Grave indiferencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello a lucha valiente y digna por sus derechos y la defensa de la salud pública de 9 enfermeras en huelga de hambre.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 12 de abril de 2017.

Grave indiferencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello a lucha valiente y digna por sus derechos y la defensa de la salud pública de 9 enfermeras en huelga de hambre.

El gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y el Secretario de Salud Francisco Ortega Farrera responsables de la vida, seguridad e integridad personal de enfermeras en huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa continúa manifestando su preocupación por la vida, salud y el clima de criminalización impulsada por el gobierno de Chiapas en contra de ahora 9 enfermeras en huelga de hambre en las afueras del Hospital de la Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y continúa responsabilizando de lo que les pueda ocurrir en su vida, integridad y seguridad personal al gobernador Manuel Velasco Coello, al Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y al Secretario de Salud Francisco Ortega Farrera.

Resulta particularmente grave que el Secretario de Gobierno haya incumplido su compromiso de volver el día 10 de abril para atender las demandas de las enfermeras en huelga de hambre y abandonara el diálogo, pero más grave que mientras enfermeras arriesgan su vida por defender sus derechos constitucionales y humanos y por exigir insumos, medicamentos y recursos para el sector salud que opera en condiciones deplorables en el gobierno de Manuel Velasco Coello, el gobernador con total indiferencia e insensibilidad se encontrara en San Cristóbal de Las Casas festejando presumiblemente su cumpleaños.

Hacemos público que este Comité Digna Ochoa recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con fecha 11 de abril con número de expediente CNDH/6/2017/2031/R en el que manifiesta que no se actualiza su intervención porque “no se desprende la intervención o participación de autoridades federales” y canaliza el caso de las enfermeras en huelga de hambre a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestando que respecto de la problemática planteada se encuentra en trámite el expediente CEDH/0214/2017. Al respecto señalamos que es muy grave que la CNDH es miope para ver la evidente violación de Derechos Humanos y actúa como encubridora del gobierno de Chiapas, además de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas funciona como una oficina al servicio del Gobierno de Chiapas y sus visitadores aprovechando su envestidura como defensores de derechos humanos realizan acciones de vigilancia y obtención policíaca de información sobre activistas y verdaderos defensores.

Este Comité Digna Ochoa se une a la exigencia de las enfermeras en huelga de hambre y de los trabajadores y trabajadoras del sector salud que exigen la inmediata renuncia y castigo penal al Secretario de Salud Francisco Ortega Farrera, quien es responsable de desviar recursos de los trabajadores que nada más en el ejercicio presupuestal del año 2015 asciende al monto de 760 millones 408 mil 550 pesos.

ACCIÓN URGENTE: aumento de los asesinatos de periodistas en México impulsa llamados internacionales

Desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012, 30 periodistas han sido asesinados. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) entre 2010 y 2016, el 99.75% de los asesinatos de periodistas han quedado impunes. A la luz de esta alarmante situación, nosotros, las organizaciones abajo firmantes, instamos al gobierno de México a tomar medidas que frenen esta tendencia asesina y que lleven a los responsables ante la justicia.

Tan sólo en el mes de marzo de 2017, tres periodistas fueron víctimas de asesinatos selectivos. Esto plantea serias dudas no sólo sobre la capacidad del Estado mexicano para controlar la violencia contra los periodistas, sino también sobre la efectividad de los mecanismos de protección existentes, ya que uno de los asesinatos se llevó a cabo después de que se considerara que la protección estatal ya no era necesaria. Los nombres de las víctimas y las circunstancias de sus asesinatos son los siguientes:

Miroslava Breach, Colaborador de La Jornada y El Norte de Juárez, entre otros medios de noticias. Breach abarcaba principalmente las historias sobre política y seguridad y había encabezado recientemente una investigación de corrupción que condujo al despido del Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. También escribió ampliamente sobre la corrupción en la administración del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez. Breach fue baleado y asesinado por un hombre armado no identificado en la mañana del 23 de marzo de 2017 cuando abandonó su casa en Chihuahua.

Ricardo Monlui Cabera, Director del periódico impreso El Politico. Monlui escribió principalmente sobre la producción de caña de azúcar y fue también presidente de una asociación de periodistas en el Estado de Veracruz. Monlui fue baleado y asesinado en un restaurante en Yanga, Veracruz mientras desayunaba con miembros de su familia.

Cecilio Pineda, Director de La Voz de la Tierra Caliente. Pineda informó ampliamente sobre la corrupción dentro de las autoridades estatales en Guerrero. Había criticado recientemente al Gobierno del Estado de Guerrero por carecer de la voluntad política y de la capacidad necesaria para tratar con el Cártel Tequileros. El 2 de marzo de 2017, Pineda fue asesinado a tiros por dos hombres en una motocicleta en un lavadero de autos en la ciudad de Altamirano.

De estos tres trágicos asesinatos, el de Cecilio Pineda es quizás el que mejor ejemplifica la incapacidad del Estado mexicano para detener la violencia contra los periodistas en el país. Después de un fallido intento de asesinato en septiembre de 2015, el Sr. Pineda recibió medidas de protección a través de un programa del Ministerio del Interior para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas amenazados (también conocido por su acrónimo SEGOB). El 14 de octubre de 2016, SEGOB retiró esas medidas considerando como bajo el riesgo corrido por Pineda, una decisión que tuvo consecuencias mortales. SEGOB ha proporcionado muy poca información sobre cómo llegaron a esta evaluación.

Estamos profundamente preocupados por esta reciente oleada de violencia contra periodistas en México y los niveles de impunidad asociados con estos crímenes. Una tasa cercana al 100% de impunidad es indicativa de graves problemas con la administración de justicia en México. Además, denunciamos enérgicamente la decisión del Ministerio del Interior de retirar las medidas cautelares de Pineda y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que:

• Investiguen inmediatamente, de manera exhaustiva e imparcial, los asesinatos de Miroslava Breach, Ricardo Monlui Cabrera y Cecilio Pineda y que lleven a los responsables ante la justicia.

• Investiguen la decisión equivocada del Ministerio del Interior de negarle a Cecilio Pineda las protecciones garantizadas bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y que proporcionen transparencia acerca de por qué su caso fue considerado de bajo riesgo.

Nos quedaremos sin memoria

Por Animal Político

Los periodistas no son asesinados como resultado del azar, en el contexto de un asalto, por despojarlos de su vehículo o como consecuencia de un secuestro. A los periodistas los matan por dar un servicio a la sociedad.

La realidad del periodismo en México duele, la orfandad es evidente y las acciones para revertir las dinámicas violentas se perciben escasas o al menos limitadas. Las cifras son alarmantes, las historias de vida y las consecuencias irreparables. Artículo 19 documenta 103 periodistas asesinados y miles de agresiones en contra de periodistas del año 2000 a la fecha.

Hay voces que, sin dimensionar la relevancia del ejercicio periodístico para la consolidación de las democracias, cuestionan la atención que se le da a los asesinatos de periodistas en detrimento (piensan) de otros perfiles de población también violentados.

Es innegable que los índices de violencia se encuentran en niveles elevados y que muchas personas en el país están en riesgo, en situación de vulnerabilidad o han sido víctimas de las consecuencias de la inseguridad. Vale la pena insistir que las y los periodistas son violentados hasta la muerte por dar un servicio, por ser periodistas, al menos esta debe ser la premisa con la que nos aproximemos a esta realidad.

Hay indicios que nos permiten suponer que los periodistas no son asesinados como resultado del azar, en el contexto de un asalto, por despojarlos de su vehículo o como consecuencia de un secuestro. No, a los periodistas los agreden, amenazan o asesinan por investigar, por denunciar, por exhibir, por romper con el silencio, por demostrar complicidades. En resumen: a los periodistas los matan por dar un servicio a la sociedad.

Recuento de frustraciones

Por demanda social se creó en la Procuraduría General de la República la Fiscalía especializada en crímenes en contra de periodistas, que después acertadamente se transformó en la Fiscalía Especializada en la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión (FEADLE), área especializada encargada de investigar y perseguir delitos contra la Libertad de Expresión. Atención, la FEADLE no solo debe atender aquellos delitos en contra de periodistas y comunicadores sociales, sino todos aquellos que violenten el marco de protección al derecho a la libertad de expresión.

Las procuradurías estatales, la PGR y su Fiscalía no cumplen con su mandato; no investigan y se han convertido en un espacio que, lejos de resolver, violenta institucionalmente a periodistas y sus familiares que aún confían y denuncian. Es urgente tener las certezas jurídicas que resultan de los procesos de investigación, solo así podremos combatir de manera efectiva la impunidad y trabajar en medidas de prevención desde el ámbito de la política pública.

Las cuentas que ha entregado la FEADLE son clara muestra de la indefensión; una inversión millonaria ante una necesidad urgente que ha conseguido, según información difundida por Animal Político, tres sentencias condenatorias entre julio de 2010 y diciembre de 2016. Periodo en el que el universo de casos ha sido de 798 denuncias, 47 de las cuales fueron por asesinato.

En junio de 2012 se publicó la Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas mediante la cual se crea el Mecanismo de Protección. Espacio que es resultado de un proceso de exigencia al Estado Mexicano en los ámbitos nacional e internacional; construcción en el que organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tuvieron una incidencia profunda.

El Mecanismo es “la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor”. Para cumplir con este mandato la Ley configura un andamiaje institucional que a la fecha ha resultado insuficiente, limitado y profundamente condicionado.

Es pertinente tener la claridad de que aunque el Mecanismo tiene un mandato claro de protección esta acción es reactiva, es decir, es una acción que requiere de una solicitud previa de incorporación. Para el Mecanismo resulta complejo actuar “por oficio” y en todo caso esta actuación tendría limitantes por la naturaleza propia de la herramienta. Sí, el Mecanismo es una herramienta a la que se le debe dar uso.

Algunos de los problemas más robustos que enfrenta el Mecanismo también tienen que ver con el andamiaje institucional en el que opera, es decir, la eficacia de muchas de sus medidas depende de la voluntad y eficiencia de otras instancias de gobierno. Si éstas fallan –por incapacidad o indolencia— la operación del Mecanismo naufraga.

Tal ha sido el caso de gobiernos estatales que incumplen los convenios de cooperación y la incapacidad política para hacerlos cumplir; o de la PGR que no investiga o no esclarece los asesinatos y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas; o de las policías estatales que en el mejor de los casos son renuentes a implementar las medidas de protección y en el peor de los casos se presume que son actor protagónico de la amenaza o de la agresión misma.

Sí, el Mecanismo depende de la buena voluntad de la PGR, las procuradurías estatales, la CNDH, las policías municipales y federal, así como de los gobiernos municipales y estatales. El Mecanismo está condicionado por las mismas instituciones que por omisión o por acción contraria a su mandato configuraron un escenario de riesgo profundo para periodistas y defensores de derechos humanos. Algunas de estas instancias PGR, CNDH y Seguridad Pública forman parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo (órgano máximo de decisión en la institución). Paradójico responsabilizar de un espacio extraordinario a instancias que en el ámbito ordinario han fallado.

Así, en un contexto de debilidad institucional en distintas geografías del Estado, el Mecanismo está atado a las decisiones y acciones de otras instancias de gobierno, las cuales –las más de las veces— están permeadas por el burocratismo, la indiferencia, la ineficacia o la corrupción.

No hay mejor medida de protección que una investigación que sustente sanción a los responsables de un asesinato o de un ataque en contra de un periodista y la posterior reparación integral del daño que tenga como objetivo la transformación de realidades y dinámicas. Pero eso no está en manos del Mecanismo.

En ese sentido, resulta indispensable recordar que el Mecanismo nace como una medida extraordinaria ante una situación de emergencia… una situación igualmente extraordinaria. Una medida emergente ante la incapacidad de respuesta efectiva de las autoridades encargadas de investigar y sancionar en los ámbitos estatales y federal, la ineficiencia de las policías estatales, la indolencia de muchas comisiones estatales de derechos humanos y, sin duda, las consecuencias de la inseguridad y la impunidad.

En suma, el Mecanismo debe ser entendido como una medida extraordinaria y en un escenario ideal como una medida temporal en tanto se invierte en que el andamiaje ordinario de Estado cumpla con su mandato. Resulta obligado entender al Mecanismo como una pieza insertada artificialmente en el andamiaje institucional del Estado mexicano: debe existir en tanto se corrige la situación y el contexto que obligaron a crearlo. El Mecanismo será exitoso en la medida en que no exista.

Es posible y pertinente mejorar la Ley de protección, capacitar al personal del Mecanismo, realizar mejores evaluaciones de riesgo y aplicar correctamente las medidas de protección. Sin embargo, esto no garantiza que las y los periodistas realicen su labor sin riesgos. ¿Por qué?, pues porque el principal problema no es de diseño institucional o de gestión y cobertura, sino de que las instituciones ordinarias cumplan con su mandato, que el discurso oficial deje de descansar en el Mecanismo y comience a retratar cambios sustantivos en otros ámbitos, incluso de que el discurso de reclamo y rendición de cuentas de la sociedad civil se complemente y oriente en este sentido.

La aspiración del Mecanismo, en el que participé ad honorem desde su creación y hasta junio de 2015 como periodista elegido por el Consejo Consultivo para ser integrante de su Junta de Gobierno, debe ser sin duda el garantizar que periodistas, defensoras y defensores realicen su labor en las condiciones de seguridad óptimas, sin riesgo, sin amenazas. Esto paradójicamente será posible cuando comencemos a trabajar de manera simultánea en el fortalecimiento del Mecanismo y en generar las condiciones para que desaparezca.

A la fecha mucho se ha hecho para procurar que el Mecanismo funcione, pero no habrá recursos económicos y materiales suficientes, ni existirán medidas de protección pertinentes para acompañar a periodistas, mientras la política pública en la materia descanse totalmente en un espacio extraordinario y no en el andamiaje ordinario.

No alcanzamos a dimensionar las consecuencias de la indefensión en la que las y los periodistas realizan su ejercicio profesional. El periodismo es un servicio que documenta, su impacto se da en dos momentos: el primero es coyuntural, el segundo es a mediano y largo plazo al transformarse en huella documental de sucesos de relevancia social.

El contexto nacional de violaciones graves a los derechos humanos nos da la certeza de que llegará el día en que la exigencia de memoria, verdad y justicia se escuchará con fuerza en México. En ese momento la memoria periodística será pertinente e indispensable. La situación actual deberá ser analizada y una herramienta de análisis y de encuentro serán los productos periodísticos. El periodismo es memoria

Protejamos a las y los periodistas exigiendo que las instancias mandatadas para hacerlo cumplan, obligando a los medios de comunicación a que se involucren de manera efectiva en la coadyuvancia de esta protección.

Mientras tanto los periodistas seguiremos construyendo memoria en cada nota, tomaremos las calles, abonaremos desde nuestra profesión a la consolidación de la democracia, daremos voz a los silenciados y orientaremos luz a las zonas más obscuras. Entendiendo que el periodismo es un servicio, que con método y ética, construye mejores realidades para el colectivo.

* Jorge Israel Hernández es periodista. Maestro en derechos humanos. Especialista en libertad de expresión, comunicación estratégica y gestión de conflictos. Profesor en la @UNAM_MX y el @CIDE_MX.

URGENTE: Campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Carranza (OCEZ-RC) denuncian represión y desalojo de policías estatales y grupos armados de propietarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 30 de marzo de 2017.

4 campesinos detenidos en las instalaciones de la PJGE-Chiapas, y 3 personas desaparecidas forzadamente, una de ellas es mujer.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ( Comité Digna Ochoa) ha recibido información urgente de la OCEZ-RC en donde denuncian que el día miércoles 29 de marzo aproximadamente a las 8 de la mañana fueron reprimidos por el gobierno del Estado de Chiapas, quien ordenó que con diversos diversos cuerpos policiacos, pistoleros a sueldos y grupos paramilitares al mando de los terratenientes de la región, los desalojaron del predio El refugio con una superficie de 250 hectáreas

Denuncian que luego de 2 años en posesión en estos momentos mujeres ,niños y hombres se encuentran en total desamparo, ya que toda sus cosechas y pertenecías han sido quemadas y destruidas, y con gravedad señalan que 4 personas fueron detenidas y se encuentran en las instalaciones de la PGJE-Chiapas sus nombres son: Antonio Santis Montoya, Fredy Montoya Santis, Antonio Heredia Heredia y Roberto Escobar Sánchez.

Reportan a 3 miembros de la OCEZ-RC que hasta este momento se encuentran en condición de desaparición forzada, entre ellos María del Carmen Santis Montoya quien fue vista por última vez cuando los propietarios la tenían amarrada en el predio.

Los campesinos de la OCEZ-RC manifiestan que ante estos hechos violatorios de sus derechos humanos por parte del gobierno de Chiapas “nos encontramos preocupados e indignados por lo que han sufrido nuestros compañeros y por la descarada política anti campesina de Manuel Velasco Coello que está respaldando a terratenientes, grupos paramilitares para que actúen con la protección de las leyes y cuerpos policiacos…”

Campesinos de la OCEZ-RC señalan que luego de estos hechos represivos decidieron concentrarse a la altura del lugar conocido como El Cascajal de la carretera Pujiltic- Tuxtla Gutiérrez e instalar un campamento de familias desplazadas y cerrar el acceso a la carretera.

Resulta sumamente grave y delicado que el gobierno de Chiapas que encabeza el Sr. Manuel Velasco Coello, lejos de actuar contra grupos paramilitares que se denominan de autodefensa en el municipio de Venustiano Carranza, quienes se dieron a conocer a plena luz del día y fuertemente armados, desaloje y reprima con policías estatales y estos grupos paramilitares formado por propietarios a campesinos en posesión de tierras de la OCEZ-RC, aún a pesar de haberse comprometido en distintas minutas a que no serían desalojadas y que asumiría su responsabilidad para legalizar y comprar predios en posesión por distintos grupos de la OCEZ-RC.

En este momento, campesinos de la OCEZ-RC se encuentran concentrados y en alerta máxima ante el riesgo de sufrir una nueva agresión, por lo que hacemos responsable al gobernador Manuel Velasco Coello de lo pueda ocurrir en el municipio de Venustiano Carranza, y le exigimos la inmediata presentación con vida de las 3 personas desaparecidas forzadamente.

Más de 200 asociaciones, líderes de opinión y ciudadanos exigen justicia para las trabajadoras del hogar en México

• Urgen la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la armonización de la s leyes laborales para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

• 97% de las TDH no cuenta con ningún tipo de servicio de salud, el 75% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, el 96% no cuenta con contrato de trabajo, sólo una tercera parte tiene derecho a vacaciones y sólo el 57% recibe aguinaldo

México, CDMX, 29 de marzo de 2017.- México tiene una deuda histórica con las trabajadoras del hogar: nuestras leyes y prácticas siguen permitiendo que sean discriminadas. En el marco del día internacional de la Trabajadora del Hogar, la ciudadanía, a través de organizaciones, académicxs, líderes de opinión y artistas firmantes, demanda al gobierno mexicano la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo a fin de generar un marco normativo que garantice los plenos derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

En el país existen 2.4 millones de Trabajadoras del Hogar, 9 de cada 10 son mujeres. Las leyes en México no permiten que las personas que se dedican a esta labor tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador: actualmente el 97% de las TDH no cuenta con ningún tipo de servicio de salud, el 75% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, el 96% no cuenta con contrato de trabajo y sólo una tercera parte tiene derecho a vacaciones. Además de no tener nada acceso a Seguro Social a través del régimen obligatorio, por ello no cuentan con acceso a seguro médico, guarderías o instancias infantiles ni retiro o pensión.

Bajo este marco, México es uno de los países de América Latina con las condiciones más precarias para ejercer el trabajo del hogar. Incluso países de la región con menor índice de desarrollo han ratificado dicho Convenio y provisto a las trabajadoras de un sistema de seguridad completo y gratuito.

Las contribuciones que realizan las trabajadoras del hogar a la economía, al bienestar, a la salud de las familias y del país son invaluables. Por lo que esta falta de reconocimiento pleno de sus derechos laborales se traduce en discriminación y una violación sistemática de sus derechos humanos.

Por el momento, México aún no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT a pesar de los más de 10 exhortos que desde el 2011 el Senado ha dirigido al Ejecutivo para este propósito y a que el Secretario de Gobernación se comprometió a su ratificación en 2014. Además, desde 2012 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, observó con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el empleo, y recomendó de manera oficial la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Por esta razón más de 200 asociaciones y líderes de opinión como Gabriela Warkentin, Rossana Fuentes Berain, Marta Lamas, María Amparo Casar, Jacobo Dayán y cientos de mexicanos se unen en una exigencia al Gobierno Federal y al Senado de la República para que convenio se ratifique.

Cabe destacar que el Convenio 189 permitirá que México respete y garantice los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, según altos estándares internacionales. Este Convenio ha sido ratificado por 23 países, 13 de ellos en América Latina.

Acerca del ILSB Es una organización feminista que durante 16 años ha contribuido a crear una sociedad democrática y justa a través del conocimiento, la innovación y la formación de liderazgos sociales con perspectiva de género, derechos e interculturalidad. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) busca que las comunidades hablen por su propia voz por lo que se ha especializado en la formación de líderes sociales a través del fortalecimiento de capacidades y conocimientos. Trabajan con mujeres y hombres en acciones de incidencia, investigación y formación en una gran variedad de temas relacionados con la igualdad de género y la justicia social, promoviendo el diálogo, la articulación ciudadana y el vínculo entre el trabajo a nivel local, nacional e internacional.

Contacto:

Mariana Herrera Relaciones Públicas
55 79 24 14
Mariana.herrerat@gmail.com

Arabella Jiménez
55 32 22 44 60
comunicación@ilsb.org.mx

NI UNA PERIODISTA ASESINADA MÁS

Las organizaciones y redes de periodistas firmantes condenamos rotundamente el asesinato de nuestra colega Miroslava Breach Velducea quien laboraba en los medios El Norte de Ciudad Juárez, El Diario de Chihuahua y era corresponsal de La Jornada.

El día de hoy alrededor de las 8 am, Miroslava Breach se disponía a salir de su domicilio para dejar a uno de sus hijos a la escuela, cuando estaba a bordo de su vehículo sujetos armados le dispararon ocasionando su muerte.

De acuerdo con información de “La Jornada” el trabajo de nuestra compañera se destacó por dar seguimiento a temas políticos y de seguridad, reconocida periodista local, con más de 20 años de experiencia en los medios impresos y electrónicos.
Realizó coberturas sobre crimen organizado y narcotráfico en la zona serrana de Chihuahua y cuestiones de corrupción en el gobierno estatal.
Una de sus últimas coberturas fue la del conflicto armado entre dos líderes del grupo delictivo “La Línea”, brazo armado del cártel de Sinaloa, quienes se enfrentaron en el municipio de Cuauhtémoc, en la zona central del estado de Chihuahua.

Exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE):

· Ejerza su facultad de atracción del caso y realice las investigaciones correspondientes que incluyan como principal línea de investigación la labor periodística de Breach Valducea.

· Investigaciones adecuadas con perspectiva de género y castigo a los culpables en los casos de las y los periodistas en Chihuahua así como garantías de seguridad que permitan a las y los periodistas de la entidad ejercer su labor.

Al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado:
· Cumpla con la Alerta Temprana de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aplicándola de forma diferenciada y efectiva de acuerdo a los casos y situaciones de riesgo que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrenten con el fin de prevenir y eliminar la violencia e impunidad que impera en el Estado.

De acuerdo con información de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) cada 4 días una mujer periodista fue agredida debido a su labor durante 2014 y 2015, periodo en el que se registró el mayor número de atentados contra las periodistas.
Ante las campañas de desprestigio dirigidas a periodistas, las desapariciones, tortura, amenazas, detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficinas de agrupaciones civiles, criminalización de periodistas y personas defensoras, la autocensura de medios de comunicación, es urgente que autoridades estatales y federales den respuestas contundentes para castigar a los culpables y buscar una reparación integral del daño, esto de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:
“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos judiciales pertinentes que se inicien, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia. Incluida la condena pública a cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los y las periodistas”.

“Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos y agresiones”.

Ciudad de México a 23 de marzo de 2017
Atentamente

· Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), organización civil sin fines de lucro y Agencia de Noticias con perspectiva de Género. Desde 2005 CIMAC ha registrado y documentado casos de violencia contra mujeres periodistas con el objetivo de visibilizar las particularidades enfrentadas por ellas y generar formas de atención adecuadas a su condición social y profesional. www.cimac.org.mx

· Red Nacional de Periodistas (RNP México), Integrada por periodistas hombres y mujeres de todas las entidades federativas de México.

· Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), integrada por periodistas mujeres y varones de 36 países del mundo.

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*Comunicación e Información de la Mujer A.C*
*CIMAC*

*Redes de Periodistas*
*Libertad de Expresión*

Fabiola González Barrera

Balderas 86 col. Centro.
México DF

(5255) 55100085, 55125796, 55102033
www.cimac.org.mx
www.cimacnoticias.com <http://www.cimacnoticias.com.mx/>.
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