México empeora en corrupción, y es el peor evaluado entre los países tanto de G20 como de OCDE
Por Redacción/Sin embargo
La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, lo que lo ubica como el país peor evaluado entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, la percepción de que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC).
El índice realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional reveló que la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.
Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, comprueban que la corrupción es un problema institucional en el país.
Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.
Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.