Redacción / La Jornada
La masacre a manos de elementos del Ejército mexicano de 11 personas –10 indígenas na savi (mixtecos) y un estudiante universitario– en la comunidad El Charco del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a los intentos que el Estado mexicano realizó durante la administración de Enrique Peña Nieto para que el caso no fuera revisado a escala internacional, el organismo regional admitió hace unos días la solicitud efectuada por algunos sobrevivientes, familiares de las víctimas y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), al considerar que hay elementos que podrían derivar en violaciones a las garantías fundamentales.
El 6 de junio de aquel año, en la escuela primaria rural Caritino Maldonado Pérez se celebró una asamblea en la que participaron unas 70 personas entre indígenas de la región y presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Algunas versiones señalan que se habló sobre proyectos productivos y otras afirman que se abordó la lucha del movimiento guerrillero.
