Los engañaron con el Acueducto y, después, con gasoducto extranjero; yaquis están hartos

Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Por Redacción/Sin Embargo

“A nuestros ancestros les tocó cuidar la tierra y ahora nosotros somos los responsables”, dicen habitantes de la comunidad indígena de Loma Bacúm, Sonora, una de las ocho [Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum y Belén], que se han levantado en contra la construcción del gasoducto de la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (Ienova), por tierras yaquis.

El pueblo yaqui se opone a esa construcción por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes. Pero, además, por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas.

Martín Valencia, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, afirma la Ley interna es su prioridad: resguardar el territorio de la comunidad yaqui y no ceder un solo grano de arena: por sus antepasados y por sus hijos. “¿De qué nos sirve la vida si no nos queda la tierra”?, se pregunta. “En nombre del desarrollo, que no ha llegado, el Gobierno estatal y la empresa nos han despojado de forma engañosa”, afirma.

Loma de Bácum, Sonora (SinEmbargo).– La empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), construye un gasoducto al noreste de México en un territorio comunal desértico. Hasta hace tres años, y antes de la Conquista, sólo era sagrado para la comunidad indígena yaqui, compuesta por ocho pueblos ubicados al sur de la entidad de Sonora: Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum, Belén y Bácum. Ahora, sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, los habitantes de Loma de Bácum –por donde pasarían 16 de los 90 kilómetros dentro del territorio yaqui– se han opuesto por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes, así como por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sus usos y costumbres, entre ellos resguardar su territorio aun con la vida y solicitar autorización entre ellos para llegar a un consenso en cualquier decisión, choca con la visión empresarial y eso, al intentar comprar su aprobación, ha destruido su tejido social.

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