común, A.C; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C; LAWG (Latin America Working Group) (EE.UU.) Ciencia Forense Ciudadana; LUPE – Lucha Unida de Padres y Estudiantes (Tucso, AZ, EE.UU.); Matrioskas Movimiento de Izquierda Revolucionaria; Mesa Nacional para las Migraciones Guatemala- MENAMIG; Mexico Unido contra la Delincuencia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C; Michigan Solidarity Network witn Mexico (EE.UU.); Militarization in The Americas Research Collective (EE.UU.); Milynali Red CFC; Misioneros de San Carlos Scalabrinianos- Guatemala; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Red Retoño, A.C.; Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C.,  Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C; The School of the Americas Watch (EE.UU.);

Personas solidarias: Mons. Raúl Vera López, Obispo de Saltillo; Ana Luna Serrano, Universidad Autónoma de Baja California; Araceli Rodríguez Nava; Aram Barra; Areli Rojas; Arturo Bravo Peña (Morelia, Michoacan); Átala Chávez y Arredondo; Bárbara A. Frey, Human Rights Program, University of Minnesota (EE.UU.); Bettina Gómez Oliver, (Ciudad de México); Brenda Rangel Ortiz (Querétaro); Camila Ruiz Segovia, Brown University (EE.UU.); Carlos Cruz Santiago (Ciudad de México); Carolina Pimentel; Carolina Robledo CIESAS (Ciudad de México); Cecilia Bárcenas; César Paz Rincón; Darwin Franco (Jalisco); Denisse Dresser; Diana Hernández García; Eliana García Laguna; Guadalupe Barrena; Erika I. Llanos Hernández; Ernesto López Portillo; Fabiola Lizette Mancilla Castillo;
Felipe Antonio Mendoza Martínez; Gabriela Flores Mendoza (Ciudad de México); Guadalupe de Jesús García Leyva; Gustavo G. Mohar; Itizia Miravete Veraza; Iván García Garate; Janice K Gallger, Assistant Professor Rutgers University-Newark (EE.UU); Javier Mancera; Javier Rosas Reyes; Jorge Javier Romero Vadillo; José Manuel Ruíz; Simón Hernández León; Karina Ansolabehere, FLACSO; Layda Negrete; María Novoa; Carlos Brito;
Leticia Jáuregui; María Eugenia Padilla García; María Fernanda Peñaloza Del Valle; Mariclaire Acosta; May-ek Querales Mendoza estudiante CIESAS (Ciudad de México); Miguel Sarre; Monserrath Gheno; Omaira Ochoa Mercado; Pablo Romo Cedano; Rosa Elena Guerrero Parada; Silvia Cruz Montero; Teresa Carmona Lobo; Mirleivys Maria Piloto Alejo; Verónica Michel, John Jay College-CUNY (EE.UU.); Victor Manuel García Herrera (Querétaro); Whitney Taylor, Cornell University (EE.UU.); Zeller Álvarez, Universidad de Antioquia (Colombia).

Comunicado 10 de mayo 2017

Morelia, Michoacana, México a 10 de Mayo del año 2017

A los medios de comunicación Críticos y honestos,
A los órganos defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales,
A las organizaciones de familiares de personas detenidas desaparecidas,
Al pueblo en general,
A las madres de México y el mundo:

Hoy cientos de madres en todo el país dejaremos nuestros hogares vacíos, trabajos
suspendidos, mandiles colgados y cocinas solas; será para hacer nuestros los reclamos de
memoria, verdad y justicia, tomando ejemplo las luchas de décadas pasadas y que aún
siguen sin respuesta en la exigencia por la presentación con vida de todas y todos nuestros
desaparecidos; madres representando a una patria que tiene sed de justicia.

Hoy es un día de gran importancia y significado para las madres mexicanas, por quinto año
consecutivo, ante la impunidad persistente y la falta de voluntad política de las autoridades
estatales, las familias que integramos el Comité de Familiares de Personas Detenidas
Desaparecidas en México COFADDEM “alzando voces”, en específico las madres, hemos
decidido salir a las calles para exigir verdad y justicia, este día lo hemos transformado en un
día de lucha, con el objetivo de informar, sensibilizar y concientizar a la sociedad y romper
el cerco del miedo, invitando a no ser cómplices con la apatía y el silencio de la violencia de
Estado.

Día en el que nos han hecho creer que no pasa nada, un día que inconscientemente nos
obligan a celebrar , día en el que como sociedad nos han logrado sumergir en el
consumismo, poniendo a la madre como símbolo de mercancía, utilizando un discurso
sentimental perverso para lograrlo; felicidad basada en regalos materiales, un día de
distracción donde la única realidad es la desigualdad social, explotación, opresión, el
aumento de la pobreza y la miseria a consecuencia de la aprobación de reformas
estructurales que ha implementado el gobierno federal, reformas realizadas para entregar
nuestros recursos naturales a extranjeros, beneficiando únicamente a la clase en el poder,
para ello utilizan como política de estado el terror, cometiendo graves violaciones a los
derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios,
detenciones arbitrarias y la tortura como método de inculpa miento contra todo aquel que
se oponga o se atreva a levantar la voz, aunado a esto la desinformación como método de
control social.

Es alarmante el contexto de violencia generalizada que se vive en México, concebida desde
el propio Estado utilizando sus cuerpos policiaco-militares represivos, así como grupos
paramilitares creados por él mismo que actúan a la luz de la legalidad. Por lo anteriormente
expuesto como madres manifestamos:

 Nuestra solidaridad con toda lucha legitima del pueblo porque nuestro amor no se limita,
ni tiene fronteras y abrazamos todas aquellas demandas justas encaminadas a la
transformación de este país por uno más justo y libre para todas y todos.

 Hoy es día de reclamar justicia, de levantar la voz en contra de la impunidad y el terrorismo
de Estado; exigimos la presentación con vida de los más de 30,000 desaparecidos, alto a la
política de Estado que inició Felipe calderón y continúa con Enrique Peña Nieto.

 No daremos un paso atrás en la búsqueda de nuestros desaparecidos y lograr juicio y
castigo a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad.
“para algunos la esperanza es mantener vivo el dolor, pero para nosotras la esperanza es
algo que se posa en la flor de la conciencia como mariposa alguna, que se alimenta cada día
con el amor de nuestros HIJOS”

¡Ni perdón, ni olvido!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡10 de Mayo no es de fiesta, es día de lucha y de protesta!
COMITÉ DE FAMILIARES DE PERSONAS DETENIDAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO
“ALZANDO VOCES”
COFADDEM

cofaddem@gmailcom
cofaddem.juridico@gmailcom

Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia.

Pronunciamiento realizado por integrantes de la 15 generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos en el marco del foro: Militarización y Juventudes

06 de mayo de 2017

Las juventudes nos oponemos al proceso de militarización que ha emprendido el Estado mexicano a lo largo de todo el territorio nacional, que aunque la incluye, no se limita únicamente a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues pretende más bien avanzar en su instauración mediante la legalización de cualquier tipo de acción represiva por parte de las Fuerzas Armadas, basándose, en una necesidad prefabricada de su participación en las tareas de seguridad pública, tareas que son además ilegítimas e ilegales, y que se han venido ejerciendo desde hace más de una década.

La historia de los países latinoamericanos que ha estado fuertemente marcada por la presencia de las fuerzas armadas, como es el caso de las dictaduras militares, nos ha demostrado el rotundo fracaso en términos de seguridad y paz social de estos regímenes, pues han dejado como consecuencia un incontable número de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas a manos del ejército.

La militarización ha sido un proceso que inició mucho antes que la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organiza do, y encubre el estado de guerra que se vive desde mediados de la década de los noventa, al mismo tiempo que invisibilizó el exterminio selectivo practicado desde la Guerra Sucia, en la creciente articulación de personas de la sociedad civil que se ve atravesada por la complicidad entre el crimen organizado y los agentes castrenses del Estado; esta realidad refleja una de las expresiones centrales de un sistema basado en la explotación, la violencia, la misoginia y la muerte. Como jóvenes con pensamiento crítico estamos en contra de repetir procesos históricos basados en la violencia y violación a los derechos humanos.

En el caso del Estado mexicano, existen numerosas evidencias que nos permiten afirmar que han ocurrido y se desarrollan hoy, procesos de militarización en varias regiones del país, superando los criterios de registro de los índices delictivos clásicos. Es decir, en nuestro contexto las aproximaciones tradicionales al ejercicio del poder, son insuficientes para describir la tendencia de las fuerzas armadas para controlar la agenda política e influenciar a las autoridades civiles; convirtiéndose así, en un riesgo para la sociedad en general. Además, recordemos que el ejército no está facultado para resolver los problemas de seguridad pública, pues estas funciones le competen únicamente al ámbito civil.

En ese sentido, en procesos formativos y críticos como la Escuela de para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, que acompaña el Centro Vitoria, partimos de la idea de que la militarización es un proceso que trastoca a toda nuestra sociedad mediante una lógica belicista, nacionalista y patriarcal, mediante la cual se busca imponer una idea de paz en nombre del orden y no basada en la justicia.

Denunciamos la insistente intromisión de los militares para influir en los procesos de diseño y ejecución de la política de seguridad nacional y pública, así como para implantar sus lógicas, métodos y objetivos a sociedad civil.
Exigimos acciones que detengan la normalización de la presencia de las fuerzas armadas, su influencia, su sentido de control y códigos de conducta en la vida cotidiana, y nos sumamos a la exigencia social de que el ejército abandone las calles y vuelva a los cuarteles.
Denunciamos que a lo largo de la historia contemporánea y en medio de esa dinámica de intromisión y control por parte de las fuerzas armadas, se han criminalizado a las juventudes, a las comunidades en resistencia, y a las y los defensores de derechos humanos.
Denunciamos la reducción de las mujeres y de sus cuerpos a objetos y territorios que pueden ser violados, usados, colonizados, vendidos, intercambiados, rotos y asesinados.
Denunciamos la impunidad que gozan las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad civil y las autoridades que los respaldan, encubriendo las atrocidades que cometieron y cometen, contra las personas que habitamos y transitamos por el territorio mexicano.
Exigimos que a lxs jóvenes se nos reconozca como sujetxs de derechos, para participar en la toma de decisiones públicas respecto de la sociedad que queremos construir y en la que vivimos y viviremos. Y rechazamos rotundamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Firman

Colectividades
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C (Centro Vitoria), Colectivo Sohuame Tlatzonkime, Cooperativa de Consumo La Imposible, Incluye A.C., Colectivo de abogados “Abajo los Muros de las Prisiones”, Nuevo Movimiento de la Diversidad Sexual UAM Xochimilco.

Personas
Adrián García Cuéllar, Alejandra Fierro Jaramillo, Alejandro Barragán Sánchez, Aracely Jiménez Guzmán, Arenita Hernández, Beatriz Nayelly Rivero Martínez, Celeste Cruz Avilés, Christian Hernández Hernández, Edgar Ivan Garcia Garcia, Elena Jaloma Cruz, Francisca Urias Hermosillo, Gerardo María Alcocer Cetina, Ilse Elisa Parra Flores, Ilse Pavlova Vega Gallegos, Isabel Lucía Rubio Rufino, Ivonne Osorio Rodríguez, Ivonne Osorio Rodríguez, Jorge Luis Aguilar Pantoja, José Alberto Rosano López, Joyse Hernández Márquez, Layla Ahlam Vázquez Flandes, Leticia Carpio Cortes, Lorena Damaris Quintana Alonso, Marcela Meza Rodríguez, María Cristina Rosas Martínez, María del Carmen Méndez Trejo, María Fernanda, Arellanes Arellanes, Martín Sosa Priorio, Omar Adrián Flores Cortés, Omar Bernardo Ojeda López, Omar Escutia Girón, Pilar García Ramírez, Rodolfo Beltrán Moreno, Sayuri Herrera Román, Sofía Huerta Noguera, Vidal Emmanuel Méndez Cadena, Yussef Muñoz Mayorga, Zayra Rubí Jiménez, Zuleyma Edain Ramos Valdez.