¿Cómo se explica el desastre?

Foto: Ixchel Cisneros/Cencos

Por Marcela Méndez

Las más de 300 muertes y los miles de bienes inmuebles –entre casas, escuelas y edificios históricos o culturales– que fueron dañados o declarados pérdida total después del terremoto que sacudió a México el pasado 19 de septiembre pueden entenderse no sólo como consecuencia de un fenómeno natural. También son el resultado de la acción u omisión de autoridades que antes y después del sismo incrementaron el riesgo para los mexicanos al permitir la construcción irregular de proyectos inmobiliarios, al no brindar información oportuna o al no cumplir con sus obligaciones en las labores de prevención, rescate y asistencia.

El martes 19 de septiembre, después de la gran sacudida, el primer impulso de miles de mexicanos fue ayudar a que el otro se mantuviera en pie, a que recobrara la respiración, a organizar el tránsito y, lo más urgente: a buscar vida entre los escombros.

Sin embargo, las preguntas no tardaron mucho en llegar: ¿Qué permitió que se desplomara el colegio Enrique Rébsamen, sepultando a niños y adultos? ¿Por qué no se detuvo la construcción de un helipuerto ilegal en la colonia Condesa, construcción que ahora deja sin hogar a decenas de familias? ¿Por qué es tan difícil conseguir herramientas necesarias en los lugares de rescate? ¿Cómo se explica el desastre?

En los días posteriores al sismo, medios nacionales e internacionales han narrado la negligencia de las autoridades al documentar irregularidades en los permisos y construcción de inmuebles, al recabar testimonios de vecinos que durante décadas reportaron daños en edificios sin obtener respuesta; al contar cuál ha sido la reacción de los gobiernos federal y locales ante la tragedia. Aquí citamos algunos de esos trabajos.

México escatima en prevención

En México el presupuesto destinado a la prevención y atención de desastres ha disminuido en los últimos años, limitando con ello las posibilidades para evaluar riesgos, implementar sistemas de alerta y responder ante fenómenos naturales.

Según reporta el periodista Gabriel Stargardter, de la agencia Reuters, el presupuesto de 2017 recortó el financiamiento para proyectos contra desastres en 25 por ciento, mientras que el presupuesto destinado a Protección Civil se redujo 7.4 por ciento en un año. El Centro Nacional de Desastres (Cenapred) recibió 20 por ciento menos presupuesto entre 2012 y 2016, “lo que afectó el mantenimiento de su atlas de riesgos”, aseguró un funcionario que pidió no mostrar su nombre.

Estos recortes contrastan con el incremento del gasto en publicidad oficial durante la administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto: en tres años ha incrementado pasando de 8 mil 154 millones de pesos en 2013 a 10 mil 699 millones de pesos en 2016. En este periodo, el presupuesto total destinado a anuncios en medios de comunicación asciende a 37 mil 752 millones de pesos. Esta cifra, informa Sin Embargo, equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en sólo dos años: 2015 y 2016; y además serviría para la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes sismos, cuyo costo se estima en 38 mil millones de pesos.

Sin Embargo cita el informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016” de Fundar, que detalla que la actual administración se ha caracterizado por el sobreejercicio presupuestal también en otros rubros. Este sobreejercicio ha llegado a ser en tres años 71.86 por ciento más de lo aprobado originalmente por la Cámara de Diputados.

Aunado a lo anterior, la presidencia de la República Mexicana recibió críticas en redes sociales cuando el miércoles pasado publicó en su cuenta de Twitter (@PresidenciaMX)una invitación para que los ciudadanos donaran casas de campaña, lonas, cobijas y colchonetas, entre otros artículos, para las personas afectadas por el sismo. La indignación del público se dio porque en los días anteriores ha sido la sociedad organizada la que ha abastecido los centros de acopio, albergues y lugares de derrumbe, incluso de herramientas especializadas para las brigadas de rescate, cuando se trata de una obligación del gobierno.

Imagen: @PresidenciaMX

Irregularidades en diferentes construcciones

Uno de los derrumbes en la Ciudad de México que más impactó a la población fue el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, ya que en él se registró la muerte de 26 personas, 19 de las cuales eran niños.

Aristegui Noticias recogió que Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, denunció penalmente a dos ex directores jurídicos por permitir modificaciones irregulares en el colegio, y por no actuar frente a una orden de demolición del cuarto piso. Uno de ellos, Alejandro Zepeda, debió clausurar las obras que se hicieron en la casa construida sobre la escuela, cuya propietaria era la directora del colegio, Mónica García Villegas, pero no lo hizo.

La actual delegada aseguró que las modificaciones que se llevaron a cabo en el edificio dañaron al inmueble y lo hicieron inestable, eso según un análisis técnico fechado el 8 de noviembre de 2013.

En una nota de Animal Político se detalla que en otro de los edificios más dañados, ubicado en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, se construyeron tres pisos más (dando como resultado un total de seis) pero con losas que tienen dos bases de concreto y una cama de arena, de un espesor total de 60 centímetros, cuando lo regular es que el espesor sea de entre 10 y 14 centímetros. El peso en exceso de las losas provocó que el edificio colapsara y que hasta el día de hoy no hayan sido rescatadas en su totalidad las personas atrapadas en el inmueble.

En la colonia Condesa, aledaña a la Roma, vecinos denunciaron que desde hace meses habían pedido la intervención de las autoridades ante la construcción de un helipuerto ilegal que no contaba con permisos de la delegación. Los vecinos, que habían solicitado no sólo la clausura de la obra sino su demolición, ahora tienen que abandonar sus hogares, los cuales se encuentran en los edificios aledaños, luego de que éstos fueran golpeados por el inmueble en el que se encuentra el helipuerto y estén en riesgo de colapso. La consecuencia del caso, recogido por Animal Político, es que ahora decenas de familias se encuentran sin hogar.

Además de estos inmuebles, otros edificios ubicados en la Ciudad de México fueron aprobados sin licencia o con irregularidades. En algunos casos, la información sobre cómo se edificaron y cuáles son las posibles fallas no se ha dado a conocer.

Tal es el caso del inmueble que alberga al Tec de Monterrey Campus Ciudad de México, en donde cayeron puentes que conectaban diferentes edificios, provocando la muerte de cinco estudiantes. Luego de la falta de respuesta a padres de familia y estudiantes durante días, las autoridades académicas finalmente emitieron un comunicado el jueves 28 de septiembre, en el que informaron de la creación de un grupo de expertos para aclarar las causas de los daños en la infraestructura, sin embargo, reporta Proceso, por el momento las autoridades no difundirán el nombre de la o las constructoras involucradas en la edificación de dichos puentes.

Ausencia y ayuda que no llega

Iniciativas como @Verificado19S y @comoayudarmx –esfuerzos 100 por ciento ciudadanos– han servido a la sociedad para comunicar qué recursos (tanto humanos como materiales) hacen falta en cada punto de ayuda, ya sea en centros de acopio, albergues y zonas de desastre, en la Ciudad de México y en otros estados afectados por el sismo. Estos proyectos han servido para conectar a las personas que necesitan ayuda con quienes pueden ayudar, y para canalizar el apoyo de forma más ordenada y específica.

Dentro de este intercambio y comunicación el gran ausente ha sido el gobierno, que en principio tiene la obligación de proveer, con recursos públicos, de insumos a representantes del gobierno y a la sociedad civil para las labores de rescate y asistencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. Los recursos materiales y gran parte de los humanos los ha puesto la sociedad civil organizada.

El jueves 28 de septiembre, miembros de la iniciativa @Verificado19S publicaron en Twitter que al solicitar herramientas al gobierno de la Ciudad de México, como clavos y triplay, la respuesta ha sido nula. También calificaron la reacción del gobierno ante la emergencia como mala y lenta, y le exigieron rendición de cuentas por “su ineptitud y por los edificios nuevos que cayeron”.

Twitter @spatargo

En otras regiones del país los ciudadanos denunciaron que las autoridades locales han obstaculizado la entrega de apoyo que proviene de voluntarios o que la han condicionado a militantes.

Una de las primeras quejas surgió en el estado de Morelos, de donde se dijo que el gobierno de Graco Ramírez no permitía que la ayuda fuera entregada por voluntarios sino que tenía que ser de manos de funcionarios, por lo que el apoyo que llegaba era desviado hacia bodegas del DIF estatal. En Puebla se denunció que la ayuda llegaba condicionada a militantes o que no llegaba por la falta de organización.

El camino a la reconstrucción

A las personas damnificadas por el terremoto se les otorgarán “apoyos” para la autoconstrucción, monederos electrónicos para adquirir materiales de construcción y para casas con daños parciales, y de créditos especiales para reponer o construir viviendas dañadas, informó el presidente Enrique Peña Nieto. También dijo que los recursos provendrán del gobierno y del sector privado.

En la labor de reconstrucción, asegura el abogado Carlos Luis Escoffié Duarte, habría que apuntar que ésta no debe abordarse como “apoyo” o “ayuda”, como ha sido expresado por diferentes autoridades, sino que debe asumirse desde una labor de reparación integral.

Escoffié Duarte apunta que “existen elementos para sospechar que muchos de los daños a las viviendas no fueron producidos por el terremoto, sino por las violaciones a los estándares en materia de derecho a la vivienda, cometidas tanto por particulares a la hora de construir como por las autoridades que –sea por incapacidad, descuido, negligencia o corrupción– no ejercieron los controles necesarios para garantizar que los encargados de construir garanticen la seguridad del inmueble y de la gente que habitaría en ellos”.

Por eso, en uno de los aspectos fundamentales es la exigencia de estudios que ayuden a determinar lo que pasó, así como de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por parte de las autoridades, para que quienes han sido afectados en diferentes formas tengan acceso a la reparación integral y se materialice su derecho a una vivienda digna.

Además, es necesario hacer hincapié en la importancia de la prevención y respeto a las normas para que en el futuro se pueda evitar no sólo la pérdida de bienes materiales, sino sobre todo de vidas humanas.